• Acuerdo por el que se toma razón de la orden por la que se aprueba el V Plan Integral del Comercio Interior de Andalucía 2014-2017
• Decreto regulador del procedimiento de la evaluación del impacto en la salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía
• Acuerdo por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2014 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
• Decreto de aceptación de la afectación mediante mutación demanial externa del Hospital General Básico de la Defensa San Carlos, situado en San Fernando (Cádiz), y del inmueble donde se ubica la Cámara Hiperbárica de la Inspección General de la Defensa, para la posterior transmisión de su titularidad por cesión gratuita
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la contratación, por el Servicio Andaluz de Salud, del servicio de limpieza de los centros de la Plataforma Logística Sanitaria de la provincia de Granada
• Decreto regulador del Observatorio de la Vivienda de Andalucía
• Nombramientos
El Plan de Reactivación del Comercio contará con 94
millones para reforzar el apoyo a autónomos y pymes
La nueva estrategia, consensuada con representantes
del sector, se desarrollará en el periodo 2014-2017
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha informado al Consejo de Gobierno de la aprobación por su departamento del Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz 2014-2017, con un presupuesto inicial de 93,96 millones de euros.
El documento, que plantea como objetivo prioritario la defensa de un modelo de actividad generador de empleo y ligado al territorio, incluye medidas para apoyar a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, así como para mejorar sus cuotas de mercado ante las desigualdades que existen entre los diferentes formatos comerciales.
La nueva estrategia recoge también como objetivos concretos modernizar las pymes; fomentar el asociacionismo; mejorar los canales de distribución de la producción andaluza hacia los negocios locales; apoyar el equilibrio entre los distintos formatos; impulsar la cualificación profesional y la gestión de los recursos humanos, y generar sinergias con otros sectores como el turismo o la artesanía, entre otros objetivos.
El plan, que parte de un análisis del entorno económico y de la situación de la actividad en los ámbitos europeo, nacional y regional, se estructura en tres líneas estratégicas: empleo, pymes y personas consumidoras; comercio, territorio, ecología y cultura, y modelo comercial. Cada uno de estos bloques se divide, a su vez, en tres programas, que se desarrollarán a través de 45 proyectos específicos.
El eje de actuación más destacado es el relativo al empleo, las pymes y personas consumidoras, que suma una dotación de 69,45 millones de euros. Entre sus principales proyectos, sobresalen las líneas de financiación para modernización empresarial, fomento del asociacionismo, desarrollo de planes de apoyo a la innovación e implantación de herramientas tecnológicas y de comercio electrónico. Como criterio para la concesión de subvenciones, se primarán aquellas iniciativas que incorporen contratación de jóvenes y planes de igualdad y conciliación.
Esta línea estratégica también prevé la realización de campañas de concienciación sobre comercio responsable y el refuerzo de los planes de inspección comercial para proteger los derechos de los consumidores.
Oficinas de integración
El bloque sobre comercio, territorio, ecología y cultura, con 19,54 millones de euros, dirige sus medidas principalmente a la territorialización de los canales de distribución y a la creación de Oficinas de Integración Comercial, que acercarán la producción endógena a los establecimientos de proximidad y mejorarán la cooperación horizontal entre empresas locales.
Asimismo, se apoyarán formatos como los Centros Comerciales Abiertos y los mercados de abastos, se establecerán ayudas para mejorar el urbanismo comercial en los municipios, se implantará un certificado de calidad específico para el sector y se impulsará la relación con el turismo y la artesanía a través de acciones de promoción y la creación de rutas específicas.
Finalmente, la línea sobre el modelo comercial, dotada con 4,95 millones de euros, apoyará el diseño del Plan del Comercio Ambulante, la mejora de los instrumentos de análisis y evaluación del sector, la consolidación de los Premios del Comercio, la modernización de los sistemas de interacción con la Administración y la regulación de los horarios de los distintos formatos con prioridad para la defensa de las pymes.
La programación recogida en estos tres bloques tendrá un carácter abierto y evaluable, ya que se adaptará a la coyuntura de cada momento y podrá medirse el impacto de su aplicación de forma periódica mediante un sistema de indicadores específicos.
El plan ha sido consensuado con los representantes del sector en diferentes encuentros celebrados en las ocho provincias y en el seno de los órganos de interlocución y asesoramiento correspondientes, entre ellos la Mesa del Comercio y el Consejo Andaluz de Comercio. Asimismo, ha sido debatido en el Parlamento autonómico.
El sector comercial representa el 11% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 165.000 establecimientos (pymes en un 94%) y ocupa a 480.000 personas, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.
La Junta evaluará el impacto en salud de planes urbanísticos, industrias y actividades sometidas a control ambiental
El Gobierno andaluz aprueba un decreto que establece por primera vez
en Europa el carácter vinculante y preceptivo del informe de evaluación
La Junta de Andalucía evaluará el impacto en la salud de los proyectos urbanísticos, las industrias y todas las actividades cercanas a poblaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental. Así se establece en un decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que por primera vez regula esta materia en España. La norma es además la única en Europa que condiciona, de forma preceptiva y vinculante, la realización de los proyectos al informe sobre su incidencia en la salud colectiva. En sus anexos incluye el listado de actividades a las que se exige este requisito.
