FARMACIAS DE GUARDIA EN LA PROVINCIA DE CÁDÍZ

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CALENDARIO

martes, 3 de marzo de 2015

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:


·       Decreto Ley por el que se modifican las leyes 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía
·       Decreto por el que se establece la ordenación y el currículum de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
·       Decreto regulador de la organización y características de los centros de internamiento de menores infractores de Andalucía
·       Decreto de aprobación de la oferta de empleo público de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud para 2015
·       Acuerdos por los que se autoriza al Servicio Andaluz de Salud para la prórroga de los conciertos de asistencia sanitaria especializada con la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, en municipios de las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga
·       Acuerdo por el que se autoriza el gasto relativo a la contratación del servicio de limpieza de los centros sanitarios públicos adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba
·       Decreto por el que se modifica el Decreto 387/2010, regulador del marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía
·       Transferencia de créditos por importe de 4,31 millones de euros con destino a paliar los daños de las lluvias torrenciales de enero de 2015 en los invernaderos del Campo de Dalías (Almería)
·       Nombramientos
·       Informe del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo sobre las previsiones económicas de Andalucía para 2015



La Junta destina más de 422 millones para nuevas iniciativas
de fomento de empleo, trabajo autónomo y retorno del talento

El Gobierno andaluz aprueba un decreto ley de incentivos y medidas
de apoyo, con un impacto previsto de más de 60.000 empleos


La Junta de Andalucía destinará más de 422 millones de euros a un conjunto de medidas urgentes para fomentar la creación de empleo, la inserción laboral y el trabajo autónomo. Así se recoge en el decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que recoge los nuevos programas para la contratación indefinida de jóvenes y mayores de 45 años, el retorno del talento y el fomento y consolidación de la actividad autónoma, que se prolongarán hasta 2016.

Asimismo, se incluye el refuerzo del programa Emple@Joven y la creación del nuevo Emple@25+. Entre otras novedades, destaca la adaptación al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la ampliación a seis meses del periodo mínimo de contratación de los beneficiarios y los incentivos a la contratación indefinida para los jóvenes que han realizado prácticas profesionales o son titulares del Bono de Empleo Joven.

Este conjunto de iniciativas se regula bajo la fórmula del Decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. El alto índice de desempleo en la comunidad autónoma sigue justificando la adopción de medidas de choque, si bien los anteriores programas puestos en marcha en 2014 han contribuido a aumentar en un 4,3% el número de ocupados. En el caso de los trabajadores autónomos, se valora la necesidad urgente de potenciar su consolidación frente a los efectos de la crisis económica, que el pasado año provocó la desaparición de 129.288 empleos, aunque compensada con la constitución de otros 145.841.

La aplicación del nuevo decreto ley se prevé que tenga un impacto de 60.621 nuevos empleos. Entre ellos destacan los relativos a la constitución de 3.100 autónomos, 1.000 prácticas profesionales, 14.600 contratos de Bono Joven y 8.333 contratos a mayores de 45 años.

El principal bloque de medidas incorpora el refuerzo y la ampliación del Programa Emple@Joven y la reformulación del Emple@30+ en el nuevo Emple@25+. Dentro de estos dos programas, se pone en marcha una nueva convocatoria de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, común para ambos colectivos, con una dotación de 250 millones de euros para el periodo 2015-2016, y que incluye ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato que realicen los ayuntamientos para proyectos de obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza regularmente el personal de la Administración local. El reparto de los fondos se realizará entre los municipios en función del número de desempleados y de su población, con una dotación mínima garantizada de 10.200 euros para los contratos de jóvenes de hasta 24 años y 7.800 euros para los de 25 años o más.

Para los jóvenes de entre 18 y 24 años será requisito indispensable estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, en todos los casos, estar desempleado. Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos que residan en el municipio o la provincia en la que se va a desarrollar el proyecto y a los que son beneficiarios del Ingreso Mínimo de Solidaridad o parados de larga duración con la prestación agotada. Se considera desempleado de larga duración a los demandantes de empleo no ocupados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante 360 días en los 18 meses anteriores a la medida. En el caso de los trabajadores agrarios, el registro deberá ser de 180 días en los 9 meses anteriores.

Los proyectos a desarrollar tendrán una duración de seis meses, para los que los ayuntamientos recibirán un anticipo del 50% del total y deberán iniciarse antes de concluidos los dos meses después de recibida la resolución de concesión. Los contratos, además de no sustituir a personal de estructura de las administraciones locales, deberán ser a jornada completa. En total, se prevé que esta línea de ayudas suponga la contratación de 30.870 desempleados.

