El nuevo decreto de inclusión social aprobado por el Gobierno andaluz beneficiará a más de 21.100 personas en la provincia

El nuevo decreto de inclusión social aprobado por el Gobierno andaluz beneficiará a más de 21.100 personas en la provincia

La normativa contará con un presupuesto de más de 8 millones de euros para la provincia de Cádiz e incluirá medidas de solidaridad y para el fomento del empleo

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, junto a la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Miriam Alconchel, han presentado esta mañana datos sobre el impacto que el nuevo Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad tendrá en la provincia de Cádiz.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes este Decreto que beneficiará en la provincia de Cádiz a 21.105 personas con un presupuesto de 8.089.716,98 euros. Este nuevo decreto destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Estos 64 millones suponen 8 millones más de la cuantía que se destinó el año pasado en el decreto de exclusión a las medidas que vienen incluidas en ambas normas.

El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas hablamos de cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social. 

La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores.

El Plan de Inclusión a través del Empleo contempla un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación, dotado en Cádiz con 6.042.882 euros, con el que está previsto realizar más de 3.777 contrataciones a través de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, permitiendo además el acceso a las personas que están sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social.

Otra de las líneas para la inclusión a través del empleo y novedosa en este decreto es la que fomentará la contratación de personas preceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, también conocido como salario social. Esta línea de la normativa permitirá reenganchar a perceptores del salario social al mercado laboral a través de contratos de, al menos, 6 meses con un salario que será superior a la prestación de IMS, cotizando en el sistema general de la Seguridad Social. Además, la empresa contratante recibirá una subvención de 2.500 euros.

Solidaridad y Garantía Alimentaria

El Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía incluye en su redacción el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social. Se trata de nuevas prestaciones de urgencia social, que serán gestionadas por los ayuntamientos, donde están incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas, o necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler. Se otorgarán en función del número de desempleados del municipio, que recibirá entre los 3.900 euros y los 52.000 euros. Este programa tiene un presupuesto de 705.900 euros para toda Cádiz y se traduce en la provincia en un total de 2.824 personas que se podrán beneficiar de esta medida.

Con otros 670.723 euros también están dotadas las Ayudas Económicas Familiares, prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello y que en Cádiz beneficiarán a más de 2.880 menores. Su objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias andaluzas.

Por otra parte, se mantiene el Plan de Garantía Alimentaria, con 670.211,98 euros, que continúa con el refuerzo en la alimentación infantil, con tres comidas en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y las escuelas de verano para el período vacacional; el refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, y el catering a domicilio para mayores. Se estima que más de 2.624 menores gaditanos se beneficiarán de estas medidas.

Este plan también promueve la concienciación social y las prácticas de consumo responsable, impulsa el voluntariado y apoya a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y a las Entidades locales.

También se crea un Banco de Prácticas Innovadoras que permitirá a los integrantes de la red compartir las mejores experiencias, así como un sistema de información y seguimiento que sirva a los integrantes para el diseño de intervenciones cada vez más adecuadas y eficaces.

En la línea de apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria, que también se mantiene, se incluye la novedad de que entidades no lucrativas podrán presentar proyectos a los ayuntamientos que han recibido los fondos para colaborar en la gestión de los mismos.

Este decreto, que incluye fórmulas seguimiento y evaluación del impacto de la crisis en la población andaluza y de sus propias medidas, modificará también tanto el procedimiento como los requisitos para el ingreso en centro residencial de personas mayores en situación de exclusión social, con el fin de flexibilizar el acceso a estos servicios residenciales de la Junta de Andalucía para estas personas.