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Decreto
Ley por el que se modifican las leyes 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucía
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Decreto
por el que se establece la ordenación y el currículum de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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Decreto
regulador de la organización y características de los centros de
internamiento de menores infractores de Andalucía
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Decreto
de aprobación de la oferta de empleo público de los centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud para 2015
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Acuerdos
por los que se autoriza al Servicio Andaluz de Salud para la prórroga de los
conciertos de asistencia sanitaria especializada con la empresa José Manuel
Pascual Pascual, SA, en municipios de las provincias de Cádiz, Huelva y
Málaga
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Acuerdo
por el que se autoriza el gasto relativo a la contratación del servicio de
limpieza de los centros sanitarios públicos adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba
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Decreto
por el que se modifica el Decreto 387/2010, regulador del marisqueo en el
litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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Transferencia
de créditos por importe de 4,31 millones de euros con destino a paliar los
daños de las lluvias torrenciales de enero de 2015 en los invernaderos del
Campo de Dalías (Almería)
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Nombramientos
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Informe
del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo sobre las previsiones
económicas de Andalucía para 2015
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La Junta destina más de 422 millones
para nuevas iniciativas
de fomento de empleo, trabajo
autónomo y retorno del talento
El Gobierno andaluz aprueba un
decreto ley de incentivos y medidas
de apoyo, con un impacto previsto de
más de 60.000 empleos
La Junta de Andalucía destinará más de 422 millones de euros
a un conjunto de medidas urgentes para fomentar la creación de empleo, la
inserción laboral y el trabajo autónomo. Así se recoge en el decreto ley
aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que recoge los nuevos programas para
la contratación indefinida de jóvenes y mayores de 45 años, el retorno del
talento y el fomento y consolidación de la actividad autónoma, que se
prolongarán hasta 2016.
Asimismo, se incluye el refuerzo del programa Emple@Joven y
la creación del nuevo Emple@25+. Entre otras
novedades, destaca la adaptación al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la
ampliación a seis meses del periodo mínimo de contratación de los beneficiarios
y los incentivos a la contratación indefinida para los jóvenes que han
realizado prácticas profesionales o son titulares del Bono de Empleo Joven.
Este conjunto de iniciativas se regula bajo la fórmula del
Decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de
extraordinaria y urgente necesidad. El alto índice de desempleo en la comunidad
autónoma sigue justificando la adopción de medidas de choque, si bien los
anteriores programas puestos en marcha en 2014 han contribuido a aumentar en un
4,3% el número de ocupados. En el caso de los trabajadores autónomos, se valora
la necesidad urgente de potenciar su consolidación frente a los efectos de la
crisis económica, que el pasado año provocó la desaparición de 129.288 empleos,
aunque compensada con la constitución de otros 145.841.
La aplicación del nuevo decreto ley se prevé que tenga un
impacto de 60.621 nuevos empleos. Entre ellos destacan los relativos a la
constitución de 3.100 autónomos, 1.000 prácticas profesionales, 14.600 contratos
de Bono Joven y 8.333 contratos a mayores de 45 años.
El principal bloque de medidas incorpora el refuerzo y la
ampliación del Programa Emple@Joven y la reformulación del Emple@30+ en el
nuevo Emple@25+. Dentro de estos dos programas,
se pone en marcha una nueva convocatoria de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, común para ambos
colectivos, con una dotación de 250 millones de euros para el periodo
2015-2016, y que incluye ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos
por contrato que realicen los ayuntamientos para proyectos de obras y servicios
de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza
regularmente el personal de la Administración local. El reparto de los fondos
se realizará entre los municipios en función del número de desempleados y de su
población, con una dotación mínima garantizada de 10.200 euros para los
contratos de jóvenes de hasta 24 años y 7.800 euros para los de 25 años o más.
Para los jóvenes de entre 18 y 24 años será requisito
indispensable estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil y, en todos los casos, estar desempleado. Se dará prioridad en las
contrataciones a aquellos que residan en el municipio o la provincia en la que
se va a desarrollar el proyecto y a los que son beneficiarios del Ingreso
Mínimo de Solidaridad o parados de larga duración con la prestación agotada. Se
considera desempleado de larga duración a los demandantes de empleo no ocupados
inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante 360 días en los 18
meses anteriores a la medida. En el caso de los trabajadores agrarios, el
registro deberá ser de 180 días en los 9 meses anteriores.
Los proyectos a desarrollar tendrán una duración de seis
meses, para los que los ayuntamientos recibirán un anticipo del 50% del total y
deberán iniciarse antes de concluidos los dos meses después de recibida la
resolución de concesión. Los contratos, además de no sustituir a personal de
estructura de las administraciones locales, deberán ser a jornada completa. En
total, se prevé que esta línea de ayudas suponga la contratación de 30.870
desempleados.