También se mantiene la iniciativa de becas para prácticas profesionales en empresas, de la que se beneficiarán unos 1.000 jóvenes menores de 30 años que tendrán que inscribirse en una plataforma de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), entidad colaboradora del programa. La Junta aportará 1.980.000 euros para las becas de 2.700 euros repartidas en mensualidades de 450, con una duración de seis meses y un máximo de jornada laboral diaria de cinco horas. Cada beca contará con un seguro de 180 euros.

Igualmente, se aprueba otra nueva edición del Bono de Empleo Joven para jóvenes de entre 18 y 29 años con titulación universitaria; formación profesional inicial o bachiller o título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Se ha previsto financiar con 70 millones de euros la emisión de 14.600 bonos, de los cuales 10.430 serán para menores de 25 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el resto para jóvenes de 18 a 29 años. Además se sumarán los bonos pendientes de concesión de la convocatoria de 2014. La ayuda de estos bonos será de 4.800 euros para los contratos a jornada completa y de 2.400 para los del 50% de la jornada laboral.

Asimismo, se desarrollará una nueva convocatoria de la línea de ayudas para el desarrollo de la Iniciativa de Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro. Las ayudas para contratos a desempleados con 30 años o más oscilarán entre los 798 euros mensuales (1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem) o los 1.597 (3 veces) dependiendo del grupo de cotización, y con un tope de 200.000 euros por proyecto. Los contratos deberán ser a jornada completa durante un período de 6 meses. En total, van a invertirse 15 millones de euros en esta línea de ayudas, con los que se pretende propiciar la contratación de al menos 1.500 desempleados. Serán prioritarios en la contratación, por este orden, los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Solidaridad, parados de larga duración que hayan agotado la prestación, desempleados de larga duración y parados en general.

Como novedad, en el Pograma Emple@Joven, se incluye un incentivo a la contratación de jóvenes con 4.750 euros para las empresas que contraten de manera indefinida y por un periodo ininterrumpido de 12 meses a un menor de 30 años que haya sido titular de un Bono de Empleo Joven o haya participado en el programa de Prácticas Profesionales en Empresas. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros y una previsión de 2.100 nuevos contratos indefinidos.

El Programa para la Contratación Indefinida de Mayores de 45 años recoge incentivos de 6.000 euros para la contratación estable en empresas o por parte de trabajadores autónomos ubicados en Andalucía. El contrato deberá formalizarse con carácter indefinido, manteniéndose por un periodo mínimo de doce meses a jornada completa. Los beneficiarios deberán estar dentro del grupo de desempleados de larga duración (inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el SAE durante al menos 360 días en los 18 meses inmediatamente anteriores a la firma del contrato).

 Se excluyen específicamente las contrataciones por parte de los empresarios o los trabajadores autónomos de cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes por consaguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las de las Empresas de Trabajo Temporal para la prestación de servicios en empresas usuarias. En total, se han presupuestado 50 millones de euros en dos años para poner en marcha esta línea de ayudas, con la que se prevé la incentivación de 8.300 contratos.

El nuevo Programa para el Retorno del Talento tiene como objetivo propiciar el regreso de aquellos andaluces que trabajan en el extranjero y desean incorporarse al mercado laboral andaluz. Incluye dos líneas: un incentivo de 40.000 euros para las empresas que contraten a los trabajadores retornados y otro para facilitar el traslado de residencia a Andalucía. El programa cuenta con un presupuesto inicial de 8 millones de euros para los dos próximos años y prevé facilitar el retorno de 150 personas.

El contrato laboral deberá tener carácter indefinido y a jornada completa, en la categoría profesional correspondiente a su titulación, mantenerse con carácter ininterrumpido durante un mínimo de 24 meses y llevar implícito el traslado efectivo de la residencia habitual a Andalucía. Podrán beneficiarse los andaluces que tengan hasta 45 años, estén en posesión de un título universitario oficial de grado o equivalente y lleven dos años residiendo en el extranjero en alta laboral en la categoría correspondiente a su titulación.

Los andaluces retornados podrán solicitar para facilitar su traslado una ayuda de desplazamiento, que también incluye a los familiares a su cargo, que cubre el coste en transporte público o en su vehículo particular, y el traslado de mobiliario y enseres, con un tope de hasta 4 veces el importe mensual del Iprem (2.130 euros). En total, esta ayuda no puede superar los 5.000 euros.

También se incluyen ayudas para cubrir los gastos de alojamiento durante el primer año del retorno de hasta 12.000 euros; y para cubrir los gastos de escolarización de los hijos, con hasta 2.000 euros por cada menor con un tope de 5.000 euros.

