Profesionales que trabajan con mujeres emigrantes participan en los VIII Foros Provinciales de Género, organizados por el IAM

Profesionales que trabajan con mujeres emigrantes participan en los VIII Foros Provinciales de Género, organizados por el IAM

Las jornadas han estado centradas este año en la Ley de Extranjería y su aplicación a inmigrantes víctimas de violencia de género

Medio centenar de profesionales procedentes de entidades de la provincia que trabajan en el ámbito de atención a mujeres emigrantes han participado en la octava edición de estos foros, que cada  año organiza el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y que tienen como finalidad ofrecer un espacio de formación, debate y análisis entre profesionales sobre los procesos migratorios desde una perspectiva de género. Las jornadas de este año han versado  sobre la Ley de Extranjería y su aplicación en los casos de mujeres migrantes, especialmente en víctimas de violencia de género.

Los foros están dirigidos a profesionales de instituciones y organizaciones que trabajan con y para mujeres inmigrantes. El objetivo del IAM es trabajar en red y atender las necesidades, los intereses y las expectativas de estas mujeres, por lo que se ofrece este espacio de debate y análisis entre el personal técnico de los Centros Provinciales de la Mujer, de los Centros Municipales de Información a la Mujer, de los Centros de Atención y Acogida para mujeres víctimas de violencia de género, ONGs, y asociaciones.

En esta edición se han abordado la Ley de Extranjería y su reglamento, prestando atención a las reformas de los últimos años y cómo éstas repercutirán en las mujeres inmigrantes, especialmente en las víctimas de violencia de género, con la ponencia de la experta en derecho de extranjería y en género, Ruby Simony.

Se ha difundido también una herramienta novedosa elaborada por el IAM para su uso por parte de profesionales que trabajan en este campo: el Manual de Aplicación Práctica desde la Perspectiva de Género del Reglamento de Extranjería.

Dicho manual explica las últimas novedades reglamentarias, que han pretendido fomentar la protección de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación administrativa irregular, que en muchas ocasiones evitan denunciar por miedo a una posible expulsión.

Completaba la Jornada una mesa de experiencias en la que Rafael Lara, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Paula Jiménez Maroño de la Coordinadora Comarcal Alternativas,  expusieron sus reflexiones y la labor que desarrollan dichas ONGs en  los distintos proyectos y programas con las mujeres inmigrantes.

Mayor vulnerabilidad

Los profesionales que trabajan con inmigrantes son conscientes de la interrelación, cada vez más presente en la realidad andaluza, entre migración y violencia de género, como se observa en el hecho de que el 20% de las víctimas mortales de violencia de género (registradas el pasado año en Andalucía) sean extranjeras (cifra que alcanza el 36,1% en España). Si a ello se suma que, según los estudios del IAM, el 90% de las mujeres prostituidas sean de origen extranjero, resulta evidente que las mujeres inmigrantes presentan una mayor vulnerabilidad a la violencia, a la explotación sexual y a la discriminación.

Ante ello, los poderes públicos han normado diferentes situaciones para dar protección a todas aquellas que son susceptibles de vulnerabilidad, creando una red integral y multidisciplinar. Así, junto a las leyes estatales y autonómicas, el Instituto Andaluz de la Mujer tiene articulada toda una red de Centros Provinciales y Municipales de Información, Atención y Asesoramiento a las Mujeres, así como de servicios y programas dirigidos a la atención de mujeres migrantes en las diversas circunstancias en las que se encuentran.

A través la red de atención directa (CMIMs y centros provinciales), el IAM atendió el pasado año 2011 a 12.764 mujeres inmigrantes (el 10,7% del total de mujeres atendidas). Por su parte, el programa de subvenciones a proyectos para la atención social benefició a 7.213 mujeres prostituidas y víctimas de tráfico de personas (85% extranjeras) y a 4.249 mujeres migrantes en situación de riesgo de exclusión.