martes, 18 de febrero de 2014

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:


·       Decretos por los que se acuerda la concesión de las distinciones de Hijo Predilecto de Andalucía y Medallas de Andalucía
·       Proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía
·       Acuerdo de resolución del procedimiento sancionador instruido a la entidad Caixabank, SA, como sucesora universal de Cajasol, SA, y Banca Cívica, SA, por infracciones en materia de consumo
·       Acuerdo de resolución del procedimiento sancionador instruido a la entidad Telefónica Móviles España, SAU, por infracciones en materia de consumo
·       Decreto por el que se autoriza la puesta en circulación de emisiones de deuda pública de la Junta de Andalucía, o la concertación de operaciones de endeudamiento, por un importe máximo equivalente a 5.111,62 millones de euros
·       Acuerdo por el que el Consejo manifiesta su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley Integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía
·       Acuerdo por el que se ratifica el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sobre concesión de un préstamo, con cargo a las líneas apoyo del Banco Europeo de Inversiones, a la entidad Cactus Soluciones Energéticas, SL
·       Decreto por el que se determina el ámbito territorial de la Entidad Local Autónoma de La Redondela, en el término municipal de Isla Cristina (Huelva)
·       Nombramientos

Aprobadas las distinciones de Hijo Predilecto
y Medallas de Andalucía 2014


El Consejo de Gobierno ha acordado conceder las distinciones de Hijo Predilecto de Andalucía y Medallas de Andalucía 2014 a las siguientes personalidades:






 
Hijo Predilecto

Miguel Ríos, cantante
              
Medallas de Andalucía

Eloisa Bayo Lozano, oncóloga
Flor de Torres Porras, fiscal de violencia de género
María Paz Hurtado, empresaria
Ángel León, cocinero
Estrella Morente Carbonell, cantaora
Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo
Miguel Picazo de Dios, cineasta
María Esperanza Sánchez Delgado, periodista
Unica Group, empresa hortofrutícola
Andrés Vázquez de Sola, periodista, dibujante y pintor



Miguel Ríos

El cantante Miguel Ríos, uno de los grandes pioneros del rock en España, nació en junio de 1944 en Granada. Estudió en el colegio de los Salesianos, donde formó parte del coro, y comenzó a trabajar a los 15 años en unos grandes almacenes de su ciudad, en cuya sección de discos tuvo la oportunidad de acercarse por primera vez a la música rock.

Tras participar en 1960 en un programa de Radio Granada, con 17 años grabó su primer disco en Madrid bajo el nombre de Mike Ríos y al año siguiente debutó en las matinales del Circo Price, junto a grupos como Los Relámpagos, Los Tonys, Los Extraños o Les Chats Noires. Desde entonces, ha realizado alrededor de 70 trabajos, entre discos propios, recopilatorios y producciones en compañía de otros artistas.

La discografía de Ríos recoge álbumes como ‘Mira hacia ti’ (1969); ‘Conciertos de Rock y Amor’ (1972); ‘Memorias de un ser humano’ (1974); ‘Los viejos rockeros nunca mueren’ (1979); ‘Rocanrol bumerang’ (1980) o ‘Como si fuera la primera vez’ (1996).   Entre sus canciones más conocidas destacan ‘Popotitos’ (1962); ‘Vuelvo a Granada’ (1966); ‘Himno de la Alegría’ (1969) –de la que vendió 7 millones de copias en todo el mundo–; ‘El rock de la cárcel’ (1970), ‘Santa Lucía’ (1980) o ‘Extraños en el escaparate’ (1981).

Miguel Ríos ha destacado especialmente por la importancia que ha dado a la música en directo y sus aportaciones a la producción de conciertos. Pionero en la organización de grandes giras tal y como se entienden actualmente, introdujo numerosas innovaciones escénicas en la utilización de las luces y la proyección de imágenes.

‘Conciertos de Rock y Amor’, fruto de su primera ronda de conciertos, fue uno de los primeros discos en directo que se editaron en España. A esta gira siguieron ‘La Noche Roja’ (1978), ‘Rock&Ríos’ (1982), ‘El Rock de una Noche de Verano’ (1983), ‘Rock en el Ruedo’ (1985), ‘Big Band Ríos’ (1997), ‘Miguel Ríos y las Estrellas del Rock Latino’ (2002) y ‘60mp3’ (2005).

En la televisión, Miguel Ríos ha dirigido y presentado programas musicales como ‘Qué noche la de aquel año’ (RTVE, 1987), ‘Fiebre de Sur’ (Canal Sur, 1993), y ‘Buenas Noches Bienvenidos’ (Canal Sur, 2007), entre otras series y documentales.

Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera, destacan la Medalla de Oro de la Ciudad de Granada (1987); la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1993); la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1999); Medalla de Oro de Andalucía (2002); Premio de Honor de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música (2003); Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez-Acosta (2004); Premio de la Música de Canal Sur Radio (2005); el Galardón Especial del Jurado de los Premios Ondas (2006); el título de Hijo Predilecto de Granada, otorgado por la Diputación Provincial (2007), o la Medalla de Oro de la Cruz Roja y el Premio Protagonistas de Punto Radio, concedidos ambos en 2010.

En septiembre de 2010 Miguel Ríos comenzó en Granada la que sería su gira de despedida, ‘Bye Bye Ríos’, de la que se editó un CD, y con la que recorrió España y Latinoamérica hasta finales de 2011.




Eloísa Bayo Lozano

Eloisa Bayo Lozano, natural de Sevilla y doctora en Medicina por la Universidad Hispalense, es actualmente la jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, un departamento reconocido en Andalucía y en toda España por su continua innovación tecnológica y la incorporación de técnicas punteras en la lucha contra el cáncer, sin perder nunca de vista lo esencial: la atención al paciente.

Después de trabajar en las provincias de Cádiz y Jaén, Eloísa Bayo ha desarrollado su actividad profesional principalmente en Huelva, donde lleva 17 años en el servicio de Oncología. Asimismo, en 2013 fue nombrada directora del Plan Integral Andaluz de Oncología. Con una continuada trayectoria docente, Bayo considera la radioterapia un pilar básico en el tratamiento del cáncer de mama tanto tras la cirugía conservadora como tras una mastectomía.

