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Comunicación
del Gobierno de Andalucía para la celebración del debate sobre el Estado de
la Comunidad 2013
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Acuerdos
por los que se autoriza a la Consejería de Justicia e Interior la tramitación
de las prórrogas de los contratos de los servicios para la inserción de los
menores infractores internados
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Acuerdo
por el que se ratifica la adjudicación de las obras para la construcción del
Instituto de Educación Secundaria de Palomares del Río (Sevilla)
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Comunicación del Gobierno de Andalucía para
la celebración del debate sobre el Estado de la Comunidad 2013
El debate del Estado de la Comunidad abre la oportunidad de
rendir cuentas de la gestión realizada en este primer año de legislatura, un
año en que Andalucía se ha erigido como referente de propuestas y medidas
pioneras y progresistas. Este debate parlamentario permite el necesario
ejercicio democrático de contraste entre la labor de gobierno y el control que
se realiza desde el Legislativo. El Consejo de Gobierno acude a esta cita con
el Parlamento con el aval de una acción política a ras de suelo y sin ningún
tipo de complacencia, porque la situación económica sigue siendo complicada
pese a las previsiones optimistas que alumbraban los Presupuestos Generales del
Estado y que han tenido que ser revisadas a la baja.
Este primer año de mandato ha estado marcado por la puesta
en marcha de una alternativa distinta para la salida de una crisis económica
que ya se extiende durante cinco años. El objetivo de este tiempo ha sido
evitar o, cuando menos, atenuar los efectos de la recesión económica en las
familias y las pequeñas y medianas empresas. Estos casi catorce meses de
gobierno nos han permitido poner de manifiesto que otra forma de salir de la
crisis es posible.
No nos hemos resignado a los recortes impuestos. El Gobierno
de Andalucía ha sabido sobreponerse al discurso dominante y demostrar que hay
más de una salida para la crisis. Ya diferentes organismos internacionales
admiten que la austeridad a ultranza como única política económica sólo ha
contribuido a profundizar la depresión, a incrementar el paro y aumentar el
empobrecimiento de las sociedades afectadas por los rescates. Es imprescindible
un cambio en la política económica que nos marcan a España desde instituciones
que no han sido elegidas democráticamente.
En Andalucía se han sabido combinar el necesario ahorro con
el impulso de políticas de estímulo y la defensa de los servicios públicos
fundamentales. En esta línea, hemos puesto en marcha planes de fomento de
empleo por 500 millones de euros con nuestros fondos y sin tener apoyo ninguno
del Gobierno central, que una y otra vez ha desoído la petición de un plan
especial para Andalucía, como sí ha hecho con otras comunidades autónomas.
El paro es el principal problema en nuestra comunidad
autónoma y en el conjunto de España. Aunque los últimos datos correspondientes
a los meses de abril y mayo han sido positivos, tenemos que encarar la lucha
contra el desempleo con los pies en el suelo y sin ningún tipo de triunfalismo.
El empleo ha sido el centro neurálgico de las políticas desarrolladas desde la
Junta de Andalucía en este tramo inicial de legislatura y seguirá siendo la
prioridad en los ejercicios presupuestarios siguientes. Esta apuesta en
solitario por el fomento del empleo puede explicar el buen comportamiento del
mercado laboral en lo que va de 2013 (2.336 parados menos en Andalucía por
44.541 parados más en el conjunto de España), una dinámica que sería indudablemente
mejor si el Gobierno de la nación trabajara también en esta dirección.
El Decreto Ley sobre medidas de impulso del empleo juvenil y
el emprendimiento, dotado con 200 millones de euros, supone una apuesta
inequívoca por reactivar el mercado laboral y promover la creación de tejido
empresarial con el apoyo de lo público.
Andalucía se ha situado en la vanguardia con medidas de
enorme calado social. Las iniciativas legislativas contra la exclusión social y
sobre la función social de la vivienda son dos hitos de este periodo de gestión
que han situado a la comunidad andaluza como avanzadilla de políticas distintas
que anteponen las personas a los ajustes contables. Dos medidas que han
permitido situar a Andalucía como protagonistas del debate y como modelo a
seguir. Estos decretos, al margen de las críticas simplistas, han acabado asentado
una acción política que ha tenido, por un lado, el refrendo de la Unión Europea
exigiendo más medidas a España contra los desahucios y, por otro, del propio
Gobierno central al anunciar un plan para atender a la infancia en riesgo de
malnutrición.
