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En la mañana de hoy ha
tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los
siguientes acuerdos:
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Acuerdo
por el que se aprueba el contrato-programa entre la Junta de Andalucía y la
Agencia Pública Empresarial Radio y Televisión de Andalucía para el periodo
2013-2015
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Acuerdo
por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado del acuerdo de la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos por el que se declara inversión de
interés estratégico el proyecto de la empresa VTT Algeciras para la
instalación de un almacenamiento de productos petrolíferos en Los Barrios
(Cádiz)
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Acuerdo
por el que se distribuyen créditos entre diputaciones provinciales y
ayuntamientos de municipios con población superior a 20.0000 habitantes con
el objetivo de financiar la contratación de personal para la atención a
personas en situación de dependencia
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Acuerdo
por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado de las obras de
emergencia que desarrolla la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en cauces e infraestructuras hidráulicas dañadas por las lluvias
torrenciales del otoño en las provincias de Almería, Granada y Málaga
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Acuerdos
por los que el Consejo de Gobierno se da por enterado de las obras de
emergencia que lleva a cabo la Consejería de Fomento y Vivienda en ocho
carreteras de las provincias de Córdoba y Jaén
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Decreto
por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en
Andalucía
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Decreto
por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
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Acuerdo
por el que se resuelve un procedimiento sancionador por vertidos
contaminantes al dominio público hidáulico del río Odiel en Minas de Riotinto
(Huelva)
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Acuerdo
por el que se accede a la retrocesión, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de un inmueble en Órgiva (Granada)
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Nombramientos
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Aprobado el contrato-programa que fija los
objetivos
y recursos de la RTVA para los próximos
tres años
La aportación de 414 millones por parte
de la Junta asegura la estabilidad
de la agencia pública y la prestación de
servicios de calidad y utilidad
El
Consejo de Gobierno ha aprobado el Contrato-Programa de la Agencia Pública
Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que concreta los
objetivos específicos y la asignación de recursos económicos para el
cumplimiento de sus fines durante el trienio 2013-2015. El acuerdo, que supone
una aportación por parte de la Junta de 414 millones de euros (138 por año),
asegura la estabilidad del ente audiovisual, así como la prestación de
servicios de calidad y utilidad a la sociedad andaluza.
El
documento desarrolla la Carta del Servicio Público de la RTVA, aprobada por
el Parlamento de Andalucía en septiembre
de 2010 con una vigencia de seis años y donde se establecen las prioridades y
estrategias para garantizar una financiación estable sostenida y adecuada.
El
Contrato-Programa fija las compensaciones económicas que la RTVA percibirá por
la gestión y prestación del servicio público de radio y televisión y de
servicios digitales conexos e interactivos, con cargo a los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Estas compensaciones se fijan en 138 millones
de euros anuales en concepto de transferencias y aportaciones. De igual forma,
se determinan los mecanismos y medios para adaptar el coste de las actividades
acordadas a las posibles variaciones de la realidad económica y del sector
audiovisual.
El
documento aprobado por el Consejo de Gobierno establece también los criterios
básicos de actuación de la RTVA, con especial mención al fomento de la educación
y la cultura y la protección de la infancia y las personas mayores y en riesgo
de exclusión.
De
igual modo, se considera prioritario reforzar la atención a las cuestiones, sugerencias,
quejas y reclamaciones de la audiencia, así como el impulso a la prestación de
servicios técnicos a otras entidades públicas y privadas del sector audiovisual.
Para ello, la RTVA creará un catálogo de servicios y mantendrá la colaboración
con asociaciones, ONG, empresas y otras entidades.
Otro
aspecto regulado es el relativo a los porcentajes de producción propia. Para la
oferta de radio de programación generalista se establece un 55% de contenidos
informativos, que prestarán una especial atención a las noticias de ámbito
local y provincial; un 23% para los espacios divulgativos, y un 22% en para los
de entretenimiento.
Estos
porcentajes varían para la radio dedicada a la actualidad de interés público,
que mantiene el 55% de informativos, asciende al 40% para los contenidos
divulgativos y culturales, mientras que deja un 5% para el entretenimiento. En
el caso de la radio temática dirigida a la audiencia joven, el 75% de la
producción estará basado en divulgación de las realizaciones de creadores y
artistas andaluces y españoles de la música popular y el 25% a espacios de
entretenimiento. La emisora temática dedicada al flamenco en la red (www.flamencoradio.com) tendrá una
producción propia del 100%.
