· Decreto
por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas
obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales
· Decreto
por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, comedor
escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de
los centros docentes públicos fuera del horario escolar
· Acuerdo
por el que se declara Baeza (Jaén) como municipio turístico
· Acuerdo
por el que se autoriza el expediente relativo a revisión de oficio para
determinar la nulidad de la contratación, sin formalización alguna, con la
empresa José Manuel Pascual, SA, para la prestación de asistencia sanitaria
en tres hospitales de la provincia de Cádiz, en el periodo comprendido entre
el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016
· Informe
de la consejera de Hacienda y Administración Pública sobre la aplicación del
decreto ley que recupera la jornada de trabajo de 35 horas para los empleados
públicos de la Junta de Andalucía
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La Junta
garantiza el pago en 20 días de las facturas de proveedores vinculadas a salud,
educación y servicios sociales
Un nuevo
decreto fija el mismo plazo para el abono de becas y el pago a las farmacias, y
limita a 45 días el de las subvenciones en los sectores prioritarios
La Junta de Andalucía abonará en
20 días naturales, frente a los 30 vigentes ahora, las facturas de proveedores
de servicios vinculados a salud, educación y servicios sociales, con el fin de
proteger los sectores esenciales del Estado de bienestar y defender el empleo
en estos ámbitos prioritarios. Asimismo, establecerá procedimientos para evitar
demoras en los pagos y asegurar el cumplimiento de este plazo, incluyendo la
posibilidad de cobro directo a través de una entidad de crédito. Así se recoge en
el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno que establece la garantía de
los tiempos de pago de la Administración autonómica y sus entidades
instrumentales.
El nuevo plazo de 20 días también
será aplicable al abono de becas y ayudas al estudio, así como al de
medicamentos a las oficinas de farmacia y a las compensaciones económicas
por la asistencia jurídica gratuita. La
norma también fija, por vez primera, un periodo máximo de 45 días para la
percepción de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de
salud, educación y servicios sociales.
La norma aprobada especifica que,
en el sector de la salud, se atenderá el pago en 20 días a las facturas de
servicios asistenciales, conciertos (como los de transporte en ambulancia,
diálisis o rehabilitación) y aquellas partidas necesarias para el
funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales (agua, gas, limpieza,
lavandería, productos alimenticios y por prestaciones farmacéuticas y
complementarias, entre otras).
En el ámbito educativo, la medida
supondrá agilizar los abonos relativos a la reparación, mantenimiento y
conservación de edificios docentes públicos, así como al programa de gratuidad
de libros de textos, aula matinal, transporte escolar, comedores, becas y
ayudas al estudio, conciertos docentes y gastos de limpieza, seguridad,
electricidad y funcionamiento de los centros de educación Infantil, enseñanza
obligatoria o Formación Profesional. En los servicios sociales, el pago a 20
días beneficiará a la atención a la dependencia y la infancia, la asistencia
jurídica gratuita, el plan sobre drogodependencias o la protección contra la
violencia de género.
El decreto prevé asimismo la
adhesión de las universidades públicas andaluzas al sistema de garantías así
como la ampliación gradual de los ámbitos en los que se establecerán plazos máximos para el abono de facturas.
Con el
fin de garantizar los tiempos de pago y evitar demoras, la norma aprobada especifica la agilización de los
procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización de las facturas.
Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma
automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a
los proveedores (consejerías y agencias) cuando tengan facturas próximas a vencimiento.
Asimismo se crea la Oficina de
Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica donde los interesados
podrán acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas
y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de
reclamación por demora. En estas situaciones, el proveedor recibirá
contestación en siete días hábiles indicándole la fecha prevista para el abono
de la factura.
Si dicho plazo no existiese, se
le reconocerá el derecho de garantía para el cobro directo a ejercitar en una
entidad de crédito colaboradora. Las personas que mantengan deudas en periodo
ejecutivo con la Junta no tendrán acceso al sistema hasta que no estén al
corriente de sus obligaciones con la Hacienda pública.
La Oficina de Atención a Personas
Acreedoras elaborará una memoria anual sobre las actuaciones realizadas para
garantizar los plazos de pago y las reclamaciones recibidas. Este informe será
trasladado al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Hacienda y Administración
Pública del Parlamento andaluz.