Finalmente, el Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, con un presupuesto de 17,3 millones de euros, incluye dos líneas de ayudas: una dirigida a fomentar la creación de nuevas actividades y otra destinada a la promoción. La cuantía de las primeras oscila entre los 3.000 y 5.500 euros dependiendo del colectivo, primando a los desempleados que sean menores de 30 años, mujeres o sufran algún tipo de discapacidad. Como requisitos, el solicitante debe establecerse por primera vez como autónomo y no haber estado dado de alta en este régimen especial de la Seguridad Social en los dos años anteriores. Asimismo se le exige disponer de un plan de viabilidad para su nueva actividad, que podrá haber sido elaborado con el asesoramiento de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores de la Fundación Andalucía Emprende. Gracias a esta medida se prevé facilitar la constitución de 3.100 nuevos trabajadores autónomos.

Respecto a la línea de promoción del trabajo autónomo, se subvenciona el 100% de los gastos para la ejecución del proyecto, con un tope de 250.000 euros. Podrán ser beneficiarios de esta línea de ayudas las organizaciones profesionales que entre sus fines tengan reconocido el apoyo al trabajo autónomo y que desarrollen proyectos integrados de orientación, asesoramiento y autorización de autónomos ya constituidos.

El decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno da continuidad al conjunto de medidas que la Junta desarrolla en los últimos años para favorecer la creación de empleo y combatir los efectos de la crisis. Entre ellas destacan el Plan de Actuación del Trabajo Autónomo (200 millones de euros en el periodo 2015-2020); la segunda convocatoria del Plan de Construcción Sostenible (74 millones de euros); el Plan Integral para la Construcción Sostenible (529 millones para el periodo 2015-2020), y la nueva orden de incentivos a empresas (112 millones de euros).




La Junta garantiza la continuidad y la simplificación de
los procedimientos de evaluación ambiental en Andalucía

Un nuevo decreto ley adaptado a la legislación estatal afianza la seguridad
jurídica y refuerza la protección hídrica en los planes territoriales y urbanos


 El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley que modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) para adaptarla a la Ley 21/2013 estatal de Evaluación de Impacto Ambiental. La medida tiene como principal objetivo evitar problemas de interpretación y discrepancias entre ambas normas, garantizando tanto el mantenimiento de los procedimientos simplificados vigentes en la comunidad autónoma como la seguridad jurídica para los distintos operadores económicos e institucionales.

Junto con esta adaptación, el decreto ley también incluye un cambio en la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, con el fin de reforzar la protección de los recursos hídricos en los procesos de elaboración de la planificación urbanística y de ordenación del territorio, así como una habilitación para adquirir vacunas contra el virus de la lengua azul que afecta a las cabañas bovina y ovina, y una actualización de las tasas por inspecciones sanitarias en buques congeladores y factoría.

En relación con la legislación de calidad ambiental, se introducen tres novedades principales. Por un lado, los ajustes normativos permitirán mantener el modelo de Autorización Ambiental Unificada (AAU), vigente en Andalucía desde la entrada en vigor de la Ley GICA en 2007 pero no previsto en la legislación básica estatal. En segundo lugar, se unifican los procedimientos de evaluación ambiental de los planes y programas de las administraciones públicas, lo que agilizará los trámites que afectan al planeamiento urbanístico y a otras estrategias de planificación. Finalmente, se elimina el procedimiento de calificación ambiental hasta ahora aplicable a 35 actividades económicas de bajo impacto, para las que tan sólo será necesaria la presentación de una declaración responsable de los efectos ambientales por parte de sus promotores.

La primera de estas novedades permitirá seguir aplicando en Andalucía la fórmula de la AAU, que integra en una resolución única la declaración de evaluación de impacto ambiental y todos los demás pronunciamientos sobre esta materia en ámbitos como el forestal, los espacios naturales protegidos, la gestión del agua o las vías pecuarias, todos ellos competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Al tramitarse de una vez, la AAU simplifica y acelera múltiples procedimientos administrativos que pueden afectar a una actividad o proyecto.

La modificación de la Ley GICA salvaguarda también el protagonismo de la Administración ambiental autonómica como responsable de la tramitación de estas autorizaciones. Actualmente se tramitan cada año en Andalucía alrededor de 500 expedientes vinculados con este procedimiento simplificado, que ahorra trámites innecesarios a los proyectos e iniciativas del tejido productivo de la comunidad.

Evaluación ambiental estratégica
Respecto a los cambios normativos que el decreto ley introduce en la denominada evaluación ambiental estratégica (planes y programas de las administraciones públicas), la principal novedad es la unificación de los diversos procedimientos vinculados a la misma, especialmente los relativos a los planes generales de ordenación urbanística y sus desarrollos y modificaciones.

Los ajustes recogidos se orientan a evitar duplicidades, reducir el número de pronunciamientos de la Administración ambiental responsable e intensificar la coordinación entre la Junta y los ayuntamientos en las fases iniciales de tramitación. Con ello se pretende impulsar la celeridad para contribuir a facilitar el desarrollo económico de los municipios, además de dotar de mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos para poder planificar su urbanismo.

