La Agencia de
Vivienda de la Junta comienza a intermediar en el mercado de alquiler de casas vacías
a precios asequibles
Respondiendo también a este
objetivo de fomentar este mercado, la Consejería destinará, de acuerdo con lo
estipulado por la nueva Ley
de Presupuestos de la comunidad para el ejercicio 2014, las fianzas de arrendamientos
al desarrollo de las políticas sociales de vivienda. La Ley de 1997
establece la obligatoriedad de un depósito de renta de un mes de
arrendamiento cuando se alquila un piso y también exige
un depósito en los contratos de suministro de agua, gas y electricidad. El
ingreso debe realizarse en la Consejería de Hacienda en el plazo de un mes
desde la firma del contrato. Esta norma fija también que la Consejería de Hacienda
puede delegar la gestión de las fianzas a otras consejerías. Y así lo establece
precisamente la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada el pasado mes de
septiembre. Por tanto, en el ejercicio 2014 será la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía la que gestione estos depósitos con el fin de dar
respuesta a las necesidades en materia de vivienda de la ciudadanía. Para
ello, la Consejería de Hacienda habilitará cada trimestre créditos por importe
del 70% de ese saldo en las cuentas de AVRA, reservando el 30% restante para
contingencias tal y como exige la Ley.
El convenio de adhesión al PIMA firmado
hoy por el director general de Vivienda la Consejería de Fomento y
Vivienda, Antonio Ibáñez, y por el director de AVRA, Fernando Herrera, capacita
a la Agencia
para, entre otras funciones, captar casas para alquilar, solicitar su inclusión
en el programa, ofrecer y mostrar los inmuebles, proponer la asignación de
demandantes o formalizar los contratos de arrendamiento. El agente intermediador
será también el encargado de gestionar las pólizas de seguro dirigidas a los
arrendadores que contratará la
Consejería de Fomento y Vivienda para garantizar el cobro ante
un posible impago de la renta, ofrecer defensa jurídica y dar una cobertura
multirriesgo del hogar.
Para
operar como intermediadora, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación deberá dar de alta en el programa, previa autorización
del propietario, las casas deshabitadas que capte. Previamente, deberá
acreditar que estas viviendas llevan desocupadas un periodo mínimo de seis
meses y cuentan con referencia catastral y con el certificado de eficiencia
energética. En caso de que el inmueble no disponga de este último requisito, la
Consejería asumiría la emisión de dicho certificado. Toda la oferta existente
en régimen de alquiler estará aglutinada en un portal informático creado por la
Junta de Andalucía.
La condición de agente
colaborador permite a AVRA tener acceso al listado de demandantes de los
registros municipales de demandantes de vivienda protegida que hayan expresado
su interés por acogerse a este programa, teniendo en cuenta que los futuros
inquilinos beneficiarios de este programa deberán estará previamente inscritos
en esta base de datos. Para facilitar la consulta de los registros por parte de
AVRA y del resto de futuros intermediadores, la Consejería de Fomento y
Vivienda ha remitido una carta a los ayuntamientos de municipios mayores de
20.000 habitantes instándoles a que actualicen sus bases y hagan constar en
ellas a las personas interesadas en participar en el PIMA.
De igual modo, en el desempeño de
sus funciones, AVRA estará obligada a mostrar las viviendas y formalizar el
contrato de arrendamiento entre arrendador e inquilino, tras el acuerdo
alcanzado entre las partes. De acuerdo con el Programa de Intermediación en el
Mercado del Alquiler, los propietarios podrán ofrecer sus inmuebles por una
renta anual de alquiler no superior a 7.200 euros.
El convenio firmado hoy tiene un
periodo de vigencia de cuatros años, pudiendo ser prorrogado por dos más.
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