UCA-UCE baraja llevar a los tribunales
el Decreto aprobado ayer por el Gobierno andaluz.
Lo que inicialmente iba a ser un
decreto para regular el registro andaluz de asociaciones de consumidores y
usuarios, aborda por esta vía, tanto el régimen jurídico de las mismas, como su
carácter más representativo.
Andalucía, 27 de
agosto de 2014.
Desde la Unión de Consumidores de Andalucía hemos venido evidenciando en los
últimos tiempos nuestra preocupación por el Decreto que preparaba la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales, departamento competente en
materia de consumo dirigido por Diego Valderas y que ayer era aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía.
A este respecto, desde UCA-UCE, defendemos y
defenderemos la necesidad de reserva de ley para un texto normativo de estas
características, que no sólo estará para regular como inicialmente se
contempló, la ordenación del citado Registro Público, sino que también pretende
por esta vía de decreto, articular el régimen jurídico de las asociaciones e
incluso los criterios para ser o no organizaciones más representativas en
Andalucía.
Para mayor preocupación el texto aprobado
ayer por el Gobierno andaluz incorpora elementos tan inquietantes como que las
organizaciones de consumidores lleguen a medirse en función del poder
adquisitivo de las personas socias que en ellas se integren, en base a las
cantidades recaudadas por cuotas, dejando sin valor las políticas propias de
asociacionismo que puedan libremente tener las organizaciones en función de
acoger en su seno a personas con independencia de su poder adquisitivo o de su
capacidad de atender el pago de dichas cuotas. UCA-UCE por ejemplo, sigue atendiendo a aquellas
personas asociadas que, encontrándose en situación de desempleo, no pueden
afrontar el pago de sus cuotas, algo que no cabrá en el Decreto aprobado ayer,
pues ello sería un obstáculo para defender ese criterio de organización más
representativa.
No debería ser tan preponderante entendemos,
un criterio que valoraría sobremanera el “copago” de la ciudadanía a su
asociación por los servicios recibidos, frente a otros tales como la
accesibilidad del conjunto de la ciudadanía a nuestros servicios, el número de
convenios firmados con otras entidades o la trayectoria de participación
institucional desarrollada entre otros.
UCA-UCE considera que
con el nuevo decreto se estarían imponiendo por parte de la Junta de Andalucía los
criterios de cuotas y admisión de personas
asociadas con un
excesivo y desmesurado intervencionismo de la administración, en una sociedad
democrática y libre.
Así, tras su entrada
en vigor, la Unión de Consumidores de Andalucía tendría que modificar su
política de socios exigiendo a personas desempleadas y en riesgo de exclusión
social el pago de la cuota de socio/a para que puedan ser computados como tales
a efectos de representatividad de las asociaciones de consumidores y usuarios.
En UCA-UCE entendemos que esta política de establecimiento del “copago” en el
ámbito del consumo supondría la mera mercantilización de las asociaciones de
consumidores.
Miente el Gobierno
andaluz cuando habla de consenso con el movimiento asociativo. En su preceptivo
trámite de audiencia, el texto aprobado ayer, ni tuvo el apoyo y voto favorable
de federaciones andaluzas de consumidores como UCA-UCE u otras, ni tampoco
alcanzó el consenso necesario del Consejo de Consumidores y Usuarios de
Andalucía, que concluyo su informe con el voto particular y disconforme de
todas y cada una de las federaciones que lo integran. Y miente también cuando
argumenta que este decreto responde al Pacto por la Garantía de los Derechos
de los Consumidores de Andalucía que suscribimos en su día con el ejecutivo
andaluz. Dicho Pacto contemplaba el avance en las políticas de concertación,
muy alejadas del mantenimiento de las políticas de subvenciones en régimen
competitivo por la que apuesta este decreto, con unas premisas previstas única y exclusivamente
para poner en valor un determinado modelo de asociación por la que Valderas ha
optado, tradicionalmente afín a sus tesis. Nos hubiera tranquilizado más que esta norma hubiera pasado
por nuestro Parlamento, un necesario filtro democrático para identificar los
intereses creemos ocultos de esta norma.
En estos momentos y ante la transcendencia
del tema UCA-UCE trabaja la elaboración de un informe jurídico que argumente la
reserva de ley que defendemos pues, tratándose de entidades de relevancia
constitucional y estatutaria como lo son las organizaciones de consumidores, su
regulación requeriría, sin duda, la modificación en sede parlamentaria de la
actual Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía.
Finalmente, UCA-UCE lamenta que el gobierno
de la Junta de
Andalucía, presidido por Susana Díaz, no haya sido capaz de lograr el necesario
consenso en la aprobación de este decreto. Valderas, en su empeño por favorecer
a una concreta federación afín a su cuerda, impone sus tesis con este decreto,
frente a un Gobierno que se pliega y no llega a ver la trascendencia de lo que
aprobaba.
Por ello, pediremos una rectificación urgente
de la Junta de
Andalucía y su derogación para dar marcha atrás ante las nefastas consecuencias
que para la ciudadanía tendría la entrada en vigor de este decreto, barajando
incluso la posibilidad de solicitar ante los tribunales su anulación.
Para más información: 954 54 06 28
Miguel A. Ruiz: 671048625
Vicepresidente
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