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Decreto
por el que se autoriza a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, SA, la adquisición del 50% del capital social de la
sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, SA, y acuerdo por el que se
modifica el de 27 de noviembre de 2007, por el que se dispone la explotación
de establecimientos turísticos adscritos a la Junta de Andalucía
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Informe
del consejero de Justicia e Interior sobre el balance de la gestión de
emergencias en Andalucía 2014
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Nombramientos
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El Consejo declara 45 Zonas Especiales de
Conservación
de la red europea Natura 2000 en seis
provincias
Entre las nuevas áreas,
que suman 183.000 hectáreas, figuran el Corredor Verde del Guadiamar y
numerosas sierras malagueñas y almerienses
El
Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la declaración de 45 nuevas Zonas Especiales
de Conservación (ZEC), con un total de 183.000 hectáreas en 93 municipios de
las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. La
decisión eleva a 75 el número de espacios protegidos andaluces que cuentan con
esta figura europea de la Red Natura 2000, cuyo objetivo es el mantenimiento y
la recuperación de hábitats y especies de la flora y la fauna.
Las
nuevas ZEC son la Rambla de Arejos, el Río Antas, el Río Adra, la Sierra del
Oso, la Sierra de Cabrera y Bédar y los ‘Calares’ de la Sierra de Filabres, en
la provincia de Almería; los Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, la Cola
del Embalse de Bornos y la Cola del Embalse de Arcos (Cádiz); el Río Guadalmez
y la Sierra de Santa Eufemia, en Córdoba; el Andévalo Occidental, en Huelva, y
las Sierras de Abdalajís y Encantada Sur, las Sierras de Alcaparaín y Aguas, el
Arroyo de la Cala y los ríos Guadiaro; Guadalevín; Guadalmedina; Guadalhorce,
Fahalas y Pereilas; Fuengirola; Real;
Manilva; Castor; Verde; Guadaiza; Guadalmina; Guadalmansa, y del Padrón, en
Málaga.
Otras
zonas declaradas, compartidas entre varias provincias, son el espacio natural
de los ríos Guadiaro y Hozgarganta (Cádiz y Málaga) y el Corredor Verde del
Guadiamar, que abarca 13 municipios de las provincias de Huelva y Sevilla. La
lista se completa con 15 cuevas que son hábitats de quirópteros cavernícolas
(murciélagos) y ya están catalogadas como Lugares de Interés Comunitario en las
provincias de Cádiz (6), Huelva (4), Málaga (3) y Sevilla (2).
El reconocimiento de estas zonas se justifica por
su potencial de conectividad ecológica y por la presencia de hábitats naturales
y especies de interés comunitario. Este es el caso, en Sevilla y Huelva, del
Corredor Ecológico del Río Guadiamar, que desempeña un papel estratégico como
eje de conexión entre el litoral de Doñana y Sierra Morena Occidental, además
de presentar una gran riqueza paisajística con dehesas, bosques de ribera,
zonas agrícolas, marismas y un espacio fluvial que recorre el espacio de norte
a sur.
El Corredor Verde del Guadiamar fue declarado paisaje
protegido en 2003 y ocupa 2.700 hectáreas en los terrenos que fueron
recuperados a lo largo de este río tras el vertido de la mina de Boliden en
Aznalcóllar (Sevilla), en 1998. Este proyecto, el de mayor envergadura llevado
a cabo en España para regenerar un territorio contaminado, recreó los
ecosistemas originarios de monte mediterráneo, ribera y marisma fluvial, en
gran parte desaparecidos ya antes del accidente minero. Las plantaciones
masivas de árboles y arbustos permitieron una recolonización natural de la
fauna autóctona en la zona, que ahora acoge a 150 especies de aves y sirve de
área de expansión a la población de linces ibéricos de Doñana, una de las dos
únicas estables de la Península Ibérica.
Similar biodiversidad presenta la nueva ZEC del
Andévalo Occidental, en Huelva. El
espacio, limítrofe con Portugal, cuenta con una gran riqueza de formaciones
vegetales de bosques, dehesas matorrales y pastizales, que sirven de hábitats a
numerosos endemismos de la flora ibérica y a especies amenazadas de la fauna
como el águila imperial, el buitre negro, el buitre leonado o el pez fraile. El
territorio también es un área potencial para la expansión del lince ibérico.
