En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: ·       Acuerdo por el que se aprueba el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018 ·       Decreto ley por el que se modifican artículos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía ·       Informe de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural sobre el Plan Conecta2 de mejora de infraestructuras rurales

El Consejo aprueba el Plan Andaluz de

Cooperación para el Desarrollo 2015-2018

La Junta prevé incrementar los recursos de solidaridad internacional

hasta llegar al 0,7% del presupuesto de la comunidad en 2020

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, Pacode 2015-2018, que establece las bases de los programas de solidaridad internacional que llevará a cabo la Junta en los próximos cuatro años. Entre sus objetivos, destaca el de seguir trabajando para crear unas condiciones de vida dignas que permitan asentar a las poblaciones en sus países de origen, evitando desplazamientos no deseados.

El nuevo plan, que sustituye al desarrollado desde 2008, retoma el objetivo de alcanzar en 2020 una asignación del 0,7% del presupuesto autonómico a estas políticas, que la Junta ha mantenido durante los años de la crisis frente a su práctica desaparición en algunas comunidades y en el Gobierno central. En el presente ejercicio, este índice se sitúa en el 0,25%, lo que supone unos 45 millones de euros (42,3 correspondientes a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional).

Actualmente, Andalucía es la región que más contribuye a la cooperación española, con una aportación del 22% del total descentralizado y un incremento continuado dentro de sus limitaciones presupuestarias, frente al descenso estatal iniciado en 2011. También ha sido la que más ha invertido en este ámbito durante los últimos tres años, por encima de comunidades con mayor capacidad financiera que, como Cataluña o Madrid y con la salvedad del País Vasco, han reducido su contribución.

Respecto a las zonas geográficas de actuación, el nuevo plan añade Haití a los 23 países prioritarios incluidos en el anterior. También identifica a Colombia y Túnez como preferentes al estar inmersos en procesos de paz y de consolidación democrática.

Las áreas de intervención prioritaria seguirán siendo América Latina, Norte de África y Mediterráneo, y África Subsahariana. Entre los países receptores destacan Marruecos, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Mali, Senegal, Mozambique, Mauritania y los Territorios Palestinos.

De acuerdo con las previsiones fijadas, al menos el 20% de los fondos autonómicos para cooperación deberán destinarse al África Subsahariana, una de las zonas más desfavorecidas del planeta. En cuanto al tipo de proyectos, se asegurarán recursos mínimos del 30% del total para los relacionados con servicios sociales básicos (salud, educación, vivienda, saneamiento, seguridad alimentaria y acceso al agua potable); 10% a educación para el desarrollo; 10% a acción humanitaria urgente en catástrofes naturales o conflictos bélicos, y otro 10% a intervenciones para promover la igualdad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.

Junto con estos ámbitos básicos, por primera vez se especifica que el 2,5 % del presupuesto de la cooperación andaluza debe ir destinado a formación, investigación e innovación, y otro 2,5% al fomento de los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la cultura de paz.

De acuerdo con el plan, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo destinará al menos un 50% de su presupuesto anual a la convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales, consideradas como principales vertebradoras de la ayuda al desarrollo.

Derechos humanos

El texto ha sido consensuado con las ONGD, administraciones, universidades, movimientos sociales y organizaciones empresariales y sindicales que en junio de 2013 firmaron el Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación Internacional.

En línea con este acuerdo, el plan recoge como principales ejes la ayuda humanitaria y al desarrollo; el fomento de la educación; la promoción de la innovación, la formación y la investigación, y, como novedad respecto al anterior plan, la defensa de los derechos humanos y el fomento de la paz y de los valores democráticos. También se consideran criterios prioritarios la igualdad entre hombres y mujeres; la sostenibilidad ambiental; el respeto a la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional y de las organizaciones representativas de la sociedad civil.

       El documento aprobado hoy por el Consejo de Gobierno fija como destinatarios preferentes de la cooperación a los grupos de población expuestos a mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Entre ellos destacan las mujeres sin recursos; la infancia y juventud; la población indígena, desplazada y refugiada, y las personas con discapacidad. Además, a los profesionales de la materia y la sociedad en general se dirigirán especialmente las actuaciones de formación, investigación y educación para el desarrollo.

