La Consejería de Hacienda hace
efectivo el acuerdo de Consejo de Gobierno que aprobó anticipos extraordinarios
para once municipios de Cádiz y Sevilla
Chipiona, Rota, Sanlúcar de
Barrameda y Trebujena, en Cádiz; y Las Cabezas de San Juan, El Coronil, El
Cuervo, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca y Utrera, en Sevilla,
ya disponen del anticipo de tesorería que, con carácter extraordinario, se
comprometió a realizar la Junta de Andalucía tras la disolución de la
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir.
La Consejería de Hacienda y Administración
Pública ha transferido a los once municipios de las provincias de Cádiz y
Sevilla que integraban la extinta Mancomunidad del Bajo Guadalquivir un total
de 16,5 millones de euros destinados a atender sus pagos y garantizar los
servicios públicos tras la disolución de la entidad. Los pagos, en concepto de
anticipos de tesorería, fueron autorizados por el Consejo de Gobierno en su
reunión del pasado 24 de junio y ya han sido transferidos a los
ayuntamientos.
Los once ayuntamientos han solicitado
voluntariamente la concesión de estos anticipos, que deberán reintegrar en el
plazo de un año y que se conceden a cuenta de los recursos que les corresponde
percibir por su participación en los tributos de la comunidad autónoma
(PATRICA) y en los ingresos del Estado (PIE). El Presupuesto andaluz para 2014
habilita al Consejo de Gobierno para aprobar estos pagos anticipados, previo
informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Se trata, por
tanto, de una medida extraordinaria para que las corporaciones locales
afectadas por la disolución de esta entidad puedan atender sus pagos pendientes
con trabajadores y proveedores, sin menoscabo en la prestación de sus servicios
públicos.
La Mancomunidad de Municipios del Bajo
Guadalquivir aprobó en junio de 2012 un “acuerdo inicial de disolución y
correspondiente plan de liquidación”, ante la grave crisis que padecía, que le
impedía cumplir sus fines. En abril de 2014 el pleno de la entidad aprobó el
acuerdo definitivo de disolución, reconociéndose un pasivo total de 42,6
millones de euros en concepto de deudas (a proveedores, trabajadores,
bancaria...), que deben asumir los ayuntamientos mancomunados en función de su
cuota de participación.
Dado que la mancomunidad no ha podido
acogerse a ninguno de los Planes de Pago a Proveedores desarrollados por el
Estado por encontrarse en proceso de disolución, el pasado mes de mayo
responsables de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Hacienda mantuvieron
un encuentro para encontrar soluciones a esta situación extraordinaria. En la
reunión, la Junta se comprometió a proporcionar esta ayuda extraordinaria a los
once ayuntamientos, para que puedan hacer frente a sus obligaciones de pago
mientras el Gobierno central estudia la fórmula que permita financiar esta
deuda, de forma excepcional, mediante la concertación de préstamos a largo
plazo, ya que la Ley de Haciendas Locales sólo permite a los municipios
endeudarse a largo plazo para el pago de inversiones, no de gasto corriente.
Los pagos librados corresponden a
los municipios gaditanos de Chipiona (2.216.508,70 euros), Rota (1.875.922,93
euros), Sanlúcar de Barrameda (1.000.000 de euros) y Trebujena (851.515,65
euros). Por su parte, los municipios de la provincia de Sevilla son Las Cabezas
de San Juan (1.483.354,13 euros), El Coronil (617.501,55 euros), El Cuervo
(948.195,78 euros), Lebrija (1.745.485,68 euros), Los Molares (290.830,49
euros), Los Palacios y Villafranca (2.285.268,51 euros) y Utrera (3.224.972,63
euros).
De acuerdo con la normativa reguladora, el
importe máximo de los anticipos para municipios con población inferior a los
20.000 habitantes no podrá sobrepasar el 50% del total de las entregas a cuenta
de su participación en la PATRICA y en la PIE del ejercicio en el que se
solicita ni superar los 2,5 millones de euros. Para los municipios con
población igual o superior a los 20.00 habitantes, el límite es el 25% del
total de las entregas a cuenta y no superar los 2,5 millones.
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