Finalmente, el decreto ley aprobado hoy desarrolla la figura de la Declaración Responsable de Efectos Ambientales, recogida en la Ley 3/2014 de reducción de trabas administrativas, para un total de 35 actividades económicas anteriormente sujetas al procedimiento de calificación ambiental. Los promotores de estas iniciativas, entre las que figuran lavanderías, carnicerías y pescaderías de venta al por menor o lavaderos de vehículos, tan sólo tendrán que presentar esta declaración antes de comenzar a desarrollarlas.

Además de estos tres cambios referidos a la evaluación ambiental, el decreto ley modifica también la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía con el fin de garantizar al máximo la protección de los recursos hídricos en los procesos de elaboración de la planificación urbanística y de ordenación del territorio. Para ello se cambia, de positivo a negativo, el sentido del silencio administrativo en caso de que el órgano competente en materia de agua no emita sus informes en el plazo previsto de tres meses. Con la modificación aprobada, esta circunstancia se entenderá como un pronunciamiento desfavorable.

Los informes en materia de agua, de carácter vinculante, se requieren con anterioridad a la aprobación de los planes de ordenación territorial y también tras la inicial referente al planeamiento urbanístico. Pueden abarcar cualquier aspecto referido a la gestión de los recursos hídricos y, en todo caso, sobre aquellos vinculados a las infraestructuras de abastecimiento en alta y depuración.

Vacunas contra la lengua azul
En relación con el virus de la lengua azul, el decreto ley incorpora una disposición adicional que habilita a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para adquirir las vacunas necesarias de los serotipos 1 y 4 y ponerlas a disposición de los ganaderos. Para este año se calcula que harán falta alrededor de siete millones de dosis, que requieren un gasto de alrededor de 2,5 millones de euros.

Con esta medida excepcional la Junta establece el marco normativo necesario para dar respuesta de manera inmediata a una situación de riesgo sanitario en las cabaña bovina y ovina, evitando que los dueños de las explotaciones tengan que pagar por adelantado las vacunas.

Actualmente, la Comunidad Autónoma andaluza debe aplicar el programa nacional de vigilancia y erradicación frente a la lengua azul conforme a la normativa vigente del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Esta regulación establece, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de vacunación de los animales de las especies ovina y bovina mayores de tres meses de edad de las zonas restringidas para poder proceder a su movimiento a partir del 30 de junio.

Por último, el decreto ley aprobado por el Consejo incluye una modificación de la Ley 8/1997, de medidas en materia tributaria, presupuestaria y de contratación, con el fin de actualizar las tasas de las inspecciones sanitarias en los buques congeladores y buques factoría de empresas andaluzas que elaboran, envasan, almacenan, distribuyen o importan alimentos, y que suelen faenar en caladeros de países terceros sin tocar puertos andaluces ni de la Unión Europea durante años.

La actualización es necesaria para dar continuidad a estas inspecciones y evitar problemas de comercialización de la pesca de los citados barcos si no se verifican sus condiciones sanitarias. Las tasas oficiales que se adaptan son las establecidas para el desplazamiento de los inspectores, así como los porcentajes de reducción que deben aplicarse cuando sus trabajos se realicen de forma conjunta en varios buques por coincidencia de fechas y puertos.




El decreto de Educación Primaria blinda el modelo
andaluz de escuela inclusiva e integradora

La nueva norma, que desarrolla la parte autonómica de la Lomce,
mantiene Educación Artística y refuerza la enseñanza del segundo idioma



En líneas generales, la norma andaluza refuerza la orientación del proceso de aprendizaje basado en capacidades y competencias, de acuerdo con el consenso alcanzado con los docentes, expertos, representantes sindicales y familias que han participado en su elaboración. Para cada área y cada curso se establecen objetivos expresados en términos de capacidades que el alumnado tiene que ir alcanzando, frente a la mera acumulación de contenidos que plantea la propuesta curricular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

       De igual modo, el currículum de Primaria andaluz está basado en la mejora de las competencias, es decir, pone el foco en lo que el alumno de entre seis y doce años “sabe hacer con lo que sabe”, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea en el sentido de facilitar una formación integral de personas competentes para la vida, la familia y el trabajo. En la Lomce, el concepto de competencias queda apuntado en los preámbulos, pero está ausente tanto en el articulado como en los reales decretos de su desarrollo.

       La norma andaluz mantiene en Primaria la organización de ciclos de dos años, eliminada en las propuestas del Ministerio y cuya finalidad es respetar el desarrollo integral del alumnado, sus ritmos de aprendizaje y su maduración cognitiva. La organización por ciclos evita la ruptura de procesos que necesitan más de un curso para su desarrollo, como es el caso de los relativos a la comprensión lectora.

