NOTICIA : AL-ANDALUS

AL-ANDALUS valora que las competencias sobre consumo correspondan a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales

La Federación considera que es una apuesta por los consumidores

El hecho de que las competencias de Consumo se adscriban a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales se valora desde la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, AL-ANDALUS, como una apuesta por las políticas de consumo en la Comunidad Autónoma andaluza.

Desde Consumidores AL-ANDALUS se entiende como un impulso para esta materia por la transversalidad que requiere el trabajo en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, y que en esta Consejería por sus características y competencias se verá respaldada. 

Las políticas de consumo requieren de una implicación por parte de todo el ejecutivo andaluz, que puede verse auspiciado por una Consejería con capacidad de involucrar a las demás en esta materia, como es el caso de Administración Local y Relaciones Institucionales.

En este sentido, solicita al Consejero, Diego Valderas, al que felicita por su nombramiento, que haga suyos los propósitos recogidos en el I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y abogue por las políticas de protección hacia los consumidores, ya que se trata de un ámbito cada vez más complicado, por la aparición de nuevos productos y servicios favorecidos por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la globalización del mercado, afectando de forma significativa a la mayor parte de las actividades de los ciudadanos.

La secretaria general de AL-ANDALUS, Isabel Peñalosa, ha manifestado que esta decisión del presidente de la Junta se corresponde con el compromiso adquirido, a finales del mes de enero, entre el gobierno andaluz y las organizaciones de consumidores, para trabajar por un nuevo modelo de consumo y de desarrollo económico y social, que se sustente en una colaboración más eficaz, en la corresponsabilidad, la participación activa y el diálogo con el Gobierno y el conjunto de sus Consejerías, y el apoyo firme al asociacionismo de los consumidores como herramienta fundamental de la protección al consumidor.