Testigo en primera persona de la transformación que han experimentado los tratamientos contra el cáncer, el trabajo de Eloísa Bayo al frente del Servicio de Oncología Radioterápica fue reconocido el pasado año por la Diputación de Huelva, que le concedió la Medalla de la Provincia.

La doctora Bayo, coautora, entre otras publicaciones, de la ‘Guía para el tratamiento del dolor por cáncer’, ejemplifica los logros que se pueden obtener mediante la colaboración entre los profesionales sanitarios y las administraciones públicas, así como de un trabajo de investigación que se compagina con el trato directo con los enfermos.

Flor de Torres Porras

Flor de Torres Porras (Almería, 1961) es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Comenzó a ejercer la abogacía en 1984 hasta que en 1987 obtuvo la plaza de fiscal en la Fiscalía Provincial de Málaga. Especialista en violencia de género, en 2004 fue designada Fiscal Delegada de Violencia contra la Mujer en Málaga y desde 2010 es Fiscal Delegada de Andalucía de violencia contra la mujer y contra la discriminación de género.

Firme defensora de la igualdad como la mejor forma para evitar el maltrato a las mujeres y contraria a cualquier tipo de discriminación sexual, la fiscal almeriense expone sus ideas en artículos periodísticos que se publican en diarios nacionales y andaluces. También colabora con la publicación Cuadernos de Derecho Judicial.

Flor de Torres es profesora honoraria del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Málaga, con la que participa en proyectos de investigación relacionados con la violencia. Igualmente, ha colaborado con las universidades de Granada y Pablo de Olavide de Sevilla y es profesora del Centro de Estudios Jurídicos.

En el ámbito de la cooperación internacional, la Fiscal Delegada ha trabajado en diversas iniciativas en materia de igualdad desarrolladas en países como Marruecos (2005), Guatemala (2006), Bolivia (2007) y Argentina (2011).

La trayectoria de Flor de Torres en defensa de las mujeres ha sido reconocida con numerosas distinciones entre las que destaca el Premio Meridiana que recibió en 2011, concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer.

María Paz Hurtado Cabrera

María Paz Hurtado Cabrera (Sevilla, 1958) es diplomada en Marketing y Dirección Comercial y actualmente preside Hutesa Agroalimentaria SA, empresa de la localidad malagueña de Fuente de Piedra dedicada a la comercialización y exportación de aceitunas de mesa.

Ejemplo de la fuerza emprendedora de la mujer en el sector agroalimentario andaluz, María Paz Hurtado no tuvo unos comienzos fáciles. Hija única y huérfana de padre a los siete años, su madre, maestra de profesión, le enseñó a salir adelante con pocos recursos. Tras terminar el COU, trabajó como auxiliar administrativa en Villamarín, SA, una firma aceitunera de Dos Hermanas (Sevilla) donde adquirió aprendizaje y experiencia.

Inició su trayectoria como trabajadora autónoma comprando y vendiendo aceitunas, primero desde una habitación de su casa de Málaga, al tiempo que cuidaba de su hijo de meses, y después desde una antigua factoría quebrada que adquirió en 1992 en Fuente de Piedra, actualmente sede de la firma en la que es presidenta ejecutiva.

Desde esos duros pero ilusionantes comienzos, Hutesa Agroalimentaria se ha convertido en una empresa puntera que emplea en ocasiones hasta a setenta personas, galardonada en varias ocasiones y cuya trayectoria se ha estudiado en las escuelas de negocios. La factoría es especialista en los procesos que van desde la recepción de la aceituna procedente de los campos andaluces hasta el envasado en distintos formatos, siempre preservando la calidad. Exporta a numerosos países, entre ellos Rusia, uno de los mayores demandantes de la aceituna de mesa.

Ejemplo de mujer forjada a sí misma, María Paz Hurtado pertenece además al Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga y es presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Málaga.



Ángel León


Ángel León (Jerez de la Frontera, 1978) es gerente del restaurante Aponiente de El Puerto de Santa María, que desde 2000 atesora una estrella Michelín y tres Soles de la Guía Repsol. Su innovadora cocina, que gira exclusivamente en torno al mar, ha sido también merecedora de distinciones como el Premio Nacional de Gastronomía 2012 al mejor jefe de cocina y el ‘Chef Millesime’ 2013 por su contribución al prestigio internacional de la gastronomía española, junto con otros cinco restauradores. Aponiente fue elegido en 2010 por The New York Times entre los diez mejores restaurantes del mundo y, al año siguiente, la publicación The Wall Street Journal lo señaló entre los diez mejores de Europa.

Conocido como el ‘Chef del mar’, título escogido para el libro que publicó en 2013, la trayectoria de Ángel León está jalonada con la invención de equipos, técnicas y productos. Destaca así el uso del plancton marino como ingrediente, sus embutidos marineros realizados con carne y grasa de lisa de estero, la utilización de huesos de aceituna como combustible ecológico en la cocina o el sistema para clarificar caldos con microalgas marinas. Este último, denominado ‘Clarimax’, le valió el Premio a la Innovación en la séptima edición de la feria Madrid Fusión (2009).

El restaurador gaditano, que se formó en la Taberna del Alabardero de Sevilla y más tarde con Fernando Córdoba en los fogones de El Faro (El Puerto de Santa María), colabora con la Universidad de Cádiz en la investigación de nuevos recursos gastronómicos. En su haber también destaca el uso de los pescados de ‘descarte’ (especies sin valor en el mercado y desconocidas para el público), la flor del velo del vino generoso o el humor vítreo de los peces como emulsionante natural y las escamas como espesante.

Estrella Morente


Hija del cantaor Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, Estrella Morente Carbonell nació en Granada en 1980. Es además sobrina de los artistas flamencos Antonio y José Carbonell y nieta del guitarrista Montoyita. Su primera actuación pública tuvo lugar con 16 años, coincidiendo con los Campeonatos de Esquí Alpino de Sierra Nevada en 1995.

       Morente debutó como solista en la Peña de la Platería de Granada en 1997 y tras participar en conciertos junto a Juan Manuel Cañizares y figuras como Imperio Argentina, Martirio o Carmen Linares, grabó su primer disco ‘Mi cante y un poema’ en 2001, producido por su padre. Tras el lanzamiento de este trabajo, la cantaora actuó en esecenarios como la XII Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión, Sonidos del Mundo de Tudela o el Festival La Mar de Músicas de Cartagena.

