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LA BELLEZA NATURAL.... ARCOS DE LA FRONTERA

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ARCOS, UNA POSTAL PARA LA HISTORIA

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ARCOS DE LA FRONTERA EN LA HISTORIA

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EN POSITIVO ....

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CALENDARIO DE EVENTOS

martes, 2 de abril de 2013

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:




·       Decreto-ley de modificación de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre,  de creación del Servicio Andaluz de Empleo
·       Decreto-ley por el que se adoptan medidas sobre el empleo en la Administración General de la Junta de Andalucía
·       Acuerdo por el que se inician los trámites para la elaboración del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación
·       Acuerdo por el que se autoriza la transformación de la entidad  Cajasol en fundación de carácter especial
·       Decreto por el que se determinan los órganos competentes para la incoación y resolución de procedimientos disciplinarios tramitados al funcionariado con habilitación de carácter estatal con destino en las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
·       Informe del consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre el estado de discusión de la reforma de la Política Agraria Común


Educación asume las competencias
de la Formación Profesional para el Empleo

La Junta refuerza la integración de las distintas modalidades de FP para crear una oferta más flexible, individualizada y conectada al mercado de trabajo


El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley por el que se traspasan a la Consejería de Educación las competencias en Formación Profesional (FP) para el Empleo, hasta ahora gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Esta decisión se enmarca en el proceso de integración de las dos modalidades de FP para el Empleo (la ocupacional para desempleados y la continua para trabajadores en activo) y la FP Inicial o reglada (la del sistema educativo), que la Junta viene desarrollando en los últimos años para implantar un sistema más accesible, flexible, individualizado y conectado a las necesidades del tejido productivo. De acuerdo con la norma aprobada, esta gestión única deberá atender a las orientaciones que seguirá marcando el SAE en relación con las demandas reales del mercado de trabajo en cada territorio.

Junto con la coordinación y gestión de la oferta formativa anual para personas ocupadas y demandantes de empleo, las competencias traspasadas a Educación incluyen también la formación a lo largo de la vida y los programas en alternancia como las escuelas taller, las casas de oficio y los talleres de empleo, así como la programación de los centros de formación profesional para el empleo, tanto propios como consorciados, y la gestión de las acreditaciones de competencias adquiridas por la experiencia laboral y por vías no formales.

El proceso de integración de la FP se inició en 2009 con un decreto que, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorporó los ‘Certificados de Profesionalidad’, que refuerzan el reconocimiento de los cursos con la posibilidad de su convalidación por la FP reglada. En este sentido, el Decreto-ley aprobado hoy establece mecanismos de coordinación entre Educación y el SAE para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en los cursos y en la propia experiencia laboral.

La FP para el Empleo en Andalucía señala como colectivos prioritarios a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y las personas con mayores dificultades de acceso al empleo,  como las que presentan discapacidad, las desempleadas de larga duración, las mayores de 45 años y las víctimas de la violencia de género. Asimismo, se presta especial atención a los jóvenes que en los años de bonanza económica abandonaron prematuramente sus estudios para incorporarse a empleos poco cualificados y ahora están en el paro.


La Junta dará preferencia a la edad y la experiencia
en los procedimientos selectivos del funcionariado interino

El Consejo aprueba el Decreto-ley que introduce un trato diferencial
para colectivos prioritarios y asegura el mantenimiento del empleo público


El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley por el que se establece una nueva regulación en los procedimientos de selección de los funcionarios interinos de la Administración General de la Junta de Andalucía. Atendiendo al criterio recogido en la legislación europea de dispensar un trato diferencial por motivos de edad y experiencia profesional, estos procesos darán preferencia al personal que cese en su puesto de trabajo porque se haya adjudicado a un funcionario de carrera en cualquiera de los procedimientos reglamentarios de selección o provisión. Como condiciones, se exige que venga prestando servicios con anterioridad al 1 de enero de 2005 y tenga al menos 45 años a 31 de diciembre de 2013.

La nueva regulación, en el marco del Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP), considera estas circunstancias con el objetivo de valorar debidamente la experiencia adquirida y demostrada por el colectivo de interinos en el desempeño de puestos de trabajo en la Administración andaluza. De igual modo, se pretende contribuir a la conformación de un mercado de trabajo favorable a la integración social de colectivos prioritarios, entre los que se encuentran las personas trabajadoras de mayor edad, así como defender el principio prioritario del Gobierno andaluz en el sentido de mantener el máximo empleo público.

El Decreto-ley también dará respuesta a las necesidades de provisión de plazas en aquellas áreas que se consideran prioritarias y con necesidades específicas de efectivos, o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Las medidas contenidas en esta norma han sido objeto de negociación en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta, celebrada con carácter extraordinario el pasado 21 de marzo a petición de las organizaciones sindicales CSIF, USTEA, UGT y CCOO.

El nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación reforzará
la lucha contra los desahucios y el fomento del alquiler

La Junta inicia los trámites de elaboración del documento, que también
dará prioridad a la mejora del parque residencial y de los espacios públicos


El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites para la elaboración del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, que recogerá la nueva estrategia de la Junta en esta materia. El documento, que sustituirá al desarrollado desde 2008, centrará sus medidas en la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler, la mejora del parque residencial, la autoconstrucción, el cooperativismo y la sostenibilidad. Asimismo, ampliará el ámbito de la rehabilitación más allá de la vivienda para incluir el patrimonio de interés arquitectónico y los espacios públicos.

Junto con las prioridades y objetivos, el plan definirá también las condiciones de acceso a las ayudas autonómicas y estatales para viviendas protegidas y proyectos de rehabilitación y suelo. El texto será consensuado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; los agentes sociales y económicos; las asociaciones de promotores, vecinos y consumidores y usuarios, y otros colectivos vinculados a este ámbito.

Una vez elaborada la propuesta del plan, la Consejería de Fomento y Vivienda recabará los informes preceptivos de adecuación a la normativas ambiental y de ordenación del territorio, además de someterlo al examen de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno para su aprobación. La Junta contará con un plazo de ocho meses para completar este proceso.


El Consejo de Gobierno autoriza la transformación
de Cajasol en fundación de carácter especial 

Con la conversión, prevista en la normativa de cajas de ahorros,
la entidad desarrollará su actividad en la obra social


El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar la transformación de Cajasol en fundación de carácter especial. De acuerdo con el cambio, previsto en la legislación autonómica de cajas de ahorros, esta entidad dejará de ejercer su actividad financiera para centrarse en la obra social, finalidad a la que destinará el producto de los fondos, participaciones e inversiones que integran su patrimonio. La medida fue solicitada en diciembre de 2012 por la Asamblea General de Cajasol y cuenta con el informe del Banco de España.

Tras su conversión, tal como dispone la normativa, la nueva fundación quedará bajo el protectorado de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que podrá nombrar un representante en su Patronato. En este órgano, integrado por un máximo de 20 miembros, deberán estar representados los mismos grupos que figuraban en el gobierno de la caja transformada, y en igual proporción. Los representantes originarios podrán formar parte del primer Patronato de la nueva fundación y permanecer en el cargo por el tiempo que les reste hasta la finalización de sus mandatos.

El Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Cajasol, se integró en enero de 2011 en el Sistema Institucional de Protección (SIP) constituido por las cajas de ahorros de Navarra, Canarias y Burgos, con Banca Cívica, SA como entidad bancaria central. Tras la salida a bolsa de esta última y su posterior absorción por CaixaBank, la participación de la caja andaluza se redujo al 1,22%. Con ello perdió la autorización para actuar como entidad de crédito e incurrió en el supuesto de transformación en fundación de carácter especial previsto en la normativa vigente.


La Junta fija las competencias en procedimientos disciplinarios que afectan al funcionariado municipal con habilitación estatal

Las atribuciones se reparten entre la Administración
autonómica y las propias entidades locales


El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que determina los órganos competentes para tramitar procedimientos disciplinarios que afectan al funcionariado municipal con habilitación de carácter estatal (categorías de Secretaría, Intervención y Tesorería).

Para las infracciones de carácter grave o muy grave, la competencia de incoación será de la persona titular de la Dirección General de Administración Local, que nombrará para su instrucción a un funcionario de la Delegación del Gobierno de la Junta de la provincia donde se hayan producido los hechos. Por su parte, la resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, salvo si la sanción supone separar al funcionario del servicio. En este caso es el Consejo de Gobierno quien asume la potestad.

En cuanto a las faltas leves, la incoación se atribuye a la persona titular de la presidencia de la entidad local o del miembro de la misma que, previa delegación de competencias, desempeñe la jefatura directa del personal. La competencia para resolver se otorga al pleno de la entidad local en la que desempeñe su labor el funcionario.

El decreto establece que el órgano facultado para la incoación será también el responsable de instruir, decretar o levantar la suspensión provisional de la persona expedientada y realizar previamente un informe reservado sobre el asunto.


La Junta exigirá una PAC reforzada en la última fase
de la negociación entre las instituciones europeas

Planas informa al Consejo sobre el debate y reitera la demanda andaluza de mantener los niveles actuales, que suponen más del 20% de la renta agraria


El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha informado al Consejo de Gobierno sobre los resultados de la discusión de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que se ha llevado a cabo en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.

