martes, 28 de julio de 2015

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

·       Proyecto de Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda
·       Decreto por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía
·       Acuerdos por los que se autorizan los gastos de las contrataciones, por el Servicio Andaluz de Salud, de la gestión del servicio público, mediante concierto de asistencia sanitaria especializada, en centros hospitalarios homologados de las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga
·       Decreto por el que se aprueban planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes por sustancias peligrosas en las provincias de Cádiz, Granada y Sevilla
·       Nombramientos


El Gobierno andaluz aprueba el proyecto de la ley contra
los abusos en la contratación de préstamos hipotecarios

La norma incorpora nuevas fórmulas de arbitraje extrajudicial e instrumentos de información y asesoramiento para reforzar la lucha contra los desahucios


El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda. La norma tiene como principales objetivos acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza.

El texto ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado mes de enero pero no llegó a tramitarse al concluir la legislatura. Su nueva redacción mantiene el mismo contenido y añade medidas de refuerzo para facilitar soluciones extrajudiciales a los desahucios y diseñar un sistema integral de información y asesoramiento a las personas afectadas.

En relación con la primera de estas novedades, el proyecto prevé la creación de una sección específica en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, con la denominación de Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios. A través de este instrumento se impulsará la mediación extraprocesal previa o simultánea con cualquier procedimiento de ejecución judicial o notarial, a fin de lograr soluciones consensuadas para que las personas afectadas puedan mantener la propiedad de la vivienda y, subsidiariamente, la posibilidad de su uso.

Las entidades que otorguen préstamos para adquisición de vivienda deberán incluir en las condiciones generales o específicas de contratación la adhesión al Sistema Arbritral de Consumo de Andalucía, en el que las personas consumidoras y usuarias pueden tener información sobre las mismas.

En la misma línea de reforzar la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, el proyecto de ley incorpora la creación del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los de impago de las rentas de alquiler.

El sistema prestará atención singularizada y prioritaria a colectivos en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión social y las que no pueden afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias y de los contratos de arrendamiento por causas sobrevenidas.

Independientemente de estas dos novedades, se mantiene el contenido del texto que ya fue remitido al Parlamento de Andalucía el pasado mes de enero. Entre otros aspectos, establece medidas frente a las cláusulas abusivas partiendo del respeto a la legislación estatal en la materia; impone nuevos deberes a las empresas prestamistas; garantiza derechos en materia de información y transparencia para las personas prestatarias; incrementa la transparencia de las comunicaciones comerciales y la publicidad, y establece la elaboración del ‘Contrato Hipotecario de Confianza’ con la participación de la Junta y de las asociaciones de consumidores, entre otras.

Información previa
La futura ley ampliará la información previa al contrato y la personalizada, a través de dos nuevos documentos adicionales a los exigidos por la normativa estatal: el de Información Precontractual Complementaria y el de Información Personalizada Complementaria, que, entre otros contenidos, recogerá una tabla de oscilaciones de los tipos de interés. Los datos de relevancia precontractual deberán estar disponibles para el consumidor en la web o en las oficinas de la entidad financiera, sin que sea preciso solicitarlos.

Respecto a la publicidad y comunicaciones comerciales, cuando se indique el tipo de interés o coste del préstamo, se establece la obligación de facilitar información básica. Para que puedan compararse ofertas de diferentes entidades, se tomará como referencia una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. Asimismo, las entidades deberán advertir de la existencia de cláusulas suelo y techo, del posible riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimientos, de si la garantía alcanza al resto de bienes del consumidor y de si las condiciones ofertadas están vinculadas a la contratación de servicios adicionales.

Las medidas para aumentar la transparencia en la información se completan con la creación del Índice de Documentos de Entrega Preceptiva, en el que se relacionará toda la documentación que las empresas prestamistas deben poner a disposición del consumidor hasta que suscriba el crédito.

Igualmente novedoso es el reconocimiento de la persona avalista como sujeto protegido, lo que supone que tendrá acceso a la misma información que quien suscribe el préstamo, además de recibir notificación de cualquier cambio que se produzca una vez cerrada la operación. Para ello, las entidades deberán contar en cada oficina con un servicio telefónico gratuito y una persona responsable de informar a los interesados.

En relación con las explicaciones necesarias en la contratación del préstamos, deberá quedar identificada la persona de la entidad que las facilite. Si la información se pone a disposición a través de un medio no presencial, deberá indicarse de forma visible un número de teléfono gratuito en el que se puedan obtener las explicaciones adecuadas.

