La Junta reclama al Gobierno una gestión
“social” de las viviendas del Sareb en Andalucía
Elena
Cortés denuncia que el ‘banco malo’ acuda al SIMA a vender sin haber atendido
la petición de la Junta de gestionar los “activos tóxicos”
La
consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha
reclamado hoy al Gobierno que ponga los inmuebles del Sareb (Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Ordenada Bancaria ) en Andalucía al servicio de políticas
“sociales y de defensa del derecho a la vivienda”, y no “de la especulación y
el puro economicismo”. “En medio de una oleada de desahucios, el Sareb continúa
gestionando su ingente patrimonio de forma absolutamente opaca, sin haber
aprendido las lecciones de la crisis y sin atender a la situación de emergencia
social ni a las demandas de la sociedad civil organizada”, ha señalado Cortés,
que ha lamentado que el llamado 'banco malo' haya acudido al Salón Inmobiliario
de Madrid (SIMA) de 2013 sin antes haber atendido la petición oficial de la
Consejería de gestionar sus “activos tóxicos”.
Cortés ha recordado que el 20 de diciembre del pasado año, en el seno de la Conferencia Sectorial
de Vivienda convocada en Madrid por el Ministerio de Fomento, Andalucía reclamó
al Gobierno la gestión de los llamados “activos tóxicos”, que son en realidad
suelos y “casas sin gente”. “El Gobierno andaluz preguntó oficialmente por los
inmuebles del Sareb en Andalucía y reclamó su gestión, con el objetivo de
darles un uso social. Hemos obtenido la callada por respuesta. Nos parece
profundamente inapropiado que el Sareb acuda al SIMA, como si sus viviendas no
debieran tener una vocación social”, ha señalado Cortés, que ha recordado que
la Consejería de Fomento y Vivienda ha pasado venta a alquiler las viviendas
protegidas de promoción pública sin adjudicar “para acelerar su asignación”.
“En un contexto como el actual, las administraciones debemos dar ejemplo”, ha
añadido.
La consejera ha señalado que los inmuebles del Sareb resultarían de “enorme
utilidad social” puestos al servicio del Programa Andaluz en Defensa de la
Vivienda, las oficinas provinciales que ofrecen prevención,
intermediación y protección a las personas en riesgo de desahucio o que ya han
perdido su vivienda. También ha lamentado que el Ministerio haya desatendido la
petición de la Consejería de gestionar los 859 inmuebles del llamado Fondo
Social de Vivienda en Andalucía, que siguen siendo manejados “al arbitrio de
las entidades financieras”. Cortés ha reiterado que el Sareb está obligado a
notificar a la Consejería las viviendas protegidas que hay en sus balances en
Andalucía, en cumplimiento del Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de
la Vivienda.
Cortés ha destacado que la política del Gobierno andaluz defiende “la vivienda
como derecho, no como simple mercancía”, y en ese rumbo ha situado el Programa
Andaluz en Defensa de la Vivienda y el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de
la Vivienda. “En Andalucía hay 700.000 viviendas vacías y casi 200.000 solicitantes
de vivienda protegida en los registros municipales de demandantes, al tiempo
que se siguen produciendo desahucios día a día”, ha señalado Cortés.
La consejera ha afirmado que “es inaceptable que en este contexto de injusticia
el Sareb, que gestiona un volumen de activos de 50.781 millones de euros
procedentes de las entidades nacionalizadas y de las que han requerido
asistencia financiera, se comporte como una inmobiliaria más cuando el 45% de
su propiedad es del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)”.
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