Impulso a la TDT
En el
ámbito televisivo, el Contrato-Programa se marca como objetivo que la oferta en
abierto de Televisión Digital Terrestre (TDT) se convierta en una referencia
audiovisual clave en la comunidad. Su programación se ajustará al objetivo de
que la emisión de programación de producción propia se encuentre entre el 75% y
el 85%. Estos programas deberán atender al equilibrio entre sexos y serán
producidos con los máximos estándares de calidad y con formatos de difusión
multisoporte, siempre que sea técnica y jurídicamente posible. Respecto a la
oferta generalista en TDT se establecen los siguientes porcentajes para
programas de producción propia: informativos, incluyendo espacios de deportes,
un 32%; programas divulgativos, 30%; entretenimiento, 15%; infantil, 2%, y
ficción, 1%.
El
Contrato-Programa recoge también la creación de la Comisión Mixta de Seguimiento
y Control, que estará integrada por ocho personas, entre ellas las titulares de
la Consejería de la Presidencia e Igualdad y de la Dirección General de la
RTVA. Este órgano remitirá antes de cada 30 de junio un informe anual sobre
ejecución y resultados de aplicación del Contrato-Programa al Consejo Audiovisual
de Andalucía.
El
Contrato-Programa aprobado hoy podrá prorrogarse por un plazo máximo de un año
una vez concluido el trienio 2013-15. Con su aprobación la RTVA se sitúa, junto
a Radiotelevisión Española y entidades públicas audiovisuales de Cataluña y
País Vasco, entre los primeros entes audiovisuales que han actualizado sus
relaciones con las administraciones públicas a las que están legalmente
adscritas.
La Junta declara de interés estratégico una
inversión empresarial de 128 millones y más de 300 empleos en Los Barrios
La iniciativa,
de la empresa VTT Algeciras, prevé la construcción
de una
instalación de productos petrolíferos en la Bahía
El consejero de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha informado al Consejo
de Gobierno del acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
para declarar como inversión empresarial de interés estratégico el proyecto de
la empresa VTT Algeciras para construir en Los Barrios (Cádiz) una instalación
de almacenamiento de productos petrolíferos. Esta iniciativa supondrá una
inversión de 127,9 millones de euros y generará más de 300 empleos directos y
750 indirectos durante su construcción, así como una media de 32 puestos de
trabajo directos y 96 indirectos en la fase de explotación.
La declaración de
interés estratégico es la cuarta que se aprueba en el marco de la figura creada
por la Ley 4/2011, de medidas de reactivación económica, para aquellos
proyectos empresariales que ofrecen especial potencial de innovación, empleo y sostenibilidad.
Esta fórmula supone que la iniciativa se beneficiará de una tramitación
preferente por parte las administraciones andaluzas y que su desarrollo se
llevará a cabo con la contratación prioritaria de personas desempleadas de
larga duración.
El proyecto de VTT
Algeciras tiene como objetivo aumentar la capacidad de almacenamiento
estratégico y operativo de productos petrolíferos en la Bahía de Algeciras, con
fines de exportación e importación y de comercialización local. Para ello
aprovechará la situación estratégica del Estrecho de Gibraltar y las demandas
de estos productos en la zona del Puerto de Algeciras. Asimismo, ofrecerá una
alternativa a la práctica actual de distribución de estos productos a
embarcaciones a través de gasolineras flotantes, con la consiguiente reducción
de riesgos para el medio ambiente.
La planta de
almacenamiento, con una capacidad total de 540.000 metros cúbicos, se
construirá en terrenos dependientes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, en el término municipal de Los Barrios. Los productos que almacenará
serán fuelóleos y gasóleos de diferente tipo.
El proyecto incluye
también la construcción de todas las instalaciones auxiliares necesarias, como
sistemas de bombeo, redes de drenaje, tratamiento de aguas hidrocarburadas,
tuberías y centros de trasiego, sistemas de calentamiento de tanques,
instrumentación y control, sistema eléctrico y de protección contra incendios.
La iniciativa de VTT
Algeciras tendrá una escasa repercusión ambiental, siendo similar a otros que
actualmente operan en la zona. Asimismo, al tratarse de un almacenamiento que
supera las 100.000 toneladas, deberá obtener la Autorización Ambiental
Unificada.
