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En
la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual
reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado,
entre otros, los siguientes acuerdos:
· Proyecto de Ley para la
Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la
Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda
· Decreto por el que se regula
la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de
Andalucía
· Acuerdos por los que se
autorizan los gastos de las contrataciones, por el Servicio Andaluz de Salud,
de la gestión del servicio público, mediante concierto de asistencia
sanitaria especializada, en centros hospitalarios homologados de las
provincias de Cádiz, Huelva y Málaga
· Decreto por el que se
aprueban planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes por
sustancias peligrosas en las provincias de Cádiz, Granada y Sevilla
· Nombramientos
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El Gobierno
andaluz aprueba el proyecto de la ley contra
los abusos en la
contratación de préstamos hipotecarios
La norma incorpora nuevas
fórmulas de arbitraje extrajudicial e instrumentos de información y
asesoramiento para reforzar la lucha contra los desahucios
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Protección
de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación
Hipotecaria sobre la Vivienda. La norma tiene como principales objetivos acabar
con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía
conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se
encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la
Administración andaluza.
El texto ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado mes
de enero pero no llegó a tramitarse al concluir la legislatura. Su nueva
redacción mantiene el mismo contenido y añade medidas de refuerzo para
facilitar soluciones extrajudiciales a los desahucios y diseñar un sistema
integral de información y asesoramiento a las personas afectadas.
En relación con la primera de estas novedades, el proyecto
prevé la creación de una sección específica en la Junta Arbitral de Consumo de
Andalucía, con la denominación de Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones
Hipotecarias y Desahucios. A través de este instrumento se impulsará la
mediación extraprocesal previa o simultánea con cualquier procedimiento de
ejecución judicial o notarial, a fin de lograr soluciones consensuadas para que
las personas afectadas puedan mantener la propiedad de la vivienda y, subsidiariamente,
la posibilidad de su uso.
Las entidades que otorguen préstamos para adquisición de vivienda
deberán incluir en las condiciones generales o específicas de contratación la
adhesión al Sistema Arbritral de Consumo de Andalucía, en el que las personas
consumidoras y usuarias pueden tener información sobre las mismas.
En la misma línea de reforzar la defensa de los intereses de
las personas consumidoras y usuarias, el proyecto de ley incorpora la creación
del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de
desahucios, tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los de impago
de las rentas de alquiler.
El sistema prestará atención singularizada y prioritaria a
colectivos en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de
violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión
social y las que no pueden afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias y de
los contratos de arrendamiento por causas sobrevenidas.
Independientemente de estas dos novedades, se mantiene el contenido
del texto que ya fue remitido al Parlamento de Andalucía el pasado mes de
enero. Entre otros aspectos, establece medidas frente a las cláusulas abusivas
partiendo del respeto a la legislación estatal en la materia; impone nuevos
deberes a las empresas prestamistas; garantiza derechos en materia de información
y transparencia para las personas prestatarias; incrementa la transparencia de
las comunicaciones comerciales y la publicidad, y establece la elaboración del
‘Contrato Hipotecario de Confianza’ con la participación de la Junta y de las
asociaciones de consumidores, entre otras.
Información
previa
La futura ley
ampliará la información previa al contrato y la personalizada, a través de dos
nuevos documentos adicionales a los exigidos por la normativa estatal: el de
Información Precontractual Complementaria y el de Información Personalizada
Complementaria, que, entre otros contenidos, recogerá una tabla de oscilaciones
de los tipos de interés. Los datos de relevancia precontractual deberán estar
disponibles para el consumidor en la web o en las oficinas de la entidad
financiera, sin que sea preciso solicitarlos.
Respecto a la publicidad y comunicaciones comerciales,
cuando se indique el tipo de interés o coste del préstamo, se establece la obligación
de facilitar información básica. Para que puedan compararse ofertas de
diferentes entidades, se tomará como referencia una hipoteca de 150.000 euros a
25 años. Asimismo, las entidades deberán advertir de la existencia de cláusulas
suelo y techo, del posible riesgo de perder la vivienda en caso de
incumplimientos, de si la garantía alcanza al resto de bienes del consumidor y
de si las condiciones ofertadas están vinculadas a la contratación de servicios
adicionales.