La nueva norma, prevista en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, tiene como objetivo tanto identificar los impactos positivos sobre el bienestar y la calidad de vida como señalar las incidencias negativas y minimizarlas. Esta evaluación se realiza con carácter prospectivo y preventivo, antes de que el proyecto sea una realidad.
La exigencia del informe de impacto en la salud se enmarca en las políticas de la Junta para mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas, que, según los últimos datos correspondientes a 2013, se sitúa en 78,9 años para los hombres y 84,3 para las mujeres. Asimismo, tiene en cuenta los estudios que atribuyen a los estilos de vida y a los factores ambientales más del 40% de la carga de enfermedad en países desarrollados y con cobertura asistencial universal.
De este modo, el decreto aprobado por el Consejo se dirige a valorar los efectos directos e indirectos que sobre la salud de la ciudadanía pueden tener, por ejemplo, las medidas para disminuir la exposición a la contaminación del tráfico o la dependencia del vehículo privado, la ubicación de un vertedero de residuos peligrosos o el establecimiento de industrias cementeras, cerveceras o de vidrio cercanas a poblaciones, entre otras.
Entre las actividades afectadas por la norma se incluyen también los desarrollos urbanísticos que afecten a áreas socialmente desfavorecidas y todos aquellos planes y programas del Gobierno andaluz que tengan incidencia en la salud.
De acuerdo con el texto aprobado, el procedimiento se basa en dos documentos: la Valoración de Impacto en Salud, que debe presentar el promotor, y el Informe de Impacto en Salud, que sobre ella realizará la consejería de la Junta con competencias en el ámbito sanitario. El decreto obliga a la Administración a elaborar guías explicativas sobre la materia, que tendrán que estar disponibles en internet desde su entrada en vigor a los seis meses de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Asimismo, se establece un mecanismo de consulta previa en la que el promotor podrá resolver dudas y solicitar la información necesaria para la elaboración del documento de valoración. De este modo podrá conocer, con carácter previo a la solicitud oficial de la autorización, la postura y pronunciamiento de la Administración sanitaria sobre los aspectos que sea necesario corregir.
La norma también permite la participación ciudadana al someter a exposición pública y presentación de alegaciones tanto el documento de valoración que presente el promotor de una actividad industrial como el informe de evaluación de impacto que emita la Administración.
Tanto el decreto aprobado hoy como la Ley de Salud Pública de Andalucía, a la que desarrolla, adoptan una nueva perspectiva en la que se priman las políticas de protección y promoción sobre las meramente asistenciales, así como su inclusión como eje transversal en la actividad de la Administración autonómica.
El Servicio Andaluz de Salud convoca
492 nuevas plazas de empleo público
La oferta para 2014 se ajusta a la restricción del 10% máximo
de reposición de efectivos impuesta por la vigente normativa estatal
El Consejo de Gobierno ha acordado convocar este año 492 nuevas plazas de personal sanitario y no sanitario para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La oferta de empleo público, ajustada al tope impuesto por la vigente normativa estatal de un 10% máximo de reposición de efectivos en vacantes, se compone de 282 puestos de turno libre (abiertos a cualquier persona que reúna los requisitos de acceso) y 210 de promoción interna.
Las plazas, que corresponden a las categorías profesionales cuya cobertura se considera prioritaria o que afectan a los servicios públicos esenciales, se cubrirán mediante el procedimiento de concurso oposición con una reserva del 7% del total para personas con discapacidad.
El reparto es el siguiente: facultativo especialista de área (36 de turno libre y 16 de promoción interna); medicina familiar (11 y 6); pediatría (2 y 2); enfermería (66 y 55); fisioterapia (3 y 2); matrona (2 y 1); auxiliar de enfermería (69 y 56); técnico especialista en laboratorio (4 y 4); técnico especialista en radiodiagnóstico (4 y 2); técnico en función administrativa (8 y 5); técnico medio en gestión de función administrativa (7 y 4); administrativo (18 y 22); auxiliar administrativo (13 y 11); celador (22 y 18); celador conductor (4 y 4); cocinero (uno de turno libre); pinche (7 y 1), y telefonista (5 y 1).
Respecto a la restricción del 10% máximo de reposición de efectivos, la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, integrada por la Junta y las organizaciones sindicales representadas, ya ha expresado reiteradamente su rechazo a esta medida, que dificulta el objetivo de que la oferta de empleo pueda responder a las necesidades asistenciales. La medida implica que sólo se pueda sacar una plaza a concurso por cada diez jubilaciones.
El Consejo aprueba el decreto para el traspaso a la Junta
de los edificios del hospital militar de San Fernando
El centro sanitario pasará a ser gestionado por el SAS
tras la reciente incorporación de sus 309 trabajadores civiles
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que permitirá la aceptación de la titularidad de los edificios donde se ubican el Hospital General Básico de la Defensa San Carlos de San Fernando (Cádiz) y la Cámara Hiperbárica. La Junta asumirá la gestión de estas instalaciones sanitarias una vez hecho efectivo, el pasado 18 de noviembre, el traspaso de los 309 trabajadores que componen su plantilla de personal civil a través de su asignación al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El inmueble del complejo hospitalario tiene una superficie de 27.834 metros cuadrados e incluye las dependencias de consultas externas, mientras que el de la Cámara Hiperbárica supera los 631.
