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En
la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual
reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado,
entre otros, los siguientes acuerdos:
· Proyecto
de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía
· Acuerdo
por el que se autoriza la integración de la sociedad Metro de Granada, SA, en
la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
· Acuerdos
de formulación de los planes de desarrollo sostenible de los parques
naturales de la Sierra de Grazalema (Cádiz-Málaga) y de las Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama (Granada-Málaga)
· Acuerdo
por el que se autoriza a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la
concesión de una subvención a la Fundación Pública Andaluza para la
Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental
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La nueva Ley de derechos de las personas con discapacidad
asegurará reservas de plazas en formación y empleo
El proyecto normativo, aprobado por el Consejo, refuerza las
medidas
y obligaciones para garantizar la inclusión y la igualdad de
oportunidades
El Consejo de Gobierno ha
aprobado el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía, que consolidará las políticas autonómicas dirigidas
a este colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad (el 61% mujeres y
casi el 10% de la población total). La norma partirá de los avances conseguidos
con la ley de 1999 ahora vigente, cuyo desarrollo se concreta actualmente en un
presupuesto anual que supera los 1.300 millones de euros.
El proyecto, que será
remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas
en profundidad con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa,
inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de
oportunidades más allá del enfoque asistencial. De acuerdo con las exigencias
de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las
condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o
de salud. Se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo
médico-rehabilitador.
A diferencia de la ley de 1999, se reconocen las
situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la
pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones
de las personas afectadas. De igual modo, la norma considera el mayor riesgo de
sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y
establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas
sobre violencia de género. Entre ellas destacan la adecuación de las casas de
acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas
mediante sistemas similares a la videoconferencia.
Igualmente novedoso es el
reconocimiento del uso de los perros de asistencia, aquellos que han sido
adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio
de las personas con discapacidad. Se trata de una categoría general
que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo
de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento. Respecto
a las medidas para favorecer la movilidad, también se concederá la tarjeta de
aparcamiento para personas con discapacidad a vehículos de transporte
colectivo.
En el ámbito formativo y
del empleo la principal novedad es el establecimiento de una reserva para
personas con discapacidad del 3% del número de plazas (con un mínimo de una) en
los cursos de formación para el empleo organizados por la Administración
autonómica. Esta cifra se eleva al 5% en el Programa de Escuelas Taller, Casas
de Oficio y Talleres de Empleo, un cupo igualmente de nueva creación. Además,
prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que
será concretada en un posterior desarrollo reglamentario.
También en el área laboral,
la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad con medidas
específicas tanto en el ámbito público como en el privado, y con un enfoque de
género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.
Centros especiales de
empleo
Una novedad destacada es la
fijación de una reserva del 5%
del importe anual de toda la contratación pública de la Junta a favor de los
centros especiales de empleo (empresas que cuentan en su plantilla con
un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad). En esta misma línea, se introduce una cláusula de desempate
obligatoria a favor de las empresas que tengan un mayor número de personas con
discapacidad.
Respecto a la salud, el
proyecto recoge el impulso a la atención temprana para menores de seis años,
haciendo hincapié en la
coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos. En este
sentido, se definen las condiciones mínimas del modelo regulado en el decreto
que aprobó el Gobierno andaluz el pasado de 26 de abril, norma que dispone la
creación en las ocho provincias de 11 unidades responsables de derivar a los
menores a los 163 centros de atención infantil temprana que hay en Andalucía,
donde actualmente más de 800 profesionales atienden a 19.000 personas al año.
En el área educativa, las
universidades andaluzas deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad
y aprobar un plan especial de accesibilidad a los entornos físicos y de la
información y la comunicación. También novedosa es la prohibición expresa que
se establece para los centros docentes, tanto públicos como privados, de denegar
por motivos de discapacidad el acceso al alumnado o a los demás miembros de la
comunidad educativa a sus servicios y actividades. Asimismo, el texto incorpora
la previsión de fórmulas de colaboración con las entidades representativas del
colectivo de personas con discapacidad para el desarrollo actividades
extraescolares.