Las medidas para aumentar la transparencia en la información
se completan con la creación del Índice de Documentos de Entrega Preceptiva, en
el que se relacionará toda la documentación que
las empresas prestamistas deben poner a disposición del consumidor hasta que
suscriba el crédito.
Igualmente novedoso es el reconocimiento de la persona
avalista como sujeto protegido, lo que supone que tendrá acceso a la misma
información que quien suscribe el préstamo, además de recibir notificación de
cualquier cambio que se produzca una vez cerrada la operación. Para ello, las
entidades deberán contar en cada oficina con un servicio telefónico gratuito y
una persona responsable de informar a los interesados.
En relación con las explicaciones necesarias en la
contratación del préstamos, deberá quedar identificada la persona de la entidad
que las facilite. Si la información se pone a disposición a través de un medio
no presencial, deberá indicarse de forma visible un número de teléfono gratuito
en el que se puedan obtener las explicaciones adecuadas.
La norma también fija la obligación de realizar una
evaluación de la solvencia tanto del avalista como del consumidor contratante,
así como de informarles del resultado por escrito y en un plazo de cinco días
hábiles. La persona interesada podrá solicitar que se revise la evaluación en
caso de que detecte algún error o se le haya denegado el préstamo. Asimismo,
tendrá derecho a aportar la tasación del bien inmueble siempre que sea
certificada por un tasador homologado de conformidad con la Ley del Mercado
Hipotecario y no esté caducada.
Más protección y transparencia
En cuanto a los productos o servicios accesorios (como
seguros de vida o de la propia casa), la norma establece que no podrá obligarse
a suscribirlos si no se han solicitado. Sí podrán ofrecerse cuando conlleven
mejoras en las condiciones del préstamo, en cuyo caso deberá informarse por
escrito de las alternativas si no se suscribe. La entidad también informará del
precio de los mismos, que no podrá superar el de mercado.
La persona interesada tendrá derecho a examinar y disponer
de una copia de la escritura pública en el despacho del notario elegido por
ella. El contenido de la escritura pública se ajustará a lo reflejado en la
oferta vinculantes y las posibles discrepancias deberán ser subsanadas. En este
supuesto, y si la entidad no las corrige, la persona prestataria podrá desistir
de la operación.
Otra previsión destacada es
la elaboración del ‘Contrato Hipotecario de Confianza’ por parte de la
consejería competente en el área de consumo y con la participación voluntaria
de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, empresariales y
sindicales y sociales más representativas del sector, así como del Colegio
Notarial de Andalucía. Las entidades financieras podrán utilizar este modelo de
contrato, que supondrá la garantía de los participantes en su elaboración para
que no se incluyan cláusulas abusivas.
Por
último, el proyecto modifica y endurece el actual régimen sancionador recogido
en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
La norma introduce nuevas sanciones e incrementa las cuantías vigentes,
especialmente las correspondientes a las infracciones muy graves, que podrán
alcanzar hasta el millón de euros y el décuplo del valor de los beneficios
ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados por la infracción.
Junto
con el proyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas, que actualmente
se elabora y facilitará a la Administración el derecho de compra preferente de
los inmuebles afectados, el texto aprobado hoy completará el marco normativo
más avanzado sobre esta materia en el conjunto de las comunidades autónomas.
Esta
producción legislativa se inició en 2013 con la Ley de la Función Social de la
Vivienda (ahora parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional como
consecuencia del recurso del Gobierno de España) para hacer frente a un
problema que sigue teniendo una gran incidencia en Andalucía. De acuerdo con
los datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios de inmuebles
en la comunidad aumentaron durante 2014 un 11,6% respecto al ejercicio anterior
y alcanzaron la cifra total de 10.344. El 51,1% de los mismos derivó de
ejecuciones hipotecarias. Los practicados en el primer trimestre de este año
sumaron 2.857, lo que supone un repunte del 8,5% respecto al mismo periodo de
2014.
