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miércoles, 16 de octubre de 2013

Diputación reclama a la Junta que concierte las plazas de la residencia de ancianos de La Línea


La Corporación Provincial demanda una ampliación de la Zona Franca
en la Bahía de Algeciras para ganar competitividad frente a Gibraltar



Diputación reclama a la Junta que concierte las plazas de la residencia de ancianos de La Línea





           
            El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado por unanimidad una propuesta planteada por el Grupo Popular para reclamar a la Junta de Andalucía el concierto de plazas de la Residencia de Ancianos que la institución provincial gestiona en La Línea. El ponente de esta iniciativa, el diputado de Desarrollo y Bienestar Social, Antonio García Ortega, demanda a la administración autonómica que respalde este centro público, solicitando una cobertura que sí se ejerce en otras residencias de titularidad privada. En la iniciativa aprobada por el Pleno también se solicita a la Junta que “agilice los trámites para la habilitación del centro”. En concreto se solicita el concierto para las 34 plazas disponibles, 27 de ellas ocupadas. Diputación dedica al mantenimiento de la residencia linense 4 millones de euros al año.

            El municipio de La Línea es también el destino de otra proposición aprobada por unanimidad, defendida por la diputada del PP Inmaculada Olivero. La iniciativa en cuestión reclama al consejo de gobierno de la Junta su colaboración en la expansión de la Zona Franca de Cádiz en la Bahía de Algeciras, con la instalación de tres recintos fiscales en la citada comarca: en Algeciras, Los Barrios y La Línea. Olivero reivindicó especialmente la necesidad de este último enclave, como fórmula para hacer más competitivo al municipio linense: “Hay que impedir que lo que en la actualidad es un flujo de mercancías con Gibraltar en una sola dirección pase a ser de dos direcciones”, según se expresa en la exposición de motivos de la moción amparada por todos los grupos.

            La Junta de Andalucía es también la destinataria de otras tres propuestas promovidas por el Grupo Popular: la reanudación urgente de las obras en las carreteras A-2003 (que comunica Jerez con La Barca), A-491 (que enlaza El Puerto de Santa María con la Costa Noroeste) y A-373 entre Ubrique y El Bosque. La inclusión de la segunda fase del nuevo Colegio de infantil y primaria Los Argonautas, de Chipiona, en los presupuestos autonómicos de 2014, así como el traslado del alumnado de segundo ciclo a las dependencias ya construidas. Y la petición a la Junta para que rechace el recorte salarial en las nóminas de los empleados públicos de la comunidad autónoma aplicado en 2013 y anunciado para 2014. Las dos primeras iniciativas se aprobaron por unanimidad, si bien la referida al rechazo en las retribuciones del personal de la Junta obtuvo los votos favorables de PP y PA y la oposición del PSOE.

            Prosperaron dos iniciativas presentadas por el PA. Por unanimidad se validó la iniciativa defendida por Jesús Plaza referida a la constitución de un Fondo de Inversiones para las provincias con mayor desempleo, con inclusión de Cádiz, que contemple actuaciones no consignadas en los presupuestos del Estado. Esta pretensión se trasladará a los gobiernos central y autonómico. La otra propuesta andalucista aprobada se refiere a las denominadas cláusulas suelo: Diputación solicitará al Gobierno central una revisión de la Ley general para la defensa de los consumidores al objeto de considerar las citadas cláusulas como abusivas; el mismo tratamiento, en su respectivo ámbito competencial, se demanda a la Junta de Andalucía.

            El Pleno también respaldo por unanimidad una iniciativa planteada por el Grupo Socialista a favor de los emigrantes retornados, a quienes se les reclama la tributación retroactiva de pensiones percibidas por su trabajo en el extranjero. Entre los acuerdos adoptados se incluye una petición al gobierno para que emprenda una campaña informativa sobre las obligaciones fiscales de este colectivo; la adopción de medidas que eviten la apertura de expedientes sancionadores; así como facilidades en el pago de las cuantías no tributadas.




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