La cesión de estos edificios y la incorporación del personal civil al SAS se enmarcan en el protocolo suscrito el pasado mes de enero por la Junta y el Ministerio de Defensa para el traspaso del hospital militar. Esta decisión consolida la colaboración que ambas administraciones mantienen desde el año 2005 para dar asistencia a la población civil de San Fernando y la Bahía de Cádiz en el Hospital San Carlos y a los militares en el Puerta del Mar de Cádiz.
El centro hospitalario isleño ofrece una amplia cartera de servicios, con consultas externas de trece especialidades (Anestesia, Cardiología, Cirugía General y Digestiva, Dermatología, Aparato Digestivo, Endocrinología, Neumología, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Urología).
El hospital desarrolla procedimientos de Cirugía Mayor Ambulatoria (Traumatología, Oftalmología, Urología, Cirugía General y Digestiva, Ginecología, Cirugía Plástica y Patología de Mama), y una decena de pruebas diagnósticas entre las que figuran las de Radiodiagnóstico, Análisis Clínicos, Microbiología, Anatomía Patológica y Hematología.
A esta infraestructura, el SAS ha añadido recientemente un nuevo quirófano de Cirugía Mayor Ambulatoria y la puesta en marcha de los servicios de Rehabilitación y Exploraciones Digestivas.
El Hospital San Carlos realizó el pasado año más de 45.000 consultas externas de población civil, así como 2.400 intervenciones quirúrgicas y más de 29.000 procedimientos diagnósticos.
La Junta impulsa la participación social
en las políticas públicas de vivienda
El Consejo aprueba la creación de un órgano consultivo para
profundizar en la promoción del alquiler y la rehabilitación
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Observatorio de la Vivienda de Andalucía, órgano colegiado y consultivo que facilitará la participación social y la transferencia de conocimiento para el desarrollo de las políticas públicas en esta materia.
De acuerdo con su decreto regulador, el nuevo instrumento se configura como un punto de encuentro de todos los sectores institucionales, sociales y económicos comprometidos con el objetivo de avanzar hacia un modelo urbano y social sostenible, basado en la reactivación de la ciudad consolidada, la promoción del alquiler y la rehabilitación edificatoria y energética como líneas fundamentales para la defensa del derecho a la vivienda y la recuperación del sector de la construcción.
Entre otros cometidos, el Observatorio se encargará de asesorar a las administraciones, constituir un contenedor digital de información de acceso libre y cumplir con las funciones que le encomiende la Consejería de Fomento y Vivienda.
En cuanto a su estructura, el órgano estará presidido por la persona titular de este departamento, mientras que la vicepresidencia corresponderá a la que esté al frente del máximo centro directivo en materia de vivienda. Contará con una dirección técnica y un consejo integrado por vocales en representación de la Junta (13); la asociación de municipios y provincias de mayor implantación en Andalucía (1); las organizaciones empresariales (2) y sindicales (2); el sector de la economía social (1); las entidades financieras que operan en la comunidad (2); las organizaciones de consumidores y usuarios (3) y vecinales (1); las Universidades de Andalucía (1); los colegios profesionales vinculados al sector (2), y la Mesa del Tercer Sector de Andalucía (1), además de otros cinco procedentes de colectivos sociales que serán nombrados por la Presidencia del Observatorio en función de su implantación territorial y número de miembros. Los componentes del nuevo órgano consultivo no percibirán retribución alguna por su actividad.
El Observatorio desarrollará sus funciones a través de cuatro grupos de trabajo, centrados en la vivienda, el suelo, la rehabilitación y la ciudad. Para la difusión de los contenidos que genere se habilitará un portal específico en la página web de la Consejería de Fomento y Vivienda.
La creación de este órgano de participación se recoge en la Ley de la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento de Andalucía el 1 de octubre del pasado año. Entre otras novedades, esta norma establece medidas para fomentar el alquiler de viviendas vacías con ayudas a propietarios particulares y refuerza la lucha contra los desahucios hipotecarios con fórmulas de expropiación temporal de los inmuebles embargados para evitar el desalojo de familias en riesgo de exclusión social. Su principal objetivo, para el que también trabajará el Observatorio, se dirige a hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado en la comunidad autónoma: entre 700.000 y un millón de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.
Nombrados tres nuevos vocales de los consejos
de la RTVA, IDEA y la Agencia Andaluza de la Energía
El Consejo de Gobierno ha nombrado a tres nuevos vocales en el Consejo Asesor de la Radio y Televisión de Andalucía y en los consejos rectores de la Agencia Andaluza de la Energía y de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Se trata de Lorena Rodríguez Jiménez, presidenta del Consejo Andaluz de la Juventud de Andalucía; Rafael Márquez Berral, director general de Urbanismo, y Fernando Manuel Martínez Vidal, director general de Prevención y Calidad Ambiental, respectivamente.
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