El Gobierno andaluz adapta su
Administración
periférica a la nueva estructura de la
Junta
Los cambios afectan a la distribución de
competencias de las delegaciones territoriales e incluyen la supresión de las
oficinas de la Vicepresidencia
El Consejo de Gobierno ha aprobado la nueva estructura de la
Administración periférica de la Junta de Andalucía, que se adapta a la
organización de las consejerías establecida en el Decreto de la Presidenta del
pasado 17 de junio.
Los cambios afectan a las delegaciones territoriales en las
provincias, cuyo número se fija en siete. Cuatro de ellas ejercerán en cada
territorio las funciones de las consejerías con competencias más diferenciadas:
Educación; Fomento y Vivienda; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Otras tres delegaciones agruparán funciones de varias
consejerías. Se trata de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, y Cultura, Turismo y Deporte. La primera dependerá
orgánicamente de la Consejería de Economía y Conocimiento; la segunda de Salud,
y la tercera de Turismo y Deporte.
Por su parte, las delegaciones de
Gobierno de la Junta siguen asumiendo la condición de primeras autoridades de
la Administración autonómica en las provincias. Además, incluyen los servicios
periféricos de las consejerías de la Presidencia y Administración Local; Hacienda
y Administración Pública, y Justicia e Interior.
Además de adaptar la Administración
periférica a la nueva organización de las consejerías, la reordenación aprobada
hoy por el Consejo incluye también la supresión de las oficinas de la Vicepresidencia
que se integraban en las distintas delegaciones del Gobierno de la Junta.
El Consejo de
Gobierno autoriza al SAS para concertar
servicios
sanitarios hospitalarios en Cádiz, Huelva y Málaga
Los acuerdos
ampliarán la cartera de servicios obligatorios, reforzarán
las medidas
ambientales e incorporarán cláusulas sociales y de igualdad
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Andaluz de Salud (SAS)
la suscripción de cuatro conciertos sanitarios para la prestación de asistencia
hospitalaria en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Estos acuerdos, por
dos años y un importe total de 184,26 millones de euros, incluirán la
adecuación de los servicios concertados a los estándares de calidad del SAS; la
ampliación de la cartera de servicios obligatoria; el refuerzo de las medidas
ambientales; la realización de planes de igualdad de género y, como novedad,
incorporarán cláusulas sociales para promover la empleabilidad de profesionales
con discapacidad.
Los conciertos autorizados sustituirán a los vigentes desde 2011 y
entrarán en vigor el próximo mes de noviembre. Tres de ellos se realizarán
mediante licitación competitiva, con un precio máximo fijado, que permite
mantener la calidad reduciendo costes. Por su parte, el procedimiento negociado se
seguirá empleando en el caso de las localidades gaditanas de El Puerto de Santa
María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, por la existencia de un único
posible prestatario con la homologación necesaria. En líneas generales, se
incluyen estancias médicas hospitalarias, intervenciones quirúrgicas, procedimientos
diagnósticos, consultas externas, incluyendo atención a urgencias.
En la provincia de Málaga se
licitarán tres lotes asistenciales, por 23,9 millones de euros: estancias
médicas de enfermos pluripatológicos y paliativos; procedimientos diagnósticos,
e intervenciones quirúrgicas con hospitalización e intervenciones de cirugías
mayor y menor ambulatoria.
Estos mismos lotes se licitarán
en la provincia de Huelva por 12,1 millones de euros, mientras que en Cádiz se realizarán dos
contratos diferenciados: uno para Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa
María y Villamartín, y otro para el resto de la provincia.
El primero de ellos será el
único que se adjudique por procedimiento
negociado a la Empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, por un importe
máximo de 132,5 millones de euros para la prestación de los servicios
asistenciales hospitalarios.
En el resto de la provincia gaditana se
concertarán cinco lotes, con un importe máximo de 15,6 millones de euros:
intervenciones quirúrgicas con hospitalización, intervenciones de cirugías
mayor y menor ambulatoria; procedimientos diagnósticos, y estancias médicas a
enfermos pluripatológicos y paliativos.