       La trayectoria discográfica de Estrella Morente se completa con ‘Calle del aire’ (2001), ‘Mujeres’ (2006), ‘Casacueva y escenario’ (2007) y ‘Autorretrato’ (2012). Declarada admiradora de La Niña de los Peines, Camarón de la Isla, Marchena y Vallejo, en julio de 2005 actuó en el Barbican Centre de Londres. Ese mismo año compartió con su padre escenario en una serie de conciertos encargados por el Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba.

       La cantaora granadina ha colaborado también en las bandas sonoras de películas como ‘Sobreviviré’, de Alfonso Albacete (1999); ‘Volver’, de Pedro Almodóvar (2006), o ‘Chico y Rita’, de Fernando Trueba y Javier Mariscal (2010). Igualmente ha participado en los largometrajes de Carlos Saura ‘Buñuel y la mesa del Rey Salomón’ (2001), ‘Iberia’ (2005) y ‘Flamenco, flamenco’ (2010).

Entre otros galardones, Estrella Morente ha recibido el Premio de la Música 2006 al mejor álbum flamenco concedido por la Sociedad General de Autores y Editores, así como el Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.


Santiago Muñoz Machado


Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1943) es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Considerado un gran renovador del Derecho Público, su ‘Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General’ constituye una obra de referencia internacional en la materia. El pasado año obtuvo el Premio Nacional de Ensayo, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la obra ‘Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo’.

Miembro de la Real Academia de la Lengua desde 2012, Muñoz Machado es también académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico de la Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y miembro de la ‘International Academy of Comparative Law’.

Santiago Muñoz Machado es autor de más de una treintena de libros, así como de  centenares de artículos, prólogos, participaciones en congresos y reuniones especializadas. Entre sus trabajos más relevantes destacan los referidos al tercer sector, la actividad social del Estado, la regulación económica y el Derecho de las comunidades autónomas. Ha sido director de la Oficina Técnica de la Unión Española de Televisiones Privadas en Abierto y presidente de la Asociación Española de Derecho del Audiovisual.

Durante los primeros años de su actividad profesional trabajó como funcionario del Cuerpo Técnico de Administradores Civiles del Estado para la Presidencia del Gobierno. En 1980 obtuvo la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, institución de la que también es Doctor Honoris Causa. Posteriormente ganó la cátedra de la misma especialidad de las universidades de Alcalá de Henares (1982) y Complutense (1994).

Cofundador de la Escuela Libre de Derecho y Economía, Muñoz Machado ha compaginado la docencia con el ejercicio de la abogacía especializada en Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario Europeo. También es autor de libros de relatos (‘Riofrío’, 2010), investigaciones históricas (‘El problema de la vertebración del Estado en España’, 2006) y estudios biográficos (‘Sepúlveda, cronista del Emperador’, 2012). 
Miguel Picazo de Dios



El cineasta Miguel Picazo de Dios nació en la localidad jiennense de Cazorla en 1927. Cursó estudios de Psicología y Derecho, pero pronto se impuso su vocación por el mundo del cine, en el que ha sido actor, guionista y director, además de demostrar una forma de hacer películas contraria a los convencionalismos de su época. Su contribución al cine español fue reconocida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en 1997 con el Premio de Honor de la XI edición de los Goya.

El largometraje ‘La Tía Tula’ (1964), protagonizado por Aurora Bautista, consagró a Picazo como uno de los principales realizadores del denominado Nuevo Cine Español. La película, que se basa en la novela de Miguel de Unamuno y refleja con gran detalle la atmósfera de una ciudad provinciana, recibió, entre otras distinciones, el Premio a la Mejor Dirección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Feminista declarado, Miguel Picazo subraya en sus obras la simpatía con la mujer que lucha en un mundo lleno de desigualdades. Otros títulos destacados de su filmografía son ‘Habitación de alquiler’ (1961), ‘Oscuros sueños de agosto’ (1967), ‘Los claros motivos del deseo’ (1977), ‘El hombre que supo amar’ (1976) y Extramuros’ (1985). Esta última fue distinguida con el Premio ACE al Mejor Director otorgado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York.

Entre sus trabajos para televisión sobresalen la adaptación de la obra teatral de Valle-Inclán ‘Sonata de Primavera’ y la serie ‘Entre visillos’, basada en la obra de Carmen Martín Gaite. Como actor participó, casi siempre con papeles secundarios, en películas como ‘El Espíritu de la Colmena’ (1973), ‘El libro de buen amor’ (1975), ‘Remando al viento’ (1987) y ‘Tesis’ (1996).

Aunque gran parte de su vida se ha desarrollado en Guadalajara, ciudad de la que es Hijo Adoptivo, Miguel Picazo reside actualmente en Cazorla, población que le ha distinguido con su medalla de oro, al igual que la vecina localidad de Peal de Becerro, donde también transcurrió su infancia.

María Esperanza Sánchez Delgado


María Esperanza Sánchez Delgado, natural de Salamanca, llegó a Andalucía en 1965, comunidad en la que ha desarrollado una extensa carrera periodística vinculada principalmente a Radio Sevilla de la Cadena SER. En esta emisora ha dirigido programas como ‘La tertulia flamenca’, ‘La literaria’ y ‘La hora de la verdad’. Además, ha sido comentarista de ‘Hora 25’ desde el inicio de la tertulia política de este espacio.

Entre 1993 y 1994, también en la SER, presentó el magacín de los fines de semana ‘A vivir que son dos días’. Posteriormente fue colaboradora en el programa ‘Hoy por Hoy’ que dirigía Iñaki Gabilondo, ejerciendo de comentarista política e integrante de la tertulia ‘El sacapuntas’. En Radio Sevilla, por su parte, presentó y dirigió ‘A vivir Sevilla’, además de mantener una larga colaboración en ‘La ventana de Andalucía’.

María Esperanza Sánchez, que está casada con el periodista cordobés Joaquín Petit y cuyo hijo Quino sigue la estela profesional de la familia, también ha colaborado con otros medios periodísticos. En televisión ha intervenido en programas como ‘59 segundos’, de Televisión Española o, más recientemente, en la tertulia de ‘Buenos días Andalucía’ de Canal Sur. Además, presentó en Localia ‘Señoras y Señores’. En prensa destaca su colaboración como columnista de El Correo de Andalucía.

