miércoles, 18 de marzo de 2015
La Policía adscrita a la Junta interviene en la provincia de Cádiz 278.400 cartones de bingo ilegal
La Policía adscrita a
la Junta interviene en la provincia de Cádiz 278.400 cartones de bingo ilegal
El material incautado se iba a
distribuir por una misma red en diversas provincias andaluzas
La
Unidad de Policía adscrita a la Junta, dependiente de la Consejería de Justicia
e Interior, ha intervenido en la provincia de Cádiz un total de 278.400
cartones para partidas de bingo ilegal que procedían de Ciudad Real y que se
iban a distribuir por una misma red en diversas provincias de Andalucía.
La
operación se ha llevado a cabo gracias a toda la información recabada durante
las actuaciones realizadas el pasado año en la provincia contra los
establecimientos y asociaciones que organizaban partidas ilegales de bingo. De
esta forma, los agentes de la Unidad de Policía adscrita comenzaron a
investigar la procedencia de los cartones tras detectarse que eran similares en
los distintos locales denunciados, lo que les permitió averiguar que eran
suministrados siempre por la misma vía y desde fuera de la provincia,
concretamente desde Ciudad Real.
Tras
las diversas pesquisas, en la tarde del pasado martes los agentes de la Policía
adscrita a la Junta interceptaron en la localidad de Villamartín a dos personas
en el momento en que procedían a entregar los cartones en una de las
asociaciones que ya había sido denunciada por la organización de estas partidas
ilegales.
En el
marco de esta actuación se incautaron los 278.400 cartones, que estaban
agrupados en 29 paquetes de 9.600 cartones cada uno, y estaban diferenciados
por los colores de los cartones (verdes, rojos y azules). Su precio de venta
era de 50 euros el paquete de 9.600 cartones.
Los
dos repartidores, procedentes de Tomelloso, transportaban los cartones
utilizando dos vehículos, por lo que se estima que al inicio del reparto podían
llevar aproximadamente más de un millón de cartones para la distribución en las
distintas asociaciones, establecimientos y locales donde se practica este juego
de manera no autorizada de distintas provincias andaluzas.
Los
cartones intervenidos han sido puesto a disposición de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz junto con el acta de intervención de
los boletos y la denuncia de los repartidores.
En su
lucha contra el juego ilegal en la provincia de Cádiz, la Unidad de Policía
adscrita realiza continuas inspecciones para desmantelar y denunciar
actividades relacionadas con el juego ilegal que supone una competencia
clandestina a las organizaciones y establecimientos legalmente autorizados y un
fraude a la Hacienda Pública al no pagar impuestos.
Hay
que recordar que el juego es una actividad regulada por ley y su práctica está
sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que
organizan actividades ilegales de juego perjudican a los establecimientos que
sí cumplen la legislación y constituyen una vulneración de las condiciones
técnicas y de seguridad que deben tener estos locales.
Además
de las intervenciones en los momentos en los que se están desarrollando
actividades de juego ilegal, tanto la Policía adscrita a la Junta como los
inspectores de la Delegación de la Junta realizan funciones de vigilancia y de
prevención para evitar que se cometan infracciones en este ámbito.
En
esta labor disuasoria, los agentes ofrecen información de su ilegalidad a
quienes organizan estas apuestas y también a quienes pretenden participar en
ellas desconociendo, en muchas ocasiones, la legislación vigente en la materia.
Esta
campaña de control de las actividades de bingo sin autorización se viene
desarrollando por la Unidad de Policía adscrita a la Junta en base al Plan de
Inspección de la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego de la
Consejería de Justicia e Interior.
Balance en 2014
Durante
el pasado año, la actuación de los agentes de la Policía adscrita a la
Junta permitió desmantelar en la provincia 10 bingos ilegales que no cumplían ninguna de las normas
prevista por la legislación autonómica, y se intervinieron 36.323 cartones, así como los
elementos utilizados para la práctica de esta actividad (ordenadores,
megafonía, etc.).