La suscripción de conciertos es una de las
fórmulas que prevé la Ley de Salud de Andalucía para hacer posible la
colaboración entre la Administración sanitaria autonómica y la iniciativa
privada en la prestación de una asistencia complementaria a la de los centros
públicos para cubrir las necesidades de zonas específicas. La actividad
concertada supone el 3,57% de todo el sistema sanitario de la comunidad, frente
al casi 97% que se gestiona con recursos propios (la comunidad autónoma cuenta
con 48 hospitales públicos y más de 1.500 centros de atención primaria). En los
presupuestos de la Junta para 2015, la proporción de gasto por concertación ha
vuelto a bajar respecto al 3,6% del pasado año.
El Consejo aprueba cinco planes de emergencia
contra
accidentes en ocho industrias de Córdoba,
Granada y Sevilla
Los dispositivos incluyen procedimientos
de movilización rápida
y coordinada para hacer frente a
situaciones de riesgo
El Consejo de
Gobierno ha aprobado los planes de emergencia exterior correspondientes a ocho
establecimientos industriales que manejan productos peligrosos en las
provincias de Cádiz, Granada y Sevilla. Estos dispositivos de prevención y
respuesta, que se suman a los ya implantados en la comunidad autónoma para
otras 50 instalaciones, se destinan a hacer frente a posibles situaciones de
riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
En la provincia de
Cádiz, los nuevos planes afectan a dos centros productivos del Polígono Muelle
Isla Verde, en Algeciras, y a uno del Polígono Industrial Río San Pedro (Muelle
de La Cabezuela), en Puerto Real, así como a las dos plantas termosolares del
complejo Torresol Energy en San José del Valle.
Los establecimientos
industriales del Polígono Isla Verde son la terminal marítima de almacenamiento
y distribución de hidrocarburos de Vopak Terminal Algeciras, SA, y las
instalaciones de recepción, almacenamiento, trasiego y expedición de
combustibles para buques de la firma CLH, SA, Bunker de Algeciras.
Por su parte, las
instalaciones que contarán con dispositivo de emergencia en Puerto Real son las
de la empresa Quimgra, SA, dedicada al almacenamiento y envasado de abonos. En
San José del Valle, se incluyen las plantas de Arcosol 50 y Termesol 50, SA.
Los planes
aprobados en la provincia de Granada afectan a dos empresas del Polígono Industrial
Juncaril, en los municipios de Albolote y Peligros. Se trata de Herogra
Fertilizantes, SA, dedicada a la fabricación de este tipo de productos, y
Repsol Butano, SA, de almacenamiento, envasado y transporte de gases licuados
del petróleo.
Finalmente, el
Consejo también ha aprobado el plan para las instalaciones de generación
eléctrica termosolar que la empresa Arenales Solar, SL, tiene en el municipio
sevillano de Morón de la Frontera (Sevilla).
Los dispositivos de emergencia se diseñan en función de la
cantidad de sustancias peligrosas (fijada según el tipo) que las industrias
almacenan o usan en sus procesos productivos. Las empresas que ahora los
implantan han superado los umbrales que marca la normativa debido
fundamentalmente a la mejora o ampliación de sus instalaciones.
Elaborados por la
Consejería de Justicia e Interior en colaboración con las empresas, los planes permiten
prevenir y mitigar las consecuencias de posibles accidentes, así como hacer
frente a situaciones que conllevan peligro para personas y bienes o riesgos
graves de contaminación. Se someten a la homologación de la Comisión Nacional
de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función del tipo
de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones
meteorológicas.
El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada
y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar
cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser
controlable con los recursos de la empresa.
Medios
El operativo se activa cuando los accidentes
afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la
dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno
de la Junta en la provincia. Esta autoridad también decide tanto la categoría
del siniestro como las actuaciones más convenientes para hacerle frente en cada
momento.
El plan cuenta con un comité asesor de apoyo
a la dirección, constituido por representantes de las consejerías de la Junta;
un comité de operaciones encargado de ejecutar las órdenes y de movilizar a los
servicios de emergencia necesarios, coordinado por la jefatura de Protección
Civil en la provincia, y un gabinete de información.
