|
·
Decreto
por el que se regulan los puntos de encuentro familiar de la Junta de
Andalucía
·
Acuerdo
de declaración de inversión de interés estratégico para Andalucía del
proyecto del centro de ensayos para sistemas no tripulados-CEUS, en El
Arenosillo (Moguer, Huelva)
·
Acuerdo
de autorización para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local
·
Acuerdos
por los que se autorizan los expedientes de gasto relativos a la modificación
y prórroga de los conciertos de asistencia sanitaria especializada suscritos
con la empresa José Manuel Pascual, SA, así como la correspondiente
transferencia de créditos
·
Acuerdo
por el que se autoriza el expediente del gasto relativo a la contratación de
los servicios de limpieza de los centros sanitarios adscritos a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Almería
·
Acuerdo
por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible 2020
·
Nombramientos
|
La Junta regula los puntos de encuentro familiar
para mejorar el servicio a progenitores e hijos en situaciones de conflicto
La red autonómica, integrada por diez
centros, ha atendido
a más de 9.900 menores desde su creación
en 2008
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la
organización y funcionamiento de los puntos de encuentro familiar (PEF), con el
objetivo de mejorar la calidad del servicio que prestan por derivación judicial
a los progenitores e hijos en situaciones de conflicto o problemas difíciles de
convivencia.
La norma crea un marco único y
homogéneo que incrementa la transparencia y mejora el cumplimiento de las
resoluciones judiciales en este tipo de situaciones. Establece así el
procedimiento de intervención de los puntos de encuentro, que se constituyen
como un espacio idóneo y neutral para garantizar el cumplimiento de los
regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con sus
progenitores o familiares que no dispongan de su custodia.
De acuerdo con el decreto, los
puntos prestan un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito con el
objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración
de esta intervención se limita a un período máximo de 18 meses, prorrogable
mediante resolución del órgano judicial correspondiente. Además, los PEF
ofrecen orientación psicosocial individual y familiar para que las personas
usuarias mejoren sus relaciones y superen la situación de conflicto.
El texto, elaborado por la
Consejería de Justicia e Interior, regula las intervenciones de los profesionales en
el régimen de visitas, tanto tuteladas (en las que estará presente al menos
uno) como no tuteladas; la supervisión en la entrega y recogida de los menores
y en su acompañamiento excepcional fuera de las dependencias, y la intervención específica en episodios de violencia de
género. Para estos casos, que actualmente motivan casi un tercio de las
actuaciones, se disponen medidas que evitan el contacto entre agresor y
víctimas en los PEF. Además se fija un protocolo horario que garantiza en todo
momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas al inculpado o
penado.
La norma también exige que los
PEF dispongan de un reglamento de funcionamiento interno, que deberá ser
aprobado por la Administración autonómica, y de un equipo técnico multidisciplinar compuesto por un mínimo de tres
profesionales. Respecto al horario, permanecerán abiertos como mínimo los fines
de semana y dos días laborables por la tarde, uno de ellos viernes, con el fin
de facilitar la conciliación con la vida laboral y escolar. El decreto
establece un plazo de tres meses para la adaptación a los nuevos requisitos.
La red de PEF de la Junta, con un
presupuesto para este año de 987.227 euros, cuenta con sedes en todas las
capitales de provincia y en las ciudades de Algeciras (Cádiz) y Marbella
(Málaga). Desde su creación en 2008, el servicio ha atendido a un total de
9.909 menores, en su mayoría menores de 10 años. Además, ha tramitado más de
7.910 expedientes relacionados con ellos y sus familiares, tareas para las que
el Ejecutivo andaluz ha destinado más de 6 millones de euros.
El 32% de los servicios prestados por los
PEF están relacionados con órdenes de protección de mujeres víctimas de
violencia de género, que afectan directamente al 35% de los menores atendidos.
Por modalidades, el 36% de las intervenciones corresponden a entregas y
recogidas con pernocta, el 33% a visitas tuteladas, el 22% a entregas y
recogidas sin pernocta y el 9% a visitas no tuteladas.
