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Decreto-ley
de modificación de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo
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Decreto-ley
por el que se adoptan medidas sobre el empleo en la Administración General de
la Junta de Andalucía
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Acuerdo
por el que se inician los trámites para la elaboración del Plan Andaluz de
Vivienda y Rehabilitación
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Acuerdo
por el que se autoriza la transformación de la entidad Cajasol en fundación de carácter especial
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Decreto
por el que se determinan los órganos competentes para la incoación y
resolución de procedimientos disciplinarios tramitados al funcionariado con
habilitación de carácter estatal con destino en las entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
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Informe
del consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre el estado de
discusión de la reforma de la Política Agraria Común
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Educación asume las competencias
de la Formación Profesional para el Empleo
La Junta refuerza la integración de las
distintas modalidades de FP para crear una oferta más flexible, individualizada
y conectada al mercado de trabajo
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley por el que
se traspasan a la Consejería de Educación las competencias en Formación
Profesional (FP) para el Empleo, hasta ahora gestionadas por el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE).
Esta decisión se enmarca en el proceso de integración de las
dos modalidades de FP para el Empleo (la ocupacional para desempleados y la
continua para trabajadores en activo) y la FP Inicial o reglada (la del sistema
educativo), que la Junta viene desarrollando en los últimos años para implantar
un sistema más accesible, flexible, individualizado y conectado a las
necesidades del tejido productivo. De acuerdo con la norma aprobada, esta
gestión única deberá atender a las orientaciones que seguirá marcando el SAE en
relación con las demandas reales del mercado de trabajo en cada territorio.
Junto con la coordinación y gestión de la oferta formativa
anual para personas ocupadas y demandantes de empleo, las competencias
traspasadas a Educación incluyen también la formación a lo largo de la vida y
los programas en alternancia como las escuelas taller, las casas de oficio y
los talleres de empleo, así como la programación de los centros de formación
profesional para el empleo, tanto propios como consorciados, y la gestión de
las acreditaciones de competencias adquiridas por la experiencia laboral y por
vías no formales.
El proceso de integración de la FP se inició en 2009 con un
decreto que, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua,
incorporó los ‘Certificados de Profesionalidad’, que refuerzan el reconocimiento
de los cursos con la posibilidad de su convalidación por la FP reglada. En este
sentido, el Decreto-ley aprobado hoy establece mecanismos de coordinación entre
Educación y el SAE para el reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas en los cursos y en la propia experiencia laboral.
La FP para el Empleo en Andalucía señala como colectivos
prioritarios a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores de
pequeñas y medianas empresas y las personas con mayores dificultades de acceso
al empleo, como las que presentan discapacidad,
las desempleadas de larga duración, las mayores de 45 años y las víctimas de la
violencia de género. Asimismo, se presta especial atención a los jóvenes que en
los años de bonanza económica abandonaron prematuramente sus estudios para
incorporarse a empleos poco cualificados y ahora están en el paro.
La Junta dará preferencia a la edad y la
experiencia
en los procedimientos selectivos del funcionariado
interino
El Consejo aprueba el Decreto-ley que
introduce un trato diferencial
para colectivos prioritarios y asegura el
mantenimiento del empleo público
El Consejo
de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley por el que se establece una nueva regulación
en los procedimientos de selección de los funcionarios interinos de la
Administración General de la Junta de Andalucía. Atendiendo al criterio
recogido en la legislación europea de dispensar un trato diferencial por
motivos de edad y experiencia profesional, estos procesos darán preferencia al
personal que cese en su puesto de trabajo porque se haya adjudicado a un
funcionario de carrera en cualquiera de los procedimientos reglamentarios de
selección o provisión. Como condiciones, se exige que venga prestando servicios
con anterioridad al 1 de enero de 2005 y tenga al menos 45 años a 31 de
diciembre de 2013.
La nueva
regulación, en el marco del Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP), considera
estas circunstancias con el objetivo de valorar debidamente la experiencia
adquirida y demostrada por el colectivo de interinos en el desempeño de puestos
de trabajo en la Administración andaluza. De igual modo, se pretende contribuir
a la conformación de un mercado de trabajo favorable a la integración social de
colectivos prioritarios, entre los que se encuentran las personas trabajadoras
de mayor edad, así como defender el principio prioritario del Gobierno andaluz
en el sentido de mantener el máximo empleo público.
El
Decreto-ley también dará respuesta a las necesidades de provisión de plazas en
aquellas áreas que se consideran prioritarias y con necesidades específicas de
efectivos, o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales.
Las
medidas contenidas en esta norma han sido objeto de negociación en la Mesa
Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta, celebrada
con carácter extraordinario el pasado 21 de marzo a petición de las
organizaciones sindicales CSIF, USTEA, UGT y CCOO.