En su acuerdo de
declaración de interés estratégico, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
considera que el proyecto contribuye a desarrollar el potencial territorial de
la Bahía de Algeciras y su consolidación como nodo logístico del sur de Europa.
Asimismo, se prevé que durante la fase de explotación se registre un incremento
de la actividad portuaria y se revaloricen infraestructuras existentes,
propiciando la realización de nuevas inversiones futuras.
El proyecto de Los
Barrios supone la cuarta declaración de interés estratégico aprobada por la
Junta para una inversión empresarial. El pasado mes de noviembre recibieron
esta calificación tres iniciativas promovidas por las firmas Adif, Magtel y
Sandetel, que supondrán la generación de 11.600 puestos de trabajo.
Salud y Bienestar Social destina 10,3
millones de euros
a los entes locales para reforzar la
atención a la dependencia
La Junta mantiene la financiación para
los contratos de 298 trabajadores sociales, pese a la merma de 89 millones por
los recortes estatales
El Consejo de Gobierno ha acordado la distribución de 10,3 millones
de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 81 municipios andaluces
de más de 20.000 habitantes para financiar, durante el próximo año, el
mantenimiento de los contratos de 298 trabajadores sociales que forman parte
del personal de refuerzo para la atención a la la dependencia en la comunidad
autónoma. La aportación aprobada se realiza pese a los recortes llevados a cabo
por la Administración central, que para Andalucía supondrán una merma de 89
millones este año y de 125 el próximo.
El personal de refuerzo, incorporado desde 2007 e integrado
por trabajadores sociales y administrativos, realiza actividades relacionadas
con la tramitación de las solicitudes de baremación de la dependencia en los
Servicios Sociales Comunitarios, así como con la ayuda a domicilio.
Estos servicios se encargan de gestionar las prestaciones y
prestar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a
colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su
gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las
administraciones local, autonómica y estatal.
Desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos
dirigidos a la contratación del personal de refuerzo por parte de las
diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Contando con los recursos consignados para 2013, la Junta ha destinado a este
fin 121,1 millones de euros.
Una vez consolidado el sistema de atención a la dependencia
tras cinco años de desarrollo de la ley estatal que lo implantó, y ante la
necesidad de optimizar recursos, la Consejería de Salud y Bienestar Social
centra ahora su prioridad en el área del trabajo social para poder asumir tanto
el ritmo de reposición como las funciones de revisión de prestaciones y
seguimiento de los Programas Individuales de Atención (PIA).
En el caso del personal administrativo, esta medida no es
necesaria en estos momentos debido al retraso, decidido por el Gobierno de
España, de la extensión del derecho a las personas con dependencia moderada. Al
no estar prevista hasta 2015 la incorporación de este colectivo al sistema,
tampoco se necesita personal de refuerzo para la tramitación masiva de nuevos
expedientes, como sí sucedía al comienzo de la aplicación de la ley.
La comunidad autónoma aglutina más del 25% de las
valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias en el conjunto de España.
Actualmente hay 264.257 prestaciones concedidas y 192.532 personas
beneficiarias. Asimismo, 50.463 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a
Domicilio, lo que representa el 40% del total nacional (125.828), mientras que
otras 67.409 son beneficiarias del Servicio de Teleasistencia (más de la mitad
de las 130.828 registradas en el conjunto de España).
La Administración autonómica ha destinado unos 4.000
millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia, lo que ha
permitido la generación de más 50.000 empleos en el sector (17.000
correspondientes a la ayuda a domicilio). De esta inversión, más de 1.000
millones se ha destinado a financiar a ayuntamientos y diputaciones. En los
presupuestos de 2013 se consigna una partida inicial de 1.108 millones para la
Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía.
Las obras en las infraestructuras hidráulicas
dañadas
por los temporales del otoño superan el 80%
de ejecución
Los trabajos de emergencia,
presupuestados en cinco millones de euros,
se desarrollan en las provincias de
Almería, Granada y Málaga
El
consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha informado al
Consejo de Gobierno de las obras de emergencia que lleva a cabo su departamento
para reparar cauces e infraestructuras dañadas por las lluvias del otoño en las
provincias de Málaga, Almería y Granada. Los proyectos, ejecutados casi todos
en más de un 80%, suponen una inversión de cinco millones de euros y 81 empleos
asociados (51 directos).
