La Junta elimina 350.000 expedientes judiciales antiguos y carentes de valor para liberar espacios en los archivos de los tribunales

La Junta elimina 350.000 expedientes judiciales antiguos y carentes de valor para liberar espacios en los archivos de los tribunales

La Consejería de Justicia y el TSJA acuerdan destruir expedientes de diligencias previas y juicios de faltas de las tres últimas décadas del siglo pasado

La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar más 650.000 expedientes judiciales antiguos con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los tribunales de Andalucía, según el acuerdo adoptado por la Administración autonómica y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad. 

La primera destrucción masiva de documentos judiciales afectará a 350.000 procedimientos de seis provincias correspondientes a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90. El volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es de tal magnitud que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos. Esta acción pionera de eliminación de documentación se realizará en los archivos judiciales de las ciudades de Málaga, Sevilla y Cádiz, así como en los juzgados de los municipios de  Huércal-Overa (Almería), Arcos de la Frontera (Cádiz), Motril (Granada) y Coín (Málaga).

 La eliminación de estos expedientes está gestionada por la Junta de Expurgo, un órgano puesto en marcha por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser destruida o conservada.  Uno de los criterios principales en esta selección estriba en determinar el interés judicial e histórico de los documentos, contando para ello con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración, esenciales para determinar las muestras de cada tipo de expedientes que tienen acceso a los correspondientes archivos históricos provinciales. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos.

La Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que puedan recuperar aquellos documentos aportados en su día a los procesos que van a ser destruidos y cuyas referencias se han publicado ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Contribución a una Justicia digital y sin papeles

El objetivo de esta iniciativa, que está previsto que continúe a lo largo del año con otra segunda destrucción de 300.000 documentos más ya descritos por la Junta de Expurgo, es liberar espacio en los archivos y tribunales y profundizar al mismo tiempo en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de papel en los procesos judiciales y avanzar en el camino hacia una Justicia digital. Con esta  finalidad se trabaja en la actualidad en el análisis de 2,2 millones de casos judiciales de toda la comunidad para seguir seleccionando documentación sin interés  y proceder a su eliminación.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

Estas actuaciones en archivos judiciales van encaminadas también a la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, haciendo posible el control y acceso a la documentación judicial hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.