Periodista comprometida con los derechos sociales y la igualdad de las mujeres, ha recibido diversos reconocimientos. En 2013 fue distinguida con el Premio Clara Campoamor, por su defensa de la autonomía andaluza y del feminismo. Anteriormente recibió el Premio Andalucía de Periodismo (1988) por el programa de Radio Sevilla ‘Entrevistas a mediodía’; el Premio Ondas de Radio; el Aljabibe de Periodismo y la Medalla al Mérito en el Trabajo.

Unica Group

El grupo empresarial Unica Group, con sede en La Mojonera (Almería), está dedicado a la comercialización de frutas, hortalizas, productos de agricultura biológica y elaborados. Surgida en 2009 como cooperativa de segundo grado, es una de las firmas más importantes del sector por su capacidad de negocio y volumen de comercialización. Está integrada por Cabasc, Casur, Cohorsan, Parquenat, Ferva y El Grupo.

       Unica Group, presidida en la actualidad por José Martínez Portero, emplea a 2.000 trabajadores directos y 6.000 indirectos. Comercializa la producción de 1.500 hectáreas cultivadas por 1.800 agricultores, que alcanza las 195.000 toneladas. Su facturación ronda los 200 millones de euros.

La firma, la mayor comercializadora de España en tomate en rama, es un claro ejemplo de concentración empresarial. Su modelo de gestión representa una revolución del sistema de producción y comercialización en el sector. Gran parte de sus agricultores se dedican exclusivamente al cultivo de productos ecológicos con gran demanda, principalmente calabacín, pepino, judía verde, tomate, pimiento y sandía. Además, Unica Group cuenta con una línea de elaborados, entre los que destaca el gazpacho
      

      


Andrés Vázquez de Sola


El dibujante, periodista, escritor y pintor Andrés Vázquez de Sola, nacido en San Roque (Cádiz) en 1927, es conocido tanto por su actividad artística como por su activismo político de izquierdas, que le llevó a exiliarse durante el franquismo en París. En esta ciudad alcanzó fama como colaborador del popular semanario satírico ‘Le Canard Enchainé’ y, posteriormente, en los periódicos Le Monde, Le Monde Diplomatique y L’Humanité.

Considerado maestro de viñetistas y del periodismo gráfico, Vázquez de Sola comenzó su trayectoria profesional en el diario Patria de Granada. Militante del Partido Comunista desde 1951, su ideología le costó padecer la censura, además de despidos y deportaciones. Primero se vio obligado a abandonar el diario Madrid y posteriormente Televisión Española, donde participaba en el programa ‘Sábado Noche’ dibujando caricaturas de los participantes.

En 1959 Vázquez de Sola decidió huir de España. Tras unos duros inicios en la capital francesa en los que durmió bajo los puentes del Sena y trabajó como peón de albañil, la publicación del dibujo ‘La Gran Corrida Franquista’ en Le Canard Enchainé obtuvo un gran eco y le sirvió para alcanzar la estabilidad profesional. Una vez consolidado como dibujante satírico y político, comenzó también a explorar su faceta de pintor con lienzos al óleo.

A la muerte de Franco regresó a España y se fue alejando de las viñetas y del periodismo para centrarse en la pintura. Su figura ha sido rescatada recientemente del olvido en un documental elaborado por dos estudiantes de la Universidad de Sevilla y  titulado ‘Trazos de una vida’. En esta cinta, personalidades como el exdirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita, el dibujante gráfico Antonio Fraguas ‘Forges’ o el periodista Juan José Téllez reivindican el genio de Vázquez de Sola. En ella, el propio Vázquez de Sola define su obra como una permanente lucha contra la injusticia y manifiesta su admiración por El Roto entre los actuales viñetistas españoles.




La Junta aprueba el proyecto de la Ley de Transparencia, que
garantizará a los ciudadanos el acceso a la información pública

La Administración estará obligada a responder a los requerimientos
de suministro de datos en un plazo máximo de 20 días hábiles


El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía que será remitido al Parlamento para su debate y aprobación. La norma tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos. Las demandas de información por parte de la ciudadanía hacia la Administración tendrán que ser respondidas por ésta en un plazo no superior a 20 días hábiles.

El documento incorpora algunas alegaciones realizadas por la ciudadanía y los agentes sociales durante el periodo de exposición pública y ha tenido en cuenta las consideraciones aportadas por el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) o el Consejo Consultivo, a los que la Junta solicitó dictámenes.

Entre los cambios que se han incluido para mejorar y ampliar el texto normativo destacan los referidos a las posibles sanciones para quienes incumplan la ley; se ha clarificado la multa coercitiva a las empresas y entidades privadas que se nieguen a facilitar información y se ha incluido la obligatoriedad de publicar los órdenes del día, acuerdos y expedientes de los Consejos de Gobierno.

El nuevo texto introduce la creación de una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, para resolver cualquier duda que se pueda plantear en torno a las mismas, tanto de las procedentes de órganos y entidades que integran el sector público autonómico como de las otorgadas por las entidades locales andaluzas. Las resoluciones de este órgano se harán públicas y, por lo tanto, los criterios aplicados en la materia.

Igualmente, el texto se ha adaptado para cumplir con la Ley estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aunque la norma andaluza es más exigente en la regulación de los partidos políticos. Así, si el texto nacional sólo les exige informar de los contratos, convenios y subvenciones públicas, la ley andaluza les obliga a cumplir con normas de transparencia análogas a las de las administraciones si quieren financiar su funcionamiento con dinero público de la Junta. Asimismo, cuando sean beneficiarios de subvenciones en la comunidad, los partidos estarán obligados a facilitar información sobre lo realizado con ese dinero si los ciudadanos lo solicitan.

De igual modo, se han ampliado las medidas de control al reforzar las competencias del Consejo de Transparencia y Protección de Datos –que en el texto inicial se denominaba Agencia– para que ejerza como autoridad independiente. De este modo, podrá requerir a las administraciones que se subsanen incumplimientos e instar a la apertura de procedimientos sancionadores. A petición del CES, se han incluido a los consumidores y usuarios en este Consejo de Transparencia.

En cuanto a su entrada en vigor, se establece el plazo de un año. Esta decisión obedece, fundamentalmente, a un criterio técnico para garantizar que se pueda adaptar la estructura de la Administración al cumplimiento efectivo a la norma. El periodo fijado en Andalucía está por debajo del que estipula la ley nacional para las comunidades autónomas, que da de margen hasta dos años. Este periodo, no obstante, se mantiene para las entidades locales.

