CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: ·       Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía ·       Acuerdo por el que se autoriza la integración de la sociedad Metro de Granada, SA, en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ·       Acuerdos de formulación de los planes de desarrollo sostenible de los parques naturales de la Sierra de Grazalema (Cádiz-Málaga) y de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (Granada-Málaga) ·       Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la concesión de una subvención a la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental

La nueva Ley de derechos de las personas con discapacidad asegurará reservas de plazas en formación y empleo

El proyecto normativo, aprobado por el Consejo, refuerza las medidas

y obligaciones para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que consolidará las políticas autonómicas dirigidas a este colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad (el 61% mujeres y casi el 10% de la población total). La norma partirá de los avances conseguidos con la ley de 1999 ahora vigente, cuyo desarrollo se concreta actualmente en un presupuesto anual que supera los 1.300 millones de euros.

El proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial. De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud. Se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador.

A diferencia de la ley de 1999, se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas. De igual modo, la norma considera el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género. Entre ellas destacan la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.

Igualmente novedoso es el reconocimiento del uso de los perros de asistencia, aquellos que han sido adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de las personas con discapacidad. Se trata de una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento. Respecto a las medidas para favorecer la movilidad, también se concederá la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad a vehículos de transporte colectivo.

En el ámbito formativo y del empleo la principal novedad es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3% del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación para el empleo organizados por la Administración autonómica. Esta cifra se eleva al 5% en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, un cupo igualmente de nueva creación. Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que será concretada en un posterior desarrollo reglamentario.

También en el área laboral, la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad con medidas específicas tanto en el ámbito público como en el privado, y con un enfoque de género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.

Centros especiales de empleo

Una novedad destacada es la fijación de una reserva del 5% del importe anual de toda la contratación pública de la Junta a favor de los centros especiales de empleo (empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad). En esta misma línea, se introduce una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas que tengan un mayor número de personas con discapacidad.

Respecto a la salud, el proyecto recoge el impulso a la atención temprana para menores de seis años, haciendo hincapié en la coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos. En este sentido, se definen las condiciones mínimas del modelo regulado en el decreto que aprobó el Gobierno andaluz el pasado de 26 de abril, norma que dispone la creación en las ocho provincias de 11 unidades responsables de derivar a los menores a los 163 centros de atención infantil temprana que hay en Andalucía, donde actualmente más de 800 profesionales atienden a 19.000 personas al año.

En el área educativa, las universidades andaluzas deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad a los entornos físicos y de la información y la comunicación. También novedosa es la prohibición expresa que se establece para los centros docentes, tanto públicos como privados, de denegar por motivos de discapacidad el acceso al alumnado o a los demás miembros de la comunidad educativa a sus servicios y actividades. Asimismo, el texto incorpora la previsión de fórmulas de colaboración con las entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad para el desarrollo actividades extraescolares. 

A diferencia de la anterior ley, el nuevo texto define los criterios que deben orientar las prestaciones de servicios sociales destinadas a las personas con discapacidad, de forma que se atiendan sus necesidades personales y de inclusión. Una novedad destacada es la introducción de la figura del concierto social para impulsar la colaboración con la iniciativa privada. Entre otros aspectos, se regula la atención a personas privadas de libertad y a las que requieren apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica a través de entidades sin ánimo de lucro.

Accesibilidad universal

Garantizar la vida independiente y la accesibilidad universal es otro de los objetivos de la nueva ley que, a diferencia de la de 1999, sólo se centraba en la accesibilidad arquitectónica o física. Para ello, la Administración autonómica estará obligada a incluir en su regulación sobre la materia todos los entornos físicos y de información y la comunicación, incluidos bienes, productos y servicios, para permitir su uso por el mayor número de personas con independencia de cuáles sean sus capacidades.

En el texto también se reconoce específicamente el derecho de las personas en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Entre otras medidas, la ley obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal y a introducir apoyos y ajustes razonables en los programas y actuaciones de transición a la vida adulta destinados a jóvenes con discapacidad que hayan sido destinatarios de medidas de protección de menores.

La futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.

En el apartado de vivienda, se consolida la reserva de un 4% de las protegidas para personas con discapacidad y, como novedad, se dispone la regulación de la figura de las denominadas ‘viviendas convertibles’, diseñadas con el fin de permitir su fácil adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas.

Otra novedad respecto a la ley anterior es la inclusión expresa del turismo entre las actividades de ocio en las que se debe garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En este sentido se dispone que si los alojamientos de uso residencial público accesibles (habitaciones de hoteles, albergues, teatros, residencias de estudiantes) y los espacios reservados se ubican sólo en las zonas de mayor precio, las personas con discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica.

Por su parte, en materia de comunicación, imagen y publicidad, se establece que el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad.

Igualmente novedosa es la previsión de crear un órgano de resolución extrajudicial de conflictos en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, que estará adscrito a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Esta junta arbitral se completará con otra en colaboración con la Administración central para los conflictos que exceden del ámbito autonómico.