También se mantiene la iniciativa de becas para prácticas profesionales en empresas, de la que se
beneficiarán unos 1.000 jóvenes menores de 30 años que tendrán que inscribirse
en una plataforma de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), entidad
colaboradora del programa. La Junta aportará 1.980.000 euros para las becas de
2.700 euros repartidas en mensualidades de 450, con una duración de seis meses
y un máximo de jornada laboral diaria de cinco horas. Cada beca contará con un
seguro de 180 euros.
Igualmente, se aprueba otra nueva edición del Bono de Empleo Joven para jóvenes de
entre 18 y 29 años con titulación universitaria; formación profesional inicial
o bachiller o título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Se ha
previsto financiar con 70 millones de euros la emisión de 14.600 bonos, de los
cuales 10.430 serán para menores de 25 años inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y el resto para jóvenes de 18 a 29 años. Además se sumarán los
bonos pendientes de concesión de la convocatoria de 2014. La ayuda de estos
bonos será de 4.800 euros para los contratos a jornada completa y de 2.400 para
los del 50% de la jornada laboral.
Asimismo, se desarrollará una nueva convocatoria de la línea
de ayudas para el desarrollo de la
Iniciativa de Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo por parte de entidades privadas sin ánimo de
lucro. Las ayudas para contratos a desempleados con 30 años o más oscilarán
entre los 798 euros mensuales (1,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, Iprem) o los 1.597 (3 veces) dependiendo del grupo de
cotización, y con un tope de 200.000 euros por proyecto. Los contratos deberán
ser a jornada completa durante un período de 6 meses. En total, van a
invertirse 15 millones de euros en esta línea de ayudas, con los que se
pretende propiciar la contratación de al menos 1.500 desempleados. Serán
prioritarios en la contratación, por este orden, los beneficiarios del Ingreso
Mínimo de Solidaridad, parados de larga duración que hayan agotado la
prestación, desempleados de larga duración y parados en general.
Como novedad, en el Pograma
Emple@Joven, se incluye un incentivo a la contratación de jóvenes con 4.750
euros para las empresas que contraten de manera indefinida y por un periodo
ininterrumpido de 12 meses a un menor de 30 años que haya sido titular de un
Bono de Empleo Joven o haya participado en el programa de Prácticas
Profesionales en Empresas. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 10
millones de euros y una previsión de 2.100 nuevos contratos indefinidos.
El Programa para la
Contratación Indefinida de Mayores de 45 años recoge incentivos de 6.000
euros para la contratación estable en empresas o por parte de trabajadores
autónomos ubicados en Andalucía. El contrato deberá formalizarse con carácter
indefinido, manteniéndose por un periodo mínimo de doce meses a jornada
completa. Los beneficiarios deberán estar dentro del grupo de desempleados de
larga duración (inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el SAE
durante al menos 360 días en los 18 meses inmediatamente anteriores a la firma
del contrato).
Se excluyen
específicamente las contrataciones por parte de los empresarios o los trabajadores
autónomos de cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes por consaguinidad
o afinidad hasta el segundo grado, así como las de las Empresas de Trabajo
Temporal para la prestación de servicios en empresas usuarias. En total, se han
presupuestado 50 millones de euros en dos años para poner en marcha esta línea
de ayudas, con la que se prevé la incentivación de 8.300 contratos.
El nuevo Programa
para el Retorno del Talento tiene como objetivo propiciar el regreso de
aquellos andaluces que trabajan en el extranjero y desean incorporarse al
mercado laboral andaluz. Incluye dos líneas: un incentivo de 40.000 euros para
las empresas que contraten a los trabajadores retornados y otro para facilitar
el traslado de residencia a Andalucía. El programa cuenta con un presupuesto
inicial de 8 millones de euros para los dos próximos años y prevé facilitar el
retorno de 150 personas.
El contrato laboral deberá tener carácter indefinido y a
jornada completa, en la categoría profesional correspondiente a su titulación,
mantenerse con carácter ininterrumpido durante un mínimo de 24 meses y llevar
implícito el traslado efectivo de la residencia habitual a Andalucía. Podrán
beneficiarse los andaluces que tengan hasta 45 años, estén en posesión de un
título universitario oficial de grado o equivalente y lleven dos años
residiendo en el extranjero en alta laboral en la categoría correspondiente a
su titulación.
Los andaluces retornados podrán solicitar para facilitar su
traslado una ayuda de desplazamiento, que también incluye a los familiares a su
cargo, que cubre el coste en transporte público o en su vehículo particular, y
el traslado de mobiliario y enseres, con un tope de hasta 4 veces el importe
mensual del Iprem (2.130 euros). En total, esta ayuda no puede superar los
5.000 euros.
También se incluyen ayudas para cubrir los gastos de
alojamiento durante el primer año del retorno de hasta 12.000 euros; y para
cubrir los gastos de escolarización de los hijos, con hasta 2.000 euros por
cada menor con un tope de 5.000 euros.
