La Junta renueva su compromiso con la protección de los menores víctimas de la violencia sexual

La Junta renueva su compromiso con la protección de los menores víctimas de la violencia sexual

Las delegaciones del Gobierno y de Salud y Bienestar Social firman un convenio pionero en Andalucía para primar la derivación de estos casos a un equipo de evaluación especializado

Los responsables de las delegaciones del Gobierno y de Salud y Bienestar Social de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil y Ángel Acuña, respectivamente, han firmado un convenio que impulsa la protección de los menores víctimas de violencia sexual, agilizando las evaluaciones y primando las derivaciones únicas a un equipo de peritaje especializado.

Esta iniciativa data de 2008, cuando la Junta propició esta iniciativa para impulsar equipos especializados de evaluación y tratamiento de los menores que sufren esta lacra. Estos casos, por su especial vulnerabilidad, requieren una atención especializada e inmediata, por lo que se consideró oportuno que se derivaran a los mencionados equipos, en el caso gaditano, a cargo de la Fundación Márgenes y Vínculos con la coordinación de la Junta; ello supone, además, una agilización de las evaluaciones de los menores.

No obstante, de forma pionera, en la provincia de Cádiz se firmó en 2009 un convenio entre las entonces delegaciones provinciales de Igualdad y Bienestar Social, de un lado, y de Justicia, de otro, para evitar una victimización innecesaria, ya que, antes de este acuerdo que se ha renovado, los menores tenían que someterse a una doble peritación, la del Instituto de Medicina Legal (IML) y la del equipo especializado. Así, desde 2009, cuando un órgano judicial solicita una valoración al IML, la víctima se deriva al Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual de la Delegación de Salud y Bienestar Social, al que está adscrito Márgenes y Vínculos, y que sólo atiende a estos menores.

Este equipo, formado por seis profesionales -tres psicólogas, una trabajadora social, una licenciada en derecho y una administrativa, es de dedicación exclusiva, lo que supone una mayor prontitud con respecto al IML, además, de una especialización en este tipo de víctimas. Así, desde la implantación de este programa, se han derivado en la provincia a 475 menores  que han sufrido abusos sexuales.

Este acuerdo supone un impulso a la coordinación institucional entre ambas delegaciones a través del Instituto de Medicina Legal, competencia de Justicia e Interior, y del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, de Salud y Bienestar Social, para una adecuada atención a los menores víctimas de la violencia sexual. Los principios de esta atención, coordinada e interdisciplinar, son la prevalencia del interés del menor, la garantía de sus derechos, el criterio de la 'intervención mínima' -sin que ello suponga una merma de las garantías procesales, asistenciales y de protección- y la compatibilización del derecho de la víctima con los criterios de la prueba judicial.

Con esta premisa, se prioriza la evaluación por parte del equipo técnico de Márgenes y Vínculos, en cuya sede se atenderán los casos derivados desde las diferentes entidades judiciales. Esta atención primará a los menores de diez años -aunque sin perjuicio de una asistencia a mayores-, a aquellos en situación legal de desamparo con tutela de la Junta, y a los que estén en una situación de riesgo por su situación personal o familiar.

En los casos que los menores sean evaluados por el Instituto de Medicina Legal y sus técnicos detecten alguna afectación, serán derivados al Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia para que el equipo de Márgenes y Vínculos gestione un tratamiento psicológico adecuado, a través de una intervención terapéutica individual y familiar, para evitar secuelas. Esta atención incluye la preparación para el proceso judicial.

Balance positivo

Una comisión técnica, a cargo de representantes del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia y del Instituto de Medicina Legal, se encargarán del seguimiento de este acuerdo con una vigencia de tres años. Desde su puesta en marcha en 2009, el balance de esta iniciativa ha sido muy positiva: se ha propiciado una atención con celeridad -lo que beneficia un testimonio más completo-, especializada y en un contexto adaptado a los menores -la sede de Márgenes y Vínculos cuenta con sala de juegos, medios audiovisuales para la grabación, frente a un entorno más hostil para el menor como el Instituto de Medicina Legal-.

Asimismo, estas víctimas reciben una preparación para afrontar un juicio oral y son objeto de un proceso de evaluación que, en caso de secuelas relacionadas con la violencia sexual, supone su derivación a un subprograma  de tratamiento para tratar de paliarlas.

De esta experiencia destaca una prevención de la victimización secundaria de los menores que sufren la violencia sexual, ya que, evita, gracias a la coordinación institucional, que la víctima sea sometida a un mayor perjuicio que el causado por el agresor. En definitiva, que la tramitación del procedimiento en la que se ve envuelto el menor no sea más traumático que el delito cometido contra él.