UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ANDALUCÍA EXPONE SU
VALORACIÓN CRÍTICA DEL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL DEL SECTOR FINANCIERO,
UCA-UCE hace un
llamamiento de la
Huelga General y convoca a la ciudadanía a secundar la
propuesta de “UN DÍA SIN BANCOS”
Sevilla, 7 de noviembre. Andalucía
es la segunda Comunidad Autónoma en número de desahucios. Los datos ofrecidos
por el Consejo General del Poder Judicial del pasado semestre resaltaban que en
nuestra Comunidad se habían gestionado un total de
3.272 desahucios, lo que colocaba a Andalucía
en el segundo puesto de las Comunidades con mayor número de desahucios.
Y en este segundo semestre, aún no totalizado, la situación, lejos de moderarse
se ha convertido en un reguero de noticias diarias que provoca una importante
alarma social. En este contexto, desde la Unión de Consumidores volvemos a resaltar la
necesidad de cambiar la legislación actual en materia de ejecuciones
hipotecarias y crear instrumentos jurídicos que permitan a las familias la
posibilidad de renegociar y adecuar los pagos de sus deudas a los ingresos que
tengan durante un periodo de tiempo determinado.
La dura realidad está poniendo de manifiesto cómo, a
todas luces, el Código de Buenas Prácticas Bancarias no ha tenido la eficacia
que se nos indicaba en tanto que, al ser de carácter voluntario, depende en
gran medida de la buena voluntad de las entidades financieras, el aplicarlo o
no.
Para
más desasosiego, la Ley
37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, vino a
simplificar el proceso y los plazos de resolución de los desahucios. Pero,
¿Quién ampara a aquellas personas que, por el indeseable momento de crisis que
sufrimos, se encuentran en el otro lado de la balanza? Con el llamado Desahucio
Express se está haciendo posible que miles de familias pierdan su vivienda, se
queden en la calle y además continúen con una deuda de por vida con el banco.
Para
Unión de Consumidores resulta cuanto menos curioso que a nivel jurídico, una
vez admitida a trámite la demanda por el Juzgado, se requiera al demandado,
llamémosle afectado por empatía hacia él, para que en el plazo de 10 días,
repetimos, 10 días, desaloje el inmueble, pague al demandante, enerve la acción
de desahucio o bien, comparezca ante el juzgado, y, formulando oposición, alegue
las razones por las que crea que no debe, en todo o en parte, la cantidad
reclamada. Diez días son los que legalmente se requieren para poner a una
familia en la calle, a lo que hay que añadir el desgaste psicológico que
arrastran sus miembros al verse abocados a esta situación.
Muchos
son los consejos y recomendaciones que pueden aparecer en distintos medios,
sobre todo a través de Internet, pero hay que hacer un análisis crítico de
algunos de ellos, puesto que existen casos en los que en vez de alumbrar ante
tal desesperanza, pueden ocasionar un perjuicio mayor a las personas que se
encuentra en esta tesitura. En este sentido, desde Unión de Consumidores
recomendamos en todo momento una previa
y necesaria información de las distintas opciones que existen para evitar el
desahucio, o bien, si ya es demasiado tarde, poder ganar tiempo para una mejor
y eficaz defensa. Lo conveniente sería una predisposición de las entidades
financieras a negociar con sus clientes, lo que posibilitaría el poder llegar a
un acuerdo con el banco, con condiciones imaginativas nuevas que abarcaran
tanto una posible refinanciación, la novación de la deuda o incluso, figuras
nuevas como el alquiler; todo siempre antes que llegar al extremo de dejar a
una persona o familia en la calle.
A
este respecto y aunque rechazado como propio por el Consejo General del Poder
Judicial. Que en su momento lo encargó, el informe elaborado por un grupo de
magistrados de nuestro país, en su condición de privilegiados espectadores de
lo que sucede ha señalado que los procedimientos hipotecarios en España son
manifiestamente mejorables considerándolos “muy contundentes y muy agresivos”.
En ellos, la parte deudora apenas tiene capacidad de defensa. En su informe los
magistrados han hablado de “mala praxis” y han lamentado que no exista un punto
de equilibrio que, en estos momentos, permita distribuir las consecuencias de la crisis económica.