Las
intervenciones correspondientes a la provincia de Málaga, con 3,27 millones de
inversión, se desarrollan principalmente en la cuenca del río Guadalhorce. El
proyecto de mayor cuantía, 1,2 millones de euros, es el que la Agencia de Medio
Ambiente y Agua lleva a cabo para retirar residuos vegetales y lodos y reponer
cauces e infraestructuras tanto en el Guadalhorce como en diversos arroyos de
los términos municipales de Álora, Antequera, Archidona, Cártama, Pizarra,
Valla de Abdalajís, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco.
Otros
proyectos destacados son los relativos a reparaciones y reposiciones de infraestructuras
en las presas del sistema Guadalhorce-Limonero (408.448 euros) y sus caminos de
acceso (260.000 euros), así como en los regadíos del Guadalhorce, donde se
trabaja tanto en las instalaciones de gestión del agua (362.250 euros) como en
los caminos de servicio (258.750). Asimismo, se realizan obras para garantizar
la defensa contra avenidas en Villanueva del Rosario (258.000 euros) y
Villanueva del Trabuco (207.000).
Los
trabajos de emergencia en la provincia de Málaga se completan con diversos
proyectos para reparar las estaciones de la Red Saica (Sistema Automático de Información
de Calidad de las Aguas) en la cuenca del Guadalhorce, así como diversas instalaciones
de control de la Red Hidrosur. También se han reparado estaciones de aforo en
Jubrique, Cerezo y Bobadilla.
En la
provincia de Almería, la Junta desarrolla obras de emergencia por importe total
de 1,26 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad, 0,87 millones, se
destina a la limpieza, retirada de residuos vegetales y reposición de cauces e
infraestructuras en las cuencas de los ríos Almanzora, Antas y Aguas. Los
trabajos se llevan a cabo en los términos municipales de Antas, Cuevas del Almanzora, Huércal Overa, Vera y
Zurgena.
Los
restantes proyectos corresponden al arreglo del desagüe de fondo de la presa de
Cuevas del Almanzora y a la reposición de estaciones de aforos en el embalse de
Benínar (Alcolea) y en la Rambla Saltador (Huércal Overa y Cuevas del
Almanzora).
Por
último, en la provincia de Granada, la Agencia de Medio Ambiente y Agua realiza
intervenciones urgentes de retirada de residuos vegetales y reposición de
cauces e infraestructuras en ríos, ramblas y barrancos de los términos
municipales de Albuñol, Almuñécar, El Valle, Jete, Lanjarón, Molvizar, Motril,
Murtas, Polopos, Salobreña, Ugíjar y Vélez de Banaudalla. Las obras, que
actualmente se encuentran a un 75% de ejecución, cuentan con un presupuesto de
500.000 euros.
La Junta invierte 800.000 euros en la
reparación
urgente de ocho carreteras de Jaén y
Córdoba
Las intervenciones, motivadas por las
lluvias torrenciales
de los últimos meses, suponen 60 empleos
asociados
La consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés, ha informado al Consejo de Gobierno de los trabajos de emergencia
que realiza su departamento en ocho carreteras de las provincias de Jaén y
Córdoba afectadas por las lluvias torrenciales de los últimos meses. Los
proyectos, muchos de ellos ya finalizados, cuentan con un presupuesto de
802.118 euros y conllevan 60 empleos (40 directos y 20 indirectos).
Las
obras en la provincia de Jaén corresponden a siete vías, con un coste de más de
705.000 euros y 48 puestos de trabajo asociados (32 directos). La obra de mayor
cuantía, ya finalizada con una inversión de 225.683 euros, se ha desarrollado
en el kilómetro 1,300 de la la A-303, en el término municipal de Guarromán,
donde las lluvias de noviembre causaron el hundimiento de un carril, así como
un socavón y la desaparición de 190 metros de berma. El proyecto ha incluido la
instalación de dos marcos de hormigón armado para aumentar la capacidad de
desagüe y el restablecimiento del terraplén, el firme y el pavimento.
Asimismo, han concluido las intervenciones urgentes en la A-312, de
Linares a Beas de Segura, y en la A-6202, de Villanueva del Arzobispo al Tranco
de Beas. En ambas carreteras se han reparado elementos dañados en la calzada y
se han recolocado los postes de apoyo de las barreras de seguridad. En la
segunda, además, se han mejorado los sistemas de contención y drenaje
transversal.
