UCA-UCE
traslada al portavoz del grupo parlamentario socialista su preocupación por la
presunta ilegalidad del Proyecto de Decreto de Registro de Asociaciones de
Consumidores que prepara el departamento de Valderas.
Andalucía, 22 de julio de 2014. En la mañana de hoy, en la sede de
la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, se ha celebrado la reunión con
una delegación del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Andalucía,
encabezada por su portavoz, Mario Jiménez. La reunión solicitada por UCA-UCE
obedecía a la conveniencia de trasladar a este Grupo la preocupación de la
entidad por el Proyecto de Decreto que en la actualidad prepara el departamento
que dirige Diego Valderas, como Consejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales, área en la que en la actualidad se inscriben las competencias
en materia de consumo. Por el citado Decreto, se regularía el régimen jurídico
y el Registro Público de Asociaciones y organizaciones de personas consumidoras
y usuarias de Andalucía.
A
este respecto, desde UCA-UCE, se ha trasladado al Grupo Socialista la necesidad
de reserva de ley para un texto normativo, que no sólo pretende regular como
inicialmente se contempló, la ordenación del Registro Público de asociaciones
de consumidores y usuarios en Andalucía, sino que también pretende por esta vía
de Decreto, articular el régimen jurídico de las mismas e incluso los criterios
para ser o no organizaciones más representativas en Andalucía. Para mayor
preocupación de esta Unión de Consumidores, el texto, actualmente conocido,
incorpora elementos tan inquietantes como que las organizaciones de
consumidores lleguen a medirse en función del poder adquisitivo de las personas
miembros que en ellas se integren, en base a las cantidades recaudadas por cuotas,
dejando sin valor las políticas propias de asociacionismo que puedan libremente
tener las organizaciones en función de acoger en su seno a personas con
independencia de su poder adquisitivo o de su capacidad de atender dichas
cuotas. En la actualidad por ejemplo, por decisión de su Junta Directiva, la
Unión de Consumidores de Andalucía sigue atendiendo a aquellas personas
asociadas que, encontrándose en situación de desempleo, no pueden afrontar el
pago de sus cuotas. Este tipo de criterios o decisiones libres de las
asociaciones, no cabrían en el Decreto que actualmente prepara Valderas. No
debería ser preponderante entendemos, un criterio que valoraría sobremanera el
“copago” de la ciudadanía a su asociación, por los servicios que recibe, frente
a otros que deberían ser tenidos más en consideración, tales como la
accesibilidad del conjunto de la ciudadanía a nuestros servicios, el número de
convenios firmados con otras entidades o la trayectoria de participación
institucional entre otros muchos.
Desde
la Unión de Consumidores de Andalucía se ha trasladado a este grupo
parlamentario, que ante la gravedad de la situación descrita, está trabajando
en la elaboración de un informe jurídico que argumente la reserva de ley que
defendemos, pues entendemos que la regulación del régimen jurídico y del
carácter más representativo o no de las asociaciones de consumidores y
usuarios, como entidades de relevancia constitucional y estatutaria,
requeriría, sin duda, la modificación en régimen parlamentario de la actual Ley
13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía.
Lamentablemente además,
en el trámite de audiencia previo del texto reseñado no ha contado con el
debido consenso en el seno del propio movimiento asociativo de consumidores y
usuarios y a modo de ejemplo cuando dicho texto se sometió al dictamen del
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía- CCUA, lejos de tener un
informe unitario provocó un voto particular de cada una de las tres organizaciones
que la integran.
Para más información:
Miguel A. Ruiz: 671 04
86 25
Vicepresidente
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