La nueva Ley del Deporte regulará el
ejercicio profesional
en el sector e introducirá medidas contra
el dopaje
El Consejo inicia los trámites de la
norma, que otorgará cobertura jurídica
a la práctica no oficial, creará una
tarjeta sanitaria y promoverá la I+D+i
El
Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de la
Ley del Deporte de Andalucía, que sustituirá a la vigente desde 1998. Como
principales novedades, la futura norma incorporará medidas para la protección y
difusión del deporte de ocio y de competición no federado, además de incluir la
lucha contra el dopaje y regular por primera vez con rango legal el ejercicio
profesional en el sector.
La
comunidad autónoma adaptará así su ordenamiento jurídico a la nueva realidad
que supone el auge de la práctica deportiva habitual, que alcanza ya a más de
2,5 millones de andaluces ( el 37,6% de la población). Las políticas de la
Junta en esta materia han permitido extender una red de más de 14.000
instalaciones públicas, lograr que un millón de escolares hagan deporte al
salir de clase y consolidar una estructura asociativa con 61 federaciones, más
de 18.000 clubes y 600.000 licencias.
A
partir de la consideración del deporte como un derecho que debe garantizarse en
condiciones de igualdad, seguridad, salud y calidad, el anteproyecto de ley
introduce una nueva clasificación que otorga p rotección jurídica no sólo a la
competición federada sino también a las actividades deportivas de ocio y a las
competitivas que no tienen carácter oficial, como las carreras populares. Para
estas últimas se establece un control previo dirigido a asegurar la protección
de los participantes y su celebración deberá ser comunicada con antelación a la
Junta o a la entidad local competente.
En esta
misma línea garantista, y como medida pionera en España, la ley andaluza
definirá también el Catálogo de Derechos y Deberes de los Deportistas. Entre
los primeros se destacará el relativo a información y orientación adecuada,
mientras que los deberes se centrarán en respetar los principios de igualdad.
Otra
novedad, también asociada a la figura del deportista, es la creación de una
tarjeta sanitaria específica que recogerá toda su información médica,
especialmente reconocimientos, pruebas de esfuerzos y controles de dopaje.
En este
último aspecto, la nueva norma cubrirá una notable laguna de la legislación
vigente y así dispone medidas de prevención y lucha contra el uso de sustancias
y métodos que adulteran la práctica y ponen en riesgo la salud del deportista.
Entre otras previsiones, se creará la Comisión Andaluza Antidopaje; se
publicará un listado de sustancias, grupos farmacológicos y métodos prohibidos,
y se fijará la obligatoriedad del control a los deportistas con licencia. Otro
organismo similar se centrará en prevenir y combatir la violencia, el racismo,
la xenofobia.
La
protección de las personas que practican deporte es también el objetivo de otra
de las grandes novedades del anteproyecto: la regulación de la cualificación
profesional en el sector, una medida pionera tanto en el ámbito nacional como autonómico
y especialmente dirigida a salvaguardar la salud y la seguridad de los
consumidores y usuarios de centros deportivos, gimnasios, piscinas, clubes y
todo tipo de servicios deportivos. En este sentido, el nuevo marco legal fijará
los requisitos académicos y el ámbito funcional de cuatro profesiones: profesor
de educación física, director deportivo, entrenador y monitor.
Innovación deportiva
Igualmente
novedosa es la incorporación de disposiciones para promover la I+D+i más allá
del ámbito académico. Uno de los objetivos será aprovechar al máximo las
investigaciones que desarrolla el Instituto Andaluz del Deporte, especialmente
en medicina, aplicaciones tecnológicas y mejora de gestión, para intensificar
la transferencia de sus resultados a un sector que en los últimos años se ha
revelado como un importante yacimiento de empleo (casi 70.000 puestos de
trabajo directos e indirectos) y de creación de riqueza en la comunidad (más
del 3,2% del PIB regional).
En la
misma línea, la norma prevé la creación de una oficina virtual encargada de unificar
y simplificar trámites, así como de promover el uso de los medios electrónicos,
informáticos y telemáticos en todo el sistema deportivo andaluz.
En cuanto a las instalaciones deportivas
públicas, sus proyectos de construcción, reforma, ampliación y gestión deberán
contar, también por primera vez, con controles para su adecuación a los
principios de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Esta medida se
reforzará con la formulación de vías de colaboración obligatorias entre las
distintas administraciones, dirigidas a garantizar la viabilidad y el
mantenimiento de la Red de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de
Andalucía.