Finalmente, el documento aprobado prevé la modificación de las leyes de Gobierno de la Comunidad Autónoma y la de Administración de la Junta de Andalucía y la de Archivos, para que su regulación sea coherente con la Ley de Transparencia.

Régimen sancionador
Sobre el régimen sancionador, al que se dedica un nuevo título, el proyecto de ley clarifica cuándo se producen las infracciones y las posibles sanciones para quienes incumplan la norma. Este régimen sancionador, del que carece la ley estatal, ha sido ampliamente reclamado por la ciudadanía, por los expertos y por las organizaciones que vienen trabajando en el reconocimiento al derecho de acceso a la información pública.

La Ley de Transparencia Pública de Andalucía incluirá un régimen sancionador expreso que exigirá responsabilidad a las autoridades y el personal de la Junta; a las personas físicas y jurídicas que estén obligadas a suministrar información por la norma; a los partidos, organizaciones sindicales y empresariales y otras entidades que financien su actividad en parte con fondos públicos, y a las entidades privadas que participen en la prestación de los servicios públicos.
En el caso de las autoridades, éstos podrán ser sancionados incluso con el cese en el cargo y, en el caso de las infracciones muy graves, con la imposibilidad de volver a ser nombrado en un período de hasta 3 años.

Respecto a otras personas y entidades, las sanciones previstas son amonestación y multa, que, dependiendo de la gravedad, pueden ir desde 200 euros hasta 400.000. Además se puede imponer una sanción accesoria de reintegro de la subvención o, en su caso, la resolución del contrato o vínculo establecido.

El proyecto de ley recoge, igualmente, la imposición de multas coercitivas a quienes presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, de contratistas y beneficiarios de subvenciones y que incumplan la obligación de suministrar, previo requerimiento y en el plazo de quince días, aquella información que sea necesaria para el cumplimiento por la Administraciones Públicas de las obligaciones de esta norma.

En caso de no ser atendido este requerimiento, se les podrán imponer multas coercitivas que van desde 100 a 1.000 euros, de forma reiterada cada quince días, hasta su cumplimiento. El total de la multa no podrá superar el 5% del contrato o subvención y tendrá un tope de 3.000 euros en caso de que no figurara cuantía concreta.

Consejo de Gobierno
Otra de las incorporaciones del nuevo texto, se refiere a la publicación previa del Orden del Día previsto de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y de los órganos colegiados de Gobierno de los ayuntamientos y diputaciones, sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones. Igualmente, una vez celebradas las reuniones, el proyecto de ley obliga a que se hagan públicos los acuerdos que se hayan aprobado, así como la información contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración. Esta medida ha sido ya adoptada por el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de 27 de diciembre de 2013, adelantándose a la aprobación de la propia ley. La norma también ha introducido la obligatoriedad de la publicación de las agendas institucionales de los Gobiernos.

El conjunto del proyecto de ley está redactado conforme a los preceptos que establece de la Ley estatal 19/2013. No obstante, la norma andaluza es más amplia en su aplicación al incluir la obligación de suministrar información a todas las entidades beneficiarias de subvenciones.
Igualmente, el proyecto de ley andaluz incluye como obligados a cumplir con la norma a empresas y entidades que concierten con la Administración para la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales y a empresas privadas que gestionan servicios públicos municipales.

También, a diferencia de la norma estatal, la ley andaluza adelantará el momento en que se hacen públicos los textos normativos. Así, los anteproyectos de ley se publicarán una vez sean conocidos por el Consejo de Gobierno, previamente a su aprobación como proyectos; los reglamentos, cuando se sometan al trámite de audiencia o información pública; cuando se soliciten dictámenes del Consejo Consultivo y del CES se publicarán, también, tras su aprobación.

Y en cuanto a las Ordenanzas o reglamentos locales, no sólo se publicarán los textos definitivos, sino que, tras su aprobación, se deberá publicar, también, la versión inicial, así como los dictámenes e informes que se hayan realizado. En este apartado, por lo tanto, la ley andaluza va mucho más allá que la nacional.

También se marcan diferencias en relación con la información económica, financiera y presupuestaria, con la obligatoriedad de publicar datos relativos a la deuda pública y al gasto en campañas de publicidad institucional.

El proyecto de ley hoy aprobado, además de establecer la obligación de publicar las funciones, normativa y estructura organizativa para las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, como hace la norma nacional, va más allá y obliga a publicar información relativa a: sedes físicas, horarios de atención al público y dirección de correo electrónico; delegaciones de competencia vigentes; órganos colegiados; relaciones de puestos de trabajo y similares y retribuciones anuales; acuerdos reguladores de condiciones de trabajo y convenios colectivos; oferta pública de empleo e instrumentos similares; procesos de selección del personal, e identificación de miembros de órganos de representación y número de liberados, agendas institucionales de los gobiernos, Inventario General de Bienes y Derechos, y Plan e Informe Anual de la Inspección General de Servicios.

En lo relativo a información sobre altos cargos, la ley andaluza es más amplia que la nacional al obligar a que se publiquen las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Junta de Andalucía.
De igual modo, los planes y programas plurianuales se publicarán tan pronto como sean aprobados, en un máximo de 20 días, y permanecerán publicados mientras estén vigentes. En esto último, la norma andaluza también es más exigente que la nacional.

Otro de los aspectos en los que el proyecto de ley andaluz es más avanzado que la ley estatal es el de la obligación de retransmitir en directo los plenos locales por Internet, siempre que sea posible, o, una vez celebrado, permitir el acceso al archivo audiovisual grabado. En todo caso, los asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios y las diputaciones podrán prestar apoyo institucional a los municipios de menor población o insuficiente capacidad económica y de gestión para cumplir con esta Ley y las exigencias de transparencia.

Por otra parte, la norma andaluza establece un plazo no superior a 20 días hábiles, para responder a la petición de información, frente al mes que fija la legislación de ámbito estatal.

En cuanto a la denegación de una solicitud de información, el proyecto de ley andaluz avanza en las reglas especiales que se establecen para no responder. De este modo, si la información está en curso de elaboración o de publicación general, la denegación deberá especificar el órgano que la elabora y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición pública.

