Presentado en Cádiz el primer
protocolo institucional en España ante la violencia de género en las redes
sociales
El
documento marcará las pautas a seguir al equipo de profesionales del Instituto
Andaluz de la Mujer
La sede del Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM) en Cádiz ha acogido hoy la presentación del Protocolo Específico
ante la Ciberdelincuencia de Género, una iniciativa pionera en España impulsada
por el IAM con el fin de ofrecer a su equipo de profesionales las herramientas
y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas que acuden a
la red del IAM y que en algún momento del proceso de atención presentan
síntomas de sufrir violencia de género a través de las TICs. El documento es el
primero de carácter institucional que se elabora en toda España en materia de
ciberdelincuencia de género, un fenómeno muy reciente dado el carácter novedoso
de las TICs y de las relaciones a través de las redes sociales.
La delegada territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Miriam Alconchel, ha sido la encargada de
explicar el protocolo, junto a la coordinadora provincial del IAM, Josefa
Moreno. Según ha destacado la delegada, el protocolo responde a la necesidad de
respuesta ante una nueva realidad detectada por el equipo de profesionales del
IAM, que han observado que la violencia de género sufrida por las mujeres más
jóvenes se manifiesta cada vez más a través de los canales de relación y
comunicación utilizados por la juventud, como las redes sociales. Estas nuevas
formas han generado riesgos específicos derivados de las propias
características de las TICs, como la multiplicación de los efectos de la
violencia por su capacidad de difusión, repetición y viralidad; el mayor
anonimato del agresor; la posibilidad de que se dé una suma de maltratadores;
la continuidad en el tiempo; la exhibición de la intimidad ante infinitas
personas; la facilidad para el control permanente (geolocalizadores, control de
estado online o conexiones, etc); o el
riesgo de suplantar fácilmente la personalidad de la víctima.
Ante ello, el protocolo define
ciberdelincuencia de género como toda aquella violencia machista que se lleva a
cabo a través de las TICs (revelación de secretos, injurias y calumnias, trato
denigrante, difusión de imágenes, usurpación de identidad, grooming, amenazas o
coacciones, sextorsión, etc), y establece las pautas a seguir para la detección
y actuación ante cualquier señal de alarma.
El protocolo prevé que en
cualquiera de las fases del proceso de atención a la víctima se pueda detectar
la ciberdelincuencia de género. Para ello, en todos los formularios de atención
(ya sea psicológica, jurídica o social) se recogen parámetros descriptivos para
la recogida exacta de información sobre cualquier episodio de ciberdelincuencia
de género. Los informes deberán utilizar la terminología propia de las TICs,
para lo cual el protocolo proporciona un glosario de más de 200 palabras.
Según marca el documento, el área
social del IAM valorará las redes sociales en las que intervienen la víctima y
el agresor, para evaluar el posible impacto en la vida de la víctima, de
menores a su cargo o de familiares. Por su parte, el área psicológica será la
máxima responsable de la recogida completa del relato, ya que es en este ámbito
en el que mejor se pueden detectar los ataques a través de las TICs, y donde se
evalúan las consecuencias psicológicas.
Una vez recogida toda la
información, se elaborará un diagnóstico y una planificación para la
intervención en el ámbito de las TICs, donde se valorará la conveniencia de
seguir pautas de seguridad informática y, en coordinación con el área jurídica,
las medidas legales necesarias. Por su parte, desde el ámbito psicológico se
tomarán las estrategias terapéuticas adecuadas para paliar los efectos del
control y de las crisis de reputación a través de las TICs, así como para dar
el apoyo necesario durante la exposición gráfica de las pruebas electrónicas en
el procedimiento judicial
La delegada y la coordinadora
provincial han incidido en la importancia de la prueba electrónica en la
denuncia y en todo el proceso judicial, y han detallado que por este motivo el
protocolo dedica un apartado muy amplio a las pautas que se deben dar a la
usuaria para garantizar su seguridad informática (custodia de información,
copias de seguridad, protección de la red wifi, consulta técnica ante
geolocalizadores o aplicaciones espías, ...) y para recabar pruebas
electrónicas que puedan servir en un juicio (imágenes, capturas de pantalla,
wassaps, vídeos, etc).
Finalmente, el protocolo recoge los
principales signos de alarma para detectar la ciberdelincuencia de género, que
deben tener en cuenta tanto la víctima como el equipo profesional que la
atiende.
A juicio de la delegada, “la iniciativa
demuestra una vez más el constante compromiso” de la Junta de Andalucía con la
prevención y la erradicación de la violencia de género, sabiendo adaptarse además
a los cambios y necesidades sociales que se detecten. En este sentido, cabe
recordar que el Gobierno andaluz ha puesto especial atención en la violencia
machista en la juventud, ante la cual se han lanzado nuevos programas
coeducativos de prevención (La Violencia no es un Juego, APP DetectAmor, etc);
se ha especializado la atención a las víctimas jóvenes (Programa de Atención
Psicológica a Adolescentes Víctimas) y se ha puesto a disposición de todas las
familias andaluzas una Guía de Orientación para saber detectar a tiempo señales
que indiquen que sus hijas sufren maltrato machista
(www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-10-31-21/guias-para-padrsw-y-madrs-con-hijas-adolescentes-que-sufren-violencia-de-genero
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