A diferencia de la anterior ley, el nuevo texto
define los criterios que deben orientar las prestaciones de servicios sociales
destinadas a las personas con discapacidad, de forma que se atiendan sus
necesidades personales y de inclusión. Una novedad destacada es la introducción
de la figura del concierto social para impulsar la colaboración con la
iniciativa privada. Entre otros aspectos, se regula la atención a personas
privadas de libertad y a las que requieren apoyo en el ejercicio de su
capacidad jurídica a través de entidades sin ánimo de lucro.
Accesibilidad universal
Garantizar la vida
independiente y la accesibilidad universal es otro de los objetivos de la nueva
ley que, a diferencia de la de 1999, sólo se centraba en la accesibilidad arquitectónica
o física. Para ello, la Administración autonómica estará obligada a incluir en
su regulación sobre la materia todos los entornos físicos y de información y la
comunicación, incluidos bienes, productos y servicios, para permitir su uso por
el mayor número de personas con independencia de cuáles sean sus capacidades.
En el texto también
se reconoce específicamente el derecho de las personas en situación de
dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Entre
otras medidas, la ley obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas
para la promoción de la autonomía personal y a introducir apoyos y ajustes
razonables en los programas y actuaciones de transición a la vida adulta
destinados a jóvenes con discapacidad que hayan sido destinatarios de medidas
de protección de menores.
La futura normativa también
mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue
prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en
situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.
En el apartado de vivienda,
se consolida la reserva de un 4% de las protegidas para personas con
discapacidad y, como novedad, se dispone la regulación de la figura de las
denominadas ‘viviendas convertibles’, diseñadas con el fin de permitir su fácil
adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades. Asimismo, las
personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la
adaptación de las viviendas.
Otra novedad respecto a la ley anterior es la
inclusión expresa del turismo entre las actividades de ocio en las que se debe
garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En
este sentido se dispone que si los alojamientos de uso residencial público
accesibles (habitaciones de hoteles, albergues, teatros, residencias de estudiantes)
y los espacios reservados se ubican sólo en las zonas de mayor precio, las personas
con discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica.
Por
su parte, en materia de comunicación, imagen y publicidad, se establece que el
Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el
tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad.
Igualmente novedosa es la previsión de crear un
órgano de resolución extrajudicial de conflictos en materia de igualdad de
oportunidades y no discriminación, que estará adscrito a la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales. Esta junta arbitral se completará con otra en
colaboración con la Administración central para los conflictos que exceden del
ámbito autonómico.
Por último, el texto incluye un régimen
sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal con multas que van desde 301 a un millón de euros
dependiendo de la calificación de la infracción. Se califican como muy graves
todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente
situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica.
El
proyecto aprobado hoy ha contado con la participación de las entidades
pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad,
así como de las organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia.
Actualmente, en el 22% de los hogares
andaluces hay al menos una persona con discapacidad. De las más de 700.000
personas que integran el colectivo, 560.996 personas tienen reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33% por los Centros de Valoración y
Orientación. De ellas 281.281 son hombres y 279.685 mujeres. Por otra parte,
60.152 tienen concedida y en vigor la tarjeta de aparcamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida (32.142 hombres y 28.010 mujeres).
La Agencia de Obra Pública asume las
competencias de gestión del metro de Granada
La decisión consolida un modelo cien por
cien público para la infraestructura, que afronta la fase de explotación con la
obra civil finalizada
El Consejo de Gobierno ha aprobado la integración de la sociedad
Metro de Granada, SA, en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía,
dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda. La decisión tiene como
objetivo optimizar los procesos de gestión del ferrocarril metropolitano, cuyas
obras de infraestructuras han finalizado y el contrato de puesta en servicio se
encuentra en licitación para afrontar la fase de explotación comercial.
El acuerdo de integración
supondrá la consolidación de un modelo de gestión directa y cien por cien
público, una vez evaluadas y descartadas por sobrecostes no justificados las
fórmulas de colaboración público-privada que inicialmente dieron lugar en 2010
a la constitución de la sociedad ahora extinguida.
El proceso se concretará a través
de la cesión global del activo y del pasivo de Metro de Granada, SA, a la
Agencia de Obra Pública, ente público instrumental que es accionista único de
la sociedad y cuenta con las competencias administrativas necesarias para
ejercer una posición de mayor tutela, responsabilidad, control y sanción sobre
los contratos de operación y mantenimiento del metro, velando así por la mejor
prestación del futuro servicio de transporte.
El acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno permitirá rentabilizar y optimizar los recursos técnicos y
humanos y la experiencia de la Agencia de Obra Pública, que gestiona los metros
de Sevilla y Málaga, además de desarrollar las obras del propio metro de
Granada y de los tranvías de la Bahía de Cádiz y de Alcalá de Guadaíra.
Actualmente se encuentra en
licitación pública el contrato de servicios de operación que posibilitará la
puesta en marcha comercial del Metro de Granada, con un importe máximo de 33,56
millones de euros para seis años y la previsión de crear 112 empleos, principalmente
principalmente conductores de trenes, supervisores comerciales, interventores y
operadores del puesto de control central. En fase de contratación están también
otros servicios que afectan al mantenimiento, la seguridad, la vigilancia y la
limpieza. Paralelamente, la Agencia de Obra Pública sigue desarrollando los
trabajos previos a la explotación, fundamentalmente las pruebas dinámicas con
trenes y la preparación de la documentación, certificados y normas.
Con estos últimos contratos, la inversión global del metro
de Granada se sitúa en los 558 millones de euros, distribuidos del siguiente
modo: 260 millones procedentes de préstamos del Banco Europeo de Inversiones,
213 de transferencias presupuestarias directas de la Junta y 85 de financiación
privada a través de los créditos formalizados con cuatro entidades bancarias.
Estas inversiones incluyen desde obras de infraestructura, montaje de vías,
instalaciones, sistemas y material móvil a intervenciones de urbanización, así
como la fase de prueba y otros gastos e intereses financieros.
El metro de Granada, que discurrirá por los municipios de Albolote,
Maracena, Granada y Armilla, tendrá un recorrido total de 15,9 kilómetros (el
83% en superficie) y contará con 26 estaciones. La población servida (residente
a menos de 500 metros de una estación) será de 168.384 personas, con una
demanda de alrededor de 12,6 millones de viajeros en su primer año completo de
explotación comercial. La flota de trenes ligeros está compuesta por 15
unidades, ya fabricadas, con las que actualmente se desarrollan las pruebas
dinámicas en la mitad del trazado (entre Albolote y La Caleta).
Actualmente, la obra civil está concluida en los 16
kilómetros de recorrido. Los trabajos se centran exclusivamente en las últimas
labores de instalaciones y sistemas (energía, señalización y comunicaciones).
De acuerdo al programa de trabajo, a partir de septiembre se prolongarán hasta
Armilla las pruebas dinámicas con trenes, completando así estos ensayos a la
totalidad del trazado.
El material móvil incorporará, entre otras innovaciones, un
equipo de recuperación de la energía de frenado para su uso en tracción, lo que
supone un ahorro de consumo energético de al menos un 20%. Además, el metro
circulará sin catenarias en determinados tramos urbanos del trayecto, al
incorporar unos supercondensadores a los vehículos. La velocidad máxima será de
70 kilómetros/hora (50 en los tramos en superficie) y la comercial (media
incluyendo paradas) se situará entre los 20 y 28 kilómetros por hora, lo que
permitirá completar los trayectos en siete minutos entre Albolote y Maracena;
cinco entre Maracena y Granada; once entre Albolote y Granada, y 20 entre
Armilla y la capital.
La Junta inicia los planes de desarrollo
sostenible de los
parques de Grazalema y de Tejeda, Almijara
y Alhama
Los documentos fijarán las estrategias de
fomento económico para los 28 municipios situados en los espacios protegidos y sus áreas de
influencia
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar los trámites
para la elaboración de los planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de los parques
naturales de la Sierra de Grazalema (Cádiz y Málaga) y de las Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama (Granada y Málaga). Los documentos establecerán las
estrategias de fomento económico que llevará a cabo la Junta de Andalucía en
los 28 municipios integrados en estos espacios protegidos y sus áreas de influencia
(15 en el primer caso y 13 en el segundo).
Los nuevos planes sustituirán a los vigentes desde 2006,
cuyo desarrollo ha supuesto un avance en la economía sostenible de ambas zonas,
reflejado en diversos indicadores. Así, la Sierra de Grazalema ha duplicado su
superficie de cultivos ecológicos, de 1.866 a 3.840 hectáreas, y el número de
casas rurales (de 60 a 120), además de aumentar de 5 a 37 las empresas
dedicadas al turismo activo y 15 a 21 las industrias ecológicas.
