UCA-UCE recurre ante el TJSA el Decreto de la Junta regulador del régimen jurídico y del Registro de Asociaciones de Consumidores de Andalucía.

UCA-UCE recurre ante el TJSA el Decreto de la Junta regulador del régimen jurídico y del Registro de Asociaciones de Consumidores de Andalucía.

Andalucía, 29 de octubre de 2014. Tal y cómo ya anunciamos en su momento, la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, a través de su letrado, Alfonso Rodríguez Arnet, presentó con fecha 27 de octubre ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una demanda de recurso contra las disposiciones contenidas en el Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. De esta manera UCA-UCE ejercita su derecho de acción de impugnación de una disposición de carácter general emanada de la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.

Con la impugnación de este Decreto que, en ningún momento contó con el necesario consenso, ni con el apoyo de UCA-UCE se estaría invadiendo, a tenor de esta organización competencias de naturaleza estatal y contraviniendo y modificando legislación jerárquicamente superior autonómica así como legislación estatal. De esta manera, el Decreto podría ser contrario a los artículos 14 y 51 de la Constitución Española, a la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, a la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas, al Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como a la Ley 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal y el RD 1720/2007 de su desarrollo.

Ya en su momento, desde UCA-UCE se advertía a la Secretaría General de Consumo, de la consejería que dirige Diego Valderas que lo que inicialmente iba a ser sólo un decreto para regular el registro andaluz de asociaciones de consumidores y usuarios, no podía ni debía convertirse en la regulación “por decreto” del régimen jurídico de las asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía que, por su relevancia constitucional y estatutaria requerían reserva de Ley. Además, de conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior como esta, no pueden oponerse a las de rango superior.

Algunos de los aspectos de este Decreto son más que cuestionables desde el punto de vista jurídico. Así, la nueva norma auspiciada dificulta la asociación de personas con escasos o nulos recursos, obligando preceptivamente al pago de cuotas dinerarias para obtener la consideración de persona socia de una organización de consumidores y que ésta “demuestre” su representatividad para la solicitud de ayudas a la administración o la portavocía de sus intereses en órganos institucionales. Y, lo que es aún más ilógico, que se condicionen las ayudas o subvenciones al montante dinerario de ingresos por cuotas y se minusvalore lo verdaderamente importante, esto es, el número de personas socias con independencia de que paguen cuota o no, o si ésta es más o menos alta. Así se deduce que se primarían las ayudas de la administración a las organizaciones que ya de por sí cuentan –o supuestamente cuentan- con ingresos suficientes para su actividad.

En otro orden de cosas, en UCA-UCE se piensa que las nuevas exigencias que se derivan del Decreto impugnado entra en abierta contradicción con los más elementales principios en cuanto a la protección de datos personales. El nuevo Decreto impone el acceso total de la Administración a la información de la base de datos personales que las personas socias sólo cedieron en su momento para la exclusiva gestión de sus demandas por parte de las asociaciones concretas a las que se los cedieron.

La aprobación de este Decreto, que no contó ni con el consenso de las federaciones andaluzas de consumidores y usuarios, ni con el respaldo del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía se forzaba exclusivamente atendiendo a las exigencias de FACUA, organización que ha venido presionando al área de gobierno que dirige Izquierda Unida para asegurar un marco regulatorio proclive a sus intereses, especialmente en materia de obtener con el mismo ventajosas posiciones de presente y de futuro en concepto de subvenciones.

Desde la Unión de Consumidores de Andalucía se ha solicitado también ante el TJSA la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión inmediata en cuanto a la aplicación de las disposiciones del Decreto que han resultado impugnadas, especialmente las relacionadas con la modificación de preceptos legales de normativa con superioridad jerárquica, la vulneración de derechos preconstituidos por haberlo sido por norma de rango superior, la vulneración de preceptos constitucionales, leyes autonómicas y normativa de carácter estatal, la vulneración de derechos de los consumidores y usuarios así como la vulneración del derecho de protección de datos.

En resumen, para UCA-UCE la aprobación del nuevo Decreto ha puesto fin al talante de búsqueda de consenso que ha estado vigente durante más de dos décadas y que ha propiciado en Andalucía un ejemplar modelo de equilibrado desarrollo del movimiento de asociaciones de personas consumidoras y usuarias, que ahora se pretende romper.

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Miguel A. Ruiz: 671 04 86 25

Vicepresidente