Un millón de
facturas
La Junta de Andalucía gestiona
cada año más de un millón de obligaciones, de las que más del 80% se presentan
telemáticamente a través del Punto Único de Factura Electrónica, un factor que
contribuye a reducir los plazos de tramitación y los pagos. Desde su
implantación en junio de 2015, se ha producido un ahorro medio en 14 días en la
grabación de las facturas, una reducción que también se ha trasladado a la
gestión administrativa y contable de las obligaciones así como en el abono de
los importes, con el consiguiente beneficio para los proveedores de la
Junta.
En 2016, la Junta realizó pagos
por un importe superior a los 8.200 millones de euros correspondientes a
empresas de bienes y servicios, así como proveedores de suministros del sector
público andaluz. El 76% de las facturas abonadas se destinaron a la cobertura
de gastos en sanidad, educación y dependencia.
El periodo medio de
pago a los proveedores (PMP) se situó en 14,07 días en el mes de noviembre, una
cifra que reduce a la mitad el máximo de 30 días fijado por la normativa de
morosidad y que pone de manifiesto el esfuerzo de la Junta para acortar los
plazos en el abono de facturas. A lo largo del pasado ejercicio, el PMP de la
Junta acumuló una reducción de 24,47 días.
La Junta amplía el uso de las instalaciones
educativas
públicas para actividades complementarias
sociales
Un nuevo decreto aprobado por el Consejo
garantiza también el acceso al comedor escolar y el aula matinal a los colectivos
considerados prioritarios
Los centros docentes públicos
podrán ceder sus instalaciones hasta las 20.00 horas todos los días del año,
incluidos los festivos y salvo el mes de agosto, para la realización de
actividades de carácter social. Esta es la principal novedad del decreto que
unifica y actualiza la regulación autonómica de los servicios educativos de
comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, aprobado hoy por el
Consejo de Gobierno. Hasta ahora, la oferta de usos complementarios fuera del
horario escolar se limitaba a los días lectivos.
De acuerdo con la norma, que
entrará en vigor el próximo curso 2017/18, las instalaciones deportivas y
recreativas de los institutos de Secundaria y los colegios de Educación
Infantil y Primaria y de Educación Especial podrán ser cedidas para actividades
complementarias o extraescolares organizadas por los propios centros, por
asociaciones de familiares de alumnos o por entidades locales o sin ánimo de
lucro. En el caso de los días no lectivos, se establece un horario de 8.00 a
20.00 para esta posibilidad, con la que se pretende aumentar la integración de
los centros en su entorno, favorecer la igualdad de oportunidades y ofrecer al
alumnado y sus familias una mayor flexibilidad horaria.
Otra novedad que incorpora el
decreto es la regulación
de la garantía de acceso a los servicios de aula matinal y comedor escolar para
determinados colectivos a los que, de hecho, se ha venido dando prioridad pero
sin un repaldo normativo. Esta garantía se ofrecerá siempre que exista una
demanda mínima para la prestación.
De este modo, la admisión al aula
matinal (7.30-9.00 de la mañana) estará garantizada para el alumnado de segundo
ciclo de Infantil y Primaria que sea usuario del transporte escolar y llegue al
centro docente público antes del inicio de la jornada lectiva. También se
asegura el acceso a los alumnos bajo tutela o guarda de la Administración
autonómica y a aquellos cuyos guardadores o cuidadores legales realizan
actividades remuneradas que justifican la imposibilidad de atención en ese
horario.
El aula matinal se financia con un precio público de
referencia de 15,04 euros al mes, sobre el que se aplican bonificaciones que
pueden llegar hasta la gratuidad total en el caso de las familias con rentas más
bajas. En este curso 2016/17, un 62% del alumnado tiene alguna bonificación,
mientras que el 35% accede al servicio de forma gratuita. La dotación de
personal se fija en función del número de alumnos. Hasta 60 usuarios, el
servicio está atendido por dos profesionales como mínimo: un técnico superior
en Educación Infantil, Animación Sociocultural, Integración Social o titulación
equivalente, y un técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente.