El
nuevo texto normativo supondrá también un avance en el proceso de modernización
y transparencia de las federaciones deportivas, a través de medidas como la
aprobación del Código de Buen Gobierno o la creación del Consejo Andaluz de
Federaciones Deportivas, que será el órgano de participación de estas entidades
en las políticas autonómicas sobre la materia. Asimismo, se creará el Tribunal
de Justicia Deportiva como único órgano de recepción y tramitación de recursos
administrativos y de resolución de conflictos.
Finalmente,
en materia de igualdad, el anteproyecto recoge medidas para fomentar la práctica
deportiva de personas con discapacidad y favorecer su integración en las
federaciones andaluzas, así como programas específicos de impulso del deporte
femenino y del acceso de las mujeres a niveles de responsabilidad y decisión. En
este último sentido, la ley incorporará el requisito de que su presencia en las
juntas directivas de las federaciones sea al menos proporcional a su número de
licencias.
La Junta invierte 18 millones en las obras
para restituir
el agua de los trasvases en la comarca del
Almanzora
Una nueva tubería volverá a garantizar el
suministro para abastecimiento
y riego, actualmente en precario tras los
daños del temporal del otoño
El Consejo de Gobierno ha autorizado una
inversión de 18 millones de euros para las obras de restitución de las
infraestructuras de abastecimiento, riego y presas que resultaron dañadas por
las precipitaciones del pasado otoño en la comarca almeriense del Almanzora.
Los
trabajos, a cargo de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, tienen
un plazo de ejecución de doce meses, suponen 278 empleos asociados e incluyen
la reconstrucción de las conducciones que garantizan el uso de los caudales
procedentes de los trasvases Tajo-Segura y Negratín-Almanzora, unos recursos
fundamentales para cubrir el abastecimiento de agua potable de 150.000
habitantes y el riego de 24.000 hectáreas de terrenos agrícolas. El proyecto
incorpora también la reparación del camino a la presa de Cuevas del Almanzora,
afectado por un desprendimiento de ladera.
La
principal obra es la instalación de una nueva tubería de más de 18 kilómetros
entre la Rambla de El Saltador –punto de confluencia de los trasvases– hasta el
pie de la presa de Cuevas de Almanzora. La conducción tendrá la capacidad
necesaria para transportar la cantidad de agua que requieren tanto la Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Bajo Almanzora como las comunidades
de regantes agrupadas en la sociedad Aguas del Almanzora.
Debido
a los daños de las lluvias del otoño, la comarca cubre actualmente sus necesidades
sólo con el agua del embalse de Cuevas del Almanzora, cuyo bajo nivel no
garantiza la demanda para el próximo año hidrológico. Las obras permitirán
asegurar el suministro al reincorporar los recursos hídricos externos procedentes
de los trasvases.
El
proyecto autorizado hoy se suma a las obras de emergencia realizadas por la
Junta desde el otoño para reparar las infraestructuras hidráulicas y los
caminos rurales dañados por el temporal en el centro y el norte de la provincia
de Almería.
En el
primer ámbito, los trabajos han supuesto una inversión de 1,26 millones de
euros y han incluido la limpieza y reposición de cauces en las cuencas de los
ríos Almanzora, Antas y Aguas, así como el arreglo del desagüe de fondo de la
presa del Almanzora.
En
cuanto a los caminos rurales, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
ha intervenido en 135, con una inversión de tres millones de euros. Estas obras
han beneficiado a 6.112 explotaciones agrarias en 29 municipios.
El Consejo nombra a José Luis Blanco Romero
presidente de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz
El
Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de José Luis Blanco Romero como
presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Nacido en Alcalá de
los Gazules (Cádiz) en 1953, Blanco Romero ha desarrollado una amplia
trayectoria en la Administración autonómica, donde, entre otros cargos, ha
desempeñado los de consejero de Medio Ambiente (1996-2000), viceconsejero de
Medio Ambiente (1994-1996) y delegado de Gobernación en Cádiz (1984-1994).
El
nuevo presidente de la Autoridad Portuaria ha sido también parlamentario andaluz
por la provincia de Cádiz durante cuatro legislaturas autonómicas, entre 1996 y
2012. En las dos últimas presidió la Comisión de Industria y Energía y fue
secretario de la Mesa de la Cámara.
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