Los medios humanos y
materiales están integrados por los bomberos, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias EPES 061, las policías locales, la Guardia Civil, la
Policía Nacional y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así
como al Grupo de Emergencia de Andalucía. Su despliegue se prevé mediante el establecimiento de un puesto de mando avanzado
que se encarga de coordinar la labor de los grupos operativos formados por
personal sanitario, de seguridad y de apoyo logístico, fundamentalmente. Toda
la estructura de coordinación, integrando al conjunto de efectivos, corresponde
al sistema de Emergencias 112.
Andalucía dispone actualmente de un plan territorial de emergencias
de ámbito autonómico, aprobado en 2011, al que se incorporan otros planes
específicos: el relativo a inundaciones y el de accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ambos vigentes desde 2004);
los de contaminación del litoral y riesgos sísmicos (2008), y el de incendios
forestales (2010), además de los más de 30 de emergencia exterior para
establecimientos que manejan sustancias peligrosas (incluidos los aprobados
hoy).
El Consejo de Gobierno aprueba
nombramientos en siete consejerías
El Consejo de Gobierno ha aprobado nombramientos en las consejerías
de Economía y Conocimiento; Educación; Igualdad y Políticas Sociales; Fomento y
Vivienda; Turismo y Deporte; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Asimismo, el Consejo ha aprobado el nombramiento de
Luis Palma Martos como vocal segundo del Consejo de Defensa de la Competencia
de Andalucía.
Consejería de Economía y Conocimiento
-Directora
general de Universidades: María Dolores Ferre Cano
-Director
general de Investigación y Transferencia de Conocimiento: Manuel García León
-Director
general de Economía Social y Autónomos: José Roales Galán
Consejería de Educación
-Director
general de Ordenación Educativa: Abelardo de la Rosa Díaz
-Directora
general de Participación y Equidad: Cristina Saucedo Baro
-Delegada
territorial de Educación en Granada: Ana Gámez Tapias
-Delegado
territorial de Educación en Huelva: Vicente Zarza Vázquez
-Delegada
territorial de Educación en Jaén: Yolanda Caballero Aceituno
-Delegada
territorial de Educación en Málaga: Patricia Alba Luque
-Delegado
territorial de Educación en Sevilla: Francisco Díaz Morillo
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
-Directora
general de Infancia y Familias: Ana Conde Trescastro
Consejería de Fomento y Vivienda
-Director
general de Infraestructuras: Jesús Huertas García
-Delegado
territorial de Fomento y Vivienda en Almería: Joaquín Jiménez Segura
-Delegado
territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz: Manuel González Piñero
-Delegada
territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba: Josefina Vioque Zamora
-Delegado
territorial de Fomento y Vivienda en Granada: Francisco Ruiz Dávila
-Delegada
territorial de Fomento y Vivienda en Huelva: María José Bejarano Talavera
-Delegado
territorial de Fomento y Vivienda en Jaén: Rafael Valdivieso Sánchez
-Delegado
territorial de Fomento y Vivienda en Málaga: Francisco Fernández España
-Delegado
territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla: Juan Borrego Romero
Consejería de Turismo y Deporte
-Secretario
general para el Deporte: Antonio Fernández Martínez
-Directora
general de Actividades y Promoción del Deporte: María José Rienda Contreras
-Directora
general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo: Carmen Arjona Pabón
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
-Presidente
del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
(Ifapa): Jerónimo José Pérez Parra
-Gerente
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía: José Pliego Cubero
-Director
general de Industrias y Cadena Agroalimentaria: Rafael Peral Sorroche
-Delegado territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería: José Manuel Ortiz Bono
-Delegado
territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba: Francisco
José Zurera Aragón
-Delegada
territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva: Josefa
Inmaculada González Bayo
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
-Delegado
territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz: Federico
Fernández Ruiz-Henestrosa
-Delegado
territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada: María
Inmaculada Oria López
-Delegado
territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén: Sebastián
Quirós Pulgar
-Delegado
territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga: Adolfo
Moreno Carrera
-Delegada
territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla: María
Dolores Bravo García
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