Luis Planas ha expuesto la posición del Gobierno andaluz ante las negociaciones finales que abordarán en las próximas semanas estas instituciones y la Comisión Europea para cerrar la reforma en el mes de junio. En este sentido, ha subrayado que la Junta seguirá trabajando para conseguir una PAC reforzada, que mantenga las reivindicaciones de mejora con las que coincide Andalucía y recoja aquellas que aún no han sido introducidas en las propuestas de partida.

De acuerdo con el calendario previsto, cada Estado miembro tendrá que aprobar la normativa de desarrollo interno tras la publicación de los nuevos reglamentos europeos. En ese momento, ha explicado Planas, “el debate será a nivel nacional y desde Andalucía defenderemos nuestra posición para que nuestro sector mantenga el nivel de apoyo adecuado a la realidad productiva y al objetivo de promover la competitividad y la generación de empleo”.

El titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha subrayado que actualmente Andalucía recibe de la PAC en torno a 2.000 millones de euros anuales. De ellos, unos 1.600 millones corresponden a ayudas directas que complementan las rentas de más de 250.000 agricultores. El resto se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural y gestión de mercados.

Planas ha recordado que mantener una aportación en los niveles actuales, que supone entre el 20% y el 35% de la renta, es uno de los objetivos centrales del acuerdo por el sector agrario y el mundo rural andaluz firmado recientemente por la Junta y las organizaciones profesionales agrarias.
“Más de 200.000 explotaciones ven comprometido su futuro en función de esta negociación, así como los 280.000 empleos que genera el sector”, ha resaltado el responsable de Agricultura del Gobierno andaluz, quien, en este sentido, también ha señalado que el acuerdo alcanzado sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, pendiente de ser refrendado por el Parlamento, “no es suficiente”. En el caso de España, el marco fija un presupuesto total de ayudas directas de 35.705 millones de euros para ese periodo, lo que supone una pérdida del 12% en términos reales, a lo que se añaden 8.291 millones de euros para el desarrollo rural (un 10 % menos).

En cuanto a la gestión de los mercados y el reequilibrio de la cadena alimentaria, Luis Planas ha destacado que la posición de partida del Parlamento Europeo propone avances con los que coincide el Gobierno andaluz para una mejor regulación de los mercados. Entre ellos, señala la necesidad de desarrollar herramientas que permitan dar una respuesta ágil y eficaz a los episodios de crisis del sector agrario.

Flexibilidad
La Junta también defiende que el reparto financiero se realice teniendo en cuenta las características y el peso específico que tiene el sector andaluz en España y la Unión Europea. En este sentido, el consejero ha valorado los mecanismos de flexibilidad introducidos por el Consejo y el Parlamento europeos para suavizar el periodo transitorio a un nuevo modelo de subvenciones directas y para limitar las transferencias de ayudas entre agricultores, sectores y territorios.

Respecto a la política de desarrollo rural, el Gobierno andaluz respalda la flexibilización en los requisitos de determinadas ayudas, como las relativas a inversiones en regadíos, y la recuperación de la ayuda a la promoción. En este ámbito, sin embargo, el consejero ha lamentado que no se hayan incluido las mejoras que proponía Andalucía en las ayudas para la concentración de la oferta y en las destinadas al apoyo de los sistemas agroforestales (dehesas).  

Entre otras propuestas que se han venido defendiendo desde Andalucía y que no se han introducido en los documentos de partida, Planas ha destacado la ausencia del algodón en el grupo de los cultivos que se pueden beneficiar de la ayuda asociada voluntaria. Tampoco se han recogido la extensión de la cuota láctea ni el establecimiento de un sistema de reservas estratégicas de materias primas para la alimentación del ganado.
Desde el ingreso de España en la Unión Europea en 1986, la PAC se ha destacado de forma progresiva como instrumento fundamental en la gestión del sector primario y su agroindustria. En estos 27 años, Andalucía ha recibido alrededor de 40.000 millones de euros (más del 90% en ayudas directas y mecanismos de gestión de mercado, y el resto para desarrollo rural).

Andalucía es una de las regiones europeas de mayor un peso en agricultura, con cerca de 10.000 millones de euros de producción que la sitúan por delante de 18 estados miembros. En cuanto a la balanza comercial, la comunidad exportó productos alimentarios por un valor de 7.000 millones de euros en 2012, de los que más del 76% tuvieron como destino la Unión Europea.

El sector agroalimentario en su conjunto, que incluye el sector primario y más de 5.400 industrias agroalimentarias, aporta alrededor del 8% del PIB y el 10% del empleo en la comunidad autónoma.

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