La norma también fija la obligación de realizar una evaluación de la solvencia tanto del avalista como del consumidor contratante, así como de informarles del resultado por escrito y en un plazo de cinco días hábiles. La persona interesada podrá solicitar que se revise la evaluación en caso de que detecte algún error o se le haya denegado el préstamo. Asimismo, tendrá derecho a aportar la tasación del bien inmueble siempre que sea certificada por un tasador homologado de conformidad con la Ley del Mercado Hipotecario y no esté caducada.

Más protección y transparencia
En cuanto a los productos o servicios accesorios (como seguros de vida o de la propia casa), la norma establece que no podrá obligarse a suscribirlos si no se han solicitado. Sí podrán ofrecerse cuando conlleven mejoras en las condiciones del préstamo, en cuyo caso deberá informarse por escrito de las alternativas si no se suscribe. La entidad también informará del precio de los mismos, que no podrá superar el de mercado.

La persona interesada tendrá derecho a examinar y disponer de una copia de la escritura pública en el despacho del notario elegido por ella. El contenido de la escritura pública se ajustará a lo reflejado en la oferta vinculantes y las posibles discrepancias deberán ser subsanadas. En este supuesto, y si la entidad no las corrige, la persona prestataria podrá desistir de la operación.

Otra previsión destacada es la elaboración del ‘Contrato Hipotecario de Confianza’ por parte de la consejería competente en el área de consumo y con la participación voluntaria de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, empresariales y sindicales y sociales más representativas del sector, así como del Colegio Notarial de Andalucía. Las entidades financieras podrán utilizar este modelo de contrato, que supondrá la garantía de los participantes en su elaboración para que no se incluyan cláusulas abusivas.

Por último, el proyecto modifica y endurece el actual régimen sancionador recogido en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. La norma introduce nuevas sanciones e incrementa las cuantías vigentes, especialmente las correspondientes a las infracciones muy graves, que podrán alcanzar hasta el millón de euros y el décuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados por la infracción.

Junto con el proyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas, que actualmente se elabora y facilitará a la Administración el derecho de compra preferente de los inmuebles afectados, el texto aprobado hoy completará el marco normativo más avanzado sobre esta materia en el conjunto de las comunidades autónomas.

Esta producción legislativa se inició en 2013 con la Ley de la Función Social de la Vivienda (ahora parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso del Gobierno de España) para hacer frente a un problema que sigue teniendo una gran incidencia en Andalucía. De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios de inmuebles en la comunidad aumentaron durante 2014 un 11,6% respecto al ejercicio anterior y alcanzaron la cifra total de 10.344. El 51,1% de los mismos derivó de ejecuciones hipotecarias. Los practicados en el primer trimestre de este año sumaron 2.857, lo que supone un repunte del 8,5% respecto al mismo periodo de 2014.


El Gobierno andaluz adapta su Administración
periférica a la nueva estructura de la Junta

Los cambios afectan a la distribución de competencias de las delegaciones territoriales e incluyen la supresión de las oficinas de la Vicepresidencia


El Consejo de Gobierno ha aprobado la nueva estructura de la Administración periférica de la Junta de Andalucía, que se adapta a la organización de las consejerías establecida en el Decreto de la Presidenta del pasado 17 de junio.

Los cambios afectan a las delegaciones territoriales en las provincias, cuyo número se fija en siete. Cuatro de ellas ejercerán en cada territorio las funciones de las consejerías con competencias más diferenciadas: Educación; Fomento y Vivienda; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Otras tres delegaciones agruparán funciones de varias consejerías. Se trata de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y Cultura, Turismo y Deporte. La primera dependerá orgánicamente de la Consejería de Economía y Conocimiento; la segunda de Salud, y la tercera de Turismo y Deporte.

Por su parte, las delegaciones de Gobierno de la Junta siguen asumiendo la condición de primeras autoridades de la Administración autonómica en las provincias. Además, incluyen los servicios periféricos de las consejerías de la Presidencia y Administración Local; Hacienda y Administración Pública, y Justicia e Interior.

Además de adaptar la Administración periférica a la nueva organización de las consejerías, la reordenación aprobada hoy por el Consejo incluye también la supresión de las oficinas de la Vicepresidencia que se integraban en las distintas delegaciones del Gobierno de la Junta.



El Consejo de Gobierno autoriza al SAS para concertar
servicios sanitarios hospitalarios en Cádiz, Huelva y Málaga

Los acuerdos ampliarán la cartera de servicios obligatorios, reforzarán
las medidas ambientales e incorporarán cláusulas sociales y de igualdad


El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la suscripción de cuatro conciertos sanitarios para la prestación de asistencia hospitalaria en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Estos acuerdos, por dos años y un importe total de 184,26 millones de euros, incluirán la adecuación de los servicios concertados a los estándares de calidad del SAS; la ampliación de la cartera de servicios obligatoria; el refuerzo de las medidas ambientales; la realización de planes de igualdad de género y, como novedad, incorporarán cláusulas sociales para promover la empleabilidad de profesionales con discapacidad.