El nuevo Plan Andaluz de Vivienda y
Rehabilitación reforzará
la lucha contra los desahucios y el fomento
del alquiler
La Junta inicia los trámites de
elaboración del documento, que también
dará prioridad a la mejora del parque
residencial y de los espacios públicos
El
Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites para la elaboración del
Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, que recogerá la nueva estrategia de
la Junta en esta materia. El documento, que sustituirá al desarrollado desde
2008, centrará sus medidas en la lucha contra los desahucios, el
fomento del alquiler, la mejora del parque residencial, la autoconstrucción, el
cooperativismo y la sostenibilidad. Asimismo, ampliará el ámbito de la
rehabilitación más allá de la vivienda para incluir el patrimonio de interés
arquitectónico y los espacios públicos.
Junto
con las prioridades y objetivos, el plan definirá también las condiciones de
acceso a las ayudas autonómicas y estatales para viviendas protegidas y proyectos
de rehabilitación y suelo. El texto será consensuado con la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias; los agentes sociales y económicos; las asociaciones de
promotores, vecinos y consumidores y usuarios, y otros colectivos vinculados a
este ámbito.
Una
vez elaborada la propuesta del plan, la Consejería de Fomento y Vivienda recabará
los informes preceptivos de adecuación a la normativas ambiental y de ordenación
del territorio, además de someterlo al examen de la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno
para su aprobación. La Junta contará con un plazo de ocho meses para completar
este proceso.
El Consejo de Gobierno autoriza la
transformación
de Cajasol en fundación de carácter
especial
Con la conversión, prevista en la normativa
de cajas de ahorros,
la entidad desarrollará su actividad en
la obra social
El Consejo de
Gobierno ha acordado autorizar la transformación de Cajasol en fundación de
carácter especial. De acuerdo con el cambio, previsto en la legislación
autonómica de cajas de ahorros, esta entidad dejará de ejercer su actividad
financiera para centrarse en la obra social, finalidad a la que destinará el
producto de los fondos, participaciones e inversiones que integran su
patrimonio. La medida fue solicitada en diciembre de 2012 por la Asamblea
General de Cajasol y cuenta con el informe del Banco de España.
Tras su
conversión, tal como dispone la normativa, la nueva fundación quedará bajo el
protectorado de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que podrá
nombrar un representante en su Patronato. En este órgano, integrado por un
máximo de 20 miembros, deberán estar representados los mismos grupos que
figuraban en el gobierno de la caja transformada, y en igual proporción. Los
representantes originarios podrán formar parte del primer Patronato de la nueva
fundación y permanecer en el cargo por el tiempo que les reste hasta la
finalización de sus mandatos.
El Monte de Piedad y Caja de
Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Cajasol, se
integró en enero de 2011 en el Sistema Institucional de Protección (SIP)
constituido por las cajas de ahorros de Navarra, Canarias y Burgos, con Banca
Cívica, SA como entidad bancaria central. Tras la salida a bolsa de esta última
y su posterior absorción por CaixaBank, la participación de la caja andaluza se
redujo al 1,22%. Con ello perdió la autorización para actuar como entidad de
crédito e incurrió en el supuesto de transformación en fundación de carácter
especial previsto en la normativa vigente.
La Junta fija las competencias en
procedimientos disciplinarios que afectan al funcionariado municipal con
habilitación estatal
Las atribuciones se reparten entre la
Administración
autonómica y las propias entidades
locales
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que determina
los órganos competentes para tramitar procedimientos disciplinarios que afectan
al funcionariado municipal con habilitación de carácter estatal (categorías de
Secretaría, Intervención y Tesorería).
Para las infracciones de carácter grave o muy grave, la
competencia de incoación será de la persona titular de la Dirección General de
Administración Local, que nombrará para su instrucción a un funcionario de la
Delegación del Gobierno de la Junta de la provincia donde se hayan producido
los hechos. Por su parte, la resolución del procedimiento corresponderá a la
persona titular de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, salvo si la sanción supone separar al funcionario del
servicio. En este caso es el Consejo de Gobierno quien asume la potestad.
En cuanto a las faltas leves, la incoación se atribuye a la
persona titular de la presidencia de la entidad local o del miembro de la misma
que, previa delegación de competencias, desempeñe la jefatura directa del
personal. La competencia para resolver se otorga al pleno de la entidad local
en la que desempeñe su labor el funcionario.
El decreto establece que el órgano facultado para la
incoación será también el responsable de instruir, decretar o levantar la
suspensión provisional de la persona expedientada y realizar previamente un
informe reservado sobre el asunto.
La Junta exigirá una PAC reforzada en la
última fase
de la negociación entre las instituciones
europeas
Planas
informa al Consejo sobre el debate y reitera la demanda andaluza de mantener
los niveles actuales, que suponen más del 20% de la renta agraria
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha
informado al Consejo de Gobierno sobre los resultados de la discusión de la
reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que se ha llevado a cabo en el
Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión
Europea.