De conformidad con los principios de equidad, respeto a las diferencias y desarrollo integral del alumnado, se mantiene Educación Artística como asignatura obligatoria en todos los niveles de Primaria, incluyendo en el currículum la creatividad y el conocimiento del patrimonio cultural tanto andaluz como de otras regiones y países. Para garantizar una visión plural de los valores sociales y cívicos, en 5º de Primaria se impartirá Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como asignatura de libre configuración autonómica. Esta medida evitará que los alumnos que elijan la opción de Religión acaben la etapa de Primaria sin formación alguna en valores cívicos y sociales.

       En relación con la segunda lengua extranjera, la norma andaluza refuerza su aprendizaje con la generalización a todos los niveles de la Educación Primaria. Asimismo, se impulsa la competencia en nuevas tecnologías con la implantación del área de Cultura y Práctica Digital en el 6º curso.

Finalmente, el proceso de evaluación se seguirá considerando en Andalucía como un instrumento dirigido a mejorar, no a clasificar. En este sentido, el decreto establece que en ningún caso podrán publicarse ‘rankings’ de centros.


El Consejo aprueba la nueva regulación de los centros
de internamiento de menores infractores de Andalucía

La Junta homogeneiza la gestión y otorga rango normativo a las políticas desarrolladas en los últimos años para cumplir los objetivos de reinserción


El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto regulador de los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía. La norma, que sustituye a la vigente desde 2008 y cumple con una recomendación planteada por el Defensor del Pueblo de Andalucía, dota de mayor homogeneidad a la organización y gestión de estos recursos públicos especializados en la reinserción de los jóvenes que cumplen medidas privativas de libertad impuestas por los juzgados.

El decreto otorga rango normativo a las políticas desarrolladas durante los últimos años por la Administración autonómica para mejorar la finalidad educativa y de atención integral de los centros, garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades de los menores, organizar los tipos de medidas e impulsar la cualificación de los profesionales. De igual modo, se establecen las fases educativas, los programas para la atención de necesidades específicas y las normas de inspección por parte de la Consejería de Justicia e Interior.

Andalucía cuenta actualmente con 15 centros de internamiento, en su mayor parte gestionados por entidades sin ánimo de lucro a través de contratos de servicio público, que desarrollan programas para la ejecución de las más de 1.740 medidas judiciales privativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto y abierto que dictan los juzgados andaluces, así como las relacionadas con tratamiento terapéutico. Sus plantillas están integradas por más de 1.500 profesionales, entre psicólogos, educadores, trabajadores sociales, juristas y personal de seguridad y mantenimiento.

 La Junta ha multiplicado por tres el número de plazas de internamiento desde que en el año 2000 se aprobó la Ley de Responsabilidad del Menor, pasando de 242 a las 766 actuales. Asimismo, se ha triplicado el presupuesto dedicado a la intervención en justicia juvenil, de 28,5 millones a los más de 77 millones de euros de 2015. Esta experiencia está avalada por diversos reconocimientos, entre los que destaca el Premio a la Calidad de la Justicia 2013, concedido por el Consejo General del Poder Judicial.


La Junta sacará este año a concurso 3.282 plazas
de empleo público en el Servicio Andaluz de Salud

El Consejo de Gobierno aprueba la tercera de las ofertas que componen
la convocatoria, que se realizará de forma conjunta con las de 2013 y 2014


La Junta de Andalucía sacará a concurso 3.282 plazas de personal sanitario y no sanitario para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la tercera de las ofertas públicas de empleo que compondrán esta convocatoria, con 1.875 puestos de trabajo y ajustada al tope impuesto por la vigente normativa estatal de un 50% máximo de reposición de efectivos en vacantes. Las otras dos, correspondientes a 2013 y 2014, suman 1.407. Las primeras pruebas de la convocatoria, por el procedimiento de concurso oposición, se realizarán conjuntamente antes de final de año.

Del total de profesionales que consolidarán su situación laboral, 2.082 se incorporarán por primera vez con plaza propia al sistema sanitario público de Andalucía a través del turno libre, mientras que los 1.200 restantes podrán mejorar su situación laboral por la vía de la promoción interna. El 7% de la totalidad de las plazas ofertadas (150 del primer tipo y 87 del segundo) se reserva a personas con alguna discapacidad, tal y como establece la normativa vigente.