Los conciertos autorizados sustituirán a los vigentes desde 2011 y entrarán en vigor el próximo mes de noviembre. Tres de ellos se realizarán mediante licitación competitiva, con un precio máximo fijado, que permite mantener la calidad reduciendo costes. Por su parte, el procedimiento negociado se seguirá empleando en el caso de las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, por la existencia de un único posible prestatario con la homologación necesaria. En líneas generales, se incluyen estancias médicas hospitalarias, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos, consultas externas, incluyendo atención a urgencias.

En la provincia de Málaga se licitarán tres lotes asistenciales, por 23,9 millones de euros: estancias médicas de enfermos pluripatológicos y paliativos; procedimientos diagnósticos, e intervenciones quirúrgicas con hospitalización e intervenciones de cirugías mayor y menor ambulatoria.

Estos mismos lotes se licitarán en la provincia de Huelva por 12,1 millones de euros,  mientras que en Cádiz se realizarán dos contratos diferenciados: uno para Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Villamartín, y otro para el resto de la provincia.

El primero de ellos será el único que se adjudique por procedimiento negociado a la Empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, por un importe máximo de 132,5 millones de euros para la prestación de los servicios asistenciales hospitalarios.

En el resto de la provincia gaditana se concertarán cinco lotes, con un importe máximo de 15,6 millones de euros: intervenciones quirúrgicas con hospitalización, intervenciones de cirugías mayor y menor ambulatoria; procedimientos diagnósticos, y estancias médicas a enfermos pluripatológicos y paliativos.

La suscripción de conciertos es una de las fórmulas que prevé la Ley de Salud de Andalucía para hacer posible la colaboración entre la Administración sanitaria autonómica y la iniciativa privada en la prestación de una asistencia complementaria a la de los centros públicos para cubrir las necesidades de zonas específicas. La actividad concertada supone el 3,57% de todo el sistema sanitario de la comunidad, frente al casi 97% que se gestiona con recursos propios (la comunidad autónoma cuenta con 48 hospitales públicos y más de 1.500 centros de atención primaria). En los presupuestos de la Junta para 2015, la proporción de gasto por concertación ha vuelto a bajar respecto al 3,6% del pasado año.

El Consejo aprueba cinco planes de emergencia contra
accidentes en ocho industrias de Córdoba, Granada y Sevilla

Los dispositivos incluyen procedimientos de movilización rápida
y coordinada para hacer frente a situaciones de riesgo


El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de emergencia exterior correspondientes a ocho establecimientos industriales que manejan productos peligrosos en las provincias de Cádiz, Granada y Sevilla. Estos dispositivos de prevención y respuesta, que se suman a los ya implantados en la comunidad autónoma para otras 50 instalaciones, se destinan a hacer frente a posibles situaciones de riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.

En la provincia de Cádiz, los nuevos planes afectan a dos centros productivos del Polígono Muelle Isla Verde, en Algeciras, y a uno del Polígono Industrial Río San Pedro (Muelle de La Cabezuela), en Puerto Real, así como a las dos plantas termosolares del complejo Torresol Energy en San José del Valle.

Los establecimientos industriales del Polígono Isla Verde son la terminal marítima de almacenamiento y distribución de hidrocarburos de Vopak Terminal Algeciras, SA, y las instalaciones de recepción, almacenamiento, trasiego y expedición de combustibles para buques de la firma CLH, SA, Bunker de Algeciras.

Por su parte, las instalaciones que contarán con dispositivo de emergencia en Puerto Real son las de la empresa Quimgra, SA, dedicada al almacenamiento y envasado de abonos. En San José del Valle, se incluyen las plantas de Arcosol 50 y Termesol 50, SA.

Los planes aprobados en la provincia de Granada afectan a dos empresas del Polígono Industrial Juncaril, en los municipios de Albolote y Peligros. Se trata de Herogra Fertilizantes, SA, dedicada a la fabricación de este tipo de productos, y Repsol Butano, SA, de almacenamiento, envasado y transporte de gases licuados del petróleo.

Finalmente, el Consejo también ha aprobado el plan para las instalaciones de generación eléctrica termosolar que la empresa Arenales Solar, SL, tiene en el municipio sevillano de Morón de la Frontera (Sevilla).
Los dispositivos de emergencia se diseñan en función de la cantidad de sustancias peligrosas (fijada según el tipo) que las industrias almacenan o usan en sus procesos productivos. Las empresas que ahora los implantan han superado los umbrales que marca la normativa debido fundamentalmente a la mejora o ampliación de sus instalaciones.