Comedores
En cuanto
al comedor escolar (de 14.00 a 16.00 horas), el decreto garantiza la admisión
gratuita al alumnado escolarizado en segundo ciclo de Infantil, Primaria,
Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica
cuando esté obligado a desplazarse fuera de la localidad de residencia porque
no exista allí su etapa educativa; cuando tenga jornada escolar de mañana y
tarde y no disponga del servicio de transporte al mediodía, o cuando teniendo
sólo jornada de mañana su transporte salga pasada media hora después de la
finalización de la última clase.
Asimismo,
se asegura la gratuidad para el alumnado en situación de dificultad social
extrema o riesgo de exclusión; los menores bajo tutela o guarda de la Junta, y
los hijos de víctimas de terrorismo y de mujeres atendidas en centros de acogida
para víctimas de violencia de género. En los casos de imposibilidad de atención
por actividad laboral remunerada de los guardadores y cuidadores legales de los
alumnos en el horario del comedor, igualmente se garantiza el acceso con
posibilidad de bonificaciones sobre el precio total en función de la renta y
las características de la unidad familiar.
Un total de 1.916 centros públicos cuentan actualmente
con el servicio de comedor escolar, del que se benefician más de 183.500
alumnos. La prestación
se ofrece a un precio público que se redujo el pasado año académico de 4,50 a 4,38 euros
diarios. Casi el 75% de estos usuarios tiene algún tipo de bonificación en
función de la renta, incluida la gratuidad total para el 50% (frente al 19,4%
de hace ocho años).
El nuevo decreto también
especifica la obligación de aportar una declaración responsable de contar con
el certificado negativo del registro Central de Delincuentes Sexuales al
personal cuyo desarrollo de funciones implique contacto habitual con menores.
Finalmente, la norma regula con
mayor concreción el catálogo de actividades extraescolares y las de refuerzo y
apoyo que se desarrollan en los centros de 16.00 a 18.00 horas los días
lectivos. El listado incluye tanto las destinadas al alumnado con dificultades
de aprendizaje como otras de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas,
educación para la salud, primeros auxilios, informática e idiomas. Todas ellas
tienen carácter voluntario y extracurricular y, en ningún caso, serán
evaluables.
El Gobierno andaluz aprueba la declaración
de Baeza como Municipio Turístico
La figura facilita fórmulas
de colaboración para aumentar la calidad de los servicios y la competitividad
en poblaciones con gran afluencia de visitantes
El Consejo de Gobierno ha
aprobado la declaración de Baeza (Jaén) como Municipio Turístico. Esta figura
regulada en la legislación autonómica facilita fórmulas de colaboración para
incrementar la competitividad y promover la calidad de los servicios en poblaciones
con gran afluencia de visitantes.
Con
algo más de 16.000 habitantes, Baeza destaca como uno de los principales
enclaves de turismo cultural y de interior en Andalucía. Su conjunto conjunto
histórico renacentista, declarado en 2003 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
junto con el de la vecina Úbeda, reúne un extenso catálogo de bienes de interés
cultural y monumentos como la Antigua Universidad, el Alcázar, el Palacio de Jabalquinto,
la Catedral y el antiguo Convento de San Francisco. A estos
recursos turísticos relacionados con el patrimonio aquitectónico y artístico,
Baeza añade la riqueza medioambiental y paisajística del entorno, donde se
sitúan los espacios naturales protegidos de la Laguna Grande y el Alto
Guadalquivir.
La declaración de Baeza como municipio
turístico, solicitada el pasado 31 de julio por el Ayuntamiento, se produce una
vez constrastados los requisitos exigidos por la normativa y que la corporación
municipal acreditó en su documentación. Además de los relacionados con el
patrimonio cultural y natural, entre ellos destacan los relativos al número de
habitantes, entre 5.000 y 100.000; la media anual de pernoctaciones en
establecimientos de alojamiento turístico, que debe superar el 10% de la
población total o alcanzar este porcentaje durante al menos tres meses al año,
y la cifra de visitantes al recurso turístico de mayor afluencia, que debe
quintuplicar la de vecinos empadronados durante al menos 30 días al año. En el
caso de Baeza, se han acreditado las visitas a la Antigua Universidad, que en
2015 alcanzaron el número de 92.197.