La
realidad ha puesto de manifiesto que las entidades financieras, frente al
usuario, disponen de instrumentos absolutamente privilegiados, que datan de
1909 y que ni siquiera deja margen a los jueces, como sí lo tienen a la hora de
valorar las posibilidades y márgenes para el deudor, en cualquier otro tipo de
crédito. El citado informe ha denunciado además que las entidades bancarias se
están adjudicando las viviendas de los
desahuciados por un 60% de su valor.
A estas alturas, y lejos de seguir confiando ya en la
fracasada propuesta de solución basada en los Códigos de Buenas Prácticas, para
Unión de Consumidores, la creciente cifra de desahucios evidencia la necesidad
de importantes cambios en cuanto a la legislación española aplicable en la
materia y la creación de nuevos instrumentos jurídicos que sirvan para
potenciar los derechos de los ciudadanos que se encuentren en estas situaciones
de penuria económica.
En base a ello, solicitamos nuevamente y con carácter
urgente la modificación de la legislación hipotecaria con el fin de poner coto
a estas desoladoras e injustas situaciones en personas que se ven impedidas de
afrontar sus deudas. Una reforma, por ejemplo que otorgue al juez la
posibilidad de conceder moratorias en el pago de cuotas en el caso de
desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o larga enfermedad, así como
posibilitar la dación en pago y evitar que la deuda hipotecaria subsista aunque
se haya realizado la ejecución hipotecaria.
PARTICIPACIONES PREFERENTES
El
pasado octubre, la administración de consumo de la Junta de Andalucía
comunicaba el inicio de posibles expedientes sancionadores contra un total de
19 entidades financieras implicadas en la comisión de alarmantes infracciones
en la venta de participaciones preferentes, una reacción contundente que desde la Unión de Consumidores de
Andalucía hemos valorado muy positivamente.
Lamentablemente
y hasta la fecha, los servicios financieros eran un sector en el que las
autoridades de consumo no entraban, al contar los mismos con organismos y
servicios específicos como los del Banco de España o los de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). La llegada de la crisis y las necesidades de
liquidez de muchas entidades financieras dieron lugar a la comercialización
generalizada de productos que, aunque no eran nuevos, se comenzaron colocar de manera irregular a muchos
usuarios vulnerando en muchos casos todas las “líneas rojas” que las entidades
financieras nunca deberían haber sobrepasado. Este ha sido el caso de las ya
tristemente conocidas participaciones preferentes en cuya comercialización se
han vulnerado muy negativamente los derechos y legítimos intereses de miles de
usuarios afectados.
Las
autoridades de consumo de la
Junta de Andalucía han querido invertir esta tradicional
falta de actuaciones en materia de servicios financieros y han tomado cartas en
el asunto. Han basado su actuación en que los servicios de consumo de la Junta de Andalucía habían
recibido ya a la fecha 348 reclamaciones contra 19 entidades financieras, de
las que dos de ellas acaparaban el 85% de las denuncias. Al respecto, desde la Secretaría General
de Consumo se ha comunicado que, tras llevar a cabo la sistematización de la
documentación, su previsión era incoar los oportunos expedientes sancionadores
por aquellas infracciones cometidas.
Paralelamente,
se ha apuntado también la necesaria colaboración que se mantiene con la Fiscalía General
de Andalucía en el proceso penal abierto en relación a las cláusulas abusivas
detectadas en los contratos de comercialización de estas participaciones
preferentes, por el posible delito que se podría haber cometido en la venta de
los citados productos financieros. Igualmente se estudia la posible
presentación de un recurso civil para lograr las pertinentes indemnizaciones
por daños y perjuicios en los casos en que corresponda y la declaración de
“nulidad” de los contratos por vicio de consentimiento.
Resulta
urgente en este campo ofrecer respuestas a las cerca de 60.000 personas que han
sido engañadas y muy probablemente estafadas por la comercialización irregular
de estas participaciones preferentes.
IMPARABLE INCREMENTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS
Y en este
contexto de repulsa social al comportamiento de muchas entidades financieras,
una vez más, a Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE le sorprende y
provoca alarma y perplejidad, los
continuos abusos que se vienen sucediendo en relación al imparable aumento de
las comisiones que cobran a los
consumidores y usuarios.
Como muestra
sacamos a colación la última comunicación dirigida por BBVA a sus clientes en
la que traslada a éstos que, a partir del próximo 15 de diciembre de 2012,
serán de aplicación las siguientes tarifas a todas las transferencias
nacionales en euros y transferencias de cuenta a cuenta entre estados miembros
de la UE. Dichas
transferencias -con comisiones siempre compartidas- se aplicarán de la
siguiente manera: si la orden es individual, tendrán una comisión por operación
de 3,75 euros; si la orden se hace en
soporte magnético, de 2,25 euros y de 6 euros en transferencias “emitidas
urgentes”.