Los puestos que integran las tres ofertas corresponden a 61 categorías profesionales, con el siguiente reparto: facultativo especialista de área (330 de turno libre y 118 de promoción interna); medicina de familia (86 y 61); medicina de familia en servicios de cuidados críticos (30 y 6), pediatría (24 y 11); farmacéutico de atención primaria (5 y 3); enfermería (506 y 325); auxiliar de enfermería (481 y 265); fisioterapia (19 y 13); matrona (9 y 27); técnico en función administrativa (16 y 20); técnico medio en función administrativa (9 y 14); ingeniero técnico (11 y 2); trabajador social (10 y 8); administrativo (101 y 86); auxiliar administrativo (93 y 60); celador (122 y 62); celador conductor (36 y 18); cocinero (14 y 5); pinche (65 y 13); lavandero/planchador (27 y 4); telefonista (7 y 5); limpieza (6 y 4), y técnico superior en alojamiento (6 y 4).

La lista se completa con las plazas correspondientes a la categoría de técnico especialista: en laboratorio (29 y 26); en radiodiagnóstico (18 y 11); en radioterapia (6 y 6); en farmacia hospitalaria (10 y 17), y en anatomía patológica (6 y 6).
Respecto a la restricción del 50% máximo de reposición de efectivos, la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, integrada por la Junta y las organizaciones sindicales, sigue rechazando esta decisión que dificulta el objetivo de que las convocatorias de empleo público puedan responder a las necesidades asistenciales. Aunque la imposición estatal se ha suavizado respecto al 10% de los dos años anteriores, su aplicación en la oferta para 2015 aprobada hoy supone que sólo puedan sacarse cinco plazas a concurso por cada diez jubilaciones.

En la web del SAS, en el apartado de ‘profesionales’, pueden consultarse todas las novedades relativas a la oferta pública de empleo, así como los temarios publicados hasta ahora de las diferentes categorías. El contenido de los nuevos programas de materias es fruto de la revisión de los del anterior concurso-oposición, adaptados a la evolución científica y tecnológica de las profesiones sanitarias, así como a las modificaciones y actualizaciones normativas. En su elaboración han participado grupos de expertos integrados por profesionales cualificados y representantes de sociedades científicas. Las materias también han sido analizadas por las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Los profesionales del SAS que se presenten por el turno de promoción interna quedarán exentos de las pruebas de temario común, de cuyos contenidos ya se examinaron en su día. También se tiene en cuenta el ejercicio diario y la formación continua que les permite mantener actualizados sus conocimientos.



Autorizada la prórroga de los conciertos sanitarios con la empresa Pascual en seis municipios de Cádiz, Huelva y Málaga

La medida, por 62 millones de euros para siete meses y medio,
garantiza la prestación de asistencia sanitaria especializada


El Consejo de Gobierno ha autorizado prorrogar los conciertos suscritos con la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, para la prestación de asistencia sanitaria especializada en los hospitales que esta entidad tiene en las ciudades de Cádiz, Huelva y Málaga, así como en los municipios gaditanos de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín. La prórroga, de mutuo acuerdo, se establece por un importe total de 62,08 millones de euros para un periodo de siete meses y medio, desde el 16 de marzo al 31 de octubre de 2015.  

La suscripción de conciertos es una de las fórmulas que prevé la Ley de Salud de Andalucía para hacer posible la colaboración entre la Administración sanitaria autonómica y la iniciativa privada en la prestación de una asistencia sanitaria complementaria a la de los centros públicos. En el caso de la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, esta colaboración se inició a mediados de la década de los ochenta. La firma tiene concertados los servicios especializados de los hospitales Virgen de las Montañas de Villamartín, Santa María de El Puerto de Santa María, Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda, San Rafael de Cádiz, Blanca Paloma de Huelva y FAC Dr. Pascual de Málaga.

La sanidad pública andaluza funciona actualmente con recursos propios en el 97% de su actividad, mientras que el 3% corresponde a conciertos. La comunidad autónoma cuenta con 47 hospitales públicos y más de 1.500 centros de atención primaria.


La Junta autoriza la contratación del servicio de limpieza y gestión de residuos para 147 centros sanitarios de Córdoba

La adjudicación única tiene un presupuesto de licitación
de 28,2 millones de euros para un periodo de tres años


El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de la limpieza y la gestión de residuos en los 147 centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) integrantes de la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba, por un importe de 28,2 millones de euros para un periodo de tres años.

La medida aprobada incluye los centros dependientes del Hospital Universitario Reina Sofía; el Centro Regional de Transfusión Sanguínea; las áreas de gestión sanitaria Córdoba Sur y Norte de Córdoba, y los distritos sanitarios Guadalquivir y Córdoba. Sus instalaciones y edificios suman una superficie de 305.983 metros cuadrados.

Además de la gestión de los residuos y la limpieza interior y exterior, el servicio incluye también otras actividades como la distribución del material de higiene consumible en aseos y cuartos de baño.