En Andalucía se ha hecho bandera del mantenimiento de los
servicios públicos y de la defensa del Estado del Bienestar. Esta convicción
del Gobierno andaluz supone un duro ejercicio de resistencia, de incalculable
valor en comparación con el desmantelamiento que se ha realizado en otras
comunidades autónomas. Hemos protegido la sanidad pública, la educación
pública, la atención a las personas en situación de dependencia y las políticas
de protección social, sin reducir derechos ni privatizarlos, gestionando desde
el diálogo y el consenso y dando participación a la ciudadanía en la toma de
decisión. Gobernar en este año también ha sido resistir y salvaguardar los
servicios públicos fundamentales, que hacen a una sociedad más justa e
igualitaria. El pensamiento dominante de raíz neoliberal está atacando la pieza
clave de un Estado democrático que es la igualdad de oportunidades y desde
Andalucía no lo vamos a permitir.
El Gobierno andaluz ha hecho siempre del diálogo su seña de
identidad, un instrumento nuclear de la forma de hacer política. Se está
ultimando el Pacto por Andalucía, una estrategia de consenso con la sociedad
para recuperar la confianza de la ciudadanía y transmitir credibilidad sobre
las potencialidades de nuestra comunidad autónoma.
Se ha realizado un trabajo riguroso con el fin de implicar a
toda la sociedad andaluza. Los resultados están sobre la mesa, empezando por el
acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes autonómicos, una cumbre
auspiciada en su convocatoria y liderada en sus conclusiones por este Gobierno.
Otro ejemplo no sólo de diálogo, también de acuerdo y de movilización, es el
Pacto por Andalucía, patrocinado por el presidente Griñán.
Sin duda, el Acuerdo por el Progreso Económico y Social,
firmado con la patronal y los sindicatos, constituye el elemento central del
Pacto por Andalucía. También está rubricado el Pacto con el sector
agroalimentario, el Pacto por el Turismo, el Pacto por la Cultura y el Pacto
por la Igualdad, tan necesario en un momento de avance de las desigualdades
sociales.
La voluntad del Gobierno autonómico es cerrar un Pacto por
Andalucía sin exclusiones y que represente el sentir y las aspiraciones del
conjunto de la sociedad andaluza. Para pactar hay que tener voluntad de
consenso y capacidad para hallar puntos de encuentro. En este gran acuerdo
caben todos y todas. Es el momento de sumar, de entendernos, de fortalecer las
instituciones y de volver a poner la economía al servicio de la democracia; es
decir, de restablecer el valor de la política.
En este camino del diálogo y participación colectiva se ha
iniciado el trámite de la Ley de Transparencia, un nuevo y ambicioso avance en
una práctica que Andalucía viene desarrollando con éxito y que la ha colocado
como una de las comunidades autónomas más valoradas. Es una medida de mejora de
la calidad de nuestra democracia que otorgará más control, más poder y más voz
a la ciudadanía y que nace con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana.
Este debate sobre el Estado de la Comunidad se presenta como
un momento para demostrar la utilidad de la política, para acercar la gestión
de lo público a la ciudadanía y para encontrar puntos de encuentro que permitan
encarar entre todos la recta final de esta crisis sin dejar a nadie en la
cuneta.
La Junta prorroga por 146,3 millones de
euros la contratación
de los servicios de inserción de menores
infractores internados
Las medidas judiciales serán
desarrolladas hasta 2015 por entidades especializadas sin ánimo de lucro en 14
centros con 749 plazas
El Consejo de Gobierno ha autorizado prorrogar, hasta
diciembre de 2015 y por un importe total de 146,3 millones de euros, los
contratos de los servicios integrales de guarda, reeducación e inserción de
menores infractores en los centros de internamiento de la comunidad autónoma,
vigentes desde 2010. Estas prestaciones las llevan a cabo entidades sin ánimo
de lucro especializadas en la materia, que bajo la supervisión de la Consejería
de Justicia e Interior ejecutan anualmente alrededor de 1.800 medidas
privativas de libertad impuestas por los juzgados de menores.