Se da
la circunstancia de que desde marzo de 2014 hasta la fecha en la localidad de
Villamartín, donde ahora se ha interceptado a los repartidores de esta red, se
han desmantelado un total de tres bingos ilegales (dos en 2014 y otro a
principios de 2015).
Además, según los datos del Servicio de Juegos y
Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, en
total durante el año pasado, y tras las actuaciones de la Policía adscrita, se
incoaron seis expediente por juego ilegal en materia de bingos.
Finaliza el plazo de información pública del nuevo Reglamento de Ordenación de la Caza de Andalucía
Finaliza el plazo de
información pública del nuevo Reglamento de Ordenación de la Caza de Andalucía
La reforma de esta normativa
permitirá su adaptación a la legislación europea y nacional actualizarla a las
necesidades del sector cinegético en la región
La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ultima los trámites
para la aprobación del nuevo Reglamento de Ordenación de la Caza de Andalucía,
que sustituirá al vigente, aprobado por
el Consejo de Gobierno en 2005. El pasado 16 de marzo finalizó el plazo de
información pública de la nueva normativa, tras haberse mantenido numerosos encuentros y reuniones con las asociaciones y entidades representativas del sector cinegético
de la Comunidad autónoma. Tras esta fase, se abrirá ahora un período de estudio de las
alegaciones y aportaciones recibidas,
En este sentido, la consejera del ramo, María Jesús Serrano aseguró en
el marco de la última asamblea de la FAC celebrada el pasado sábado en
Archidona (Málaga) que “la caza constituye para muchos andaluces una forma de
vivir y de creación de riqueza. Se ha convertido en uno de los principales
soportes económicos del monte, siendo una de las actividades que más rentas
genera en el medio natural”. Para Serrano, “los cazadores federados como
colectivo contribuyen a la conservación de las especies protegidas y de su
biodiversidad”. En esta línea, afirmó que “nuestra opinión siempre ha sido la
de defender el sector, pero hay una premisa a la que no se puede renunciar: el
cumplimiento de las leyes andaluzas, estatales y europeas”.
El proyecto de modificación del Reglamento de Caza cumple varios objetivos
como dar respuesta a las nuevas exigencias derivadas de los cambios acaecidos
en la actividad cinegética en los últimos años (se pretende favorecer
determinadas prácticas compatibles con la gestión de las especies cinegéticas),
adaptar la regulación andaluza a la Directiva Europea, simplificar los
procedimientos administrativos, establecer una coordinación en la gestión con
las comunidades autónomas limítrofes en temas de vedas.
En este
sentido, el nuevo Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía se incide en la necesidad de compatibilizar el aprovechamiento cinegético con otros usos del medio natural, en el marco de los principios de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. También contempla el régimen de comunicaciones previas de actividades cinegéticas autorizadas en los planes técnicos de caza, simplificando los procedimientos de monterías, ganchos o batidas. Además, se incluye como única vía para la habilitación en el ejercicio de la caza, la realización y superación de un examen.
Asimismo, el texto amplía y modifica sustancialmente las modalidades de caza, definiendo cada una de ellas. Además, se recuperan otras modalidades
tradicionales como la perdiz roja con reclamo, perros de madriguera y a diente en mano. En el documento se definen nuevas modalidades en la caza mayor como batida de gestión y aguardo nocturno para jabalíes y se abunda en la protección de la caza menor, evitando determinadas prácticas que son insostenibles.
La nueva normativa regulará algunos aspectos de los cercados cinegéticos de protección y cercas no cinegéticas en terrenos
cinegéticos. Especial importancia adquiere, por otro lado, la protección de la integridad física de las personas que participan en las acciones cinegéticas colectivas en caza, contemplando determinadas medidas de seguridad (distancia entre puestos, prendas reflectantes, señalización, localización, etc.).
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