lunes, 9 de junio de 2014

La Junta invertirá más de 6 millones de euros en la reparación y rehabilitación de 835 viviendas de su parque público

La Junta invertirá más de 6 millones de euros en la reparación y rehabilitación de 835 viviendas de su parque público

Fomento y Vivienda pone en marcha el nuevo servicio de fianzas de alquiler de inmuebles y suministros de luz y agua, a cargo de AVRA


La Consejería de Fomento y Vivienda destinará algo más de 6 millones de euros a la rehabilitación y eficiencia energética de 12 bloques de viviendas del parque público de la Junta ubicadas en distintas localidades de la provincia. Así lo ha anunciado esta mañana el delegado territorial Manuel Cárdenas, quien ha explicado que la totalidad de las actuaciones las acometerá la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dentro del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible.

Los bloques que serán objeto de la mejora se localizan en Arcos, Algeciras, Barbate, Cádiz, Chiclana, Espera, Jerez, El Puerto de Santa María, San Fernando, Tarifa y Ubrique, alcanzando un presupuesto global de 6,06 millones de euros del que se beneficiarán 835 familias.

Las obras consistirán en la reparación y rehabilitación energética de elementos en zonas comunes, con el fin de que los edificios reúnan condiciones óptimas para su correcto funcionamiento, mejorando su comportamiento energético y de confort. Para ello se contempla la colocación de aislamientos térmicos exteriores y adecuación de fachadas, renovaciones de cubiertas, sustitución de carpinterías y cerrajerías de elementos comunes que se encuentren en mal estado, así como la reparación del saneamiento y de otros elementos que presenten deficiencias.

Cárdenas ha destacado que todas estas obras forman parte de una estrategia global de AVRA en el parque público de viviendas “que pasa por la actualización  de las rentas y la elaboración de planes específicos y concretos adaptados a la situación económica de las famillas para que éstas puedan hacer frente a su alquiler y que ello no provoque situaciones de controversia entre los vecinos. En definitiva, se trata de una actuación integral desde el punto de vista social, que nos importa igual o más que el estado físico en que se encuentran las viviendas“, ha declarado.

Asimismo, el delegado de Fomento y Vivienda ha resaltado que esta inversión también va a incidir en la generación de empleo, “uno de los objetivos que persigue el Programa de Construcción Sostenible”. Las actuaciones se desarrollarán en distintas localidades de la provincia, lo que permitirá diversificar y favorecer a pequeñas y medianas empresas que puedan ejecutar las obras”, ha indicado Cárdenas, quien ha aclarado que “nos encontramos en fase de contratación para intentar iniciar las obras entre los meses de septiembre y octubre”.

Nuevo servicio de fianzas a cargo de AVRA
Por otra parte, el delegado de Fomento y Vivienda ha anunciado la puesta en marcha, desde hoy 9 junio, del nuevo servicio de fianzas, a cargo de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Dicho servicio gestionará cualquier cuestión relacionada con los depósitos de las fianzas procedentes de los arrendamientos de inmuebles y de la contratación de los suministros de luz, agua y gas. El Consejo de Gobierno acordó, el pasado 27 de mayo, transferir estas funciones desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública a la Consejería de Fomento y Vivienda, en cumplimiento de la Ley 4/2013, de la Función Social de la Vivienda y, una semana después, aprobó la atribución a AVRA de dicho servicio.

Este cambio en las labores de gestión, control y registro de las fianzas permitirá destinar al menos el 70% de las liquidaciones de las fianzas a políticas sociales de vivienda, especialmente a programas de rehabilitación del parque público de la Junta, compuesto por más de 80.000 inmuebles, casi 9.000 de ellos en Cádiz, y a programas de acceso a la vivienda.