Durante los últimos años, y de forma generalizada desde 2011, el SAS desarrolla un sistema de contrataciones unificadas de ámbito provincial que supone un ahorro anual de 100 millones de euros. Esta fórmula permite mejorar los precios y condiciones generales de los contratos, homogeneizar los servicios prestados, reducir los procedimientos administrativos y agilizar la resolución de incidencias al tener que reclamar a un único adjudicatario. El actual contrato de limpieza de los centros de Córdoba suscrito hace cuatro años ya se realizó por este procedimiento, con un ahorro de 1,1 millones respecto a los que anteriormente se realizaban de forma diferenciada.


La Junta modifica la regulación del marisqueo para
incluir todas las modalidades de captura artesanal

La medida, que también equipara el calendario al del resto de la pesca, beneficiará a las 528 embarcaciones que faenan en el litoral andaluz


El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación del decreto regulador del marisqueo en el litoral andaluz, vigente desde octubre de 2010, con el fin de incluir la captura desde embarcación de todas las especies de moluscos, crustáceos e invertebrados marinos, y no sólo la de bivalvos como hasta ahora.

La medida beneficiará a las 528 embarcaciones de pesca artesanal que faenan en los caladeros del Golfo de Cádiz (271) y del Mediterráneo (257), en las que trabajan más de un millar de marineros. Su volumen anual de capturas se sitúa en torno a las 7.700 toneladas, de las que 6.200 corresponden a moluscos bivalvos y las 1.500 restantes a las que ahora se incorporan a la regulación, con el pulpo como especie más destacada.

El cambio consiste básicamente en ampliar la definición de embarcación marisquera, actualmente restringida a la que utiliza artes de rastro remolcado y dragas hidráulicas para la captura de especies como la coquina, la chirla, la almeja o el corruco. A partir de ahora se incluye también la pesca con artes trampa, como las nasas o alcatruces, y con artes de anzuelo como los chivos o poteras, utilizadas todas ellas para la captura del pulpo, la langosta, el bogavante o la nécora, entre otros moluscos y crustáceos.

Junto con esta adaptación, el Consejo también ha modificado los artículos del decreto referidos al calendario de la actividad. De acuerdo con ello, el sector se beneficiará de la equiparación de sus jornadas a las del resto de la actividad pesquera, lo que supone autorización para faenar de lunes a viernes incluyendo también los días festivos (hasta ahora no hábiles para el marisqueo).

La modificación normativa se completa con la previsión de censos específicos para cada modalidad, donde deberán estar inscritas las embarcaciones para la obtención de las correspondientes licencias, y con medidas de mejora del control y seguimiento de la actividad. Entre ellas destacan las relativas al empleo exclusivo de artes de pesca autorizadas y selectivas, la posibilidad de fijar una delimitación geográfica de zonas de captura y el establecimiento de una lista de especies autorizadas para cada modalidad.


La Junta destina 4,3 millones de euros a paliar los daños de
las lluvias torrenciales de enero en los invernaderos de Almería

El Consejo aprueba la previsión presupuestaria para
la ayudas a los agricultores del Campo de Dalías


El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de créditos, por valor de 4,3 millones de euros, con el fin de dar cobertura presupuestaria a las ayudas para los agricultores afectados por las lluvias torrenciales que dañaron el pasado 19 de enero a 71,9 hectáreas de invernaderos de la comarca del Campo de Dalías (Almería). Estas precipitaciones se concentraron en la zona costera entre Adra y Roquetas del Mar, con especial incidencia en el núcleo de San Agustín (El Ejido).

Esta decisión es el paso previo a la convocatoria efectiva de las ayudas, que se abrirá en breve por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Entre los requisitos para su solicitud, se exigirá ser titular de una explotación agraria dañada, ejercer la actividad profesional en la misma y comprometerse a su aseguramiento.


Nombrados los nuevos presidentes de las juntas rectoras de los
parques naturales de Sierra de Andújar y Sierra Norte de Sevilla

El Consejo aprueba también la prórroga del mandato
de Pedro Gómez Caballero en las Sierras Subbéticas


El Consejo de Gobierno ha aprobado los nombramientos de Francisca Esteban Pedrajas y Carmelo Conde Chaves como presidentes de las juntas rectoras de los parques naturales de la Sierra de Andújar (Jaén) y de la Sierra Norte de Sevilla, respectivamente. Asimismo, ha prorrogado el mandato de Pedro Gómez Caballero al frente del organismo rector del Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Córdoba).

Carmelo Conde Chaves (1958), licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y médico de familia del Servicio Andaluz de Salud, es desde 2007 alcalde del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra. Experto en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo, ha sido también diputado provincial y presidente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Sevillana. Desde 2007 es miembro de la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Norte.  

Francisca Esteban Pedrajas, nacida en Andújar (Jaén) en 1963, es directora de programación y responsable de Informativos de Radio Andújar, a cuyo equipo pertenece desde 1987. Actriz y socia fundadora del grupo de teatro Dionisos desde 1982, es también empresaria de gestión cultural. Creativa de campañas publicitarias de carácter conservacionista, ha colaborado con diversas empresas medioambientales en el diseño de programas de difusión de los valores naturales de la Sierra de Andújar. 