Finalmente, el Programa
de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, con un presupuesto de 17,3
millones de euros, incluye dos líneas de ayudas: una dirigida a fomentar la
creación de nuevas actividades y otra destinada a la promoción. La cuantía de
las primeras oscila entre los 3.000 y 5.500 euros dependiendo del colectivo,
primando a los desempleados que sean menores de 30 años, mujeres o sufran algún
tipo de discapacidad. Como requisitos, el solicitante debe establecerse por
primera vez como autónomo y no haber estado dado de alta en este régimen
especial de la Seguridad Social en los dos años anteriores. Asimismo se le
exige disponer de un plan de viabilidad para su nueva actividad, que podrá
haber sido elaborado con el asesoramiento de la Red Territorial de Apoyo a
Emprendedores de la Fundación Andalucía Emprende. Gracias a esta medida se
prevé facilitar la constitución de 3.100 nuevos trabajadores autónomos.
Respecto a la línea de promoción del trabajo autónomo, se
subvenciona el 100% de los gastos para la ejecución del proyecto, con un tope
de 250.000 euros. Podrán ser beneficiarios de esta línea de ayudas las
organizaciones profesionales que entre sus fines tengan reconocido el apoyo al
trabajo autónomo y que desarrollen proyectos integrados de orientación,
asesoramiento y autorización de autónomos ya constituidos.
El decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno da
continuidad al conjunto de medidas que la Junta desarrolla en los últimos años
para favorecer la creación de empleo y combatir los efectos de la crisis. Entre
ellas destacan el Plan de Actuación del Trabajo Autónomo (200 millones de euros
en el periodo 2015-2020); la segunda convocatoria del Plan de Construcción Sostenible
(74 millones de euros); el Plan Integral para la Construcción Sostenible (529
millones para el periodo 2015-2020), y la nueva orden de incentivos a empresas
(112 millones de euros).
La Junta garantiza la continuidad y la
simplificación de
los procedimientos de evaluación ambiental
en Andalucía
Un nuevo decreto ley adaptado a la
legislación estatal afianza la seguridad
jurídica y refuerza la protección hídrica
en los planes territoriales y urbanos
El Consejo de Gobierno ha aprobado el
decreto ley que modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía (GICA) para adaptarla a la Ley 21/2013 estatal de Evaluación de
Impacto Ambiental. La medida tiene como principal objetivo evitar problemas de
interpretación y discrepancias entre ambas normas, garantizando tanto el
mantenimiento de los procedimientos simplificados vigentes en la comunidad
autónoma como la seguridad jurídica para los distintos operadores económicos e
institucionales.
Junto con esta adaptación, el decreto ley también
incluye un cambio en la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, con el fin de
reforzar la protección de los recursos hídricos en los procesos de elaboración
de la planificación urbanística y de ordenación del territorio, así como una
habilitación para adquirir vacunas contra el virus de la lengua azul que afecta
a las cabañas bovina y ovina, y una actualización de las tasas por inspecciones
sanitarias en buques congeladores y factoría.
En relación con la legislación de calidad ambiental, se
introducen tres novedades principales. Por un lado, los ajustes normativos
permitirán mantener el modelo de Autorización Ambiental Unificada (AAU),
vigente en Andalucía desde la entrada en vigor de la Ley GICA en 2007 pero no
previsto en la legislación básica estatal. En segundo lugar, se unifican los
procedimientos de evaluación ambiental de los planes y programas de las
administraciones públicas, lo que agilizará los trámites que afectan al
planeamiento urbanístico y a otras estrategias de planificación. Finalmente, se
elimina el procedimiento de calificación ambiental hasta ahora aplicable a 35
actividades económicas de bajo impacto, para las que tan sólo será necesaria la
presentación de una declaración responsable de los efectos ambientales por
parte de sus promotores.
La primera de estas novedades permitirá seguir aplicando en
Andalucía la fórmula de la AAU, que integra en una resolución única la
declaración de evaluación de impacto ambiental y todos los demás pronunciamientos
sobre esta materia en ámbitos como el forestal, los espacios naturales protegidos,
la gestión del agua o las vías pecuarias, todos ellos competencia de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Al tramitarse de una
vez, la AAU simplifica y acelera múltiples procedimientos administrativos que
pueden afectar a una actividad o proyecto.
La modificación de la Ley GICA salvaguarda también el
protagonismo de la Administración ambiental autonómica como responsable de la
tramitación de estas autorizaciones. Actualmente se tramitan cada año en
Andalucía alrededor de 500 expedientes vinculados con este procedimiento
simplificado, que ahorra trámites innecesarios a los proyectos e iniciativas
del tejido productivo de la comunidad.
Evaluación ambiental estratégica
Respecto a los cambios normativos que el decreto ley
introduce en la denominada evaluación ambiental estratégica (planes y programas
de las administraciones públicas), la principal novedad es la unificación de
los diversos procedimientos vinculados a la misma, especialmente los relativos
a los planes generales de ordenación urbanística y sus desarrollos y modificaciones.
Los ajustes recogidos se orientan a evitar duplicidades,
reducir el número de pronunciamientos de la Administración ambiental
responsable e intensificar la coordinación entre la Junta y los ayuntamientos
en las fases iniciales de tramitación. Con ello se pretende impulsar la
celeridad para contribuir a facilitar el desarrollo económico de los municipios,
además de dotar de mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos para poder planificar
su urbanismo.
