Adeuda 5,4 millones y aún no ha concretado sus aportaciones en Dependencia, Planes Concertados y Drogodependencia

Loaiza denuncia que los recortes de la Junta ponen en peligro la continuidad de servicios sociales prestados por Diputación

El recorte de la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales en Dependencia podría acarrear nueve despidos

José Loaiza, ha denunciado la situación de “incertidumbre total” que sufre la Diputación de Cádiz ante la falta de información acerca de los programas de políticas sociales que han de recibir financiación por parte de la Junta de Andalucía para el año 2013. “A día de hoy no sabemos qué programas se van a financiar, ni qué cuantía, ni en qué se nos va a recortar”, ha dicho el titular de la Diputación,

“Va llegar el momento en que esta Diputación, como el resto de diputaciones y los ayuntamientos no van a poder soportar el mantenimiento de estos servicios” ha explicado Loaiza, quien ha recalcado que los incumplimientos de la Junta “comprometen la continuidad del servicio y el mantenimiento del personal que lo presta”. El presidente ha recordado que “todas estas políticas son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía”.

José Loaiza, acompañado por el diputado de Desarrollo y Bienestar Social, Antonio García, ha lamentado especialmente estos recortes porque “afectan a las personas que más lo necesitan” y ha ejemplificado la situación en tres materias que o no se han concretado aún o han sufrido severos recortes: la aplicación de la Ley de Dependencia, la atención a la drogodependencia, y el Plan Concertado. Además ha cifrado la deuda total de la Junta en políticas sociales en una cantidad de 5.446.000 euros.

 En atención a la dependencia la Junta ya ha anunciado un recorte del 50% de la financiación con respecto al ejercicio anterior, en el que aportó 500.000 euros, lo que no sólo afectará a la aplicación del servicio, sino que además pone en peligro la continuidad de nueve puestos de auxiliares administrativos repartidos por la provincia y vinculados al programa. José Loaiza ha anunciado que está negociando con la Junta para poder “mantener el servicio y el empleo”.

En drogodependencia la transferencia de la Junta se ve recortada un 10% para este trimestre lo que supone 52.000 euros menos y además Loaiza ha lamentado que la Diputación desconoce qué va a suceder en el segundo trimestre, ante el anuncio de la consejería de reorganizar de este servicio. Pese a ser  de competencia exclusiva autonómica regional, en 2012 ha sido financiado en un 65% con fondos propios de la Diputación, lo que se traduce en más de 6 millones de euros con atención a casi diez mil personas, que ven como no está garantizada la continuidad de sus programas. 

En cuanto al Plan Concertado, que incluye zonas de trabajo social, ayuda a domicilio, ludotecas, cooperación social y ayudas de emergencia social, el presidente de Diputación ha explicado que la entidad aún desconoce la consignación presupuestaria para 2013 a día de hoy. El año anterior este Plan supuso una inversión de 3,3 millones por parte de la  Diputación, un 71% del total.

Loaiza ha explicado las consecuencias prácticas que tiene esta situación para el funcionamiento diario de la Diputación que ha confeccionado sus presupuestos conforme a la prestación de los mismos servicios del 2012 y la estrategia que va a seguirse ante la falta de financiación.  “En primer lugar buscar fondos propios para tapar esos boquetes, a través de modificaciones presupuestarias, y cuando veamos que es imposible tendremos que reorganizar esos servicios” ha explicado.

Loaiza ha mostrado su descontento con el proceder de la Administración Autonómica “primero recorta las partidas y luego incumple el presupuesto”, especialmente en competencias delegadas. “Es la Junta la que prioriza donde recorta y donde no y es la que está matando a la política social de esta provincia” ha afirmado.  

Loaiza ha manifestado su deseo de que la Junta utilice el Fondo de liquidez que ha solicitado al Gobierno Central para aplicarlo en políticas sociales tanto en los programas de la Diputación como para cumplir compromisos de pagos a entidades, ONG y asociaciones de ayuda mutua que trabajan para los más desfavorecidos.