NOTICIA : CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta aprueba el Decreto-ley de reequilibrio

financiero para cumplir el objetivo de déficit

Las medidas de ajuste garantizan una retribución mínima mensual de 1.000 euros y reduce en un 7,5% los sueldos del Presidente y los consejeros

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Laborales para el Reequilibrio Económico-Financiero de la Junta de Andalucía. Este texto recoge el plan que la Administración autonómica llevará a cabo para dar cumplimiento al objetivo de déficit en 2012, fijado en el 1,5% del Producto Interior Bruto.

En relación con el plan inicialmente diseñado, la norma introduce novedades en el ámbito del personal, con el compromiso de mantener el máximo empleo público posible y la garantía de que ningún empleado público percibirá una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa como consecuencia de la aplicación del Decreto-ley.

Asimismo, se reconoce expresamente que las medidas en materia de personal tienen carácter excepcional y temporal, esto es, estarán vigentes únicamente durante los ejercicios 2012 y 2013, siempre que los ingresos de la comunidad recobren vías de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Respecto a las retribuciones, se fija en un 7,5%, en lugar del 5% inicialmente previsto, la reducción de los sueldos de los altos cargos de la Junta (Presidente y consejeros y asimilados). También se modifica la reducción de jornada y bajada proporcional de retribuciones del personal temporal al servicio del sector público andaluz, que será del 10% frente al 15% anunciado anteriormente.

El Decreto-ley plantea el doble objetivo de aumentar los ingresos en 1.000 millones de euros y reducir el gasto de la Administración autonómica en 2.500. Se compensarán así los 3.500 millones que Andalucía dejará de recibir debido a las políticas de recortes impuestas por el Gobierno central y a las menores transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. Las medidas aprobadas, afectan a todos los capítulos del Presupuesto autonómico vigente, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos. Además, recogen las que el Gobierno central ha señalado de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas. Para hacer frente a esta exigencia, la Junta parte de principios básicos como preservar el sistema educativo público; no contribuir a la destrucción de empleo, y pedir un esfuerzo temporal y solidario del conjunto de empleados públicos, proveedores y organizaciones sindicales y empresariales. Respecto al primero de estos principios, destaca la decisión de no incrementar la ratio de alumnos por aula.

En el capítulo de ingresos, el Decreto-ley modifica los últimos tramos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que pasa al 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros, y al 25,5% para rentas superiores a 120.000 euros.

Asimismo, se multiplica por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio, y por dos el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo de uso agrícola. Otras medidas en esta línea son la subida del tipo de gravamen general de Actos Jurídicos Documentados (del 1,2% al 1,5%) y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas de azar y recreativas con premio.

Reducción del gasto

Respecto a la revisión de los capítulos de gasto, en materia de personal destaca la reducción de altos cargos derivada del menor número de consejerías, secretarías generales, direcciones generales y delegaciones provinciales tras la reestructuración de la Administración autonómica, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con sus homólogos de la Administración General del Estado. En Andalucía bajarán en un 7,5% las retribuciones del Presidente de la Junta y los consejeros del Consejo de Gobierno; un 6,5% las de viceconsejeros y asimilados, y un 6% las de delegados provinciales y directores generales.

En aplicación de la normativa básica estatal, se aumenta a 37,5 horas la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta, con carácter flexible. El personal funcionario fijo y laboral fijo podrá sustituir este aumento por una disminución proporcional en sus retribuciones. Además, se suspenden las horas extraordinarias y las gratificaciones salvo casos excepcionales que deberán ser autorizados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La realización de servicios fuera del horario habitual se compensará con tiempo de descanso. Asimismo, se reduce en un 10% la jornada del personal funcionario interino y del laboral temporal.

Para el personal funcionario de carrera e interino y el personal eventual se reducen hasta el 1% los complementos específicos de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre. La cantidad que se abone por este concepto se descontará, prorrateándose, del complemento específico de las retribuciones mensuales. De igual modo disminuyen en un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable (productividad, incentivos al rendimiento y consecución de objetivos).

En el caso del personal laboral, se reducen las retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de las pagas adicionales del complemento de convenio y del complemento de puesto de trabajo, correspondiente a los meses de junio y diciembre.