Conectividad ecológica
En Almería, las ZEC declaradas reúnen una
representación tanto de sus características ramblas y cursos fluviales como de
las zonas montañosas. El paraje de la Sierra del Oso, en el noroeste de la
provincia, sirve de conexión a numerosos espacios naturales que se encuentran
en su entorno, además de presentar una notable representación de la avifauna y
singulares espartales y tomillares que se entremezclan con bosques de coníferas
y pastizales. También destacan por su conectividad ecológica las Sierras de
Cabrera y Bédar, muy cercanas al litoral, y los ‘Calares’ de Sierra de los
Filabres. Estos últimos enclaves, con alturas superiores a los 2.000 metros,
albergan singulares prados de alta montaña y formaciones de pinos negros
endémicos.
Entre las nuevas ZEC de la provincia de Cádiz
destaca la de los Acebuchales de la Campiña Sur, área de la comarca de La Janda
que toma el nombre de sus formaciones vegetales más representativas. En menor
medida, este espacio natural también acoge alcornocales, lentiscares,
pastizales, pinares, sabinares, bosques de ribera y formaciones palustres.
Configurado como un corredor ecológico entre varios parques naturales de la
provincia, sirve de área de dispersión y asentamiento de especies de la fauna
como el águila imperial ibérica y el águila perdicera, además de aves esteparias
como el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo y el sisón común.
Las dos zonas de especial conservación declaradas
en Córdoba, el Río Guadalmez y la Sierra de Santa Eufemia, se localizan el
norte de la provincia (Valle de los Pedroches) y se caracterizan por la
presencia de zonas adehesadas y de cultivo que sirven de hábitats a numerosas
especies de la flora y la fauna. Ambos enclaves destacan también por su
actividad ganadera, agrícola y cinegética.
En la provincia de Málaga las nuevas ZEC tienen en
común su potencial de conectividad ecológica, tanto en el caso de las sierras
como en el de los ríos, arroyos y ramblas. Los dos espacios montañosos que se
incorporan a la red constituyen áreas de campeo y nidificación de especies
amenazadas como el águila real, el alimoche, el halcón peregrino y el búho
real. En el caso de Sierras de Abdalajís y Encantada Sur, destaca también la
presencia de varias especies exclusivas de la flora característica de ambientes
rocosos. Por su parte, los ZEC fluviales declarados en Málaga se caracterizan
por su buen estado de conservación, que asegura la viabilidad de peces en
peligro de extinción como el fartet y la preservación de otras especies como la
nutria y la lamprea marina.
Junto
con la declaración, el Consejo también ha aprobado los planes de ordenación de
los recursos naturales de estos espacios. De vigencia indefinida y evaluación
cada seis años, estos documentos establecen las normas para compatibilizar la
preservación de los valores ecológicos con los usos y aprovechamientos de los
parajes.
ZEC andaluzas
Las 45
ZEC declaradas hoy se suman a las de 30 ya reconocidas con anterioridad en
Andalucía. Se trata de los espacios naturales de Doñana (Huelva, Sevilla,
Cádiz) y Sierra Nevada (Granada, Almería); las reservas naturales de la Laguna
de Fuente de Piedra (Málaga) y de las Lagunas del Sur de Córdoba; los parajes
naturales Torcal de Antequera, los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina
y el Desfiladero de los Gaitanes (Málaga), y el Estuario del Río Guadiaro y las
Marismas del Río Palmones (Cádiz).
A estos
enclaves se suman 19 parques naturales: Cabo de Gata-Níjar y Sierra María-Los
Vélez (Almería); Estrecho, Alcornocales, Bahía de Cádiz, Sierra de Grazalema, y
La Breña y Marismas del Barbate (Cádiz); Sierra de Hornachuelos, Sierra de
Cardeña y Montoro, y Sierras Subbéticas (Córdoba); Sierra de Baza, Sierra de
Castril y Sierra de Huétor (Granada); Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva);
Despeñaperros, Sierra de Andújar y Sierra Mágina (Jaén); Sierra de las Nieves
(Málaga) y Sierra Norte de Sevilla; Asimismo, se incluye la zona marítima el
Estrecho Oriental, ZEC declarada por la Administración central.