Por su parte, el Parque Natural de las Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama ha pasado a contar con 20 empresas de turismo activo, frente
a las cuatro de 2006, además de multiplicar el número de casas rurales (de 18 a
93).
De acuerdo con la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
los PDS incluirán, entre otros contenidos, un diagnóstico de los parques y sus
áreas de influencia; las normas de adecuación a otros planes de incidencia
territorial y medioambiental, y las medidas concretas para fomentar iniciativas
locales de desarrollo sostenible con la implicación y participación de las
administraciones públicas y los agentes sociales y económicos. En este último
bloque se prestará especial atención a la oferta de turismo rural y de
naturaleza; la creación de sociedades comercializadoras de productos
autóctonos; la obtención de denominaciones de calidad; el apoyo a las técnicas
agrícolas respetuosas con el medio ambiente; el uso de las energías renovables,
y el reforzamiento de los trabajos preventivos frente a los incendios forestales.
En la Sierra de Grazalema las estrategias de fomento
económico sostenible se aplicarán en un territorio de 136.720 hectáreas
(53.411 dentro de los límites del espacio protegido), con una población de más
de 78.864 habitantes, repartida entre los municipios de Algodonales, Benaocaz,
El Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del
Rosario y Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz, y Benaoján, Cortes de
la Frontera, Jimera de Líbar, Montecorto, Montejaque y Ronda en Málaga.
El PDS de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama tendrá como
ámbito un territorio de 102.924 hectáreas (40.657 protegidas) y 43.868
habitantes en los municipios de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Salares y Sedella en la provincia de
Málaga, y Alhama de Granada, Arenas del Rey, Játar, Jayena y Otívar en Granada.
Los procesos de elaboración de ambos planes seguirán un
modelo de amplia participación social que dará cabida a los principales agentes
institucionales, económicos y sociales de las comarcas, además de contar con
los informes preceptivos del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el Consejo
de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, el Consejo Andaluz de
Medio Ambiente y el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible.
La Sierra de Grazalema, declarada Parque Natural en 1985 y
Zona de Especial Protección para las Aves en 2003, constituye un destacado
enclave de relieves abruptos y contrastados por su convulsa historia geológica,
con cañones de gran belleza como la Garganta Verde, y un laberinto subterráneo
de simas y grutas, entre las que destaca el complejo Hundidero-Gato, la cueva
de mayor longitud de Andalucía. El elemento más emblemático del parque es el
pinsapar, una reliquia de los grandes bosques de las épocas glaciares, al que
se suman densas formaciones de encinas, alcornoques y quejigos. En la zona encuentran
sus hábitatas más de 136 especies distintas de aves, entre las que destacan el
halcón peregrino, el búho real y el buitre leonado, que posee aquí la mayor
colonia de Europa.
Las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, declaradas Parque
Natural en 1999 y Zona de Especial Protección para las Aves en 2002, presentan
un ecosistema predominante de pinos carrascos, negrales e incluso laricios. En
las zonas más altas también aparecen quejigos, robles melojos y arces, así como
la tejeda más meridional de la Península Ibérica en el ascenso al Salto del
Caballo. Entre la fauna sobresalen especies como el águila real, el buitre
leonado, el alimoche, la cabra montesa, la trucha común, el cangrejo de río autóctono
y el sapo partero bético.
La Junta
autoriza una subvención de 5,9 millones a la Fundación para la Integración de
la Personas con Enfermedad Mental
La entidad, adscrita a la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales,
presta servicios a 10.000 usuarios en la
comunidad autónoma
El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención de 5,9
millones de euros a la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de
las Personas con Enfermedad Mental (Faisem). La ayuda se destina a financiar el
mantenimiento de las actividades de esta entidad y parte de los gastos de
personal de sus unidades residenciales (casas hogar) en el ejercicio de 2016.
Faisem es una fundación sin ánimo de lucro creada en 1993 a
instancias del Parlamento de Andalucía. Adscrita a la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, su trabajo se centra en la prevención de la marginación y
en el apoyo a la integración de las personas que padecen enfermedades psíquicas
generadoras de incapacidad. La entidad cuenta con 1.072 profesionales que
atienden a unas 10.000 personas en la comunidad autónoma.
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