Finalmente, el decreto ley aprobado hoy desarrolla la figura
de la Declaración Responsable de Efectos Ambientales, recogida en la Ley 3/2014
de reducción de trabas administrativas, para un total de 35 actividades
económicas anteriormente sujetas al procedimiento de calificación ambiental.
Los promotores de estas iniciativas, entre las que figuran lavanderías,
carnicerías y pescaderías de venta al por menor o lavaderos de vehículos, tan
sólo tendrán que presentar esta declaración antes de comenzar a desarrollarlas.
Además de estos tres cambios referidos a la evaluación
ambiental, el decreto ley modifica también la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía
con el fin de garantizar al máximo la protección de los recursos hídricos en
los procesos de elaboración de la planificación urbanística y de ordenación del
territorio. Para ello se cambia, de positivo a negativo, el sentido del
silencio administrativo en caso de que el órgano competente en materia de agua
no emita sus informes en el plazo previsto de tres meses. Con la modificación
aprobada, esta circunstancia se entenderá como un pronunciamiento desfavorable.
Los informes en materia de agua, de carácter vinculante, se
requieren con anterioridad a la aprobación de los planes de ordenación
territorial y también tras la inicial referente al planeamiento urbanístico.
Pueden abarcar cualquier aspecto referido a la gestión de los recursos hídricos
y, en todo caso, sobre aquellos vinculados a las infraestructuras de abastecimiento
en alta y depuración.
Vacunas contra la lengua azul
En relación con el virus de la lengua azul, el decreto ley
incorpora una disposición adicional que habilita a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para adquirir las vacunas necesarias de
los serotipos 1 y 4 y ponerlas a disposición de los ganaderos. Para este año se
calcula que harán falta alrededor de siete millones de dosis, que requieren un
gasto de alrededor de 2,5 millones de euros.
Con esta medida excepcional la Junta establece el marco
normativo necesario para dar respuesta de manera inmediata a una situación de
riesgo sanitario en las cabaña bovina y ovina, evitando que los dueños de las
explotaciones tengan que pagar por adelantado las vacunas.
Actualmente,
la Comunidad Autónoma andaluza debe aplicar el programa nacional de vigilancia
y erradicación frente a la lengua azul conforme a la normativa vigente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Esta regulación establece, entre otras cuestiones, la
obligatoriedad de vacunación de los animales de las especies ovina y bovina
mayores de tres meses de edad de las zonas restringidas para poder proceder a
su movimiento a partir del 30 de junio.
Por último, el decreto ley aprobado por el Consejo
incluye una modificación de la Ley 8/1997, de medidas en materia tributaria,
presupuestaria y de contratación, con el fin de actualizar las tasas de las
inspecciones sanitarias en los buques congeladores y buques factoría de
empresas andaluzas que elaboran, envasan, almacenan, distribuyen o importan
alimentos, y que suelen faenar en caladeros de países terceros sin tocar
puertos andaluces ni de la Unión Europea durante años.
La actualización es necesaria para dar continuidad
a estas inspecciones y evitar problemas de comercialización de la pesca de los
citados barcos si no se verifican sus condiciones sanitarias. Las tasas
oficiales que se adaptan son las establecidas para el desplazamiento de los
inspectores, así como los porcentajes de reducción que deben aplicarse cuando
sus trabajos se realicen de forma conjunta en varios buques por coincidencia de
fechas y puertos.
El decreto
de Educación Primaria blinda el modelo
andaluz de
escuela inclusiva e integradora
La nueva
norma, que desarrolla la parte autonómica de la Lomce,
mantiene
Educación Artística y refuerza la enseñanza del segundo idioma
En
líneas generales, la norma andaluza refuerza la orientación del proceso de
aprendizaje basado en capacidades y competencias, de acuerdo con el consenso
alcanzado con los docentes, expertos, representantes sindicales y familias que
han participado en su elaboración. Para cada área y cada curso se establecen
objetivos expresados en términos de capacidades que el alumnado tiene que ir
alcanzando, frente a la mera acumulación de contenidos que plantea la propuesta
curricular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
De igual modo, el currículum de Primaria
andaluz está basado en la mejora de las competencias, es decir, pone el foco en
lo que el alumno de entre seis y doce años “sabe hacer con lo que sabe”, de
acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea en el sentido de facilitar
una formación integral de personas competentes para la vida, la familia y el
trabajo. En la Lomce, el concepto de competencias queda apuntado en los preámbulos,
pero está ausente tanto en el articulado como en los reales decretos de su
desarrollo.
La norma andaluz mantiene en Primaria la
organización de ciclos de dos años, eliminada en las propuestas del Ministerio
y cuya finalidad es respetar el desarrollo integral del alumnado, sus ritmos de
aprendizaje y su maduración cognitiva. La organización por ciclos evita la
ruptura de procesos que necesitan más de un curso para su desarrollo, como es
el caso de los relativos a la comprensión lectora.
