Irene García muestra las pautas para crear un servicio
de recaudación “justo y objetivo” con los Ayuntamientos
Diputación constituirá una Agencia para la gestión tributaria, contratará
una aplicación
informática más eficiente y modernizará su red de oficinas
La presidenta de Diputación, Irene García, ha explicado
a alcaldes y alcaldesas de la provincia
de Cádiz las nuevas pautas planteadas para mejorar la gestión tributaria
encomendada por los Ayuntamientos. El nuevo rumbo se traza tras evaluar,
durante tres meses, el funcionamiento del Servicio
Provincial de Recaudación y alcanzar dos conclusiones principales: “Tenemos
que ser más justos con los Ayuntamientos y establecer una gestión
transparente”, sin margen para la arbitrariedad y sometida a “criterios
objetivos”.
La propuesta trasladada a los
responsables municipales pivota sobre diferentes actuaciones: una de ellas ya
está en marcha y consiste en un cambio
organizativo en el propio servicio, para el que ya se ha designado una
nueva coordinadora además de adoptar un organigrama “más operativo”. Este
personal trabajará con una nueva
aplicación informática “más eficiente”, en sustitución de la incorporada en
el anterior mandato corporativo que no ha reportado resultados satisfactorios.
Las reformas afectarán a la propia personalidad jurídica del Servicio de
Recaudación que se transformará en una Agencia
“con más autonomía y calidad” a la manera de organismos autónomos de acreditada
solvencia como los existentes en las Diputaciones de Sevilla, Málaga o
Alicante.
Irene García ha destacado la
necesidad de establecer criterios homogéneos con los Ayuntamientos y que dichas
pautas se trasladen a los convenios que regulan la gestión tributaria
encomendada a la
Diputación. Ha rechazado la “opacidad del anterior mandato” y
defiende un modelo “en el que los Ayuntamientos tienen que saber a qué
atenerse”. Por esta razón, se están revisando todos los convenios en vigor y
así acabar con la disparidad que provocan las decisiones discrecionales.
Los cambios también llegarán a las
oficinas distribuidas por la provincia de Cádiz y que atienden a los
contribuyentes de cada municipio. La presidenta de Diputación anuncia al
respecto “una modernización de las
oficinas, así como la ampliación de los servicios a los ciudadanos.
Tenemos que adoptar una gestión cercana, individualizada, moderna y accesible”.
La suma de todas estas actuaciones
debe fortalecer este servicio público “y trasladar un mensaje de confianza a
alcaldes y alcaldesas”, ha valorado Irene García, consciente de los beneficios
de una economía de escala que será más eficaz con el concurso de Diputaciones y
Ayuntamientos bajo criterios estables y objetivos. Irene García define al
servicio de recaudación como “el gran pulmón” que reporta liquidez a los
Ayuntamientos para el cumplimiento de de sus obligaciones y servicios públicos.
Junto a la presidenta de Diputación
han comparecido el diputado de Servicios Económicos, Jesús Solís y la
responsable del área de Desarrollo,
Innovación y Cooperación Local, Encarnación Niño. Jesús Solís ha diseñado
las nuevas pautas de funcionamiento, ha evaluado el servicio de recaudación y
supervisa las estipulaciones de los convenios en vigor. Solís ha precisado que
el promedio de recaudación en periodo voluntario alcanza el 75% y estima que
“un grado óptimo sería el 90 por ciento”.
Tras una pregunta de los medios de
comunicación, Jesús Solís considera que el Ayuntamiento
de Barbate, uno de los que decidió rescindir el convenio de gestión
tributaria con Diputación, “se desmarcó por falta de justicia” si bien en la actualidad se han abierto
negociaciones que podrían desembocar en una reincorporación.
Encarnación Niño es responsable de
la aplicación de otra de las novedades anunciadas por Irene García: fortalecer los
cometidos del servicio de Asistencia a
Municipios , de manera que Diputación asista a los
Ayuntamientos en las nuevas obligaciones derivadas de las leyes de estabilidad
presupuestaria y regla de gasto. Normativas estatales que exigen un trabajo
especializado –como pueden ser la concreción de planes de viabilidad o de
ajuste- que Diputación podrá prestar a los Ayuntamientos. Este refuerzo se une
a las asistencias que ya se solventan en los ámbitos jurídico y urbanístico.
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