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, donde
se incluyen estos territorios, es una de las mayores de Europa, con 242
enclaves y casi 2,74 millones de hectáreas (el 30% de la superficie protegida
en España). Andalucía es, además, la segunda comunidad autónoma española,
después de las Islas Canarias, con mayor longitud de costa protegida (uno de
cada tres kilómetros). En el ámbito internacional, Andalucía tiene reconocidas
por la Unesco nueve de las 22 Reservas de Biosfera españolas, a lo que suma la
consideración de Doñana como Patrimonio de la Humanidad.
La Junta asumirá íntegramente la
titularidad y la
explotación de la Red de Villas Turísticas
de Andalucía
El Consejo autoriza la adquisición del
capital privado de la sociedad gestora con el fin de mantener la actividad y el
empleo de los establecimientos
La Consejería de Turismo y Comercio, a través de la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, asumirá
íntegramente la titularidad de la Red de Villas Turísticas de Andalucía, que
desde 2009 gestionaba una sociedad mixta. El Consejo de Gobierno ha acordado
hoy autorizar tanto la adquisición de la participación privada en el capital
social de esta entidad (50%) como la explotación de los nueve establecimientos
hoteleros que componen la red. Ambas decisiones aseguran la continuidad de los
servicios y el mantenimiento de sus 75 empleos directos fijos, tras los
problemas planteados por la gestión de los socios privados.
La Red de Villas Turísticas de Andalucía está
integrada actualmente por los establecimientos de Bubión, en la Alpujarra
granadina; Laujar de Andarax
(Almería); Cazorla
(Jaén); Priego de Córdoba, y Grazalema
(Cádiz), esta última reabierta en 2013. Además permanecen cerradas desde la
anterior legislatura las villas de Fuenteheridos (Huelva);
Periana (Málaga); Cazalla de la Sierra (Sevilla), y Pinar de la Vidriera,
en Huéscar (Granada), para las que la
Junta estudia diferentes posibilidades a medio plazo.
El plan de viabilidad desarrollado en los dos últimos años por la
Consejería de Turismo y Comercio para mejorar la explotación de estas villas ha
permitido aumentar sus ingresos en un 35,9%. La iniciativa se ha concretado en
obras de reforma y acondicionamiento de las villas, en un programa de
comercialización mediante acuerdos con una veintena de agencias de viaje y en
la puesta en marcha de una central de compras. Asimismo, las mejoras en la
organización del trabajo han reducido los costes de personal y la factura
energética.
Tanto el plan de viabilidad como las decisiones aprobadas hoy permitirán
mantener unas instalaciones clave para impulsar modelos alternativos de turismo
de interior en Andalucía, dada su ubicación privilegiada y la calidad de la
oferta vinculada a la gastronomía y a la cultura tradicional.
Los establecimientos estaban explotados hasta ahora por la sociedad mixta Red
de Villas de
Andalucía SA, creada
en 2009 y
en la que
figuraban como accionistas
la empresa pública
Turismo Andaluz (33% del capital social); la sociedad
privada Hotelux, SL, que en la práctica ejercía la
gestión (33%), y las
entidades Caixabank, Unicaja Banco
y Banco Mare
Nostrum
(11,11% cada
una de ellas).
En mayo de 2011, Hotelux fue declarado en concurso
voluntario de acreedores y la sociedad mixta
comenzó a acumular pérdidas. En junio de 2012
se inició el
saneamiento de las
cuentas y se produjo
una reestructuración del accionariado que elevó la presencia
de Turismo Andaluz
al 50%. Con los acuerdos aprobados hoy por el
Consejo, esta participación pasa a ser del 100%.
Con el fin de facilitar la operación aprobada hoy,
el Consejo de Gobierno ya autorizó el pasado 30 de diciembre la absorción de la
sociedad Infraestructuras Turísticas de Andalucía, SA, por parte de la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. Esta fusión
permite racionalizar y simplificar las estructuras y el funcionamiento de ambas
entidades, cuyos objetos sociales son en gran parte coincidentes, así como
mejorar la gestión para explotar la Red de Villas Turísticas.
