UNIÓN DE CONSUMIDORES
DENUNCIA LA INEFICACIA DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES DE DIEGO VALDERAS PARA RESOLVER UN GRAVE PROBLEMA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
En un fraude de
etiquetado de sal yodada se ha tardado dos años en actuar y lo que se ha hecho
ha sido muy leve con respecto a la gravedad del asunto
Andalucía,
8 de Agosto de 2014. En
el día de hoy se ha realizado una rueda de prensa en la sede de UCA-UCE en la
que han intervenido Miguel A. Ruiz, vicepresidente de la organización, y
Anselmo Díaz y Belén Gómez, en representación de la empresa Albareros S.L.U.,
empresa que desde hace dos años viene denunciando un fraude en el etiquetado y
en la composición de ingredientes de casi todas las marcas de sal yodada que
están en el mercado.
En
este sentido, el Decreto 1424/1983 considera que la sal yodada es la que tiene
añadido yodato potásico, yoduro potásico u otro derivado yodado autorizado por
la Dirección General de Salud Pública en la proporción de 60 mg de yodo por
kilogramo de sal, admitiéndose una tolerancia del 15% al respecto ante posibles
desviaciones (es decir, de 51 a 69 mg/kg)
En
la rueda de prensa UCA-UCE y Albareros han expuesto los análisis, tanto
públicos como privados, que ponen encima de la mesa las irregularidades que en
el mercado se está produciendo con un grave perjuicio hacia quien cumple la
normativa legal vigente pero, también y lo más importante, hacia el consumidor,
con un etiquetado presuntamente fraudulento y con un potencial perjuicio a
largo plazo para la salud de los consumidores. Así, se han expuesto análisis de
marcas que tienen más, menos o incluso ninguna proporción de yodo en el
producto, incumpliendo, por tanto lo que marca el Decreto 1424/1983.
En
el mes de Junio del 2012, se produjo una denuncia por parte de la empresa
afectada a la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía que
realizó toma de muestras y, desde nuestro punto de vista, realizó un envío
ineficaz a diversas Administraciones Públicas cuando ella era la realmente
competente en la materia. Entre estas Administraciones Públicas está el
Ministerio de Sanidad, donde están localizadas las competencias nacionales en
materia de Consumo.
Este
organismo, remitió de nuevo el asunto el 5 de Junio a la Secretaría General de
Consumo al considerar que es competencia de la Junta de Andalucía por ser un
fraude en el etiquetado y la composición de ingredientes directamente
sancionable por nuestra administración autonómica.
A
pesar de que los análisis realizados a las tomas de muestras tomadas en el año
2012 indicaban estas irregularidades se tardó más de un año en que se centrara
el asunto en la administración competente y desde entonces, junio de 2013, la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de Diego
Valderas no ha realizado ninguna actuación hasta la semana pasada, en la que,
tras una reunión solicitada por la empresa Albareros exponiendo su queja y
posibles perjuicios por estas irregularidades, se informa a los medios de
comunicación señalando que se abre expediente a dos marcas únicamente.
Desde
UCA-UCE se preguntará al vicepresidente de la Junta de Andalucía por qué
únicamente a dos marcas, por qué no se ha retirado del mercado todo producto
irregular, por qué se ha tardado tanto en actuar y se hace cuando la empresa
señala el grave perjuicio que se ha ocasionado y por qué se ha actuado de forma
tan flexible con productos que tienen un etiquetado gravemente irregular en el
mercado y cuyos hechos se han constatado en los análisis practicados en su día
a instancias de esta Consejería.
Para
UCA-UCE, la Consejería de Valderas, una vez más no está al servicio del interés
general y de los consumidores y usuarios. Se ha actuado de forma negligente y
lenta en contraposición a otros asuntos ya en su día denunciados por la Unión
de Consumidores de Andalucía. Así, el año pasado por estas fechas, se realizó
inspección a las asociaciones de consumidores andaluzas y se abrió rápidamente
expediente y se tomaron medidas en un plazo escaso de dos meses por unas
mínimas deficiencias que faltaban en algunas de nuestras oficinas en cartelería
de horario de atención al público. Desde UCA-UCE nos preguntamos por qué hubo
rapidez en ese momento y no en este caso de seguridad alimentaria mucho más
grave e importante para el ciudadanos.
Finalmente,
desde UCA-UCE se va a solicitar a Diego Valderas que nos explique este tipo de
cuestiones, que se retiren cautelarmente todos los productos de los que se han
constatado las irregularidades y que se tomen responsabilidades tanto políticas
como administrativas en este asunto mal gestionado que afecta a la seguridad
alimentaria de los consumidores y a la credibilidad de la misma.
Para
más información: 954 54 06 28
Miguel
A. Ruiz: 671048625
Vicepresidente
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