Fomento y Vivienda abre la oficina de
intermediación contra los desahucios de Cádiz
El
delegado territorial Manuel Cárdenas afirma que es “un auténtico instrumento
institucional para la mediación y protección en materia de vivienda”
La apertura de estos puntos de
atención ciudadana, previstos en todas las provincias andaluzas, forma parte
del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera
Elena Cortés en el Parlamento. Esta iniciativa es especialmente novedosa por la ruptura de la
neutralidad que supone, ya que rompe la neutralidad de la administración ante
este drama social.
El delegado territorial de
Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas, ha destacado que “en Cádiz y provincia
esta oficina supone por fin la implementación de un auténtico instrumento
institucional al servicio de quienes necesitan asesoramiento, protección o
mediación en problemas de vivienda”. Asimismo, ha añadido que “la oficina se
suma a una política que apuesta claramente por la dignificación de las condiciones
en las que viven muchos ciudadanos, que precisan de herramientas reales frente
al abuso, fundamentalmente, de entidades financieras, pero también de
un Gobierno central que ha puesto contra las cuerdas a muchas familias sin
recursos en los peores momentos de la crisis”.
Esta oficina de asesoramiento
ciudadano, que desde esta mañana atiende ya a familias afectadas, cuenta con un equipo especialmente
cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales,
que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los
Servicios Centrales de la
Consejería de Fomento y Vivienda.
En la fase de prevención, el personal que atiende la
oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se
encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en
colaboración con la
Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, a través de la Dirección
General de Consumo. Las funciones de intermediación se
ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo
soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su
empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la
liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un
triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de
cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente,
articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea
necesaria.
La oficina garantiza también la protección de las
familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una
solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se
encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
Por otro
lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con
carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas
familias, la Consejería
de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias (FAMP).
Una política generalizada
Este programa
se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura
ha puesto en marcha la
Consejería , entre las que están la paralización de los
desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de
sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a
los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas
protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales. A esto
se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa
popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los
desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas
específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha
priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.