El Gobierno
andaluz aprobó 75 nuevos planes
de emergencia
ante riesgos y accidentes en 2014
El consejero de Justicia e Interior
destaca que los dispositivos de
seguridad y protección cubren ya al 87%
de la población andaluza
El Gobierno andaluz aprobó el
pasado año 75 planes de emergencia para reforzar la seguridad y la protección
de la ciudadanía ante posibles riesgos y accidentes. Con ello son ya 375 los
que actualmente están operativos en Andalucía, con una cobertura que alcanza al
87% de la población. Así se destaca en el balance de 2014 en esta materia, que
ha presentado hoy al Consejo de Gobierno el titular de Justicia e Interior,
Emilio de Llera.
De los nuevos dispositivos de
prevención y respuesta que han entrado en vigor, 60 son planes de emergencia
municipal que garantizan la actuación coordinada para la protección de la
población, el entorno y los bienes e infraestructuras en el ámbito local.
Aprobados a través de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, estos
planes corresponden a la última fase de su implantación en toda la comunidad y
se destinan a los municipios de menos de 5.000 habitantes. En ellos se
especifican los procedimientos para actuar de forma coordinada y con la mayor
eficacia ante cualquier siniestro siguiendo unos criterios establecidos
previamente y con los recursos necesarios para intervenir.
Los otros quince planes
aprobados en 2014 se distribuyen entre nueve específicos para instalaciones
industriales de las provincias de Córdoba, Granada y Sevilla; cinco de
incendios forestales y uno de contaminación litoral.
De los 375 planes actualmente
vigentes en la comunidad, 319 son de ámbito municipal y 29 garantizan la
intervención en caso de siniestro en instalaciones industriales. Otros 27 se
dirigen a organizar la respuesta a los siniestros específicos que comportan
mayor riesgo para el territorio andaluz: incendios forestales, inundaciones,
movimientos sísmicos, contaminación del litoral y vertidos de sustancias peligrosas.
A ellos se suma el plan territorial de emergencias de ámbito autonómico,
aprobado en 2011.
Junto con la aprobación de
los nuevos planes, el balance presentado por el consejero de Justicia e
Interior recoge además los 21 simulacros que se llevaron a cabo el año pasado
con el objetivo de probar la efectividad de los operativos en caso de intervención
en una situación real. Estas acciones prestaron especial atención a los
incendios forestales, el transporte de mercancías peligrosas y las inundaciones.
Finalmente, en 2014 también
comenzó a implantarse una nueva plataforma tecnológica para mejorar la gestión
y coordinación de las emergencias. Actualmente en periodo de pruebas, esta
nueva herramienta permite una gestión integral que ayuda a unificar y coordinar
las tareas de prevención, planificación, análisis y evaluación.
El servicio Emergencias 112 Andalucía gestionó el pasado año
más de medio millón de emergencias, en su mayor parte relacionadas con las
asistencias sanitarias, la seguridad ciudadana, los incendios, las incidencias
de tráfico y los accidentes de circulación.
Emergencias 112 es un servicio público y gratuito que cuenta
actualmente con más de 600 profesionales distribuidos en dos sedes regionales
de atención de emergencias y ocho
centros provinciales, que atienden en cinco idiomas (inglés, francés, alemán,
árabe y español). Lo integran 134 operativos de intervención, entre los que se
incluyen fuerzas de seguridad, servicios sanitarios, bomberos y efectivos de
Protección Civil.
Además, la Junta gestiona el Grupo de Emergencias de
Andalucía (GREA), que coordina servicios cualificados para lograr una actuación
anticipada, eficaz y coordinada. Sus bases se localizan en el municipio
sevillano de Los Palacios, para la cobertura de la zona occidental de la
comunidad, y en Noalejo (Jaén) para la oriental. El GREA dispone de un total de
61 profesionales y de avanzadas dotaciones tecnológicas en comunicaciones, así
como helicópteros, camiones y vehículos todoterreno que facilitan el traslado
del personal y material.
A estos dispositivos se suma la labor de las 281
agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil que funcionan en
Andalucía. En ellas se integran cerca de 7.500 personas, 4.816 de ellas
residentes en municipios de más de 10.000 habitantes y 2.642 en el resto.