De
conformidad con los principios de equidad, respeto a las diferencias y
desarrollo integral del alumnado, se mantiene Educación Artística como asignatura
obligatoria en todos los niveles de Primaria, incluyendo en el currículum la
creatividad y el conocimiento del patrimonio cultural tanto andaluz como de
otras regiones y países. Para garantizar una visión plural de los valores sociales
y cívicos, en 5º de Primaria se impartirá Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos como asignatura de libre configuración autonómica. Esta medida
evitará que los alumnos que elijan la opción de Religión acaben la etapa de
Primaria sin formación alguna en valores cívicos y sociales.
En relación con la segunda lengua
extranjera, la norma andaluza refuerza su aprendizaje con la generalización a
todos los niveles de la Educación Primaria. Asimismo, se impulsa la competencia
en nuevas tecnologías con la implantación del área de Cultura y Práctica
Digital en el 6º curso.
Finalmente,
el proceso de evaluación se seguirá considerando en Andalucía como un
instrumento dirigido a mejorar, no a clasificar. En este sentido, el decreto
establece que en ningún caso podrán publicarse ‘rankings’ de centros.
El Consejo aprueba la nueva regulación de
los centros
de internamiento de menores infractores de
Andalucía
La Junta homogeneiza la gestión y otorga
rango normativo a las políticas desarrolladas en los últimos años para cumplir
los objetivos de reinserción
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto
regulador de los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía.
La norma, que sustituye a la vigente desde 2008 y cumple con una recomendación
planteada por el Defensor del Pueblo de Andalucía, dota de mayor homogeneidad a
la organización y gestión de estos recursos públicos especializados en la
reinserción de los jóvenes que cumplen medidas privativas de libertad impuestas
por los juzgados.
El decreto otorga rango normativo a las políticas
desarrolladas durante los últimos años por la Administración autonómica para
mejorar la finalidad educativa y de atención integral de los centros, garantizar
la igualdad de condiciones y oportunidades de los menores, organizar los tipos
de medidas e impulsar la cualificación de los profesionales. De igual modo, se
establecen las fases educativas, los programas para la atención de necesidades
específicas y las normas de inspección por parte de la Consejería de Justicia e
Interior.
Andalucía cuenta actualmente con
15 centros de internamiento, en su mayor parte gestionados por entidades sin
ánimo de lucro a través de contratos de servicio público, que desarrollan
programas para la ejecución de las más de 1.740 medidas judiciales privativas
de libertad en régimen cerrado, semiabierto y abierto que dictan los juzgados
andaluces, así como las relacionadas con tratamiento terapéutico. Sus
plantillas están integradas por más de 1.500 profesionales, entre psicólogos,
educadores, trabajadores sociales, juristas y personal de seguridad y mantenimiento.
La Junta ha multiplicado por tres el número de
plazas de internamiento desde que en el año 2000 se aprobó la Ley de Responsabilidad
del Menor, pasando de 242 a las 766 actuales. Asimismo, se ha triplicado el
presupuesto dedicado a la intervención en justicia juvenil, de 28,5 millones a
los más de 77 millones de euros de 2015. Esta experiencia está avalada por
diversos reconocimientos, entre los que destaca el Premio a la Calidad de la
Justicia 2013, concedido por el Consejo General del Poder Judicial.
La Junta sacará este año a concurso 3.282
plazas
de empleo público en el Servicio Andaluz de
Salud
El Consejo de Gobierno aprueba la tercera
de las ofertas que componen
la convocatoria, que se realizará de
forma conjunta con las de 2013 y 2014
La
Junta de Andalucía sacará a concurso 3.282 plazas de personal sanitario
y no sanitario para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Consejo de Gobierno
ha aprobado hoy la tercera de las ofertas públicas de empleo que compondrán
esta convocatoria, con 1.875 puestos de trabajo y ajustada al tope impuesto por
la vigente normativa estatal de un 50% máximo de reposición de efectivos en
vacantes. Las otras dos, correspondientes a 2013 y 2014, suman 1.407. Las
primeras pruebas de la convocatoria, por el procedimiento de concurso
oposición, se realizarán conjuntamente antes de final de año.
Del total de profesionales que consolidarán su
situación laboral, 2.082 se incorporarán por primera vez con plaza propia al sistema
sanitario público de Andalucía a través del turno libre, mientras que los 1.200
restantes podrán mejorar su situación laboral por la vía de la promoción
interna. El 7% de la totalidad de las plazas ofertadas (150 del primer tipo y
87 del segundo) se reserva a personas con alguna discapacidad, tal y como
establece la normativa vigente.
Los puestos que integran las tres ofertas corresponden a 61
categorías profesionales, con el siguiente reparto: facultativo especialista de
área (330 de turno libre y 118 de promoción interna); medicina de familia (86 y
61); medicina de familia en servicios de cuidados críticos (30 y 6), pediatría
(24 y 11); farmacéutico de atención primaria (5 y 3); enfermería (506 y 325);
auxiliar de enfermería (481 y 265); fisioterapia (19 y 13); matrona (9 y 27);
técnico en función administrativa (16 y 20); técnico medio en función administrativa
(9 y 14); ingeniero técnico (11 y 2); trabajador social (10 y 8);
administrativo (101 y 86); auxiliar administrativo (93 y 60); celador (122 y
62); celador conductor (36 y 18); cocinero (14 y 5); pinche (65 y 13);
lavandero/planchador (27 y 4); telefonista (7 y 5); limpieza (6 y 4), y técnico
superior en alojamiento (6 y 4).