Finalmente, la norma andaluza también tiene en cuenta la independencia del Consejo de Transparencia y Protección de Datos y, para ello, recoge que la persona que lo dirija será designada por el Parlamento, mientras que la norma estatal establece que será nombrada por el Consejo de Ministros y que el Parlamento sólo tendrá capacidad para refrendar por mayoría absoluta el nombramiento.





El Gobierno andaluz sanciona a Caixabank con 828.000 euros por la comercialización irregular de participaciones preferentes

Los servicios de Consumo de la Junta han recibido en los últimos dos años 713 reclamaciones relacionadas con productos financieros de alto riesgo


El Gobierno andaluz ha acordado sancionar con 828.000 euros a Caixabank, SA, como sucesora universal de las antiguas Cajasol y Banca Cívica, por las infracciones cometidas por estas dos entidades en la comercialización de participaciones preferentes.

La decisión se concreta en dos expedientes, uno por cada entidad, que tienen su origen en 483 reclamaciones recibidas en los servicios de consumo de la Junta. El 24 de septiembre de 2013 el Consejo ya impuso una sanción de 455.000 euros a Caixabank por el mismo motivo y en los últimos dos años los servicios de Consumo de la Junta han registrado 713 reclamaciones relacionadas con productos financieros de alto riesgo.

De acuerdo con los procedimientos sancionadores instruidos, que se iniciaron en abril de 2013 tras la investigación de las denuncias presentadas por las personas usuarias, se considera probado que Cajasol primero y Banca Cívica después ocultaron información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones preferentes ofertadas. En algunos casos, las personas afectadas no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra. Tampoco se atendieron requerimientos de documentación formulados por la Inspección de Consumo de la Junta.

Estos hechos, plasmados en 26 denuncias contra la antigua Cajasol y ocho contra Banca Cívica, son constitutivos de tres infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía: incumplimiento de la información en el suministro de bienes, incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio e incumplimiento de las medidas o requerimientos de la Administración.

Si bien la ley califica estas infracciones como leves, el Gobierno andaluz entiende que en las dos primeras concurren las circunstancias agravantes recogidas en el mismo texto normativo por “haberlas cometido voluntariamente o faltando a los más elementales deberes de diligencia exigibles”, por “tratarse de una infracción continuada o práctica habitual, por “producir una alteración social grave, originando alarma o desconfianza en los consumidores” y por haberse realizado “explotando la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados consumidores o grupos de ellos”. Estas circunstancias hacen que los actos denunciados se califiquen finalmente como muy graves.

Respecto a la circunstancia de reiteración, el Consejo recuerda que la antigua Cajasol ya fue sancionada de manera firme en siete ocasiones ocasiones por infracciones contra la normativa andaluza de consumo, cometidas entre 2009 y 2012.

Otra agravante tenida en cuenta, y asimismo recogida en la ley, es la relativa a la posición relevante de las entidades en el sector. En este sentido, Cajasol llegó a ser la segunda entidad de banca minorista en Andalucía, con 732 oficinas, mientras que Banca Cívica alcanzó el décimo puesto entre las entidades de crédito españolas y el sexto entre las cajas de ahorros, con una red de cerca de 1.600 oficinas.

Como circunstancia atenuante, el Consejo valora la colaboración activa mantenida por Caixabank para atenuar los efectos de las dos primeras infracciones. En este sentido, el acuerdo destaca que la entidad denunciada, con la intermediación de los servicios de consumo de la Junta, ha alcanzado diversos acuerdos para resolver las reclamaciones interpuestas en su día.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, las sanciones impuestas se concretan en tres sanciones por cada antigua entidad denunciada. En el caso de Cajasol, una de 225.000 euros por infracción muy grave de incumplimiento de las condiciones de prestación de servicio; otra de la misma cuantía por incumplimiento de la información en la venta, y una tercera de 5.000 euros por no atender las medidas y requerimientos de la Administración. Las cantidades correspondientes a Banca Cívica son de 185.000 euros por el primero de estos motivos, la misma cifra por el segundo y 3.000 por el tercero.

Soluciones para los afectados
Según datos de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 17 de febrero de 2014 se han registrado en Andalucía 713 reclamaciones relacionadas con productos financieros de inversiones complejas de alto riesgo, entre los que se incluyen las denominadas participaciones preferentes.

Estas reclamaciones se formularon a las entidades Caixabank, Bankia (Caja Madrid), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Grupo Santander (Banesto), Banco Popular Español, Sabadell CAM, NCG Banco (Novagalicia), Banco Mare Nostrum (Caja de Ahorros de Granada), Catalunya Bank, Cajasur y Caja de España de Inversiones Salamanca y Soria.

El total de personas afectadas supera la cifra de 47.400, con un importe por encima de los 1.406 millones de euros, según los datos aportados por las entidades que han respondido al requerimiento de la Junta. Cuatro de ellas (Caixabank, BBVA, Sabadell y Cajasur) han colaborado también con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para resolver las reclamaciones mediante fórmulas de negociación, mediación y arbitraje extrajudicial.

Asimismo, la Junta ha colaborado con la Fiscalía Superior de Andalucía que, a través de un decreto, solicitó a la Secretaría General de Consumo que informase a las personas reclamantes de los acuerdos adoptados. La Administración autonómica también ha requerido la cooperación de la Policía Judicial en la investigación de posibles responsabilidades penales.

Las personas interesadas pueden obtener más información en la página web www.consumoresponde.es, que muestra alternativas de mediación y arbitraje en relación con las preferentes, así como los mecanismos de reclamación a las entidades financieras y los derechos de las personas consumidoras y usuarias.



La Junta sanciona a Telefónica Móviles con 920.000 euros
por irregularidades en la información a los usuarios

Las infracciones se califican como muy graves por su alta repercusión
en el mercado y por afectar a un servicio de uso ordinario y generalizado


El Consejo de Gobierno ha aprobado la imposición de tres sanciones a la empresa Telefónica Móviles España, SAU, con un importe total de 920.000 euros, por otras tantas infracciones de carácter muy grave relacionadas con la información a las personas consumidoras y usuarias.

El expediente ahora resuelto tiene su origen en la campaña de inspección de servicios de telecomunicaciones realizada por la Junta en 2011 y asignada al Servicio de Consumo de Huelva en el caso de la operadora multada.