El personal docente de la enseñanza pública no universitaria y del Servicio Andaluz de Salud también verá reducidas sus retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de estas pagas adicionales. En el ámbito de la educación, este conjunto de medidas también será de aplicación al profesorado de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.

Por su parte, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia experimentarán una reducción del 5% de sus retribuciones periódicas brutas anuales, que se efectuará prorrateada en las retribuciones mensuales con cargo al complemento provisional específico.

        Respecto a las entidades instrumentales y los consorcios, se establece una reducción del 5% de la masa salarial, que será definida en el plazo de un mes en el ámbito de la negociación colectiva. Al personal directivo le será de aplicación el mismo régimen de retribuciones que a los consejeros de la Junta.

        Se suspenden las jubilaciones anticipadas y las ofertas públicas de empleo, con la salvedad de aquellas cuyas convocatorias ya han sido publicadas. De igual modo, se suspende la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales para la financiación de gastos corrientes. Otras medidas recogidas son la suspensión de la convocatoria y concesión de ayudas de acción social y de la jubilación anticipada.

El Decreto-ley da un nuevo impulso a las medidas de eficiencia y ahorro que viene desarrollando la Junta de forma compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios. En este capítulo se plantea una disminución adicional del 10% del gasto operativo en bienes y servicios de la Administración pública, a través de medidas como la reducción del 50% de la flota de vehículos de altos cargos; la eliminación de la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de los entes instrumentales (salvo presidente y consejeros), y las bajadas de un 50% adicional en las partidas de información, divulgación y publicidad y reuniones, conferencias y cursos, y de un 15% adicional en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.

En el ámbito del gasto sanitario, las medidas aprobadas consolidan el programa de plataformas centralizadas de compra, con el que se espera un ahorro de 100 millones de euros anuales.

El Consejo de Gobierno aprueba el Decreto-ley para la

reorganización de la Administración periférica de la Junta

La agrupación de competencias en delegaciones territoriales supondrá reducir a la mitad el número de altos cargos de ámbito provincial

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley que modifica la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía con el fin de reorganizar sus servicios periféricos. El desarrollo de esta norma, que se enmarca en los objetivos de reducir el déficit público y mejorar la eficiencia de las estructuras administrativas, supondrá una disminución del 50% en el número de altos cargos de las delegaciones provinciales respecto a la anterior legislatura.

El Decreto-ley introduce la posibilidad de que existan en cada provincia cinco delegaciones territoriales encargadas de gestionar, por áreas temáticas, competencias hasta ahora desarrolladas por las delegaciones de las distintas consejerías.

Estos centros directivos, cuyas funciones se regularán en próximos decretos, estarán bajo la coordinación de los delegados del Gobierno de la Junta y se ocuparán de las siguientes materias: economía y empleo; educación, cultura y deportes; fomento, infraestructuras de transporte y turismo; salud y políticas sociales, y agricultura, pesca, medio ambiente y ordenación del territorio. Las delegaciones territoriales asumirán también la representación de las consejerías cuyos servicios periféricos se les asignen.

La Junta autoriza un endeudamiento de 2.699 millones

de euros para el plan de pago a proveedores

El Consejo de Gobierno ha autorizado operaciones de endeudamiento, por valor de 2.699,65 millones de euros, para el desarrollo del plan de pago de facturas pendientes a proveedores, mecanismo extraordinario de financiación que fue acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas el pasado 6 de marzo.

Las operaciones aprobadas son préstamos bancarios con el Instituto de Crédito Oficial, con un tipo de interés variable, y un plazo hasta un máximo de diez años, con dos de carencia.

La Junta declara de Interés Turístico el proyecto

de un campo de golf en Castellar de la Frontera

El nuevo complejo generará 338 empleos e incluirá una oferta

hotelera y residencial ajustada a condiciones medioambientales

El Consejo de Gobierno ha declarado de Interés Turístico el proyecto de campo de golf ‘Castellar Golf’, promovido por la empresa Valderrama 07, SL, en Castellar de la Frontera (Cádiz). El nuevo complejo deportivo y turístico, que generará 338 empleos cuando entre en explotación, es el segundo en acogerse a esta figura prevista por la legislación autonómica para instalaciones que aportan valor añadido a la oferta andaluza y albergan usos urbanísticos.