       Por último, el texto incluye un régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal con multas que van desde 301 a un millón de euros dependiendo de la calificación de la infracción. Se califican como muy graves todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica.

El proyecto aprobado hoy ha contado con la participación de las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, así como de las organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia.

Actualmente, en el 22% de los hogares andaluces hay al menos una persona con discapacidad. De las más de 700.000 personas que integran el colectivo, 560.996 personas tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% por los Centros de Valoración y Orientación. De ellas 281.281 son hombres y 279.685 mujeres. Por otra parte, 60.152 tienen concedida y en vigor la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida (32.142 hombres y 28.010 mujeres).

La Agencia de Obra Pública asume las

competencias de gestión del metro de Granada

La decisión consolida un modelo cien por cien público para la infraestructura, que afronta la fase de explotación con la obra civil finalizada

El Consejo de Gobierno ha aprobado la integración de la sociedad Metro de Granada, SA, en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda. La decisión tiene como objetivo optimizar los procesos de gestión del ferrocarril metropolitano, cuyas obras de infraestructuras han finalizado y el contrato de puesta en servicio se encuentra en licitación para afrontar la fase de explotación comercial.

El acuerdo de integración supondrá la consolidación de un modelo de gestión directa y cien por cien público, una vez evaluadas y descartadas por sobrecostes no justificados las fórmulas de colaboración público-privada que inicialmente dieron lugar en 2010 a la constitución de la sociedad ahora extinguida.

El proceso se concretará a través de la cesión global del activo y del pasivo de Metro de Granada, SA, a la Agencia de Obra Pública, ente público instrumental que es accionista único de la sociedad y cuenta con las competencias administrativas necesarias para ejercer una posición de mayor tutela, responsabilidad, control y sanción sobre los contratos de operación y mantenimiento del metro, velando así por la mejor prestación del futuro servicio de transporte.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno permitirá rentabilizar y optimizar los recursos técnicos y humanos y la experiencia de la Agencia de Obra Pública, que gestiona los metros de Sevilla y Málaga, además de desarrollar las obras del propio metro de Granada y de los tranvías de la Bahía de Cádiz y de Alcalá de Guadaíra.

Actualmente se encuentra en licitación pública el contrato de servicios de operación que posibilitará la puesta en marcha comercial del Metro de Granada, con un importe máximo de 33,56 millones de euros para seis años y la previsión de crear 112 empleos, principalmente principalmente conductores de trenes, supervisores comerciales, interventores y operadores del puesto de control central. En fase de contratación están también otros servicios que afectan al mantenimiento, la seguridad, la vigilancia y la limpieza. Paralelamente, la Agencia de Obra Pública sigue desarrollando los trabajos previos a la explotación, fundamentalmente las pruebas dinámicas con trenes y la preparación de la documentación, certificados y normas.

Con estos últimos contratos, la inversión global del metro de Granada se sitúa en los 558 millones de euros, distribuidos del siguiente modo: 260 millones procedentes de préstamos del Banco Europeo de Inversiones, 213 de transferencias presupuestarias directas de la Junta y 85 de financiación privada a través de los créditos formalizados con cuatro entidades bancarias. Estas inversiones incluyen desde obras de infraestructura, montaje de vías, instalaciones, sistemas y material móvil a intervenciones de urbanización, así como la fase de prueba y otros gastos e intereses financieros.

El metro de Granada, que discurrirá por los municipios de Albolote, Maracena, Granada y Armilla, tendrá un recorrido total de 15,9 kilómetros (el 83% en superficie) y contará con 26 estaciones. La población servida (residente a menos de 500 metros de una estación) será de 168.384 personas, con una demanda de alrededor de 12,6 millones de viajeros en su primer año completo de explotación comercial. La flota de trenes ligeros está compuesta por 15 unidades, ya fabricadas, con las que actualmente se desarrollan las pruebas dinámicas en la mitad del trazado (entre Albolote y La Caleta).

Actualmente, la obra civil está concluida en los 16 kilómetros de recorrido. Los trabajos se centran exclusivamente en las últimas labores de instalaciones y sistemas (energía, señalización y comunicaciones). De acuerdo al programa de trabajo, a partir de septiembre se prolongarán hasta Armilla las pruebas dinámicas con trenes, completando así estos ensayos a la totalidad del trazado.

El material móvil incorporará, entre otras innovaciones, un equipo de recuperación de la energía de frenado para su uso en tracción, lo que supone un ahorro de consumo energético de al menos un 20%. Además, el metro circulará sin catenarias en determinados tramos urbanos del trayecto, al incorporar unos supercondensadores a los vehículos. La velocidad máxima será de 70 kilómetros/hora (50 en los tramos en superficie) y la comercial (media incluyendo paradas) se situará entre los 20 y 28 kilómetros por hora, lo que permitirá completar los trayectos en siete minutos entre Albolote y Maracena; cinco entre Maracena y Granada; once entre Albolote y Granada, y 20 entre Armilla y la capital.