El Consejo declara de interés estratégico el proyecto
del centro de aviones no tripulados de Moguer
La iniciativa,
que generará 750 empleos de alta cualificación, permitirá
los primeros
ensayos en España con grandes prototipos de uso civil
El
Consejo de Gobierno ha sido informado del acuerdo adoptado por la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos por el que se declara “inversión empresarial
de interés estratégico” el proyecto del primer centro español de
experimentación de aviones no tripulados de grandes dimensiones y tecnología
avanzada, en el término municipal de Moguer (Huelva). La iniciativa, que
generará 250 empleos directos y 500 indirectos de alta cualificación, está
promovida por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en cooperación
con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y el Ministerio
de Economía y Competitividad.
Esta declaración de
interés estratégico es la quinta que se aprueba en el marco de la figura creada
por la Ley 4/2011, de medidas de reactivación económica, para aquellos
proyectos empresariales que ofrecen especial potencial de innovación, empleo y
sostenibilidad. De acuerdo con ella, la iniciativa se beneficiará de una
tramitación preferente por parte de las administraciones andaluzas y su
desarrollo se llevará a cabo con la contratación prioritaria de personas
desempleadas de larga duración.
El
denominado Proyecto CEUS del Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados se
ubicará junto a las instalaciones del INTA en el paraje de El Arenosillo. La
Junta de Andalucía, a través de IDEA, aporta 9 de los 30 millones de euros que
supondrá la adaptación de este complejo, actualmente orientado a usos
aeroespaciales, para hacer posible las nuevas actividades de experimentación y
certificación de este tipo de aviones. Los 21 millones de euros restantes, con
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, corresponden al
Ministerio de Economía y Competitividad.
A
diferencia de los aviones no tripulados que actualmente se experimentan en Moguer
para aplicaciones de defensa, que sólo despegan desde plataformas de lanzamiento,
las nuevas instalaciones permitirán la realización de ensayos, validaciones y
simulaciones con prototipos capaces de despegar, volar y aterrizar
automáticamente sobre una pista de aterrizaje. Además de esta infraestructura,
el Centro CEUS contará con laboratorios de robótica y hangares y talleres de
grandes dimensiones para la preparación de los aviones, además de oficinas y
aulas de formación. Los ensayos en vuelo dispondrán de dos zonas de espacio
aéreo ya segregado: una sobre el mar y otra sobre una franja de tierra prácticamente
despoblada.
La
aviación no tripulada, conocida por las siglas inglesas UAS ('Unmanned Aircraft
Systems’), constituye actualmente una de las áreas con mayor proyección de la
industria aeronáutica. Muy utilizada en seguridad y defensa, necesita sin
embargo un intenso trabajo de investigación para su uso civil y comercial con
pleno acceso al espacio aéreo controlado. Entre sus últimas aplicaciones en
este ámbito, destacan las relativas a gestión de desastres naturales, lucha
contra incendios forestales, inspección de instalaciones y edificios, recogida
de datos meteorológicos y muestras medioambientales, cinematografía,
elaboración de mapas digitales para ingeniería civil o realización de vuelos en
entornos agresivos, de escasa visibilidad o climatología adversa.
Actualmente
existen instalaciones civiles similares en países europeos como Gran Bretaña y
Suecia. En el ámbito nacional, el municipio jiennense de Villacarrillo alberga
el Centro Atlas, en el que también participa IDEA y que está especializado en
UAS de tipo ligero (por debajo de los 500 kilos de peso). El centro de El
Arenosillo, por el contrario, será el único de España que operará con
prototipos medios y pesados, de hasta 15.000 kilogramos de masa máxima al
despegue.