Otros datos que
avalan la declaración se refieren al sobrecoste que asume el municipio para
garantizar a la población turística la calidad de los servicios obligatorios de
su competencia; los gastos extraordinarios de iluminación, limpieza y policía
local en el casco histórico, y la existencia de un plan turístico municipal e
inversiones de promoción y de conservación del patrimonio cultural. En este
último punto, destacan los proyectos que el Ayuntamiento impulsa por la
rehabilitación de 24 inmuebles protegidos y la musealización de la Plaza de
Toros, además de un plan especial de protección, reforma interior y mejora
urbana.
De igual modo, Baeza cuenta desde 2014
con el Consejo de Turismo y Patrimonio, que facilita la participación ciudadana
en estas iniciativas, y con un plan que suprime barreras y permite la máxima
accesibilidad al conjunto histórico. Su Plan General de Ordenación Urbanística,
vigente desde 2012, recoge también medidas de protección del entorno cultural y
natural.
Finalmente,
la Corporación local baezana acredita además la prestación de servicios no
obligatorios para municipios menores de 20.000 habitantes (como los de
Protección Civil, planes de emergencia y brigada de extinción de incendios) y de
50.000 (la localidad cuenta con una línea circular de transporte colectivo
urbano).
A partir de las declaraciones de
Municipio Turístico, la Consejería de Turismo y Deporte estudia nuevas fórmulas
para compensar los servicios afectados por los flujos de visitantes para todos
los municipios de la comunidad que ostentan esta condición.
El Consejo
aprueba un gasto de 57,1 millones de euros para abonar la asistencia concertada
en tres hospitales de Cádiz
La cantidad corresponde al periodo
comprendido
entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un expediente de
gasto de 57,1 millones de euros para abonar a la empresa José Manuel Pascual
Pascual, SA, la asistencia sanitaria, programada y urgente, prestada en sus
centros hospitalarios de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y
Villamartín (Cádiz). Se trata del importe correspondiente al periodo entre el 1
de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, durante el que se ha
realizado la actividad sin contrato al no haberse presentado la empresa a
ninguno de los dos concursos públicos convocados por el Servicio Andaluz de
Salud.
Esta situación ha requerido la tramitación de un expediente
administrativo específico, denominado de nulidad, para poder realizar dicho
abono de acuerdo con las leyes de Contratos del Sector Público y de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas. Para calcular la cuantía, avalada
por el Consejo Consultivo, se ha tenido en cuenta la mensualidad del último
concierto firmado por ambas partes, que terminó el 31 de octubre de 2015.
De cara al futuro, el Servicio Andaluz de Salud ha alcanzado
un acuerdo con la empresa para seguir garantizando la asistencia sanitaria
especializada en los tres municipios gaditanos, a partir del cual se llevará a
cabo un procedimiento negociado sin publicidad, fórmula prevista en la
legislación vigente cuando sólo existe un único posible prestatario con la
homologación necesaria.
Andalucía es una de las comunidades autónomas con uno de los
porcentajes más bajos de actividad concertada en el conjunto del España, en
torno al 4%. La sanidad pública andaluza es universal y de acceso gratuito y el
96% de sus servicios se llevan a cabo con recursos propios en los más de 1.500
centros de salud y 49 hospitales públicos de la región, que componen la red de
infraestructuras más extensa del país y con una de las carteras de servicios
más amplias del Sistema Nacional de Salud.
La Junta de
Andalucía aplica desde hoy la jornada
laboral de 35
horas semanales en el sector público
La consejera
de Hacienda informa al Consejo sobre el cumplimiento del calendario de
recuperación de los derechos de los empleados públicos
La Junta de Andalucía ha
comenzado a aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector
público desde hoy 16 de enero, tal y como establece el decreto ley aprobado por
el Consejo de Gobierno y convalidado por el Parlamento el pasado mes de
noviembre. Se restablece así una mejora instaurada en 1999 pero que fue
suspendida en 2012 por las normas estatales de estabilidad financiera.
La consejera de Hacienda y
Administración Pública, María Jesús Montero, ha informado al Consejo de
Gobierno de las medidas adoptadas para la implantación inmediata de la nueva
jornada sin que se vean afectados los servicios públicos ni el nivel de calidad
de las prestaciones. La decisión beneficia a más de 260.000 empleados públicos
cuya regulación laboral depende de la Junta.