Otras obras ya finalizadas son las que han tenido lugar en la A-6107
(acceso a Vilches) y en la antigua carretera J-603, paralela a la A-6100, de
Linares a Baños de la Encina. El primero de los proyectos ha incluido la
construcción de un terraplén y cunetas de hormigón, así como la reposición del
firme y de la señalización horizontal. El segundo ha consistido
fundamentalmente en la demolición de un puente de ladrillo que había quedado
obsoleto y retenía las aguas en el kilómetro 7,600.
En
avanzado estado de ejecución se encuentran otras obras en la A-311, de Jaén a
Andújar, y en la autovía A-316, de Úbeda a la carretera Granada-Córdoba. Estas
intervenciones, en cinco puntos de los términos municipales de Jaén, Fuerte del
Rey y La Higuera, incluyen la retirada del material deslizado, la
reconstrucción del drenaje y la colocación de anclajes, escolleras y cunetas.
En
la provincia de Córdoba, la Consejería de Fomento y Vivienda lleva a cabo trabajos
de emergencia en la carretera A-328 (Iznájar-Loja), con una inversión de 96.400
euros y 12 empleos asociados. El proyecto se destina a a subsanar los problemas
causados en el punto kilométrico 2,750, donde las lluvias provocaron el
desplazamiento de parte de la vía, la acumulación de material de arrastre y el
movimiento del terraplén y de las barreras de seguridad. Los trabajos incluyen
la limpieza de la calzada, la reconstrucción del talud, la sustitución de las
obras de drenaje y la reposición de las defensas dañadas.
El Gobierno andaluz modifica el reglamento
de justicia gratuita para garantizar su mantenimiento y agilizar los pagos
La norma mejora
las garantías de tramitación y fija en un máximo del 5%
la aportación de
la Junta a los gastos de funcionamiento del servicio
El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación parcial
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, vigente desde 2008, con el
objetivo de garantizar el mantenimiento de este servicio y agilizar y
regularizar los pagos a los abogados y procuradores encargados de su
prestación.
Uno de los cambios consiste en fijar en un máximo del 5% la
cantidad que la Administración autonómica asume en los gastos de funcionamiento
de los colegios de abogados y procuradores para hacer efectivo el servicio. El
consiguiente ahorro, que se prevé cercano a los dos millones de euros en 2013,
permitirá asumir el crecimiento del número de asistencias y de beneficiarios de
la asistencia jurídica gratuita en Andalucía, que en 2011 se cifraba ya en
330.000 personas.
Para agilizar las compensaciones económicas a los
profesionales y mejorar las garantías en los procedimientos de justificación,
la modificación normativa establece un un sistema de pagos regulares y
trimestrales, frente a la actual fórmula de abonar en dos plazos anuales (un
75% al principio de cada ejercicio y el 25% restante antes de que finalice).
Este sistema trimestral también se aplicará en las justificaciones y pagos para
los turnos de guardia y gastos de funcionamiento de los colegios.
Todas las certificaciones para justificar los servicios
prestados deberán aportarse a la Consejería a través de los Consejos Andaluces
de Colegios de Abogados y Procuradores dentro del mes natural siguiente a la
finalización de cada trimestre, de manera que la Administración andaluza pueda
verificar y agilizar los abonos.
La reforma del reglamento incluye, por último, una reducción
de diez a seis en el número de personas integrantes de las Comisiones de
Asistencia Jurídica Gratuita, que son los órganos de ámbito provincial
encargados de resolver quiénes son los beneficiarios del servicio. Además, se
suprimen las compensaciones económicas por asistencia a las reuniones.
Desde
1997, año en que recibió las competencias en la materia, la Administración
autonómica ha destinado 334 millones de euros al Programa de Asistencia
Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales
de las personas que no disponen de recursos económicos. Asimismo, la Junta ha
introducido mejoras de calidad y especialización a través de turnos de oficio
específicos en áreas de interés social relacionadas con colectivos de
inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.
El
presupuesto autonómico para este servicio, que incluye turnos de oficio de
defensa gratuita y asistencias al detenido en las guardias, se ha multiplicado
por diez: de los 4,7 millones de euros de 1997 a los 44 del actual ejercicio,
partida que se mantendrá en las cuentas andaluzas para 2013. Esta partida
supera en diez millones la que destina el Ministerio de Justicia al mismo fin
para cinco comunidades autónomas.
