La Consejería de Fomento y Vivienda evita 474 desahucios en la provincia de Cádiz

La Consejería de Fomento y Vivienda evita 474 desahucios en la provincia de Cádiz

Elena Cortés firma con 11 municipios su adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda

     

      La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha evitado, a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, un total de 474 desahucios en la provincia de Cádiz desde la apertura de este servicio, el 8 de octubre del pasado año. Este es el número de personas que han acudido a la oficina provincial del programa, en la sede de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, solicitando los servicios de intermediación para evitar el desalojo una vez se encontraban ya en mora con la entidad hipotecaria. “Todas estas familias continúan en sus casas, con lo que se cumple el objetivo fundamental del programa”, ha señalado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, durante el acto de adhesión, en Cádiz, de 11 municipios a dicha iniciativa.

        Los municipios adheridos hoy son  Jimena de la Frontera, Zahara de la Sierra, Alcalá de los Gazules, Rota, Prado del Rey, Chipiona, Setenil de las Bodegas, Villamartín, Villaluenga del Rosario, Ubrique y Torre Alháquime, además de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. En total, son ya 31 los ayuntamientos gaditanos en el  programa. En Andalucía suman un total de 226, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Diputación de Huelva. Cortés ha destacado que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda está sirviendo para articular “un amplio bloque institucional contra los desahucios, que suma esfuerzos junto con el bloque social, que lleva ya cinco años luchando por parar esta sangría social”.

        La oficina de Cádiz, bien en su sede de la Delegación de Fomento y Vivienda o bien a través de los ayuntamientos adheridos, ha atendido a 627 familias. De ellas, 59 han sido en el área de prevención, antes de que los usuarios del servicio entraran en mora con la entidad financiera. Estos casos han sido resueltos favorablemente, evitando preventivamente un riesgo de vulneración del derecho a la vivienda. “Cuanto antes se acude a la oficina, mejor”, ha señalado Cortés, que ha recordado que este área del servicio se ve ahora reforzada por Ley de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios aprobada por el Gobierno andaluz. “Antes de firmar una hipoteca, las familias deben leerla debidamente asesoradas. No debe haber ni una sola cláusula abusiva más”, ha señalado Cortés.

        Las 474 familias en riesgo de desahucio que han acudido a la oficina en el área de intermediación continúan en sus casas. “Son desahucios que hemos evitado con fórmulas como la dación en pago con o sin alquiler social, la renegociación de las condiciones de los préstamos hipotecarios, carencias en la amortización de capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés, cláusulas suelo, suspensión del lanzamientos y subastas”, ha enumerado Cortés. La consejera ha explicado que, incluso en los casos en que la negociación sigue abierta, las familias se mantienen en sus viviendas, lo que demuestra que “cuando la administración se pone de parte del eslabón más débil, lo refuerza y dificulta enormemente el desalojo”.

            En el área de protección han acudido a la oficina 94 familias. En estos casos, la mediación de la Junta abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar o suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional.

Ley de Función Social de la Vivienda

           El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda “ha supuesto un cambio de paradigma en la forma de hacer política contra los desahucios, al demostrar que la neutralidad entre la entidad financiera y la familia en riesgo de desahucio era una opción que tomaban las administraciones, no una postura inevitable”. La consejera ha recalcado que esta es una herramienta “paliativa”, mientras que la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada el pasado 25 de septiembre, es “profundamente transformadora y sí altera de forma definitiva el statu quo”.

        Cortés ha recordado que esta Ley combate el fenómeno de las viviendas vacías, de las que hay más de 700.000 en Andalucía, y casi 80.000 en Cádiz. “Es algo absolutamente injustificable, y más cuando en Andalucía se han producido más de 80.000 desahucios desde 2007”, ha agregado Cortés, que ha recordado que el objetivo fundamental de la ley es abaratar el acceso a la vivienda mediante el alquiler de las viviendas desocupadas, de forma que se eleve el índice de arrendamientos, que en España apenas alcanza la mitad que en Europa.

        La Ley establece para ello diversas medidas, entre ellas sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vacías, incentivos para personas físicas para que pongan en alquiler sus viviendas vacías, multas de hasta 120.000 euros a las entidades financieras que no den un uso social a sus viviendas protegidas, y la expropiación temporal (tres años) del uso de las viviendas embargadas a personas en riesgo de exclusión social para evitar sus desahucios.

        “Estas medidas logran un efecto disuasorio en todos los procesos de desahucio, ya que con la norma en vigor es mucho más difícil desahuciar a una familia porque la entidad se exponía a sanciones y expropiaciones”, ha señalado Cortés, que ha recordado que en los tres meses en que estuvo en vigor el Decreto de Función Social de la Vivienda, antes de ser recurrido por el Gobierno central, 18 personas se acogieron a la expropiación temporal de sus viviendas para evitar así su desahucio, y cientos de personas más eran potenciales beneficiarias. La Consejería de Fomento y Vivienda había comenzado a explorar el parque de vivienda para detectar inmuebles vacías, inscribirlos en un registro y, en su caso, proceder a sancionar a las entidades financieras.

        El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, presentado el 9 de julio, provocó la suspensión del Decreto, que ahora ha sido aprobado como Ley en el Parlamento. La nueva norma amplía los supuestos para acogerse a la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios, incluyendo a avalistas, autónomos y atrapados por las hipotecas puente.

         “El Gobierno recurrió el Decreto, pero ahora tiene la opción de rectificar y no levantarse de la Comisión Bilateral Junta-Ejecutivo, un órgano reglado por el Estado de Derecho para resolver discrepancias competenciales sin llegar a los cauces jurídicos”, ha afirmado Cortés, para quien “sería injustificable recurrir la ley sin haber apurado todas las vías institucionales”. “Tenemos abierta una vía similar a la que en su día exploró el Gobierno en 2008 con La ley catalana, que está en vigor y es perfectamente constitucional, abordando de modo similar en algunos aspectos a la andaluza la vivienda vacía”, ha apuntado.

        Cortés ha reclamado al Gobierno “respeto al Estado de derecho, a la soberanía de Andalucía y las relaciones entre administraciones en pie de igualdad”. “Un eventual recurso, que no sería injusto porque se trata de una norma a todas luces inconstitucional, sería ponerse de parte de las élites financieras y de los fondos buitre que están haciendo negocios redondos comprando a precio de saldo las viviendas del banco malo para especular”, ha afirmado Cortés. “Las 80.000 viviendas vacías de Cádiz, ¿deben cumplir su función social de dar derecho de habitación, o deben estar a expensas de los especuladores? Nosotros nos decantamos por la primera opción. Por eso promovimos y aplicamos esta Ley”.