La lista se completa con las plazas correspondientes a la
categoría de técnico especialista: en laboratorio (29 y 26); en radiodiagnóstico
(18 y 11); en radioterapia (6 y 6); en farmacia hospitalaria (10 y 17), y en
anatomía patológica (6 y 6).
Respecto a la restricción del 50% máximo de reposición de
efectivos, la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, integrada por la Junta y
las organizaciones sindicales, sigue rechazando esta decisión que dificulta el
objetivo de que las convocatorias de empleo público puedan responder a las
necesidades asistenciales. Aunque la imposición estatal se ha suavizado
respecto al 10% de los dos años anteriores, su aplicación en la oferta para
2015 aprobada hoy supone que sólo puedan sacarse cinco plazas a concurso por
cada diez jubilaciones.
En la web del SAS, en el apartado de ‘profesionales’, pueden consultarse todas las novedades
relativas a la oferta pública de empleo, así como los temarios publicados hasta
ahora de las diferentes categorías. El contenido de los nuevos programas de
materias es fruto de la revisión de los del anterior concurso-oposición,
adaptados a la evolución científica y tecnológica de las profesiones
sanitarias, así como a las modificaciones y actualizaciones normativas. En su
elaboración han participado grupos de expertos integrados por profesionales
cualificados y representantes de sociedades científicas. Las materias también
han sido analizadas por las organizaciones sindicales con representación en la
Mesa Sectorial de Sanidad.
Los profesionales del SAS que se presenten por el turno de
promoción interna quedarán exentos de las pruebas de temario común, de cuyos
contenidos ya se examinaron en su día. También se tiene en cuenta el ejercicio
diario y la formación continua que les permite mantener actualizados sus
conocimientos.
Autorizada la
prórroga de los conciertos sanitarios con la empresa Pascual en seis municipios
de Cádiz, Huelva y Málaga
La medida, por
62 millones de euros para siete meses y medio,
garantiza la
prestación de asistencia sanitaria especializada
El Consejo de Gobierno ha autorizado prorrogar los
conciertos suscritos con la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, para la
prestación de asistencia sanitaria especializada en los hospitales que esta
entidad tiene en las ciudades de Cádiz, Huelva y Málaga, así como en los
municipios gaditanos de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y
Villamartín. La prórroga, de mutuo acuerdo, se establece por un importe total
de 62,08 millones de euros para un periodo de siete meses y medio, desde el 16
de marzo al 31 de octubre de 2015.
La suscripción de conciertos es una de las fórmulas que
prevé la Ley de Salud de Andalucía para hacer posible la colaboración entre la
Administración sanitaria autonómica y la iniciativa privada en la prestación de
una asistencia sanitaria complementaria a la de los centros públicos. En el
caso de la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, esta colaboración se inició
a mediados de la década de los ochenta. La firma tiene concertados los
servicios especializados de los hospitales Virgen de las Montañas de
Villamartín, Santa María de El Puerto de Santa María, Virgen del Camino de
Sanlúcar de Barrameda, San Rafael de Cádiz, Blanca Paloma de Huelva y FAC Dr.
Pascual de Málaga.
La sanidad pública andaluza funciona actualmente con
recursos propios en el 97% de su actividad, mientras que el 3% corresponde a
conciertos. La comunidad autónoma cuenta con 47 hospitales públicos y más de
1.500 centros de atención primaria.
La Junta autoriza la contratación del
servicio de limpieza y gestión de residuos para 147 centros sanitarios de
Córdoba
La adjudicación única tiene un
presupuesto de licitación
de 28,2 millones de euros para un periodo
de tres años
El Consejo de
Gobierno ha autorizado la contratación de la limpieza y la gestión de residuos
en los 147 centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) integrantes de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba, por un importe de 28,2 millones
de euros para un periodo de tres años.
La medida aprobada incluye los centros dependientes del
Hospital Universitario Reina Sofía; el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea; las áreas de gestión sanitaria Córdoba Sur y Norte de Córdoba, y los
distritos sanitarios Guadalquivir y Córdoba. Sus instalaciones y edificios
suman una superficie de 305.983 metros cuadrados.
Además de la gestión de los
residuos y la limpieza interior y exterior, el servicio incluye también otras
actividades como la distribución del material de higiene consumible en aseos y
cuartos de baño.