Los distintos proyectos que recoge el plan se desarrollarán en un contexto internacional muy marcado por la creciente desigualdad, que la crisis económica ha agudizado. Según datos de Naciones Unidas, 1.200 millones de personas viven con 1,10 euros o menos al día; 2.600 millones no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento; más del 20% de la población mundial sigue viviendo bajo el umbral de extrema pobreza; una de cada ocho personas sufre desnutrición crónica; 18.000 niños mueren cada día por enfermedades fácilmente prevenibles; dos terceras partes de las mujeres empleadas trabajan en situación vulnerable; el analfabetismo afecta a 774 millones de personas (mujeres en sus dos terceras partes), y otras tantas viven sin acceso a agua potable.

Plan anterior

Desde la entrada en vigor del primer Pacode en 2008, la Administración autonómica ha invertido 455,8 millones de euros en 1.541 proyectos para hacer frente a estos problemas. Las iniciativas desarrolladas han permitido, directa o indirectamente, atender a 23 millones de personas (el 60% mujeres). Las cifras quedan por debajo de los objetivos inicialmente planteados debido a la incidencia de la crisis económica, pero la tendencia se invirtió en 2014, cuando los fondos presupuestados aumentaron más de un 20% respecto al año anterior.

Las ONGD y la Junta se destacaron como los principales ejecutores de la inversión, con casi el 87% del total. Les siguen los organismos multilaterales como Unicef o Acnur, las universidades y las corporaciones locales. Sectorialmente, más de las tres cuartas partes de los recursos financieros se asignaron a proyectos relacionados con los servicios sociales básicos (sobre todo educación y salud), infraestructuras, desarrollo de la base productiva y fortalecimiento de las estructuras democráticas.

América Latina concentró más de la mitad de los esfuerzos de la cooperación andaluza, con el 56,28% de las inversiones y el 58,03% de los proyectos. Por su parte, el África Subsahariana fue el área prioritaria que experimentó un mayor incremento de recursos, desde el 7,36% en 2008 al 37,1% en 2014.

Los cinco principales países receptores fueron Perú, Marruecos, El Salvador, Palestina y Nicaragua, que recibieron casi el 43% del presupuesto asignable geográficamente (entre 23 y 43 millones cada uno).

Entre otros logros alcanzados por el Pacode, destacan la consolidación de la cooperación andaluza en áreas donde antes no estaba presente, como el África Subsahariana, y su creciente protagonismo en intervenciones de acción humanitaria para hacer frente a las consecuencias de conflictos civiles como el de los Territorios Palestinos y de catástrofes naturales como los huracanes en Centroamérica.

Las primeras intervenciones de la Junta en materia de cooperación internacional se llevaron a cabo a mediados de los años 80 del pasado siglo, con proyectos de rehabilitación de viviendas y de ordenación de recursos naturales en diferentes zonas de Marruecos y América Latina. La firma del primer Pacto Andaluz por la Solidaridad en 1998 marcó el inicio de un desarrollo normativo y de planificación que desembocó en la Ley Andaluza de Cooperación, aprobada en 2007, y en el primer Pacode 2008-2011.

El Gobierno andaluz aprueba el decreto ley que reconoce

la antigüedad de los interinos en los concursos de méritos

La norma, que sigue las directrices europeas, permitirá convocar las pruebas paralizadas durante cuatro años y desbloquear la promoción interna

El Consejo de Gobierno ha  aprobado el decreto ley por el que se reconoce a los funcionarios de la Administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna. Esta norma, que modifica artículos de la Ley 6/1985 de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, permitirá igualmente convocar las pruebas que han estado bloqueadas desde hace cuatro años y resolver los procedimientos de promoción interna realizados con anterioridad. La medida beneficiará a los funcionarios de carrera que, por esta situación, no han podido solicitar un destino más cercano a sus poblaciones de origen o acceder a mayores responsabilidades.