Sector aeronáutico andaluz
El proyecto de crear un centro de referencia internacional para la experimentación
con aviones no tripulados es una de las iniciativas previstas en el Programa de
Acción del Sector Aeroespacial que desarrolla la Junta en el marco del actual
Plan Andaluz de Desarrollo Industrial. La elección de Andalucía por parte del
INTA frente a otras posibles localizaciones ha tenido en cuenta no sólo la
existencia del centro del Arenosillo sino también la posición de liderazgo
alcanzada por la comunidad autónoma en el sector aeronáutico durante los
últimos años.
Con una participación destacada en grandes proyectos europeos como los
del avión de transporte militar A-400M y los de pasajeros Airbus A-380 y
A-350XWB, el sector aeronáutico andaluz facturó en 2012 1.858 millones de euros
y empleó a 11.300 trabajadores, según los últimos datos disponibles del informe
de la Fundación Hélice. Actualmente cuenta con 120 empresas, de las que el 40,8%
se dedican a la fabricación mecánica, utillaje y montaje de aeroestructuras; el
17,5% son ingenierías y el resto centra su actividad en materiales compuestos,
ensayos, analítica y servicios. El 90% de estas sociedades se concentra en el
eje Sevilla-Cádiz.
El Gobierno andaluz presenta este jueves el
recurso
de inconstitucionalidad contra la Reforma
Local
La Junta adapta el texto a las
recomendaciones planteadas por el Consejo Consultivo de Andalucía y mantiene
los motivos de impugnación
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y
Relaciones Institucionales, Diego Valderas, presentará el próximo jueves ante
el Tribunal Constitucional el recurso contra la Ley 27/2013 de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). El Gobierno andaluz ha autorizado
hoy definitivamente su interposición, una vez adaptado el texto al informe del
Consejo Consultivo de Andalucía.
El recurso, que mantiene los motivos de impugnación, se
centra en 25 artículos y disposiciones
que, a juicio del Consejo de Gobierno, alteran el marco competencial vigente,
vulneran el principio descentralizador recogido en la Constitución Española y
dejan la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los
servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su
carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en
las elecciones locales.
El Gobierno andaluz
toma esta decisión al interpretar que la norma estatal es un ataque frontal a
las competencias de la comunidad autónoma y a la capacidad de autogobierno de
las entidades locales, ancladas en el Estatuto de Autonomía y su posterior
desarrollo legislativo. Asimismo, supone una recentralización y un control por
parte del Gobierno de la nación, de modo que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas será el que evalúe el coste de todos los servicios.
Según la LRSAL, la competencia de los mismos será municipal sólo si las
cuantías son "competitivas", lo que abre las puertas a la privatización.
Los efectos de la
reforma local se notarán especialmente en los 691 municipios de menos de 20.000
habitantes (el 89,5% del total). Estas pequeñas y medianas localidades, con una
población que supera los tres millones de personas, podrían perder buena parte
de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, mientras que los
509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes (66% del total) quedan
expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.
El Consejo de Gobierno
recuerda que la norma estatal afecta directamente al desarrollo de las leyes de
Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades
Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde
2010. La primera, considerada como el 'Estatuto de los Ayuntamientos', concede
plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio y
delimita sus 28 competencias propias y fija los procedimientos para la posible
transferencia de gestión desde la Administración autonómica. Por su parte, la
Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es
decir, respetando las decisiones y prioridades de gasto de los ayuntamientos.
El Ejecutivo andaluz
considera que el desarrollo de la LRSAL pondrá en riesgo alrededor de 40.000
empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las
privatizaciones de servicios que propicia. Los ámbitos de gestión más
amenazados son los relativos a educación, sanidad, servicios sociales,
transporte, empleo o consumo. Sólo en servicios sociales (guarderías, ayuda a
domicilio y pequeñas residencias de mayores, entre otros), la cifra de puestos
de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas.
El impacto financiero
de esta ley para las arcas autonómicas, que deberán asumir el coste de los
servicios que se sustraen a las competencias municipales, se estima
inicialmente en unos 600 millones (330 corresponden a educación, 162 a
políticas sociales y 16 al transporte público).