Durante los últimos años, y de forma generalizada
desde 2011, el SAS desarrolla un sistema de contrataciones unificadas de ámbito
provincial que supone un ahorro anual de 100 millones de euros. Esta fórmula
permite mejorar los precios y condiciones generales de los contratos,
homogeneizar los servicios prestados, reducir los procedimientos
administrativos y agilizar la resolución de incidencias al tener que reclamar a
un único adjudicatario. El actual contrato de limpieza de los centros de
Córdoba suscrito hace cuatro años ya se realizó por este procedimiento, con un
ahorro de 1,1 millones respecto a los que anteriormente se realizaban de forma
diferenciada.
La Junta modifica la regulación del
marisqueo para
incluir todas las modalidades de captura
artesanal
La medida, que también equipara el
calendario al del resto de la pesca, beneficiará a las 528 embarcaciones que
faenan en el litoral andaluz
El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación del
decreto regulador del marisqueo en el litoral andaluz, vigente desde octubre de
2010, con el fin de incluir la captura desde embarcación de todas las especies
de moluscos, crustáceos e invertebrados marinos, y no sólo la de bivalvos como
hasta ahora.
La medida beneficiará a las 528 embarcaciones de pesca
artesanal que faenan en los caladeros del Golfo de Cádiz (271) y del
Mediterráneo (257), en las que trabajan más de un millar de marineros. Su
volumen anual de capturas se sitúa en torno a las 7.700 toneladas, de las que
6.200 corresponden a moluscos bivalvos y las 1.500 restantes a las que ahora se
incorporan a la regulación, con el pulpo como especie más destacada.
El cambio consiste básicamente en ampliar la definición de
embarcación marisquera, actualmente restringida a la que utiliza artes de
rastro remolcado y dragas hidráulicas para la captura de especies como la
coquina, la chirla, la almeja o el corruco. A partir de ahora se incluye
también la pesca con artes trampa, como las nasas o alcatruces, y con artes de
anzuelo como los chivos o poteras, utilizadas todas ellas para la captura del
pulpo, la langosta, el bogavante o la nécora, entre otros moluscos y
crustáceos.
Junto con esta adaptación, el Consejo también ha modificado
los artículos del decreto referidos al calendario de la actividad. De acuerdo
con ello, el sector se beneficiará de la equiparación de sus jornadas a las del
resto de la actividad pesquera, lo que supone autorización para faenar de lunes
a viernes incluyendo también los días festivos (hasta ahora no hábiles para el
marisqueo).
La modificación normativa se completa con la previsión de
censos específicos para cada modalidad, donde deberán estar inscritas las embarcaciones
para la obtención de las correspondientes licencias, y con medidas de mejora
del control y seguimiento de la actividad. Entre ellas destacan las relativas
al empleo exclusivo de artes de pesca autorizadas y selectivas, la posibilidad
de fijar una delimitación geográfica de zonas de captura y el establecimiento
de una lista de especies autorizadas para cada modalidad.
La Junta destina 4,3 millones de euros a
paliar los daños de
las lluvias torrenciales de enero en los
invernaderos de Almería
El Consejo aprueba la previsión
presupuestaria para
la ayudas a los agricultores del Campo de
Dalías
El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de
créditos, por valor de 4,3 millones de euros, con el fin de dar cobertura
presupuestaria a las ayudas para los agricultores afectados por las lluvias
torrenciales que dañaron el pasado 19 de enero a 71,9 hectáreas de invernaderos
de la comarca del Campo de Dalías (Almería). Estas precipitaciones se
concentraron en la zona costera entre Adra y Roquetas del Mar, con especial
incidencia en el núcleo de San Agustín (El Ejido).
Esta decisión es el paso previo a la convocatoria
efectiva de las ayudas, que se abrirá en breve por parte de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Entre los requisitos para su solicitud,
se exigirá ser titular de una explotación agraria dañada, ejercer la actividad
profesional en la misma y comprometerse a su aseguramiento.
Nombrados los nuevos presidentes de las juntas rectoras de los
parques naturales de Sierra de Andújar y Sierra Norte de Sevilla
El Consejo
aprueba también la prórroga del mandato
de Pedro Gómez
Caballero en las Sierras Subbéticas
El Consejo de Gobierno ha aprobado los nombramientos de
Francisca Esteban Pedrajas y Carmelo Conde Chaves como presidentes de las
juntas rectoras de los parques naturales de la Sierra de Andújar (Jaén) y de la
Sierra Norte de Sevilla, respectivamente. Asimismo, ha prorrogado el mandato de
Pedro Gómez Caballero al frente del organismo rector del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas (Córdoba).
Carmelo
Conde Chaves (1958), licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Sevilla y médico de familia del Servicio Andaluz de Salud, es desde 2007
alcalde del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra. Experto en Alta
Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo,
ha sido también diputado provincial y presidente del Grupo de Desarrollo Rural
Sierra Morena Sevillana. Desde 2007 es miembro de la Junta Rectora del Parque
Natural de Sierra Norte.
Francisca Esteban Pedrajas, nacida en Andújar (Jaén) en
1963, es directora de programación y responsable de Informativos de Radio
Andújar, a cuyo equipo pertenece desde 1987. Actriz y socia fundadora del grupo
de teatro Dionisos desde 1982, es también empresaria de gestión cultural.