El decreto ley, que sigue la recomendación del Consejo Consultivo de Andalucía, supera la controversia suscitada ante las interpretaciones contrapuestas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la hora de baremar la antigüedad. En este sentido, el texto adecua la normativa autonómica a las directrices de la Unión Europea sobre igualdad de trato en los procesos de selección en el sector público, eliminando cualquier tipo de discriminación en la provisión de los puestos de trabajo.

La norma aprobada modifica el baremo del reglamento vigente desde 2002 de tal modo que, en el mérito del trabajo desarrollado, se otorgará a la experiencia desempeñada en puestos provisionales la misma puntuación que a la adquirida en los definitivos. Asimismo, simplifica la valoración de este mérito ciñéndola a la experiencia en el puesto desempeñado en el momento de la convocatoria.

Además de evitar una sanción de la Comisión Europea, estos cambios normativos permitirán la celebración y resolución de concursos de méritos que deben convocarse cada seis meses, tras más de cuatro años sin llevarse a cabo, así como los de los procedimientos de promoción interna convocados hace poco más de un año. En los últimos concursos de méritos convocados en 2011 se ofrecieron 8.312 vacantes y se adjudicaron 6.250 plazas, de las que 3.405 fueron ocupadas por funcionarios en puestos base.

Las medidas contenidas en el decreto ley han sido previamente acordadas con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía.

La Junta destina 26,7 millones de euros

a la mejora de caminos rurales hasta final de año

La consejera de Agricultura informa del nuevo Plan Conecta2, centrado

en vías que unen más de una población y facilitan el acceso a las fincas

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha informado al Consejo de Gobierno del nuevo plan de mejora de caminos rurales, Conecta2, que ha iniciado su departamento con una inversión prevista de 26,7 millones de euros hasta final de año. Los proyectos comenzarán a ejecutarse el próximo mes de septiembre, una vez haya concluido el proceso de selección de las solicitudes presentadas por las entidades locales, abierto el pasado 10 de agosto. En los próximos días se publicará el listado definitivo en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

La nueva iniciativa dará continuidad a las inversiones de más de 144,3 millones de euros realizadas por la Junta durante los últimos cinco años para la mejora de 2.090 kilómetros de caminos rurales en 753 municipios. Las obras, financiadas en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) y en un 25% por las administraciones autonómica y central, se llevarán a cabo en caminos de titularidad pública que conecten áreas de al menos dos municipios distintos, o bien dos núcleos de población de más de 1.000 habitantes dentro de un mismo término municipal.

El 80% del presupuesto previsto se destinará al arreglo de caminos con firmes flexibles (asfaltados) y el 20% restante a las vías con otro tipo de superficie. En ambos casos, los objetivos prioritarios son reducir el tiempo y los costes de acceso a los mercados agrarios; potenciar el desarrollo rural a través de una mejor conexión entre núcleos de población y centros de producción; reducir la vulnerabilidad de los caminos a la climatología adversa, y dar cobertura a la mejora de infraestructuras no incluidas en ayudas anteriores.

Entre los requisitos técnicos para la selección de los proyectos, destacan una longitud mínima de dos kilómetros, una anchura de tres metros y un espesor de material (zahorra) de al menos 25 centímetros con posibilidad de aplicación de asfaltado, así como la obligación de firmes rígidos para pendientes superiores al 12%. En tramos en los que no sea posible disponer de medidas de desagüe adecuadas, el firme tendrá unas características que permitan la circulación y evacuación de aguas.

De acuerdo con el nuevo plan, las obras deber ofrecer garantías de perdurabilidad e incluir por parte de los titulares de las infraestructuras un compromiso de mantenimiento durante un mínimo de cinco años. El plazo de ejecución no podrá exceder de dos meses.   

En el proceso de selección también se han tenido en cuenta criterios de prioridad relativos al número de explotaciones agrarias beneficiadas y de núcleos de población conectados, la longitud total de la infraestructura y la renta agraria de la provincia donde se desarrollan las obras. En caso de empate, tiene prioridad el municipio que haya recibido menor inversión en infraestructuras agrarias a través del Feader en el marco 2007-2013.