Cárdenas ha indicado que uno de los objetivos es conseguir que se reduzcan las cifras de contratos cuyos propietarios no depositan la correspondiente fianza, actualmente un 85%, al entender que ello “supone un ejercicio de transparencia y una garantía al inquilino”. “Queremos que los depósitos de fianza jueguen un papel importante en la política de vivienda y ello vaya en beneficio de las familias más necesitadas y contribuya a mantener el parque público en buen estado”, ha asegurado. Por ello, ha dicho que considera necesaria la colaboración de los arrendadores, inquilinos y empresas suministradoras  y que “la obligación de depositar las fianzas conlleva también importantes beneficios fiscales para propietarios e inquilinos, con deducciones cuantiosas en la declaración de la renta”.

Las consultas o las operaciones de depósito y devolución de estas cuantías se podrán realizar en Cádiz (calle Cristóbal Colón, 14), en Algeciras (calle Baluarte, 16) y en Jerez (calle Franco, 28 esquina a calle Compañía). No obstante, también podrán realizarse por vía telemática, tanto en el caso del régimen general –al que se adscribe la mayoría de los arrendadores de inmuebles– como en el del concertado previsto para las empresas suministradoras de agua, luz y gas y los arrendadores que generan fianzas de gran cuantía.

 Para facilitar estos trámites, la agencia ha diseñado una serie de mejoras en la tramitación y prestación del servicio, con novedades que han empezado a aplicarse hoy mismo. Así, se ha creado un sistema de cita previa y una página web (www.fianzas.avrandalucia.es), donde se pueden consultar las novedades y la información detallada de horarios y direcciones de las oficinas. Además, AVRA prestará apoyo para cumplimentar el modelo de autoliquidación y solicitar la devolución o la reducción del tiempo de espera en las tramitaciones presenciales. El servicio de atención a la ciudadanía se realizará a través del teléfono gratuito 900920220 y de la red de 13 oficinas de gestión de fianzas ubicadas en las ocho capitales de provincia y en las localidades de Algeciras y Jerez de la Frontera en Cádiz, Úbeda (Jaén) y Marbella (Málaga). Esta red informará a propietarios e inquilinos del estado de los depósitos mediante certificados y documentos acreditativos. Asimismo, la agencia se compromete a agilizar la devolución de las cuantías entregadas antes del límite legal previsto de un mes.

Fomento y Vivienda dispondrá de estos recursos trimestralmente a partir de las liquidaciones que realice la Consejería de Hacienda y Administración Pública de los saldos de las cuentas de fianzas de arrendamientos y suministros, es decir, la diferencia entre las constituciones y las devoluciones de estos depósitos en dicho periodo. 

Beneficios fiscales

La fianza es un importe económico que el ciudadano entrega como arrendatario de un inmueble o como usuario de un suministro de agua, gas y electricidad al arrendador o a la empresa suministradora como garantía del contrato suscrito. La Ley autonómica 8/1997, que regula las fianzas de arrendamientos y suministros, establece la obligación del arrendador de depositar esa cuantía, equivalente a una mensualidad de renta en el alquiler de una vivienda y de dos en el caso del arrendamiento para un uso distinto a la vivienda, en una cuenta pública que la Administración competente custodiará. Ese depósito debe realizarse en el plazo de un mes desde la formalización del contrato y la Administración tiene la obligación de devolverlo en el mismo plazo si el arrendador solicita su reintegro.

AVRA informará pormenorizadamente de los beneficios fiscales que conlleva este procedimiento. Entre otros, el arrendador puede deducirse los gastos por la formalización del alquiler, la conservación y reparación, administración, vigilancia, portería y los seguros de vivienda. El inquilino, por su parte, desgrava en la declaración de la renta parte de las cantidades satisfechas. Desde 2008, un menor de 35 años puede llegar a deducirse  por este concepto en Andalucía hasta un 15%, con un máximo de 500 euros.

El incumplimiento de la obligación de abonar la fianza por parte del arrendador se considera una infracción grave castigada con una multa que oscila entre el 50% y el 150% del importe del depósito no realizado. La inspección de los depósitos está a cargo del Cuerpo Superior de Inspección de Vivienda y del personal funcionario habilitado expresamente para ello.



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