La Junta
prorroga hasta 2015 los conciertos sanitarios
con los
hospitales de la empresa Pascual
La medida
garantiza la prestación de asistencia especializada
a la población
y el mantenimiento de los empleos
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales el expediente de gasto para llevar a cabo
la prórroga unilateral, por razones de interés público, de los conciertos
suscritos en marzo de 2011 con la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, para
la prestación de asistencia sanitaria especializada en los hospitales que esta
entidad tiene en las ciudades de Cádiz, Huelva y Málaga, así como en los
municipios gaditanos de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y
Villamartín. La prórroga se establece por un importe total de 95,19 millones de
euros, un 5% inferior al de los convenios vigentes hasta ahora, y por el
periodo comprendido entre el 1 de abril de este año al 15 de marzo de
2015.
La falta de acuerdo con la empresa Pascual ha obligado a la
Junta a adoptar esta decisión, con el fin de garantizar la prestación de
atención especializada a la población y el consiguiente mantenimiento de los
puestos de trabajo.
Durante las negociaciones con la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, la firma planteó, entre otras exigencias, que se le
cediesen centros sanitarios públicos para ser gestionados en el ámbito de lo
privado. Esta oferta, que supondría la privatización de servicios, es
incompatible con el modelo de sistema sanitario público y universal que
defiende la Junta. De hecho, la sanidad pública andaluza funciona con recursos
propios en el 96,4% de su actividad, mientras que el 3,6% corresponde a
conciertos. La comunidad cuenta con 47 hospitales públicos y más de 1.500
centros de atención primaria.
La suscripción de conciertos es una de las fórmulas que
prevé la Ley de Salud de Andalucía para hacer posible la colaboración entre la
Administración sanitaria autonómica y la iniciativa privada en la prestación de
una asistencia sanitaria complementaria a la de los centros públicos. En el
caso de la empresa José Manuel Pascual Pascual esta colaboración se inició a
mediados de la década de los ochenta. La firma tiene concertados servicios
especializados de los hospitales Virgen de las Montañas de Villamartín, Santa
María de El Puerto de Santa María, Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda,
San Rafael de Cádiz, Blanca Paloma de Huelva y FAC Dr. Pascual de Málaga.
El Consejo autoriza la contratación del
servicio de limpieza
de la plataforma logística sanitaria de
Almería por 36 millones
El contrato se realizará para los cuatro
próximos años, prorrogable
por dos más, y afectará a los 65 centros
sanitarios públicos de la provincia
El Consejo de Gobierno ha
autorizado la contratación de los servicios de limpieza en los centros del
Servicio Andaluz de Salud (SAS) integrantes de la Plataforma Logística
Sanitaria de Almería, por un importe de 36,15 millones de euros para un periodo
de cuatro años.
El contrato, que se realiza de forma conjunta para rebajar
costes y mejorar la operatividad, afecta a los 65 centros del SAS en la
provincia, repartidos entre el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, el
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, el Distrito Sanitario Almería, el Distrito
Poniente de Almería y el Centro de Transfusión Sanguínea. Sus instalaciones y
edificios suman una superficie de más de 300.000 metros cuadrados.
Además de la gestión de la
limpieza interior y exterior, el servicio incluye otras actividades como la
recogida de residuos especiales, la distribución del material de higiene consumible
en aseos y cuartos de baño o la recogida de ropa sucia.
Durante los últimos años, y de forma generalizada desde
2011, el SAS desarrolla un sistema de contrataciones unificadas de ámbito
provincial para servicios como los de limpieza, frente al anterior modelo
diferenciado por centros y áreas sanitarias. Esta nueva fórmula, a través de
plataformas centralizadas de compra, supone un ahorro anual de 100 millones de
euros para la sanidad pública andaluza.
Con el contrato autorizado hoy, todos los centros de la
provincia de Almería contarán con un servicio de limpieza homogeneizado y
prestado por la misma empresa. De este modo, ante la posibilidad de una
incidencia, se agilizará la resolución al tener que reclamar a un único adjudicatario.