Luis Planas ha expuesto la posición del Gobierno
andaluz ante las negociaciones finales que abordarán en las próximas semanas
estas instituciones y la Comisión Europea para cerrar la reforma en el mes de
junio. En este sentido, ha subrayado que la Junta seguirá trabajando para
conseguir una PAC reforzada, que mantenga las reivindicaciones de mejora con
las que coincide Andalucía y recoja aquellas que aún no han sido introducidas
en las propuestas de partida.
De acuerdo con el calendario previsto, cada Estado
miembro tendrá que aprobar la normativa de desarrollo interno tras la
publicación de los nuevos reglamentos europeos. En ese momento, ha explicado
Planas, “el debate será a nivel nacional y desde Andalucía defenderemos nuestra
posición para que nuestro sector mantenga el nivel de apoyo adecuado a la
realidad productiva y al objetivo de promover la competitividad y la generación
de empleo”.
El titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha
subrayado que actualmente Andalucía recibe de la PAC en torno a 2.000 millones
de euros anuales. De ellos, unos 1.600 millones corresponden a ayudas directas
que complementan las rentas de más de 250.000 agricultores. El resto se enmarca
en el Programa de Desarrollo Rural y gestión de mercados.
Planas ha recordado que mantener una aportación en
los niveles actuales, que supone entre el 20% y el 35% de la renta, es uno de
los objetivos centrales del acuerdo por el sector agrario y el mundo rural
andaluz firmado recientemente por la Junta y las organizaciones profesionales
agrarias.
“Más de 200.000 explotaciones ven comprometido su
futuro en función de esta negociación, así como los 280.000 empleos que genera
el sector”, ha resaltado el responsable de Agricultura del Gobierno andaluz,
quien, en este sentido, también ha señalado que el acuerdo alcanzado sobre el
Marco Financiero Plurianual 2014-2020, pendiente de ser refrendado por el
Parlamento, “no es suficiente”. En el caso de España, el marco fija un
presupuesto total de ayudas directas de 35.705 millones de euros para ese
periodo, lo que supone una pérdida del 12% en términos reales, a lo que se añaden
8.291 millones de euros para el desarrollo rural (un 10 % menos).
En cuanto a la gestión de los mercados y el
reequilibrio de la cadena alimentaria, Luis Planas ha destacado que la posición
de partida del Parlamento Europeo propone avances con los que coincide el
Gobierno andaluz para una mejor regulación de los mercados. Entre ellos, señala
la necesidad de desarrollar herramientas que permitan dar una respuesta ágil y
eficaz a los episodios de crisis del sector agrario.
Flexibilidad
La Junta también defiende que el reparto financiero
se realice teniendo en cuenta las características y el peso específico que
tiene el sector andaluz en España y la Unión Europea. En este sentido, el
consejero ha valorado los mecanismos de flexibilidad introducidos por el
Consejo y el Parlamento europeos para suavizar el periodo transitorio a un
nuevo modelo de subvenciones directas y para limitar las transferencias de
ayudas entre agricultores, sectores y territorios.
Respecto a la política de desarrollo rural, el Gobierno
andaluz respalda la flexibilización en los requisitos de determinadas ayudas,
como las relativas a inversiones en regadíos, y la recuperación de la ayuda a
la promoción. En este ámbito, sin embargo, el consejero ha lamentado que no se
hayan incluido las mejoras que proponía Andalucía en las ayudas para la
concentración de la oferta y en las destinadas al apoyo de los sistemas
agroforestales (dehesas).
Entre otras propuestas que se han venido defendiendo
desde Andalucía y que no se han introducido en los documentos de partida,
Planas ha destacado la ausencia del algodón en el grupo de los cultivos que se
pueden beneficiar de la ayuda asociada voluntaria. Tampoco se han recogido la
extensión de la cuota láctea ni el establecimiento de un sistema de reservas
estratégicas de materias primas para la alimentación del ganado.
Desde el ingreso de España
en la Unión Europea en 1986, la PAC se ha destacado de forma progresiva como
instrumento fundamental en la gestión del sector primario y su agroindustria.
En estos 27 años, Andalucía ha recibido alrededor de 40.000 millones de euros
(más del 90% en ayudas directas y mecanismos de gestión de mercado, y el resto
para desarrollo rural).
Andalucía es una de las regiones europeas de mayor un peso
en agricultura, con cerca de 10.000 millones de euros de producción que la
sitúan por delante de 18 estados miembros. En cuanto a la balanza comercial, la
comunidad exportó productos alimentarios por un valor de 7.000 millones de
euros en 2012, de los que más del 76% tuvieron como destino la Unión Europea.
El sector agroalimentario en su conjunto, que incluye el
sector primario y más de 5.400 industrias agroalimentarias, aporta alrededor
del 8% del PIB y el 10% del empleo en la comunidad autónoma.
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