El Servicio de la Junta de Atención a
Víctimas asistió en el primer semestre a 326 mujeres que sufrían malos tratos
En la
provincia de Cádiz se han presentado más de 1.800 denuncias por violencia de
género durante el primer semestre de este año
El Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía (SAVA)
atendió a 687 personas en el primer semestre de este año en la provincia de
Cádiz, de las cuales el 47,4% (326) pidió asistencia por haber sufrido
episodios de violencia de género. En esta provincia se registraron en ese
periodo un total de 1.855 denuncias por malos tratos a mujeres.
La provincia gaditana cuenta con
dos oficinas del SAVA: una en el Campo de Gibraltar y otra en Cádiz. La primera
atendió a 270 víctimas, de las cuales 161 eran por casos de violencia de
género, mientras que la de la capital asistió a 417 personas, 165 de ellas por
malos tratos a mujeres.
Este servicio de apoyo y
asistencia integral a las víctimas tramitó entre enero y junio de este año la
notificación de 333 órdenes de protección a mujeres que había sufrido episodios
de violencia de género en la provincia, 166 en Cádiz y 167 en el Campo de
Gibraltar.
El SAVA, un servicio público y
gratuito dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, tiene la
finalidad de prestar una atención integral y coordinada a las víctimas de delitos y faltas en
Andalucía, ofreciendo un apoyo basado en la igualdad de género como principio
transversal de todas sus actuaciones.
El objetivo fundamental de este recurso
es ofrecer una respuesta a las necesidades específicas de las víctimas en los
ámbitos jurídico, psicológico y social, mediante una intervención
interdisciplinar. De hecho, este servicio
está compuesto por un equipo técnico especializado en este ámbito y configurado
por psicólogos, juristas y trabajadores sociales.
El SAVA forma parte de los recursos con los que cuenta la
Consejería de Justicia e Interior para atender a las víctimas de la violencia
de género. Este departamento mantendrá, durante 2013, la dotación
presupuestaria destinada a la lucha contra la violencia de género y la
asistencia a víctimas, políticas que suponen una prioridad absoluta para el
Gobierno andaluz.
La Consejería prevé que las partidas recogidas en las
cuentas del próximo año harán posible el registro de unas 6.000 órdenes de
protección, la especialización de 600 profesionales del derecho, fiscales,
jueces y otros operadores jurídicos y alrededor de 20 actividades formativas
para mejorar las actuaciones de lucha contra este problema social.
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