Pedro Gómez Caballero (Cabra, Córdoba, 1952), maestro y doctor en Derecho, es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y vicerrector de Desarrollo Normativo en la Universidad de Córdoba. En esta institución también ha sido vicerrector de Gestión, Presupuestos y Sociedades y director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Gómez Caballero, que preside la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras Subbéticas desde junio de 2010, también ha trabajado como funcionario de la Administración Civil del Estado (1971-1989).


La Junta mejora en 0,6 puntos la previsión del crecimiento
para 2015 y pronostica un incremento del 2,4% en el PIB

El avance económico supondrá la creación de 80.000 nuevos empleos, casi el doble de la estimación realizada inicialmente en la Ley del Presupuesto de 2015


La Junta de Andalucía ha elevado las previsiones de crecimiento económico para este año en 0,6 puntos sobre la estimación inicial de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2015 (1,8%), con un incremento real del PIB del 2,4%. De esta manera, se espera que el actual ejercicio sea significativamente mejor que el anterior, con un crecimiento de la economía un punto superior.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha explicado hoy ante el Consejo de Gobierno que esta  previsión de crecimiento económico, una décima superior a la que actualmente calcula la Comisión Europea (CE) para la economía española (2,3%), va a permitir un aumento de la ocupación con 80.000 nuevos empleos, que casi duplicará la previsión que se hizo en octubre durante la elaboración del presupuesto (43.000 empleos).

Sánchez Maldonado ha señalado que esta revisión al alza está motivada por acontecimientos externos e internos, fundamentalmente la progresiva mejora del clima económico internacional; los factores vinculados a menores tipos de interés; el abaratamiento del precio de los hidrocarburos; la depreciación del tipo de cambio del euro, y el impulso de la política económica de la Junta.

En el contexto internacional, las últimas previsiones publicadas en febrero por la Comisión Europea apuntan a que las economías de la Unión crecerán en 2015 un 1,7%, dos décimas más que el 1,5% calculado en noviembre. Estas revisiones al alza son causa del comportamiento favorable que registran en los últimos meses algunas variables económicas determinantes para el consumo y la inversión. Entre estas destaca el precio del petróleo, que en los dos primeros meses de 2015 ha cotizado a 53 dólares por barril, la mitad que hace un año, lo que abarata costes energéticos y libera recursos para aumentar la inversión. Asimismo, el tipo de cambio del euro, actualmente depreciado en un 17% frente al dólar respecto a hace un año, impulsa las exportaciones y el proceso inversor. A ello se suma que la práctica totalidad de los países de la zona euro han corregido de manera notable sus primas de riesgo, lo que se traslada a las condiciones de financiación de las empresas y provoca un efecto positivo sobre la inversión.

La economía andaluza, que participa de esta mejora exterior, recoge también los efectos de una política económica orientada al crecimiento económico y la generación de empleo. Desde septiembre de 2013, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha siete grandes medidas para el fomento del empleo y la actividad productiva: un programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía (diciembre de 2013); otros dos de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía (abril 2014 y febrero de 2015), que actúan sobre el sector más castigado por la crisis; el Emple@Joven (abril de 2014); el Emple@30+, y el Decreto Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, además del aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Junto a ello destaca la firma de diferentes convenios con grandes empresas (Telefónica, ENDESA, BBVA, La Caixa y el Banco Santander) para el fomento del empleo y el emprendimiento en la comunidad autónoma.

Todas estas medidas tienen resultados positivos en la actividad económica y el mercado de trabajo en Andalucía. El PIB andaluz encadenó cinco trimestres consecutivos de tasas positivas hasta octubre de 2014 y, previsiblemente, terminará el año con un crecimiento superior al 2% interanual en el último trimestre. De esta forma, el ritmo de incremento se aceleró a lo largo del año, desde el 0,8% interanual en el primer trimestre a más del 2% en el último, lo que hará que se cumpla la previsión del 1,4% en el conjunto de 2014. La recuperación de tasas positivas tanto del consumo (1,8%) como de la inversión (0,9%) sustentan este desarrollo desde el punto de vista de la demanda interna.

En cuanto a la iniciativa empresarial, en el último ejercicio económico se crearon, en términos netos, un total de 12.374 sociedades mercantiles, un 5,7% más que en el año anterior; mientras que en el mercado laboral se contabilizaron 110.900 ocupados más que en el último trimestre de 2013. Esto supone en términos relativos un crecimiento del empleo del 4,3% interanual, el mayor desde 2006 y casi el doble del registrado a nivel nacional (2,5%).




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