Los contratos se refieren a la gestión del servicio tanto en
ocho centros ubicados en inmuebles propiedad de la Administración autonómica
como en otros seis que aportan las propias entidades adjudicatarias. En el
primer caso, la cuantía es de 101,48 millones de euros y en el segundo de
44,81. En total se financian 749 plazas, 522 en centros de la Junta y 227 en el
resto.
Los centros de internamiento de menores infractores en
Andalucía cuentan con programas de intervención para el cumplimiento de medidas
judiciales en régimen cerrado, semiabierto y abierto, así como de tipo
terapéutico relativas a drogodependencias y salud mental. Además, la comunidad
autónoma dispone de programas para la ejecución de las medidas no privativas de
libertad a través de los Servicios Integrales de Medio Abierto, Centros de Día
y Grupos Educativos de Convivencia.
Las contrataciones autorizadas hoy por el Consejo de
Gobierno se unen a las formalizadas el pasado mes de abril, por un importe total
de 22,26 millones hasta 2017, para la ejecución de las medidas judiciales sin
internamiento correspondientes a los Servicios Integrales de Medio Abierto.
Entre ellas se incluyen las relativas a libertad vigilada, prestaciones en
beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, arresto de fin de semana y
tratamiento ambulatorio.
Educación destina 3,02 millones de euros a
la construcción
de un nuevo instituto de Secundaria en
Palomares del Río
El Plan OLA incluye en la provincia de
Sevilla 123 proyectos de infraestructuras docentes, con más de 1.700 empleos
asociados
El
Consejo de Gobierno ha ratificado la adjudicación de las obras de construcción
de un nuevo instituto de Educación Secundaria en Palomares del Río (Sevilla),
que supondrán una inversión de 3,02 millones de euros. El proyecto, incluido en
el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), tendrá más de 70
empleos asociados y un plazo de ejecución de nueve meses y medio.
Con una
superficie construida de 3.559 metros cuadrados sobre una parcela de más de
6.000, el centro ofertará 360 plazas de Educación Secundaria Obligatoria.
Actualmente ya cuenta con 200 alumnos escolarizados en instalaciones
provisionales.
El
nuevo edificio estará dotado de doce aulas polivalentes; aulas específicas de
Música, Dramatización y Audiovisuales, y Plástica y Visual; aula taller;
laboratorio; aula de educación especial, y dos salas de apoyo a la integración.
El área docente se completará con la biblioteca y diez departamentos, mientras
que el área administrativa dispondrá de despachos de dirección, jefatura de
estudios, secretaría y orientación, así como de salas de profesorado, alumnado
y asociación de madres y padres. El centro se completará con gimnasio y
cafetería.
De acuerdo con el Plan OLA, los empleos vinculados a la
construcción del centro corresponderán principalmente a personas paradas de larga duración y con
cargas familiares. Este plan, que la Junta desarrolla desde 2011 con el doble
objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo entre
los colectivos sociales más castigados por la crisis económica, prevé en la
provincia de Sevilla 123 obras de construcción, ampliación y mejora de centros
educativos, con un presupuesto de 63,47
millones de euros y alrededor de 1.751 puestos de trabajo
asociados.
Andalucía
destaca actualmente como la comunidad autónoma con más obra pública escolar
licitada. Los proyectos se llevan a cabo a través del Plan OLA incluyen 177
ampliaciones de centros docentes, 555 reformas y 52 nuevas construcciones, con
una inversión de 300 millones de euros y unos 8.000 empleos asociados en la
región.
Para acogerse a esta iniciativa, las empresas adjudicatarias
deben contratar a personas inscritas como demandantes de trabajo en el Servicio
Andaluz de Empleo, mientras que los trabajadores propios y el personal de
dirección técnica han de estar contratados por tiempo indefinido. El Plan OLA,
cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), permite
compatibilizar las inversiones educativas con el apoyo a las Pymes de la
construcción, sector del que proceden dos de cada tres puestos de trabajo
perdidos en la comunidad autónoma por la crisis económica.
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