La Junta adjudica una vivienda pública a
una familia de Alcalá de los Gazules desahuciada de un inmueble privado
Los afectados, un matrimonio con tres hijos, han sido realojados
por resolución de emergencia en una casa del parque público
La Consejería de Fomento y Vivienda
ha adjudicado una vivienda pública a una familia de Alcalá de los Gazules que
ha sido desahuciada de su anterior hogar, un inmueble de titularidad privada.
Se trata de un matrimonio y sus tres hijos que, por falta de recursos
económicos, no han podido hacer frente al alquiler de su vivienda.
Dicha familia ha sido realojada en
la misma localidad en una vivienda del parque público rehabilitada y gestionada
por EPSA en el callejón de Levante, de forma provisional a la espera de que se
formalice la adjudicación mediante contrato,
La adjudicación ha sido por
resolución de emergencia, lo que se contempla en el decreto 1/2012, de 10 de
enero, por el que se aprueba el reglamento regulador de los registros públicos
municipales de demandantes de vivienda protegida y se modifica el reglamento de
viviendas protegida de la comunidad autónoma andaluza.
En dicho decreto se especifica que
se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del registro público
municipal de demandantes de vivienda protegida aquellos casos de viviendas y
alojamientos destinados a unidades familiares en riesgo de exclusión social
cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del
Ayuntamiento. Esta familia responde dicho perfil por lo que tras comprobar su
situación socioeconómica de la familia, se ha aconsejado la adjudicación de la
vivienda.
El delegado territorial de Fomento
y Vivienda, Manuel Cárdenas, ha destacado la capacidad de la administración
autonómica de resolver “un problema con la máxima diligencia”, por lo que ha
rechazado que haya quien juegue con un problema tan serio como los desahucios y
los dramas humanos que a diario se viven a consecuencia de los embargos”. Ha
añadido que la Consejería de Fomento “ha demostrado sobradamente que está al
lado de quienes se sienten culpables de una situación que no han creado y ha
tomado medidas para evitar tantos abusos y situaciones injustas”.
En este sentido ha hecho alusión al Programa
Andaluz en Defensa de la Vivienda, con la apertura de las oficinas de
prevención, mediación y protección, así como el Decreto-ley sobre la Función
Social de la Vivienda, que contempla la expropiación del uso a entidades financieras
y promotoras de casas embargadas, la sanción a éstas si no las ocupan en un
plazo determinado y la creación de un registro de viviendas disponibles, entre
otros aspectos
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