El
IAM amplía a las zonas rurales el servicio de atención psicológica a menores
víctimas de violencia de género
El programa atendió durante el pasado año 2013 a un total de
842 hijos e hijas de víctimas de maltrato, lo que supone un 15% más que en 2012
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) amplía desde enero al
ámbito rural el programa de Atención Psicológica a Hijas e Hijos de Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, que hasta ahora se prestaba en los centros
provinciales del IAM, ubicados en las capitales, y que ahora pretende mejorar
su servicio acercándolo a las zonas más alejadas y con mayor demanda de
atención. El servicio será prestado en varias zonas estratégicas de cada
provincia, lo que ahorrará tiempo y costes de desplazamiento a las personas
usuarias. El programa atendió durante el pasado año 2013 a un total de 842
menores, lo que supone un 15% más que en 2012.
Según ha explicado la directora del IAM, Silvia Oñate, la
ampliación se enmarca dentro del compromiso de la Junta de Andalucía con el
mantenimiento de las políticas de igualdad y del sistema integral de atención a
las víctimas, en un contexto nacional de recortes sociales “que está mermando
la atención social y, en consecuencia, el bienestar social de las poblaciones
del ámbito rural”.
Frente a ello, ha apuntado Silvia
Oñate, “la Junta de Andalucía mantiene su apuesta por la atención a la
ciudadanía, y especialmente a las víctimas de violencia de género”, con un
aumento de la dotación presupuestaria para violencia del 1,9% para 2014, y con
“nuevos servicios que se adapten a las necesidades detectadas y que mejoren la
cercanía, eficacia y calidad de dicha atención”. Entre ellos, Oñate ha
destacado la ampliación al ámbito rural de la atención psicológica a hijos e
hijas de víctimas de violencia de género, un servicio que el IAM presta desde
2009 a través de la asociación Acción Social por la Igualdad, y que tiene como
objetivo mejorar el bienestar psicosocial y atender las necesidades
socioeducativas de los hijos e hijas, de entre 6 y 17 años, de las mujeres que
sufren o han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja, y que son
también víctimas directas.
En concreto, el servicio pretende
aumentar la autoestima, resolver conflictos psicológicos derivados de su
situación, potenciar actitudes y comportamientos empáticos, así como eliminar
los estereotipos y prejuicios de género. Con respecto a las madres, se les
enseña a identificar señales de alarma previas a la reproducción de conductas
violentas por parte de los menores, a mejorar las relaciones entre madre e
hijo/a y a orientar sobre las pautas educativas más adecuadas dada la edad
evolutiva de los menores.
Los niños y niñas que, desde edades
muy tempranas, están expuestos a la violencia de género en sus hogares corren
el riesgo de reproducir esos patrones o sufrir secuelas que lastren el resto de
su vida. Se trata de menores que cargan diversas consecuencias psicológicas,
emocionales, sociales, cognitivas y físicas, en función del tipo de exposición
a dicha violencia. A ello se añaden los problemas derivados del derecho del
maltratador a los regímenes de visita, que puede dar lugar a que el menor se
convierta en víctima directa como instrumento de daño del agresor hacia la
madre.
Estos riesgos se suman al fenómeno
creciente de los casos de maltrato en parejas jóvenes, según alerta el IAM, que
desarrolla desde el pasado año un servicio de atención psicológica gratuita a
mujeres menores de edad que ya han sufrido violencia de género en sus primeras
relaciones afectivo-sexuales.
El IAM ha logrado que el recién
renovado Procedimiento de Coordinación Institucional para la Actuación ante la
Violencia de Género en Andalucía, firmado por agentes sociales y Gobierno
central, incluya a las personas menores como víctimas directas, lo que supone
un importante paso, al hacerles visibles y, por tanto, mostrar sus necesidades.
Esta iniciativa se incluye en el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género,
elaborado de forma conjunta por el Gobierno andaluz y el tejido asociativo, y
en el que la Junta se ha comprometido además a velar para que desde las
instancias judiciales se suspendan cautelarmente el régimen de visitas en los
casos en que las víctimas se encuentren en centros de acogida por motivos de
seguridad.
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