UCA-UCE insta a la
Consejería de Educación a que informe si se ha incumplido en los comedores
escolares andaluces con el pliego de condiciones de concesión, evitando el
fraude a la sal yodada.
Se trata éste de un fraude de etiquetado de
sal yodada en el que las administración competente ha tardado dos años en
actuar y lo que ha hecho ha sido muy leve e insuficiente con respecto a la
gravedad del asunto.
Andalucía,
5 de septiembre de 2014.
En su momento, Miguel A. Ruiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores de
Andalucía junto con representantes de la empresa Albareros S.L.U, denunciaban
un fraude en el etiquetado y en la composición de ingredientes de casi todas
las marcas de sal yodada que están en el mercado, señalando la falta de
actuación por parte de las distintas administraciones públicas con competencia
en la materia de cara a paralizar este grave asunto al contar los productos con
una composición y un etiquetado incorrectos de cara al consumidor. En este
sentido, el Decreto 1424/1983 considera que la sal yodada es la que tiene
añadido yodato potásico, yoduro potásico u otro derivado yodado autorizado por
la Dirección General de Salud Pública en la proporción de 60 mg de yodo por
kilogramo de sal, admitiéndose una tolerancia del 15% al respecto ante posibles
desviaciones (es decir, de 51 a 69 mg/kg).
En
la rueda de prensa UCA-UCE y Albareros expusieron los análisis, tanto públicos
como privados, que ponían de manifiesto las irregularidades que en el mercado
se estaban produciendo con un grave perjuicio para quien cumple la normativa
legal vigente pero, también y lo más importante, hacia el consumidor, víctima
de un etiquetado presuntamente fraudulento y con un potencial perjuicio a largo
plazo para su salud. Así, se exponían y presentaban análisis de marcas que
tienen más, menos o incluso ninguna proporción de yodo en el producto,
incumpliendo, por tanto lo que marca el Decreto 1424/1983.
En
junio de 2012, se produjo una denuncia por parte de la empresa afectada a la
Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía que realizó toma de
muestras y, desde nuestro punto de vista, realizó un envío incorrecto a otra
administración pública, concretamente hacia el Ministerio de Sanidad, cuando
realmente era la Junta la competente en la materia. En ese sentido, desde la
Administración del Estado se remitía de nuevo el asunto el 5 de junio a la
Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía, al considerar que era
la administración competente, por tratarse de un fraude en el etiquetado y la
composición de ingredientes directamente sancionable por nuestra administración
autonómica.
A
pesar de que los análisis realizados a las tomas de muestras tomadas en el año
2012 indicaban estas irregularidades, se tardó más de un año en que se centrara
el asunto en la administración competente y desde entonces, junio de 2013, la
Consejería de Diego Valderas no ha realizado ninguna actuación hasta la semana
pasada, en la que, tras una reunión solicitada por la empresa Albareros
exponiendo su queja y posibles perjuicios por estas irregularidades, informaba
que procedería a abrir expediente a dos marcas únicamente.
Desde
la empresa Albareros se procedió también desde hace tiempo a dirigir
comunicación a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, indicando
la preocupación existente al incumplirse con respecto a este asunto lo
prescrito por dicha Consejería en el Pliego de Condiciones Técnicas que rigen
la contratación por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos de la gestión del servicio de comedor en los centros docentes
públicos dependientes de dicha consejería, mediante procedimiento abierto. En
dicho pliego, se indica que se barema con 0,5 puntos el uso de sal yodada
cuando ésta sea utilizada para la preparación de todos los platos. Igualmente,
se señala, en el apartado de normas a seguir en los menús, que se utilizará la
sal yodada en aquellas preparaciones que necesiten ser condimentadas con sal,
procurando hacer un uso moderado de la misma.
Sobre
la base de ello, desde la UCA-UCE solicitamos que se inspeccione por parte de
la Junta de Andalucía el uso de este producto en la forma legal que establece
el RD 1424/1983 y que se verifiquen las puntuaciones para este año con el fin
de que se garantice que en el sistema de concesión no hay alteración de la
puntuación, así como, que se cumpla con esa obligación de utilización de sal
yodada real en el caso de que se anuncie.
Para
más información: 954 54 06 28
Miguel
A. Ruiz: 671048625
Vicepresidente
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