Pero no
queda aquí la cosa, pues la comunicación incluye otros despropósitos como la
aplicación de las siguientes modificaciones en conceptos complementarios para
transferencias:
- Las
transferencias emitidas y recibidas con datos insuficientes o incorrectos
llevarán una comisión adicional para el emisor y para el receptor de 15,00 €
(importe fijo).
- Se
percibirán en concepto de gastos totales de transmisión (télex, fax, swift) por
operación, 10,00 € (importe fijo).
- Por
cada petición y en concepto de gastos de emisión y envío de copia del mensaje
(swift o télex) enviado por la entidad de origen como soporte a la ejecución de
la orden, 3,00 €.
Este es sólo
un ejemplo, pero podríamos poner cientos de los que vienen practicando el
conjunto de entidades que operan con nuestros ahorros. La concepción
tradicional y no equivocada de la ciudadanía es que el negocio bancario parte
del uso que las entidades financieras hacen con la suma de todos sus depósitos,
cosa ésta que debería ser suficiente para compensarles, porque es lo que les
permite hacer negocio a ellos. Lo injusto ahora es que tras cederles los
ahorros, no paren tampoco de crecer año a año las comisiones que cobran por el
mantenimiento de la cuenta, que en el caso del BBVA, por seguir con el ejemplo,
a partir del próximo 15 de diciembre de 2012 será de 36 euros si el saldo medio
del usuario no supera los 999,99 euros.
Hace tiempo, desde Unión de Consumidores venimos
trasladando al conjunto de la sociedad y, especialmente a los organismos
reguladores, el malestar de la ciudadanía por este imparable incremento de las
comisiones bancarias en un escenario
donde además, los intercambios financieros entre los ciudadanos y empresas de
un espacio económico común e integrado, como la Unión Europea,
debería haberse traducido en un abaratamiento de los mismos. Pero la realidad
no es esa, y el botón de muestra con el que ejemplificamos esta alarma nos
demuestra cómo hacer una transferencia es cada vez más caro y muchísimo más si
por error emitimos o recibimos una con datos insuficientes.
En cualquier
caso desde Unión de Consumidores, tomando en consideración la libertad de la
banca en la fijación del coste de sus productos, invitamos al conjunto de
usuarios de leer con atención las comunicaciones que están recibiendo de sus
entidades durante estos últimos días del año para reaccionar y reclamar ante
dichas entidades si algo les sorprende o alarma y, estando en un mercado libre,
perder el miedo a cambiar de banco si consideran excesivas las comisiones que
les aplican.
SOBRADAS RAZONES PARA UN “DÍA SIN
BANCOS”
Tanto del
legislador, como de las entidades reguladoras estatales y comunitarias la Unión de Consumidores sigue
echando en falta una decidida apuesta por poner orden en este sector -ávido
continuamente de recibir ayudas públicas para el saneamiento de sus
desaguisados-, así como una decidida apuesta por la construcción de un mercado
financiero europeo único más justo, más ético y más respetuoso con la posición
de los consumidores y usuarios.
El
incremento imparable de comisiones, la comercialización irresponsable y
torticera de productos financieros complejos como las participaciones
preferentes, los incumplimientos de los códigos de buenas prácticas, los
desahucios hipotecarios o la no aceptación de la dación en pago son motivos más
que suficientes para reaccionar y evidenciar el malestar de los consumidores y
usuarios.
En
este sentido Unión de Consumidores, como entidad ciudadana socialmente
comprometida, no sólo secundará activamente la convocatoria de Huelga General realizada
por los sindicatos, prevista para el próximo 14 de noviembre, sino que como
organización de consumidores y usuarios y
en reacción al malestar existente, convocará a la ciudadanía a
manifestar su repulsa por el comportamiento del sector financiero a través de
un simultáneo llamamiento a la ciudadanía para secundar en esa misma fecha “UN
DÍA SIN BANCOS”.
Un
día para no acudir a ninguna oficina bancaria, para no comprar con nuestras
tarjetas, para no operar en cajeros pagados comisiones por disponer de nuestro
dinero, para no hacer transferencias ni pagar sus abusivas comisiones…Un día
para dar un toque de atención de decir ¡BASTA!
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