Hacienda abona 16,5 millones de euros en anticipos a los ayuntamientos de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir

La Consejería de Hacienda hace efectivo el acuerdo de Consejo de Gobierno que aprobó anticipos extraordinarios para once municipios de Cádiz y Sevilla

Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, en Cádiz; y Las Cabezas de San Juan, El Coronil, El Cuervo, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca y Utrera, en Sevilla, ya disponen del anticipo de tesorería que, con carácter extraordinario, se comprometió a realizar la Junta de Andalucía tras la disolución de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha transferido a los once municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla que integraban la extinta Mancomunidad del Bajo Guadalquivir un total de 16,5 millones de euros destinados a atender sus pagos y garantizar los servicios públicos tras la disolución de la entidad. Los pagos, en concepto de anticipos de tesorería, fueron autorizados por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 24 de junio y ya han sido transferidos a los ayuntamientos. 

Los once ayuntamientos han solicitado voluntariamente la concesión de estos anticipos, que deberán reintegrar en el plazo de un año y que se conceden a cuenta de los recursos que les corresponde percibir por su participación en los tributos de la comunidad autónoma (PATRICA) y en los ingresos del Estado (PIE). El Presupuesto andaluz para 2014 habilita al Consejo de Gobierno para aprobar estos pagos anticipados, previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Se trata, por tanto, de una medida extraordinaria para que las corporaciones locales afectadas por la disolución de esta entidad puedan atender sus pagos pendientes con trabajadores y proveedores, sin menoscabo en la prestación de sus servicios públicos.

La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobó en junio de 2012 un “acuerdo inicial de disolución y correspondiente plan de liquidación”, ante la grave crisis que padecía, que le impedía cumplir sus fines. En abril de 2014 el pleno de la entidad aprobó el acuerdo definitivo de disolución, reconociéndose un pasivo total de 42,6 millones de euros en concepto de deudas (a proveedores, trabajadores, bancaria...), que deben asumir los ayuntamientos mancomunados en función de su cuota de participación.

Dado que la mancomunidad no ha podido acogerse a ninguno de los Planes de Pago a Proveedores desarrollados por el Estado por encontrarse en proceso de disolución, el pasado mes de mayo responsables de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Hacienda mantuvieron un encuentro para encontrar soluciones a esta situación extraordinaria. En la reunión, la Junta se comprometió a proporcionar esta ayuda extraordinaria a los once ayuntamientos, para que puedan hacer frente a sus obligaciones de pago mientras el Gobierno central estudia la fórmula que permita financiar esta deuda, de forma excepcional, mediante la concertación de préstamos a largo plazo, ya que la Ley de Haciendas Locales sólo permite a los municipios endeudarse a largo plazo para el pago de inversiones, no de gasto corriente.

Los pagos librados corresponden a los municipios gaditanos de Chipiona (2.216.508,70 euros), Rota (1.875.922,93 euros), Sanlúcar de Barrameda (1.000.000 de euros) y Trebujena (851.515,65 euros). Por su parte, los municipios de la provincia de Sevilla son Las Cabezas de San Juan (1.483.354,13 euros), El Coronil (617.501,55 euros), El Cuervo (948.195,78 euros), Lebrija (1.745.485,68 euros), Los Molares (290.830,49 euros), Los Palacios y Villafranca (2.285.268,51 euros) y Utrera (3.224.972,63 euros).

De acuerdo con la normativa reguladora, el importe máximo de los anticipos para municipios con población inferior a los 20.000 habitantes no podrá sobrepasar el 50% del total de las entregas a cuenta de su participación en la PATRICA y en la PIE del ejercicio en el que se solicita ni superar los 2,5 millones de euros. Para los municipios con población igual o superior a los 20.00 habitantes, el límite es el 25% del total de las entregas a cuenta y no superar los 2,5 millones.