Creativa de campañas publicitarias de carácter conservacionista, ha colaborado
con diversas empresas medioambientales en el diseño de programas de difusión de
los valores naturales de la Sierra de Andújar.
Pedro Gómez Caballero (Cabra, Córdoba, 1952), maestro y
doctor en Derecho, es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social y vicerrector de Desarrollo Normativo en la Universidad de Córdoba. En
esta institución también ha sido vicerrector de Gestión, Presupuestos y
Sociedades y director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.
Gómez Caballero, que preside la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas desde junio de 2010, también ha trabajado como funcionario de la
Administración Civil del Estado (1971-1989).
La Junta mejora en 0,6 puntos la previsión del
crecimiento
para 2015 y pronostica un incremento del 2,4% en
el PIB
El avance económico supondrá la creación de 80.000
nuevos empleos, casi el doble de la estimación realizada inicialmente en la Ley
del Presupuesto de 2015
La Junta de Andalucía ha elevado las previsiones de
crecimiento económico para este año en 0,6 puntos sobre la estimación inicial
de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2015 (1,8%), con un
incremento real del PIB del 2,4%. De esta manera, se espera que el actual
ejercicio sea significativamente mejor que el anterior, con un crecimiento de
la economía un punto superior.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José
Sánchez Maldonado, ha explicado hoy ante el Consejo de Gobierno que esta previsión de crecimiento económico, una
décima superior a la que actualmente calcula la Comisión Europea (CE) para la
economía española (2,3%), va a permitir un aumento de la ocupación con 80.000
nuevos empleos, que casi duplicará la previsión que se hizo en octubre durante
la elaboración del presupuesto (43.000 empleos).
Sánchez Maldonado ha señalado que esta revisión al alza está
motivada por acontecimientos externos e internos, fundamentalmente la
progresiva mejora del clima económico internacional; los factores vinculados a
menores tipos de interés; el abaratamiento del precio de los hidrocarburos; la
depreciación del tipo de cambio del euro, y el impulso de la política económica
de la Junta.
En el contexto internacional, las últimas
previsiones publicadas en febrero por la Comisión Europea apuntan a que las
economías de la Unión crecerán en 2015 un 1,7%, dos décimas más que el 1,5%
calculado en noviembre. Estas revisiones al alza son causa del comportamiento
favorable que registran en los últimos meses algunas variables económicas
determinantes para el consumo y la inversión. Entre estas destaca el precio del
petróleo, que en los dos primeros meses de 2015 ha cotizado a 53 dólares por
barril, la mitad que hace un año, lo que abarata costes energéticos y libera
recursos para aumentar la inversión. Asimismo, el tipo de cambio del euro,
actualmente depreciado en un 17% frente al dólar respecto a hace un año,
impulsa las exportaciones y el proceso inversor. A ello se suma que la práctica
totalidad de los países de la zona euro han corregido de manera notable sus
primas de riesgo, lo que se traslada a las condiciones de financiación de las
empresas y provoca un efecto positivo sobre la inversión.
La economía andaluza, que participa de esta mejora exterior,
recoge también los efectos de una política económica orientada al crecimiento
económico y la generación de empleo. Desde septiembre de 2013, el Gobierno
andaluz ha puesto en marcha siete grandes medidas para el fomento del empleo y
la actividad productiva: un programa de ayudas financieras a las pequeñas y
medianas empresas industriales de Andalucía (diciembre de 2013); otros dos de
Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía (abril 2014 y febrero de
2015), que actúan sobre el sector más castigado por la crisis; el Emple@Joven
(abril de 2014); el Emple@30+, y el Decreto
Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para
las empresas, además del aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Junto a ello destaca la
firma de diferentes convenios con grandes empresas (Telefónica, ENDESA, BBVA,
La Caixa y el Banco Santander) para el fomento del empleo y el emprendimiento
en la comunidad autónoma.
Todas estas medidas tienen resultados positivos en la
actividad económica y el mercado de trabajo en Andalucía. El PIB andaluz
encadenó cinco trimestres consecutivos de tasas positivas hasta octubre de 2014
y, previsiblemente, terminará el año con un crecimiento superior al 2%
interanual en el último trimestre. De esta forma, el ritmo de incremento se
aceleró a lo largo del año, desde el 0,8% interanual en el primer trimestre a
más del 2% en el último, lo que hará que se cumpla la previsión del 1,4% en el
conjunto de 2014. La recuperación de tasas positivas tanto del consumo (1,8%)
como de la inversión (0,9%) sustentan este desarrollo desde el punto de vista
de la demanda interna.
En cuanto a la iniciativa empresarial, en el último
ejercicio económico se crearon, en términos netos, un total de 12.374 sociedades
mercantiles, un 5,7% más que en el año anterior; mientras que en el mercado
laboral se contabilizaron 110.900 ocupados más que en el último trimestre de
2013. Esto supone en términos relativos un crecimiento del empleo del 4,3%
interanual, el mayor desde 2006 y casi el doble del registrado a nivel nacional
(2,5%).
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