La Junta inicia los planes de desarrollo sostenible de los

parques de Grazalema y de Tejeda, Almijara y Alhama

Los documentos fijarán las estrategias de fomento económico para los 28 municipios situados en  los espacios protegidos y sus áreas de influencia

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar los trámites para la elaboración de los planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de los parques naturales de la Sierra de Grazalema (Cádiz y Málaga) y de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (Granada y Málaga). Los documentos establecerán las estrategias de fomento económico que llevará a cabo la Junta de Andalucía en los 28 municipios integrados en estos espacios protegidos y sus áreas de influencia (15 en el primer caso y 13 en el segundo).

Los nuevos planes sustituirán a los vigentes desde 2006, cuyo desarrollo ha supuesto un avance en la economía sostenible de ambas zonas, reflejado en diversos indicadores. Así, la Sierra de Grazalema ha duplicado su superficie de cultivos ecológicos, de 1.866 a 3.840 hectáreas, y el número de casas rurales (de 60 a 120), además de aumentar de 5 a 37 las empresas dedicadas al turismo activo y 15 a 21 las industrias ecológicas.

Por su parte, el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama ha pasado a contar con 20 empresas de turismo activo, frente a las cuatro de 2006, además de multiplicar el número de casas rurales (de 18 a 93).

De acuerdo con la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, los PDS incluirán, entre otros contenidos, un diagnóstico de los parques y sus áreas de influencia; las normas de adecuación a otros planes de incidencia territorial y medioambiental, y las medidas concretas para fomentar iniciativas locales de desarrollo sostenible con la implicación y participación de las administraciones públicas y los agentes sociales y económicos. En este último bloque se prestará especial atención a la oferta de turismo rural y de naturaleza; la creación de sociedades comercializadoras de productos autóctonos; la obtención de denominaciones de calidad; el apoyo a las técnicas agrícolas respetuosas con el medio ambiente; el uso de las energías renovables, y el reforzamiento de los trabajos preventivos frente a los incendios forestales.

En la Sierra de Grazalema las estrategias de fomento económico sostenible se aplicarán  en un territorio de 136.720 hectáreas (53.411 dentro de los límites del espacio protegido), con una población de más de 78.864 habitantes, repartida entre los municipios de Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz, y Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Montecorto, Montejaque y Ronda en Málaga.

El PDS de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama tendrá como ámbito un territorio de 102.924 hectáreas (40.657 protegidas) y 43.868 habitantes en los municipios de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Salares y Sedella en la provincia de Málaga, y Alhama de Granada, Arenas del Rey, Játar, Jayena y Otívar en Granada.

Los procesos de elaboración de ambos planes seguirán un modelo de amplia participación social que dará cabida a los principales agentes institucionales, económicos y sociales de las comarcas, además de contar con los informes preceptivos del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, el Consejo Andaluz de Medio Ambiente y el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible.

La Sierra de Grazalema, declarada Parque Natural en 1985 y Zona de Especial Protección para las Aves en 2003, constituye un destacado enclave de relieves abruptos y contrastados por su convulsa historia geológica, con cañones de gran belleza como la Garganta Verde, y un laberinto subterráneo de simas y grutas, entre las que destaca el complejo Hundidero-Gato, la cueva de mayor longitud de Andalucía. El elemento más emblemático del parque es el pinsapar, una reliquia de los grandes bosques de las épocas glaciares, al que se suman densas formaciones de encinas, alcornoques y quejigos. En la zona encuentran sus hábitatas más de 136 especies distintas de aves, entre las que destacan el halcón peregrino, el búho real y el buitre leonado, que posee aquí la mayor colonia de Europa.

Las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, declaradas Parque Natural en 1999 y Zona de Especial Protección para las Aves en 2002, presentan un ecosistema predominante de pinos carrascos, negrales e incluso laricios. En las zonas más altas también aparecen quejigos, robles melojos y arces, así como la tejeda más meridional de la Península Ibérica en el ascenso al Salto del Caballo. Entre la fauna sobresalen especies como el águila real, el buitre leonado, el alimoche, la cabra montesa, la trucha común, el cangrejo de río autóctono y el sapo partero bético.

La Junta autoriza una subvención de 5,9 millones a la Fundación para la Integración de la Personas con Enfermedad Mental

La entidad, adscrita a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,

presta servicios a 10.000 usuarios en la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención de 5,9 millones de euros a la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental (Faisem). La ayuda se destina a financiar el mantenimiento de las actividades de esta entidad y parte de los gastos de personal de sus unidades residenciales (casas hogar) en el ejercicio de 2016.

Faisem es una fundación sin ánimo de lucro creada en 1993 a instancias del Parlamento de Andalucía. Adscrita a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, su trabajo se centra en la prevención de la marginación y en el apoyo a la integración de las personas que padecen enfermedades psíquicas generadoras de incapacidad. La entidad cuenta con 1.072 profesionales que atienden a unas 10.000 personas en la comunidad autónoma.