 Elaborados por la Consejería de Justicia e Interior en colaboración con las empresas, los planes permiten prevenir y mitigar las consecuencias de posibles accidentes, así como hacer frente a situaciones que conllevan peligro para personas y bienes o riesgos graves de contaminación. Se someten a la homologación de la Comisión Nacional de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función del tipo de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas.

El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser controlable con los recursos de la empresa.

Medios
El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia. Esta autoridad también decide tanto la categoría del siniestro como las actuaciones más convenientes para hacerle frente en cada momento.

El plan cuenta con un comité asesor de apoyo a la dirección, constituido por representantes de las consejerías de la Junta; un comité de operaciones encargado de ejecutar las órdenes y de movilizar a los servicios de emergencia necesarios, coordinado por la jefatura de Protección Civil en la provincia, y un gabinete de información.

Los medios humanos y materiales están integrados por los bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061, las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así como al Grupo de Emergencia de Andalucía. Su despliegue se prevé mediante el establecimiento de un puesto de mando avanzado que se encarga de coordinar la labor de los grupos operativos formados por personal sanitario, de seguridad y de apoyo logístico, fundamentalmente. Toda la estructura de coordinación, integrando al conjunto de efectivos, corresponde al sistema de Emergencias 112.

Andalucía dispone actualmente de un plan territorial de emergencias de ámbito autonómico, aprobado en 2011, al que se incorporan otros planes específicos: el relativo a inundaciones y el de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ambos vigentes desde 2004); los de contaminación del litoral y riesgos sísmicos (2008), y el de incendios forestales (2010), además de los más de 30 de emergencia exterior para establecimientos que manejan sustancias peligrosas (incluidos los aprobados hoy).


El Consejo de Gobierno aprueba
nombramientos en siete consejerías


El Consejo de Gobierno ha aprobado nombramientos en las consejerías de Economía y Conocimiento; Educación; Igualdad y Políticas Sociales; Fomento y Vivienda; Turismo y Deporte; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Asimismo, el Consejo ha aprobado el nombramiento de Luis Palma Martos como vocal segundo del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.


Consejería de Economía y Conocimiento

       -Directora general de Universidades: María Dolores Ferre Cano
       -Director general de Investigación y Transferencia de Conocimiento: Manuel García León
       -Director general de Economía Social y Autónomos: José Roales Galán

Consejería de Educación

       -Director general de Ordenación Educativa: Abelardo de la Rosa Díaz
       -Directora general de Participación y Equidad: Cristina Saucedo Baro
       -Delegada territorial de Educación en Granada: Ana Gámez Tapias
       -Delegado territorial de Educación en Huelva: Vicente Zarza Vázquez
       -Delegada territorial de Educación en Jaén: Yolanda Caballero Aceituno
       -Delegada territorial de Educación en Málaga: Patricia Alba Luque
       -Delegado territorial de Educación en Sevilla: Francisco Díaz Morillo

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

       -Directora general de Infancia y Familias: Ana Conde Trescastro

Consejería de Fomento y Vivienda

       -Director general de Infraestructuras: Jesús Huertas García
       -Delegado territorial de Fomento y Vivienda en Almería: Joaquín Jiménez Segura
       -Delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz: Manuel González Piñero
       -Delegada territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba: Josefina Vioque Zamora
       -Delegado territorial de Fomento y Vivienda en Granada: Francisco Ruiz Dávila
       -Delegada territorial de Fomento y Vivienda en Huelva: María José Bejarano Talavera
       -Delegado territorial de Fomento y Vivienda en Jaén: Rafael Valdivieso Sánchez
       -Delegado territorial de Fomento y Vivienda en Málaga: Francisco Fernández España
       -Delegado territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla: Juan Borrego Romero


Consejería de Turismo y Deporte

       -Secretario general para el Deporte: Antonio Fernández Martínez
       -Directora general de Actividades y Promoción del Deporte: María José Rienda Contreras
       -Directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo: Carmen Arjona Pabón


Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

       -Presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa): Jerónimo José Pérez Parra
       -Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía: José Pliego Cubero
       -Director general de Industrias y Cadena Agroalimentaria: Rafael Peral Sorroche
-Delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería: José Manuel Ortiz Bono
       -Delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba: Francisco José Zurera Aragón
       -Delegada territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva: Josefa Inmaculada González Bayo


Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

       -Delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz: Federico Fernández Ruiz-Henestrosa
       -Delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada: María Inmaculada Oria López
       -Delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén: Sebastián Quirós Pulgar
       -Delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga: Adolfo Moreno Carrera
       -Delegada territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla: María Dolores Bravo García



No hay comentarios:

Publicar un comentario