NOTICIA : UCE CÁDIZ

La Unión de Consumidores de Andalucía reclama políticas de ayuda para evitar los desahucios

Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma en número de desahucios

Andalucía, 24 de julio de 2012. Tras conocer los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, que resaltaban que se han gestionado en Andalucía un total de 3.272 desahucios durante el primer trimestre del año, lo que coloca a Andalucía en el segundo puesto de las Comunidades con mayor número de desahucios, la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE quiere resaltar la necesidad de cambiar la legislación actual en materia de ejecuciones hipotecarias y crear instrumentos jurídicos que permitan a las familias adecuar los pagos de sus deudas a los ingresos que tengan durante un periodo de tiempo determinado.

A todas luces se está viendo como el Código de Buenas Prácticas Bancarias no ha tenido la eficacia que se nos indicaba iba a tener en tanto que, al ser de carácter voluntario, depende en gran medida de la buena voluntad de las entidades financieras, el aplicarlo o no.

Para UCA-UCE, esta elevada cifra de desahucios en Andalucía significan la evidencia de la necesidad de cambio en cuanto a la legislación española aplicable en la materia y la creación de nuevos instrumentos jurídicos que sirvan para potenciar los derechos de los ciudadanos que se encuentren en estas situaciones de penuria económica.

En base a ello, solicitamos nuevamente la modificación de la legislación hipotecaria con el fin de posibilitar la dación en pago y evitar que la deuda hipotecaria subsista aunque se haya realizado la ejecución hipotecaria.

Igualmente, insistimos en una reivindicación histórica de la Unión de Consumidores de Andalucía que es la creación de una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que posibilite que las familias con problemas económicos puedan ir ajustando sus pagos a sus posibilidades reales en momentos tan complicados. Actualmente, la legislación aplicable para estos casos es la mercantil lo que, en la práctica, conlleva una inaplicación de la misma, entre otras cuestiones, por los costes elevados que supone y la complejidad del procedimiento a seguir. Resulta lamentable que, en tiempos de dificultad económica, las familias carezcan de instrumentos o normativa jurídica alguna que les permitan remontar la situación, tal y como está previsto por ejemplo para las empresas.

Para más información:

Miguel A. Ruiz: 671 04 86 25

Vicepresidente