Abierto el plazo de información pública de la ley andaluza de movilidad sostenible

Abierto el plazo de información pública de la ley andaluza de movilidad sostenible 

El anteproyecto de la nueva norma establece medidas para incrementar 

el uso del transporte público, la bicicleta y el ferrocarril de mercancías

La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el proceso de información pública del anteproyecto de Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, después de que el Consejo de Gobierno acordara el pasado 16 de septiembre iniciar los trámites del documento, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías. Los agentes económicos y sociales, colectivos y ciudadanos tendrán de plazo hasta el próximo 17 de octubre de octubre para presentar propuestas y sugerencias al anteproyecto, que estará expuesto en la Dirección General de Movilidad, en la se de de la Consejería de Fomento y Vivienda, sita en la Avenida Diego Martínez Barrio, 10; y en las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda. Además se podrá consultar a través de la página web www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda. 

El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta. 

De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros–viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche (que necesita 30 veces más que el autobús para transportar al mismo número de personas).

Junto con esta garantía de viabilidad social y ambiental en las infraestructuras y servicios, el anteproyecto recoge el diseño de toda la planificación de la movilidad a escala autonómica, territorial y urbana. 

La norma recoge cuatro tipos de documentos: el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible; los Planes Territoriales de Movilidad Sostenible de las Aglomeraciones Urbanas (Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla); los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, y los Planes de los Centros Generadores de Movilidad. Todos ellos estarán aprobados antes de finalizar 2015. 

De estos planes, ya se encuentran en tramitación el andaluz y los territoriales. El primero de ellos, el de mayor ámbito y con carácter prevalente sobre el resto, establecerá el programa completo de servicios e infraestructuras de transporte recogido por la Junta, con previsiones de inversión y todo el marco de medidas para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en ferrocarril de mercancías. El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.

Por su parte, los nueve Planes Territoriales incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible en cada área metropolitana, así como objetivos y criterios para el trazado de vías peatonales y ciclistas y de plataformas reservadas al transporte público en tramos de competencia autonómica.

Planes urbanos

Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.

Asimismo, los Planes Urbanos identificarán los denominados ‘Centros Generadores de Movilidad Sostenible’, en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.

El anteproyecto establece que los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un incremento significativo de la movilidad tendrán que ir acompañados de un estudio específico sobre el tema. Este documento evaluará los desplazamientos potenciales generados; determinará la capacidad de absorción de las infraestructuras existentes y planteará posibles medidas correctoras. La Consejería de Fomento y Vivienda emitirá un informe vinculante en un plazo de tres meses.

La futura norma establecerá además que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Estos porcentajes de participación se establecerán reglamentariamente. 

Bicicletas

El anteproyecto incluye, por otro lado, medidas concretas sobre el transporte público colectivo y de mercancías, así como de fomento del uso de la bicicleta. Con respecto a este último, los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda.

En cuanto al transporte de mercancías, la Junta potenciará la red de áreas logísticas de interés autonómico y su conexión con los puertos comerciales andaluces, nacionales y europeos para facilitar el intercambio modal. Asimismo, promoverá la implantación de microplataformas logísticas para la distribución de mercancías en el entorno urbano. 

El anteproyecto obliga a las operadoras, en materia de transporte público colectivo, a ofrecer en el plazo de un año información en internet de rutas y horarios, y la posibilidad de adquisición de billetes para los desplazamiento de media o larga distancia en autobús.

Asimismo, se crea la figura del municipio libre de automóviles, para los que realicen proyectos de espacios urbanos accesibles, además de un fondo autonómico específico de financiación para los mismos. Las características mínimas que deberán reunir las localidades acogidas a este programa se desarrollarán en un reglamento. 

Finalmente, el anteproyecto también hace referencia al Observatorio Andaluz de la Movilidad Sostenible y la Logística, cuya creación ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno. Este órgano colegiado consultivo, adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda, facilitará la participación social y generará conocimiento y soporte técnico para las políticas del Ejecutivo andaluz en la materia. Además, desarrollará funciones de información, investigación, formación y documentación para mejorar la rentabilidad social, económica y ambiental del sistema de transportes en la comunidad autónoma.

De acuerdo con el decreto de creación, el Observatorio aglutinará los medios técnicos y administrativos que ya funcionan en la Junta en relación con este objetivo, pero reforzando la transferencia de conocimiento, comunicación y participación entre empresas públicas y privadas, administraciones, universidades, personas usuarias y organizaciones sociales, especialmente en el ámbito medioambiental.