Como resultado de estas investigaciones, quedó probado que Telefónica Móviles no informó, ni en las condiciones generales del servicio prepago ni en el contrato, del coste del servicio de detalle de llamadas, y que tampoco indicó los precios en los contratos de pospago, infracción que se sanciona con 350.000 euros. Asimismo, la empresa no facilitó facturas independientes de los servicios de tarificación adicional ni contratos a las personas usuarias finales en la modalidad de prepago, pese a su solicitud expresa (sanción de 350.000 euros). Finalmente, la Inspección de Consumo comprobó que la operadora no atendió las solicitudes de desconexión de los servicios de mensajería ‘Premium’ y de llamadas internacionales, que permanecieron activados con los consiguientes perjuicios económicos (sanción de 220.000 euros).

De acuerdo con la legislación autonómica de consumo, estas tres infracciones alcanzan la tipificación de muy graves al concurrir las circunstancias de haberse cometido de forma voluntaria y continuada, tener una alta repercusión en el mercado, afectar a un gran número de personas y estar vinculadas a servicios de uso ordinario y generalizado.

A estas circunstancias agravantes se añade también la derivada de que la empresa cometió las infracciones valiéndose de su posición dominante en su sector. Según los datos facilitados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en el año 2011 en que se hicieron las inspecciones, Telefónica Móviles era, tras Vodafone, la segunda mayor operadora en el mercado de las telecomunicaciones de Andalucía, con casi 1,7 millones de líneas móviles en la modalidad de contrato (31,71% del total), 697.622 contratos de permanencia y 468.061 procedentes de portabilidad.

       El sector de las telecomunicaciones es uno de los que aglutina mayor número de quejas y reclamaciones en la comunidad autónoma. Desde enero de 2011 hasta la fecha se han presentado 17.661, lo que supone un 24% de las 71.796 presentadas en total. Las empresas que acumulan más reclamaciones son Vodafone España, France Telecom España, Telefónica Móviles, Cableuropa, Jazztel y Xfera Móviles.

       Por las irregularidades e incumplimientos detectados en estas operadoras, Consumo ha resuelto 677 expedientes sancionadores entre enero de 2011 y febrero de este año, con una cuantía de más de 2,98 millones de euros y una sanción media de 4.405 euros. De ellos, 73 corresponden a Telefónica (Movistar), con un total 839.862 euros y una media de 11.505 por expediente.

La empresa Telefónica ya fue sancionada en 2011 por el Consejo de Gobierno con una multa de 440.000 euros, por el cobro indebido del servicio de identificación de llamadas, tras una denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción. La compañía cargó a más de 400.000 personas abonadas andaluzas una prestación que anteriormente ofrecía gratuitamente y cuya activación era automática con la línea contratada.

El Consejo autoriza operaciones de endeudamiento
por un importe máximo de 5.111,6 millones de euros

La cifra supone toda la emisión de deuda prevista para 2014 e incluye
los 3.383 millones que llegarán por el Fondo de Liquidez Autonómica


El Consejo de Gobierno ha autorizado la realización de operaciones de endeudamiento para el presente ejercicio presupuestario, por un importe máximo de 5.111,6 millones de euros. Esta cantidad global incluye las aprobaciones que podrían ser necesarias para la formalización de la totalidad del endeudamiento previsto para este año. Entre ellas figuran los 3.383 millones que llegarán a la comunidad por el Fondo de Liquidez Autonómica, cuya adhesión se aprobó recientemente el Ejecutivo andaluz.

Este importe máximo se concretará definitivamente en la cifra que autorice el Gobierno de España y su determinación no supone que se agote en su totalidad. En ejercicios anteriores no ha sido necesario hacer uso de toda la capacidad de endeudamiento y, de hecho, la deuda de Andalucía representa actualmente un 15,7% de su Producto Interior Bruto, 3,6 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas (19,3%).

Junto al endeudamiento previsto por la adhesión al FLA, otros 1.728 millones de euros podrán cubrirse por otras modalidades que se elegirán según las condiciones que presenten los mercados financieros; bien con una posible ampliación de este fondo de liquidez, bien con créditos con la banca nacional. En caso de que se autorizara, también podría realizarse mediante la ampliación del Programa de Emisiones de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía u otras emisiones de deuda pública realizadas bajo cualquier formato y estructura.

De estos 1.728 millones, 762 corresponden a la amortización de deuda formalizada con banca nacional y los 966 restantes corresponden a los márgenes de endeudamiento de ejercicios anteriores que no se han ejecutado finalmente y que ofrecen, por tanto, más opciones para hacerlo este año si fuera necesario.

El acuerdo del Consejo se autoriza también a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para determinar el instrumento y la modalidad de endeudamiento y  concretar las condiciones financieras de las operaciones, que podrán tener un plazo máximo de 30 años, un tipo de interés fijo o variable, y realizarse en euros o en cualquier otra divisa.

El endeudamiento autorizado hoy está previsto en la Ley del Presupuesto de la Comunidad para 2014, en su artículo 37 y en las Disposiciones Adicionales Sexta y Decimoprimera.

El Consejo avala la tramitación de una proposición
de Ley de atención integral a las personas transexuales

La propuesta recoge un conjunto de medidas en los ámbitos educativo, social, familiar y sanitario para asegurar la no discriminación del colectivo


El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar el criterio favorable a la proposición de Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Esta iniciativa da respuesta a las demandas planteadas por este colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.

El objetivo fundamental de la propuesta se dirige a garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad distinta a la que tienen al nacer y unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía, en consonancia con los principios de no discriminación y libertad de decisión individual reconocidos en el Estatuto de Autonomía y en la legislación andaluza para la promoción de la igualdad de género.

En este sentido, el futuro texto legal incluirá medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. En este último ámbito, se prevé que el Servicio Andaluz de Salud generalice un procedimiento integral de reasignación sexual y una atención sanitaria multidisciplinar segura y de calidad. Su cartera de servicios proporcionará los tratamientos y la cirugía, minimizando desplazamientos innecesarios. Además, el Plan Integral de Formación del sistema sanitario público desarrollará acciones formativas específicas en esta materia.

De otro lado, los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y documentación clínica.

En el ámbito educativo, el texto de la proposición prevé programas de coordinación para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico.

Finalmente, la propuesta incluye medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas, en ninguna jurisdicción, por discriminación a las personas objeto de la futura normativa.



