La Consejería de
Fomento y Vivienda evita 505 desahucios en un año en Cádiz
31
ayuntamientos de la provincia se han sumado ya al Programa Andaluz en Defensa
de la Vivienda
La Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta
de Andalucía ha evitado 505 desahucios en la provincia de Cádiz en sólo un año.
“El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha cumplido su objetivo primordial, que
es que las personas que acuden a nosotros para evitar su desahucio permanezcan
en sus viviendas gracias a nuestra labor de intermediación ante las entidades
financieras”, ha resaltado el delegado territorial de Fomento y Vivienda,
Manuel Cárdenas. A su juicio, estos datos evidencian que “cuando el poder público
abandona la equidistancia, rompe la neutralidad y se pone de parte de las
víctimas de la crisis, es posible hacer políticas útiles a su favor”.
Entre el 8 de octubre de 2012,
fecha de apertura de la oficina, y el 30 de septiembre del presente año, el Programa
ha abierto en Cádiz un total de 654 expedientes. En la fase de prevención, las
oficinas han atendido a 53 personas, el 8,1% del total. La atención en esta
fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias
interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas
hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas
para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas,
entre otras cuestiones. El servicio prestado por el Programa evita
preventivamente a las familias verse en situación de riesgo de vulneración de
su derecho a la vivienda.
La
parte fundamental del Programa es la intermediación. Un
total de 505 personas han sido atendidas en esta fase, el 77,2%, y todas han
conseguido evitar su desahucio. “Se trata de familias que tienen voluntad de
pagar, pero que no pueden hacerlo porque no tienen suficientes ingresos.
Gracias a la intermediación de la
Consejería, estas personas siguen en sus casas a pesar de
mantener una deuda con las entidades financieras”, ha señalado Cárdenas. “Estas
familias, que acuden a nosotros como último recurso cuando ya están en riesgo
de perder su vivienda, siguen en sus casas. Hemos evitado que la pierdan
gracias no sólo a nuestra intermediación, sino fundamentalmente a su determinación
de defender su derecho a la vivienda”, ha añadido.
De
estas 505 familias, 88 se han acogido al protocolo de intervención temprana,
que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas
personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en
pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración
de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. La oficina les ha
prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia
gratuita.
En
esta misma fase de intermediación, 417 personas han acudido solicitando labores
de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo
hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital,
ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de
cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta,
entre otras fórmulas.
“Estos resultados ponen negro
sobre blanco una evidencia: que la política sí puede cambiar las cosas a favor
de los trabajadores. No obstante, en ningún caso deben llevar al triunfalismo,
porque los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y
persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo
sustenta no legislen a su favor”, ha dicho Cárdenas. “Estas oficinas
constituyen una herramienta paliativa, no curativa. El mango de la sartén de
los cambios normativos determinantes lo tiene el Gobierno central”, ha añadido
el delegado, que ha urgido al Ejecutivo a “dar solución a las miles y miles de
familias gaditanas que han sido víctimas de la inmensa estafa financiera e
hipotecaria que llamamos crisis”.
La Consejería que dirige
Elena Cortés “ha apurado al límite sus competencias con la Ley para Asegurar la Función de la Vivienda, que sí es una
herramienta transformadora e incide en el comportamiento del mercado a favor de
las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso stock de vivienda
vacía que hay en Andalucía”, ha abundado Cárdenas, que ha reclamado al Gobierno
que “se siente a dialogar” con la
Junta y desista de presentar un recurso contra dicha norma en
el Tribunal Constitucional.
Fase
de protección
En
la fase de protección del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda la Consejería ha
abierto en Cádiz 96 expedientes, un 14,7% del total. Las personas que demandan
este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya
han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Junta emplea todas las
herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre
en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del Programa, además de
evaluar si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar
su desahucio, las asesoran para realizar su solicitud de vivienda en el
registro de demandantes municipal, y establecen contacto con las entidades
financieras o los juzgados para intentar dilatar los desalojos, al tiempo que
colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar
soluciones conjuntas.
Cárdenas
ha destacado el “fuerte impulso” que ha dado a la fase de protección la aprobación
de la Ley de
Función Social de la Vivienda,
que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades
financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el
desahucio. Además ha reiterado su petición al Gobierno central de que ceda al
Programa las viviendas andaluzas del 'banco malo'. “Las viviendas deshabitadas
en la comunidad deben dar derecho de habitación. Es decir, tener un fin social,
jamás especulativo”, ha remarcado.
Bloque institucional
229 ayuntamientos andaluces, un
30% del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores
Sociales, entre otras entidades. En total son 31 los ayuntamientos gaditanos
adheridos a esta iniciativa. “El Programa ha servido también para armar un
sólido un bloque institucional contra los desahucios en toda Andalucía”, ha
destacado Cárdenas.