La
Junta suprimirá 43 puestos directivos
en
sus agencias públicas Agapa y Amaya
La reestructuración de las dos entidades
adscritas a Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente supondrá un ahorro anual
de 512.500 euros
La Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente suprimirá el próximo año 43 puestos directivos en sus
entidades públicas Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) y
Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), lo que supondrá un ahorro anual de
512.500 euros.
El Consejo de Gobierno ha
aprobado hoy la modificación de los estatutos de la primera de estas agencias,
Agapa, con el fin de unificar sus tres direcciones generales en una secretaría
general. A esta reestructuración se sumará próximamente la correspondiente a
Amaya, de la que también ha informado al Ejecutivo andaluz el titular de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas.
El cambio
en los estatutos de Agapa supondrá reducir en un 67% el actual organigrama
directivo, al suprimirse la Dirección General Económico-Administrativa; la de
Servicios Técnicos, y la de Inspección, Control y Análisis, cuyas funciones se
trasladan a la nueva Secretaría General. Junto con ellas, también desaparecen
dos de las cinco subdirecciones. La reorganización en su conjunto permitirá un
ahorro de 285.000 euros anuales.
La Secretaría General se
encargará de la gestión ordinaria de las actividades de la Agencia, conforme a
las directrices del Consejo Rector y a las instrucciones de la Dirección
Gerencia. Entre otras competencias, ejercerá la jefatura en asuntos relativos a
personal y la coordinación directiva y funcional de servicios administrativos.
Por su
parte, la Gerencia, que pasa de denominarse Dirección Gerencia, se mantiene
como órgano ejecutivo y máximo responsable de la gestión directa.
En cuanto
a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, la reestructuración anunciada por el
consejero Luis Planas supondrá una nueva disminución de su personal directivo y
la adecuación de sus retribuciones, con 39 puestos menos y un ahorro anual de
227.500 euros. Se trata de la segunda fase del plan iniciado en 2011 y que ya
redujo de 115 a 60 cargos el organigrama directivo proveniente de la antigua
Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa).
La Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera se constituyó en abril de 2011 con el fin de
desarrollar obras de infraestructuras, programas de fomento, acciones de
vigilancia e inspección, gestión de laboratorios y tramitación de ayudas y
subvenciones, todo ello en el marco de las directrices de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente.
Por su parte,
la Agencia de Medio Ambiente y Agua presta servicios esenciales en materia de
conservación de la naturaleza, calidad ambiental y gestión de los recursos
hídricos. Constituida en 2011, asume las funciones de las antigua Egmasa.
La reorganización de estas dos agencias
públicas se añade a la registrada este año tras la fusión de las competencias
agrarias, pesqueras, medioambientales y de agua, urbanismo y ordenación del
territorio. La creación de la nueva Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente supuso la supresión de 14 altos cargos (un consejero, un
viceconsejero, un secretario general técnico, tres directores generales y ocho
delegados provinciales).
El Consejo de Gobierno sanciona a tres
empresas
por vertidos contaminantes en Minas de
Riotinto
El Consejo impone una multa de 450.000
euros y la obligación
de indemnizar con 1,41 millones los daños
en un afluente del río Odiel
El Consejo de Gobierno ha impuesto
una sanción de 450.000 euros a las empresas EMED Tartessus, SLU, Construcciones
Zeitung, SL, y Rumbo-5 Cero, SL, como responsables de un vertido no autorizado
de aguas residuales en el dominio público hidráulico del río Odiel, en el
término municipal de Minas de Riotinto (Huelva).
El hecho, constatado a partir de
las comprobaciones y análisis de los laboratorios de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en los primeros meses de 2010, ocasionó
unos daños que han sido finalmente evaluados en 1,41 millones de euros, lo que
supone una infracción tipificada como muy grave de acuerdo con la Ley de Aguas.
Además de la sanción económica, impuesta de forma solidaria, el Gobierno
andaluz también ha obligado a las tres empresas a indemnizar estos daños por la
cantidad señalada, así como a adoptar todas las medidas necesarias para evitar
nuevos vertidos y proteger la calidad de las aguas y bienes hidráulicos.