 



El Consejo autoriza un préstamo BEI de 1,6 millones
a la firma sevillana Cactus Soluciones Energéticas

El incentivo reembolsable permitirá el desarrollo de quince proyectos
de ahorro, eficiencia y uso de renovables en la comunidad autónoma


El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de un préstamo de 1,6 millones de euros, con cargo a la línea del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a la empresa sevillana Cactus Soluciones Energéticas, SL. El incentivo permitirá apoyar quince proyectos de eficiencia energética que la firma tiene previsto desarrollar en Andalucía, con unas inversiones totales de 3,59 millones de euros.

Cactus Soluciones Energéticas, fundada en 2010, cuenta con una plantilla de 17 trabajadores y se dedica fundamentalmente a la prestación de servicios de mejora de iluminación, usos térmicos, sustitución de equipos, aislamientos, tecnologías de reducción del consumo energético e incorporación de renovables, tanto para las administraciones públicas como para el sector privado.

El préstamo autorizado, con un plazo de diez años y tipo de interés variable, se incluye en la denominada ‘Línea BEI’ del Programa de Fondos Reembolsables, que la Junta desarrolla desde 2009 para apoyar proyectos empresariales innovadores y viables, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Dotada con 50 millones de euros, esta línea financia inversiones en adquisición, renovación o extensión de activos tangibles (salvo compra de terrenos); gastos de I+D; costes de planificación y desarrollo en las primeras fases, y necesidades de circulante asociadas. El Programa de Fondos Reembolsables en su conjunto ha respaldado hasta ahora con 377,5 millones el desarrollo de 607 iniciativas, que han generado 1.520,31 millones de inversión privada y 24.625 empleos asociados.

El BEI, creado en 1958 por el Tratado de Roma, es una institución financiera de la Unión Europea que tiene entre sus fines prestar dinero a bajo interés para respaldar inversiones que favorecen la integración económica y la cohesión social de los estados miembros. Los recursos que emplea complementan otras fuentes de financiación y pueden concurrir con subvenciones estatales o comunitarias.

La Junta delimita el perímetro de la
Entidad Local Autónoma de La Redondela

El Consejo ejecuta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que resuelve las divergencias con el Ayuntamiento matriz de Isla Cristina


El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que delimita el perímetro de la Entidad Local Autónoma (ELA) de La Redondela, en el término municipal de Isla Cristina (Huelva), en ejecución de una sentencia de 18 de abril de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La decisión pone fin a un conflicto entre ambas entidades sobre la delimitación del territorio de la ELA, que inicialmente fue aprobada en 2006 y después recurrida por La Redondela. El decreto determina una superficie coincidente con el actual casco urbano más una zona necesaria para el desarrollo de sus funciones.

El Consejo de Gobierno aprueba
nombramientos en dos consejerías

      
El Consejo de Gobierno ha aprobado los siguientes nombramientos en las consejerías de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y Justicia e Interior:


Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

-        Directora general de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias: Ana Conde Trescastro

-        Directora general de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud: Celia Gómez González


Consejería de Justicia e Interior

-        Director general de Infraestructuras y Sistemas: Rafael Martín de Agar y Valverde


       Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Antonio Morales Lázaro como presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga.


Ana Conde Trescastro
Directora general de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias


Ana Conde Trescastro, nacida en Salar (Granada) en 1957, es funcionaria del cuerpo de maestros. Desde 2003 ha sido alcaldesa de su localidad natal. Anteriormente desempeñó, entre otros cargos, los de vicepresidenta segunda de la Diputación de Granada y diputada del Área de Bienestar Social (1999-2003). En esta institución fue también responsable del Área de Acción Social (1995-1999) y del Centro Provincial de Drogodependencias (1995-2003).

La nueva directora general ha sido también miembro del Consejo de Administración de CajaGranada y de la Comisión de la Obra Social de esta entidad (1995-2003) y vicepresidenta del Patronato de la Fundación Zayas. Entre 1984 y 1995 coordinó el Centro de Educación de Adultos de Salar.

Celia Gómez González
Directora general de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud


Celia Gómez González, nacida en la localidad leonesa de Palacios del Sil en 1963, es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, máster en Economía de la Salud por la Universidad de Granada y en Dirección de Organizaciones Sanitarias por la Escuela Andaluza de Salud Pública, y Experta en Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. Desde junio de 2012 ocupaba la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

La nueva directora general comenzó su trayectoria en gestión sanitaria en el Hospital de Jove de Gijón, donde fue responsable del área de Personal entre 1991 y 1996. En la administración andaluza, Gómez ha desempeñado, entre otros cargos, los cargos de directora general de Planificación e Innovación Sanitaria y de Planificación y Financiación de la Consejería de Salud, entre 2008 y 2012, y delegada provincial de Salud en Granada (2005-2008). Anteriormente ocupó responsabilidades en centros hospitalarios y de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud y fue directora Económica y de Recursos de la Agencia de Calidad Sanitaria en Sevilla (2004-2005). Fuera del ámbito sanitario, Celia Gómez fue gerente de la Fundación Mujeres en Madrid (1999-2001).

Rafael Martín de Agar Valverde
Director general de Infraestructuras y Sistemas de Justicia e Interior


Rafael Martín de Agar Valverde (Córdoba, 1950) es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Sevilla, de la que fue profesor de Estadística, Álgebra, Cálculo Numérico e Informática durante diez años.

Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta, desempeñó el cargo de director General de Presupuestos del Gobierno autonómico entre junio de 2012 y septiembre de 2013. En la Administración andaluza también ha sido secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (2010-2012); director general del Instituto de Cartografía de Andalucía (2003-2010); director general de Comunicación Social (2000-2003); director general de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas (1996-2000); director del Instituto de Estadística de Andalucía (1990-1996), y secretario general técnico de la Consejería de la Presidencia (1988-1990).

De Agar, que fue teniente de alcalde de Hacienda en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) entre 1983 y 1987, también trabajó en la puesta en marcha del Centro Andaluz de Informática Sanitaria y en la Intervención Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Sevilla (1979-1984).
 




Antonio Morales Lázaro
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga


Antonio Morales Lázaro, nacido en Almería en 1941, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Fiscal desde 1973, ha sido coordinador de siniestralidad laboral, teniente-fiscal y fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga entre 2009 y 2011. En su trayectoria profesional ha ejercido también como de juez de menores, magistrado de Trabajo y docente. Presidió la Unión Progresista de Fiscales (2001-2003) y el Ateneo de Málaga desde 1997.




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