La Junta licita por 1,4 millones las obras
del Centro para
la Protección de Infraestructuras Críticas
de Linares
El proyecto, que supondrá una inversión
total de unos 15,5 millones
de euros, contribuirá a la
reindustrialización de la zona
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José
Sánchez Maldonado, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de la licitación,
por importe de 1,43 millones de euros, de las obras de adecuación y reforma del
edificio que albergará el Centro de
Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas
(Citpic), en el Parque Tecnológico Empresarial de Linarejos, en Linares
(Jaén). La decisión ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
El proyecto, que en su conjunto supondrá una inversión total
de 15,5 millones de euros,
desarrollará aplicaciones de protección de los sistemas informáticos y de
comunicaciones que dan soporte a los sectores productivos, la administración y
la ciudadanía en general. Estos instrumentos preservan de ‘ciberataques’,
posibles paralizaciones y otras incidencias a infraestructuras y servicios
básicos como los hospitalarios o portuarios.
El centro tecnológico, primero de sus características en
España, se ubicará en las antiguas oficinas centrales de Santana Motor y
prestará servicio a operadores públicos y privados de Andalucía y también de
ámbito nacional. Trabajará en cuatro líneas: I+D+i, laboratorio de pruebas de
herramientas de seguridad informática, laboratorio de pruebas de herramientas
de seguridad física y centro de formación y ‘training’.
La construcción del Citpic se desarrollará en dos fases. La
primera, con una dotación de 5,52 millones de euros y financiada con fondos
europeos Feder, incluye las obras de adecuación del edificio que han sido
licitadas hoy, con un plazo de ejecución de seis meses, además del equipamiento
tecnológico y de laboratorio.
En una segunda fase,
el centro desarrollará los primeros proyectos de I+D+i, para los que la Junta
está cerrando financiación europea procedente del nuevo marco comunitario y que
se prevé que alcance los 10 millones de euros.
Dada la complejidad tecnológica del proyecto, también se
estudia la posibilidad de desarrollar fórmulas de gestión público-privada con
la selección de un socio con experiencia y solvencia técnica y
económico-financiera.
La creación del Citpic se enmarca en el Plan
Linares Futuro, que desarrolla la Junta de Andalucía, en colaboración con los
agentes sociales de la zona y el Ayuntamiento linarense, para la regeneración
del tejido económico y productivo en el entorno de esta ciudad jiennense.
El Consejo nombra a los dos vocales del
Tribunal
de Recursos Contractuales de Andalucía
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de María
Lourdes Ruiz-Cabello Jiménez y Manuel Gutiérrez González como vocales del
Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía.
Lourdes Ruiz-Cabello, que desde finales de 2011 era
secretaria de este órgano, pertenece al cuerpo de Letrados de Administración
Sanitaria y ha prestado servicios en la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz
de Salud entre octubre de 1994 y diciembre de 2011.
Por su parte, Manuel Gutiérrez, funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Generales de la Junta de Andalucía, ha desempeñado durante los
últimos once años la jefatura del servicio de Contratación de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Entre 1999 y 2004 fue también asesor
técnico y jefe de Contratación de la Consejería de Salud.
El Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, creado
en 2011 y adscrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se
encarga de la resolución extrajudicial de reclamaciones, recursos y cuestiones
de nulidad en el ámbito de la contratación pública. El Ejecutivo andaluz
modificó en noviembre su relación de puestos de trabajo para reforzarlo con dos
vocalías ocupadas por funcionarios de carrera con licenciatura o grado en
Derecho y una experiencia mínima de diez años.
Este
órgano, de carácter especializado y plena independencia funcional, permite
mejorar la eficacia de los procedimientos de recursos en la adjudicación de
contratos por parte de la Administración autonómica, además de favorecer su
interposición por las personas o empresas candidatas y licitadoras. Uno de sus principales objetivos se dirige a
restablecer en breve plazo la legalidad, sin los perjuicios que para el interés
general puedan derivarse de una paralización prolongada de las adjudicaciones
en el sector público. El tribunal evita acudir a la vía judicial al resolver de
forma rápida y eficaz posibles controversias. Además, tiene capacidad para
anular decisiones ilegales e indemnizar a las personas perjudicadas por una
infracción.
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