Los municipios
con planes de emergencia en la provincia
de Cádiz se han
triplicado en los últimos cinco años
Esta planificación que promueve la Consejería de Justicia e Interior
da cobertura
específica al 99% de la población de la provincia
gaditana
El número de municipios con planes de
emergencia en la provincia de Cádiz se ha triplicado en los últimos cinco años,
al pasar de 14 en 2011 a 41 en 2015, según un balance de la Consejería de
Justicia e Interior, responsable de la planificación que se lleva a cabo en
Andalucía para prevenir situaciones de riesgo y actuar ante siniestros.
Estos planes municipales de emergencia dan cobertura al 99% de la
población de esta provincia, el 100% en el caso de los municipios de más de
10.000 habitantes, mientras que la protección y seguridad del resto está
garantizada a través del Plan Territorial de Emergencias de la comunidad autónoma.
La aprobación de estos planes se ha
visto fuertemente impulsada en este último lustro tras la entrada en vigor de
la Ley de Autonomía Local, que ha facilitado el diseño de estos programas que
organizan la prevención y la intervención de los diferentes cuerpos de
seguridad y emergencias en caso de siniestro.
En estos documentos se establece cómo
actuar de forma coordinada con las administraciones y se siguen los criterios
establecidos previamente en el Plan Territorial andaluz, que es donde se fijan
las directrices que han de seguir los planes municipales, ha explicado el
titular de Justicia e Interior.
Además, el propósito de la Junta, de
cara al futuro, es potenciar la colaboración con los ayuntamientos con menos de
10.000 habitantes, para avanzar en el objetivo de que todos los municipios andaluces
dispongan de plan de emergencia, así como reforzar el trabajo conjunto en este
campo con las corporaciones provinciales.
Igualmente y progresivamente a lo
largo de esta nueva legislatura, la Consejería de Justicia e Interior va a
facilitar información técnica y apoyo para que los ayuntamientos que ya
disponen de un plan puedan complementarlos con procedimientos más específicos,
dirigidos a determinados riesgos como inundaciones, contaminación del litoral,
transporte de mercancías peligrosas o accidentes industriales.
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