La luz, un servicio básico para todos…
La sentencia del Supremo afecta, sin duda, a los
derechos de las personas consumidoras y usuarias
En un primer análisis de la situación, AL-ANDALUS,
considera que la incertidumbre, el desequilibrio,… entorno a este sector vuelve
una vez más a repercutir sobre la ciudadanía y con principal incidencia sobre
los colectivos más vulnerables.
En el día de ayer,
el Tribunal Supremo de Justicia dictaba una sentencia sobre el mecanismo de financiación
del bono social eléctrico. Aunque aún es pronto para sacar conclusiones sobre
la repercusión concreta y directa del tema, desde la Federación de Consumidores
AL-ANDALUS se informa que:
Esta sentencia versa
sobre una medida que, sin duda alguna, afecta a los derechos de las personas
consumidoras y usuarias, y en especial al de los colectivos más vulnerables y
en riesgo de exclusión social. Algo que viene a poner en evidencia que los cambios
normativos que se están llevando a cabo en el sector incrementan y a provocan
incertidumbre, desequilibrios,… hacia los consumidores.
Lamentablemente, la
normativa vigente está sujeta a diversas
interpretaciones, dado a su ambigüedad y a la falta de concreción en
determinados aspectos básicos y esenciales, creando así, un escenario de
inseguridad jurídica que hoy vuelve a ponerse de manifiesto, con esta sentencia
que afecta al mecanismo de financiación del bono social.
La situación actual
es que el Gobierno Central es el que debe tomar medidas en este asunto por ser
él, el que tiene las competencias en dicha materia. Sin embargo, mucho nos
tememos que seremos, una vez más, los ciudadanos los afectados de manera
negativa por esta medida siendo finalmente los que soportaremos el manteamiento
del sistema.
La luz, un servicio básico para todos
Desde AL-ANDALUS,
llevamos mucho tiempo batallando e insistiendo en que el actual sistema
eléctrico genera inseguridad y desequilibrios, agudizando aún más si cabe el
problema de la pobreza energética.
Por ello, insistimos en que ya es hora de ir abordado
de manera íntegra y definitiva, por parte de los poderes públicos, este gran
problema social, para que de una vez por todas, un servicio básico tan esencial
como puede ser la luz, sea garantizado a la ciudadanía con independencia de su
capacidad económica.
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