Las entidades sancionadas son
propietarias de los terrenos sobre los que se asienta el embalse de residuos
mineros de las antiguas explotaciones de Riotinto. El vertido se produjo por
una acumulación de agua debido a las fuertes lluvias, que fue aliviada al río
Agrio (afluente del Odiel) para evitar daños en la estructura de la presa sin
tener en cuenta su contaminación por el contacto con residuos.
Tras constatar estos hechos, la
Junta abrió un expediente sancionador que tuvo que paralizarse a finales de
2010, cuando el Juzgado de Instancia e Instrucción Nº 1 de Valverde del Camino
inició una causa penal. Una vez archivada ésta en julio de 2012, la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente acordó levantar la suspensión del
procedimiento administrativo sancionador y reiniciar su instrucción.
La Junta devuelve a la Seguridad Social las
antiguas
dependencias del Distrito Sanitario de Las
Alpujarras en Órgiva
El inmueble quedó en desuso después del
traspaso de las
funciones al Área de Gestión Sanitaria
del Sur de Granada
El
Consejo de Gobierno ha acordado devolver a la Tesorería General de la Seguridad
Social el uso de las dependencias donde se ubicaban los servicios
administrativos del Distrito Sanitario de Las Alpujarras, en Órgiva (Granada).
Este
inmueble de 200 metros cuadrados, situado en la primera planta del edificio de
la Avenida González Robles, número 2, fue cedido a la Junta en 1984 dentro del
traspaso de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud. Su
devolución, solicitada por la Seguridad Social, se justifica ante la falta de
uso después del traspaso de las funciones del Distrito Sanitario al Área de
Gestión Sanitaria Sur de Granada.
Vicente Fernández Guerrero, nuevo secretario
general de Innovación, Industria y Energía
El Consejo de Gobierno
ha aprobado el nombramiento de Vicente Fernández Guerrero como secretario
general de Innovación, Industria y Energía de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo. Nacido en Málaga en 1973, Fernández es licenciado
en Derecho por la Universidad de Sevilla e ingresó por oposición en el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía en 1999, con el número uno de su
promoción.
El nuevo secretario
general ocupaba desde noviembre de este año la jefatura del Área de Asuntos
Consultivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Con anterioridad
estuvo al frente de las asesorías jurídicas de las consejerías de Turismo y
Deporte; Educación y Ciencia; Economía y Hacienda, Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, así como de la Agencia Tributaria de Andalucía.
Vicente Fernández
también ha sido secretario de los consejos de administración de la Empresa
Pública de Gestión de Activos; la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión
Patrimonial, y Cartuja 93.
El Consejo nombra a Julio Samuel Coca
secretario general
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
de Andalucía
El
Consejo de Gobierno ha nombrado a Julio Samuel Coca Blanes secretario general
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). Nacido en
Sevilla en 1967, Coca Blanes es licenciado en Derecho por la Universidad
Hispalense y diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el
Instituto San Telmo. Abogado especializado en Derecho Penal, entre abril de
2011 y junio de 2012 estuvo al frente de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia.
El
nuevo secretario general de Agapa ha ocupado destacados puestos de responsabilidad
en la Administración autonómica andaluza, donde ha sido director general de
Instituciones y Cooperación con la Justicia y director general de Reforma
Juvenil (2000-2004), y director general de Personas con Discapacidad y
Secretario General de Atención a la Dependencia (2008-2010). Asimismo, fue jefe
del Servicio Jurídico y de Contratación de la Empresa Pública de Desarrollo
Agrario y Pesquero (2004-2008).
El Gobierno andaluz nombra a Carmen Mejías
secretaria general técnica de la Consejería
de Cultura
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Carmen Mejías Severo
secretaria general técnica de la Consejería de Cultura y Deporte. Nacida en
Llerena (Badajoz) en 1951 y licenciada en Derecho por la Universidad de
Sevilla, desde 2010 desempeñaba el cargo de directora gerente de la Fundación
Pública Centro de Estudios Andaluces. Anteriormente, entre 2004 y 2010, fue
secretaria general técnica de la Consejería de la Presidencia.
Carmen Mejías es funcionaria del Cuerpo de Técnicos de
Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía, organismo en el que ha sido
responsable de las áreas de Régimen Interior y de Gestión Económica,
Presupuestaria y Personal (1990-96). Durante las dos legislaturas del periodo
1996-2004, ejerció como jefa del Gabinete del Consejero de la Presidencia,
donde también trabajó como técnica entre 1988 y 1990.
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