Las
plataformas provinciales de logística mejoran los precios y condiciones
generales, como consecuencia de la agregación de las compras, además de
permitir una mayor homogeneidad de los productos adquiridos entre los
diferentes centros para el mismo fin, una disminución de los procedimientos
administrativos y la adecuación del volumen de existencias y recursos. De
hecho, se prevé que la medida autorizada hoy por el Consejo supondrá un ahorro
del 13,45% respecto al coste que tendría una contratación diferenciada por
centros.
El Consejo inicia la elaboración de la
Estrategia
Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020
La nueva planificación reforzará las
políticas desarrolladas en la última década y se adaptará a los retos surgidos
con la crisis y la transformación económica
El
Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites de elaboración de la
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020, que actualizará y renovará
la ‘Agenda 21 Andalucía’ vigente durante los diez últimos años.
La nueva
planificación dará continuidad a las políticas de sostenibilidad de la Junta,
especialmente en la consolidación de los esfuerzos realizados en energías
renovables, agricultura ecológica, reforestación y reciclaje de residuos. Junto
con ello, afrontará los nuevos retos surgidos con la crisis económica y el
cambio global.
De
acuerdo con las orientaciones de la Cumbre de Naciones Unidas Río+20 y de la
Estrategia Europa 2020, se prestará así atención preferente a objetivos como el
empleo, la investigación y la innovación, la competitividad, la educación, la
reconversión gradual de los modelos no sostenibles de consumo y producción, la
lucha contra la pobreza y la integración de las personas y colectivos en riesgo
de exclusión social.
Entre
otros contenidos, la Estrategia Andaluza incluirá un diagnóstico de la
situación ambiental de la comunidad autónoma, una definición de propuestas de
actuación por áreas temáticas y un sistema de indicadores de seguimiento.
El
acuerdo de formulación aprobado hoy establece que la elaboración del documento
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que
pondrá el primer borrador a disposición de las administraciones, los
agentes sociales y la ciudadanía en general. Una vez incorporadas sus
aportaciones y sugerencias, el texto se someterá a la consideración del Consejo
Andaluz de Medio Ambiente y el Comité de Acciones para el Desarrollo
Sostenible, órganos consultivos y de participación social sobre estas materias.
Tras este paso, se abrirá un periodo de 45 días de información pública. Tras la
tramitación y resolución de las correspondientes alegaciones, la Estrategia
será aprobada de manera definitiva por el Consejo de Gobierno.
El Gobierno andaluz nombra a María del
Carmen Castreño Lucas presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla
El
Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de María del Carmen Clarisa Castreño
Lucas como presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Nacida en Nava del Rey (Valladolid) y licenciada en Ciencias Químicas por la
Universidad de Córdoba, desde julio de 1996 ocupaba el puesto de jefa de
División de Organización y Relaciones Externas de esta entidad.
La nueva presidenta también fue secretaria del
Consejo de Administración del Puerto hispalense durante el año 2002.
Previamente, desde enero de 1995 hasta julio de 1996, presidió la Autoridad
Portuaria de Ceuta. En la ciudad autónoma, Castreño fue concejala del Ayuntamiento
(1983-1995) y ejerció como profesora de Ciencias Químicas en el centro asociado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1981-1983).
El Consejo nombra a María Dolores Bravo
delegada
territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Sevilla
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de María
Dolores Bravo García como nueva delegada territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente en Sevilla. Nacida en Villanueva del Ariscal (Sevilla) en 1964,
Bravo ocupaba actualmente el cargo de vicepresidenta de la Diputación
Provincial de Sevilla y segunda teniente de alcalde y concejala de Juventud y
Fiestas Mayores del Ayuntamiento de su localidad natal.
La nueva delegada territorial, titulada en Formación
Profesional en Gestión Administrativa, también ha dirigido en el Consistorio de
Villanueva del Ariscal las políticas locales en materia de Cultura, Acción
Social y Desarrollo. En la Diputación de Sevilla, donde actualmente ocupaba el
cargo de diputada de Empleo e Innovación, fue además responsable de Juventud.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario