Los
abogados y procuradores andaluces reciben otros
4,58
millones por la asistencia jurídica gratuita de 2013
Está previsto culminar a finales de
este mes el abono a estos profesionales de todos los pagos pendientes y
certificados del pasado año por este servicio
La Consejería de Justicia e Interior ha hecho
efectivo un nuevo pago de 4,58 millones de euros a los consejos andaluces de
abogados y procuradores para sufragar los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por
estos profesionales en Andalucía durante el pasado año.
El pago de esta nueva cuantía corresponde a las cuotas pendientes del
segundo y tercer trimestre de 2013, de los cuales 681.129 euros se han
destinado al pago de los procuradores -tercer trimestre de 2013- y 3.899.971
euros al de los letrados -segundo y tercer trimestre de 2013- y se refieren a
los servicios prestados y certificados por los respectivos colegios
profesionales en el turno de oficio y a los gastos de funcionamiento de ambos.
De esta forma, la Administración andaluza da
cumplimiento al acuerdo alcanzado con el Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados para el abono de este
servicio que prestan más de 8.000 abogados y procuradores en la comunidad
autónoma. La Consejería de Justicia e Interior y los responsables de los
colegios de abogados andaluces acordaron el pasado noviembre un nuevo plazo de
pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de liquidar en el
primer cuatrimestre de este año todos los servicios prestados y certificados de
2013 que realizaron estos profesionales.
En virtud de ese acuerdo, la Consejería de
Justicia e Interior sigue sufragando mensualmente diversas cuantías de este
servicio y prevé culminar a finales de este mes todos los pagos pendientes del
pasado año. Con esta nueva cantidad, el importe abonado en el último año se
eleva a 37,63 millones de euros por la prestación de este servicio, mientras
que desde enero se han pagado ya estos profesionales 14,62 millones.
El servicio de asistencia jurídica gratuita garantiza la representación letrada en procesos judiciales a la
ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa
ante los tribunales y hacer realidad el principio de igualdad ante la Justicia.
Además, es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los
gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación
gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los
gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.
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