El proyecto incluye la construcción de un campo de 18 hoyos, una casa club, un hotel de cinco estrellas con 150 habitaciones, un apartotel de 100 unidades y una oferta residencial de viviendas plurifamiliares ajustada a los criterios que fija el Plan de Ordenación Territorial del Campo de Gibraltar, además de salones de celebraciones y  diversas instalaciones deportivas y de salud y belleza. La edificabilidad de los usos complementarios, junto con los restantes alojamientos hoteleros, supondrá como mínimo el 50% de la total prevista, mientras que la de los usos residenciales no superará el 35%.

La declaración de Interés Turístico, para una superficie de 128 hectáreas en las fincas ‘La Cierva’ y ‘La Guillena’, está sujeta al requerimiento medioambiental del riego del campo y sus zonas verdes con aguas reutilizadas procedentes de la depuradora de Castellar y recursos almacenados en lagos y pozos propios.

De acuerdo con el reconocimiento del Gobierno andaluz, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de dos años para modificar sus instrumentos de planeamiento urbanístico y adaptarlos a las condiciones de la declaración de Interés Turístico. A partir de esta modificación, los promotores tendrán cuatro años para la ejecución del proyecto.

El acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno exige, entre otros requisitos, una superficie de al menos 70 hectáreas, con 18 hoyos y una longitud de recorrido de 6.000 metros, así como la incorporación de medidas adicionales de sostenibilidad ambiental y la acreditación de distintas certificaciones de calidad.

‘Castellar Golf’ es el segundo proyecto reconocido con esta figura en Andalucía. El primero fue, en 2011, el de ‘El Següesal Golf Resort’, en el municipio gaditano de Barbate. Ambos se caracterizan por su integración en el entorno, la diversidad de usos y la capacidad para atraer un turismo de calidad y desestacionalizado. Además, ofrecen el valor añadido de su ubicación en zonas de gran riqueza cultural y natural, donde destaca la presencia de los parques naturales de los Alcornocales y el Estrecho.

Andalucía es la primera comunidad autónoma española en número de campos de golf, con 106 instalaciones que suponen el 22,9% de la oferta existente en todo el país. Esta actividad atrajo en 2011 a 425.000 turistas, procedentes en su mayoría de países como Reino Unido y Alemania.

El golf constituye uno de los principales elementos para la promoción turística andaluza en el extranjero. Sus niveles de estacionalidad son muy bajos, mientras que el gasto y la estancia media se sitúan por encima de los que presenta el resto de viajeros que llegan a la comunidad autónoma. El gasto supera los 80,3 euros por día (20 más que la media) y la estancia alcanza los 11,7 días (tres más respecto al promedio).

Aprobado el calendario de fiestas

laborales en Andalucía para 2013

A las doce festividades de ámbito nacional y autonómico

se añaden dos de carácter local a propuesta de cada municipio

El Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario de fiestas laborales en Andalucía para el año 2013. De acuerdo con las facultades que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma, se mantienen como fiestas de ámbito autonómico el 7 de enero, por traslado del 6 de enero, domingo; el 28 de febrero, Día de Andalucía, y el 28 de marzo.

De este modo, la relación queda como sigue:

1 de enero, martes

7 de enero, lunes

28 de febrero, jueves

28 de marzo, jueves

29 de marzo, viernes

1 de mayo, miércoles

15 de agosto, jueves

12 de octubre, sábado

1 de noviembre, viernes

6 de diciembre, viernes

9 de diciembre, lunes

25 de diciembre, miércoles

A estas doce fiestas laborales se añaden las dos de carácter local que cada municipio debe proponer a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Todas ellas tienen carácter retribuido y no recuperable.

El Consejo de Gobierno renueva la licencia

de la emisora municipal de FM de Casarabonela

El Consejo de Gobierno ha acordado renovar, por un plazo de diez años, la licencia de emisora de radio en frecuencia modulada otorgada en el año 2000 al Ayuntamiento de Casarabonela (Málaga).

De acuerdo con las características técnicas aprobadas, esta emisora utilizará la frecuencia 107.6 del dial.

El Consejo de Gobierno aprueba

nombramientos en cuatro consejerías

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los siguientes nombramientos en las consejerías de la Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y Fomento y Vivienda.