Con carácter general, la medida
supondrá trabajar dos horas y media menos a la semana. En el ámbito sanitario
se modifican los cómputos anuales de cada turno, de modo que el nocturno pasa a
1.450 horas anuales, el rotatorio a 1.483 y el diurno de 1.645 a 1.540, es
decir, 105 horas menos. La nueva jornada también se aplica de manera inmediata
en educación, si bien la reducción de horas lectivas no se materializará hasta
el comienzo del próximo curso escolar.
En su informe al Consejo, María
Jesús Montero ha destacado que la recuperación de las 35 horas es una medida
generadora de empleo que conllevará un incremento de los efectivos para mejorar
las prestaciones públicas, especialmente en salud y educación. En el primero de
estos ámbitos se realizarán las contrataciones necesarias, mientras que en los
centros educativos se procederá al nombramiento de personal interino. Tal y
como prevé el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2017, los nuevos
empleados se incorporarán de forma temporal y se avanzará en su estabilidad a
través de las correspondientes ofertas de empleo público.
La jornada laboral de 35 horas
constituye una de las medidas más reclamadas por los empleados públicos y como
tal quedó recogida en el calendario de restitución de derechos que la Junta y
los sindicatos CCOO, UGT y CSIF acordaron el pasado mes de junio, en desarrollo
a su vez del Acuerdo para la Defensa y Mejora del Empleo Público suscrito en
julio de 2015 con la presidenta de la Junta, Susana Díaz. El compromiso del
Gobierno andaluz es recuperar progresivamente todos los derechos suspendidos
con motivo de la crisis económica, fijando un horizonte temporal que coincide
con la presente legislatura.
Implantada en Andalucía en el año
1999 como una conquista histórica fruto de la negociación sindical para avanzar
en la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos, la jornada de
35 horas se amplió a 37,5 horas en 2012, con carácter excepcional y temporal,
como consecuencia de las normas estatales de sostenibilidad financiera y
estabilidad presupuestaria. En este sentido, la consejera ha subrayado que, tanto
la por la favorable evolución de la economía como por el cumplimiento de los
objetivos de déficit durante estos años,
la Junta dispone actualmente de la suficiencia financiera adecuada para
hacer frente al restablecimiento de la medida. Asimismo, ha recordado las
plenas competencias de la Administración autonómica para regular en materia de
jornada laboral de su personal, tal y como establece el propio Estatuto Básico
del Empleado Público.
Paga extra
Por otro lado,
María Jesús Montero ha informado también de la devolución de un nuevo tramo de
la paga extra de 2012 que se hará efectivo en el mes de febrero, tal y como
establecía el calendario de restitución de derechos de los empleados públicos.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica hoy las instrucciones
dictadas por su departamento para proceder al abono de los importes
equivalentes a otros 46 días que se harán efectivos junto con la nómina del
próximo mes. Según recoge el acuerdo con
los sindicatos, la cantidad restante, correspondiente al último 25%, se abonará
según recoge el acuerdo, en febrero de 2018.
La recuperación de la jornada laboral de 35 horas se enmarca
en el proceso de devolución los derechos laborales suspendidos que se viene
realizando gradualmente durante los últimos dos años y se completará en esta
legislatura. El personal funcionario interino y temporal ya ha recuperado del
cien por cien de su jornada y de las retribuciones, que se vieron reducidas en
un 25%, frente al modelo de despidos y privatizaciones seguido en otras
comunidades. Asimismo, tras años de congelación retributiva, en enero de 2016
ya se aplicó a todos los empleados públicos autonómicos una subida salarial del
1% (máximo permitido por la legislación estatal).
Desde junio de 2015 se han recuperado todas las pagas extraordinarias
y también se han realizado este mismo año los dos primeros abonos de la
devolución de la extra de 2012, proceso que se completará en febrero de 2017 y
de 2018.
De acuerdo con el calendario pactado con los sindicatos, los
días adicionales de permiso por asuntos particulares han sido restituidos en
las mismas condiciones vigentes en 2012, además de recuperarse los de
vacaciones en función de la antigüedad. Igualmente, se ha actualizado el
catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100% del complemento de
incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones correspondientes a los
días de ausencia.
El resto de derechos se completará en 2018 y 2019 con la recuperación
de la nómina completa, al restituirse el 10% de los conceptos retributivos
variables (como los vinculados a productividad o a consecución de objetivos) en
dos tramos del 5% cada año. En 2019 se restablecerán también las ayudas de
acción social.
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