La nueva Oficina Judicial y Fiscal es un modelo de oficina que se quiere implantar en Andalucía para agilizar y hacer más eficaz el servicio público de Justicia.

La nueva Oficina Judicial y Fiscal es un modelo de oficina que se quiere implantar en Andalucía para agilizar y hacer más eficaz el servicio público de Justicia.

Esta iniciativa plantea una nueva estructura de Oficina Judicial mucho más flexible que permita un mejor aprovechamiento de los funcionarios, de manera que se puedan distribuir con más efectividad las tareas y funciones de estos trabajadores y de los órganos judiciales con la finalidad de mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía desde la Administración de Justicia.

Hay que destacar especialmente los beneficios que aportará a los funcionarios de Justicia que trabajarán de forma más cómoda y eficaz.  Con este modelo se propiciará una redistribución de la carga de trabajo que soporta el personal de Justicia, que supondrá un reparto más equitativo y eficaz de sus tareas y una especialización en su trabajo.

Todo ello permitirá conferir mayor celeridad a este servicio público contribuyendo a la reducción en sus tiempos de respuesta.

Potenciación de los servicios comunes

La nueva organización y estructura prevista en el decreto permitirá mejorar y modernizar la Administración de Justicia en Andalucía, al sustituir la configuración vigente hasta ahora –juez, secretario y personal adscrito a un solo órgano– por un modelo más eficiente de medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo. 

El modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.

Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.

En cuanto a la Oficina Fiscal, el decreto establece la posibilidad de crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.

El nuevo modelo organizativo contempla que el servicio común procesal general de la Oficina Judicial proporcionará a la Oficina Fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen. El consejero ha avanzado también que su departamento trabaja ya en el desarrollo de las órdenes que permitirán implantar cada uno de los servicios y fijar el número de funcionarios adscritos a las unidades previstas en el nuevo modelo.

Comienzo de implantación en 2014

Este nuevo modelo ha comenzado a desarrollarse durante este año como primera experiencia en los juzgados del municipio almeriense de El Ejido y en los de Vélez Málaga, mientras que el proyecto piloto de la Oficina Fiscal se ha desplegado en la Fiscalía de Sevilla. Ahora el proyecto se irá implantando de forma progresiva y conforme se vayan a aprobando las relaciones de puestos de trabajo, que estarán supeditas a las posibilidades técnicas, organizativas y presupuestarias.

La Consejería de Justicia e Interior prevé comenzar con su implantación en los partidos judiciales más pequeños y sin separación de jurisdicciones, además de contar con servicios comunes en funcionamiento y edificios ya adaptados a esta nueva organización, como ocurre con las sedes que acogerán los proyectos piloto. En una segunda fase el proyecto se extenderá a los partidos judiciales con separación de jurisdicciones para culminar su implantación final en los partidos judiciales de mayor tamaño y que cuentan con salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según ha expuesto el consejero.

La intención es que en 2015 llegue a la provincia de Cádiz.