Asimismo, el Gobierno andaluz también ha nombrado a Juan González Palma como consejero nato del Consejo Consultivo de Andalucía, en representación del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Consejería de la Presidencia e Igualdad

- Directora del Instituto Andaluz de la Mujer: Soledad Ruiz Seguín

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales

- Secretaria general de Consumo: María Dolores Muñoz Carrasco

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

- Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: Vicente Carlos Guzmán Fluja

Consejería de Fomento y Vivienda

- Directora general de Rehabilitación y Arquitectura: Gaia Redaelli

Ana Soledad Ruiz Seguín 

Directora del Instituto Andaluz de la Mujer

Ana Soledad Ruiz Seguín (Ceuta, 1962) es perito mercantil, experta sociolaboral y funcionaria del Instituto Nacional de Empleo. Desde 2008 ha sido directora general de Violencia de Género.

Ruiz Seguín ya dirigió el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) entre 2004 y 2008 y anteriormente desempeñó diversos cargos de responsabilidad en la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato en el que ocupó la Secretaría Ejecutiva Confederal del área de la Mujer.

 En su labor descata su trabajo sindical a favor de los derechos de las mujeres tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Participó en la negociación de la primera directiva comunitaria sobre el permiso parental y en la elaboración de la Recomendación sobre Protección a la Maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre 1995 y 2004 fue miembro del Comité de Mujeres de la Confederación Europea de Sindicatos y del Comité Femenino de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.

María Dolores Muñoz Carrasco 

Secretaria general de Consumo

 María Dolores Muñoz Carrasco (Bollullos Par del Condado, Huelva, 1956) es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Sevilla. Desde 2009 trabaja en el Servicio de Apoyo a la Justicia en la Unidad de Valoración de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Huelva.

La nueva secretaria general ha desarrollado su labor profesional desde 1994 en la Junta de Andalucía, donde ha sido técnica en el Servicio de la Administración Pública en la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta en Huelva (2005-09) y en el Instituto Andaluz de la Mujer en esta provincia (2005-06). Asimismo, ha ocupado el puesto de directora de los centros de día de personas mayores 'Mora Claros' de Huelva (2000-05) y de Bollullos Par del Condado (1994-2000).

Muñoz Carrasco, concejal del Ayuntamiento de Huelva desde 2007, también ha ejercido en el Consistorio de Bollullos Par del Condado como delegada municipal de Salud y Consumo (2001-03) y de Bienestar Social y teniente de alcalde (1991-99). Además, fue delegada sindical de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas del sindicato Comisiones Obreras en la Junta de Andalucía (2004-05) y miembro de la Comisión de Servicios Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias (1991-99).

Vicente Carlos Guzmán Fluja

Rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Vicente Carlos Guzmán Fluja (Sevilla, 1965) es licenciado en Derecho de la Empresa por la Universidad de Sevilla y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Su nombramiento como rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se produce tras su elección el pasado 6 de junio por la comunidad de este centro académico.

El nuevo rector es catedrático de Derecho Procesal en la Olavide desde 2003. Anteriormente fue profesor titular de esta disciplina en la misma institución universitaria (1999-2003), donde también ha desempeñado cargos como los de vicedecano y secretario general. Entre 1990 y 1999 desarrolló su labor docente en la Universidad Carlos III de Madrid.

Gaia Redaelli

Directora general de Rehabilitación y Arquitectura

Gaia Redaelli, nacida en Milán (Italia) en 1970, es licenciada en Arquitectura y doctora en Proyecto Arquitectónico y Urbano por la Universidad de esta ciudad. Socia del Estudio Redaelli-Speranza Arquitectos, desde 2003 dirige la Fundación Arquitectura Contemporánea y la colección ‘Itinerarios de Arquitectura’.

La nueva directora general de Rehabilitación y Arquitectura, que forma parte desde 2011 de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra (Córdoba), es profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Sociedad del Instituto Politécnico de Milán y miembro del Grupo de Investigación sobre Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Redaelli es autora del libro ‘I paesaggi invisibili. Tre conversazioni portoghesi: João Luis Carrillo da Graça, Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura’ (2005). Colabora en numerosas publicaciones especializadas y cursos y ha participado en proyectos de edificación y rehabilitación de viviendas, espacios públicos y equipamientos en Andalucía e Italia. Su trabajo ha recibido, entre otros galardones, el Premio Europeo del Paisaje Mediterráneo en su tercera edición (2010).