LA
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ANDALUCÍA CONSIDERA QUE EL DECRETO-LEY DE PROTECCIÓN
DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS ES UNA RESPUESTA INSUFICIENTE A LAS EXPECTATIVAS
SOCIALES SOBRE ESTE ASUNTO
Andalucía,
15 de noviembre de 2012.
Habiendo tenido conocimiento de la aprobación en Consejo de Ministros del
Decreto-Ley de Protección de los deudores hipotecarios, la Unión de
Consumidores de Andalucía quiere manifestar su opinión sobre el mismo
señalándolo como insuficiente y carente en su formulación de la necesaria
participación social que requería el asunto.
En
este sentido, aunque esta nueva regulación supone un importante avance,
consideramos que se queda corta a la hora de solventar de una manera decidida
todas las reivindicaciones que la sociedad exigía en cuanto a este tema. Así,
se trata de un acuerdo alcanzado de mínimos con importantes carencias.
Desde
nuestro punto de vista, las situaciones familiares que se recogen nos parecen
insuficientes y podrían dejar fuera a muchísimas casuísticas que como
organización de consumidores conocemos y atendemos a diario en nuestras
oficinas a la hora de solicitarnos asesoramiento en la materia. En base a ello,
se debería extender, desde una visión más amplia, al conjunto de la población
que pueda ser vulnerable y no exclusivamente a los supuestos tasados en la
redacción conocida, como colectivos sociales desfavorecidos.
Igualmente,
nos parece negativo que no se haya producido un cambio en la legislación
hipotecaria y que no se haya accedido a lo que la propia jurisdicción europea
está marcando como situación no ajustada al derecho comunitario, concretamente
de la Directiva 93/13.
En
principio, nos parece positiva la creación del Fondo Social de Viviendas como
bolsa de pisos para alquilar, siendo aportados éstos por la banca. No obstante,
habrá que ver los niveles de renta que se fijan al respecto y que, según
nuestro entender, deben ser mínimos para que la medida no sea un simple
maquillaje.
En
definitiva, es un decreto insuficiente que evidencia en sus palpables carencias
la falta de participación que el mismo se constata y criticamos desde muchas
entidades sociales y ciudadanas. Ya lo indicábamos la semana pasada y el
resultado lamentablemente ha sido el que esperábamos.
UCA/UCE
solicita nuevamente la regulación de lo que exigimos como solución del
problema: la dación en pago. Solo una normativa de obligado cumplimiento para
las entidades financieras, y no un Código de Buenas Prácticas voluntario, puede
otorgar una mejor posición al interés ciudadano en esta materia.
Para más información:
Miguel A. Ruiz: 671 04 86 25
Vicepresidente
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